En mi nuevo libro Más allá del PIB; el otro desarrollo analizo en estos tiempos del cambio climático la relación entre la teoría económica y el papel de la naturaleza. Así, fue denominada inicialmente factor Tierra (T) por Smith y Ricardo y asociada a la renta de la tierra y a los rendimientos decrecientes. Sin embargo, para John Stuart Mill, que será el padre de la economía ecologista, la “economía de la sociedad” dependía de la cantidad limitada de agentes naturales y en especial de la tierra. De esta manera, creía que si la tierra ha de perder toda esa parte que tiene de agradable gracias al crecimiento ilimitado, para el bien de la posteridad la humanidad debería contentarse con el estado estacionario. En Marx, el trabajo y la tierra son la fuente original de riqueza y que el capitalismo en su dinámica no solo expolia al trabajo sino también a la tierra. 

Con los neoclásicos, la tierra era uno más de los factores de producción, y después fue olvidada en la función de producción de Solow así como en los modelos endógenos, donde el crecimiento ilimitado era posible en un mundo que es, en realidad, una especie de nave o espacio limitado con recursos finitos ante aumentos de la población en las regiones subdesarrolladas y la “permanencia” de la población en los países adelantados como producto del alargamiento de la esperanza de vida.

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La profecía de Malthus de que el crecimiento de la población era mayor al de los alimentos fue olvidada por los neoclásicos y keynesianos hasta ser sacudidos en 1970 por el Informe del Club de Roma que daba una esperanza de vida del planeta, de nuestra nave, hasta 2070 si se seguía al ritmo del deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, profecía que parece próxima al ritmo del calentamiento global.  

La respuesta fue posicionar, más como eslogan que como verdadero paradigma, el desarrollo sustentable como un problema de equidad inter-generacional. El Banco Mundial acuñó el concepto del capital natural para identificar la contribución a la riqueza de los recursos naturales renovables y no renovables, y hasta el Foro Económico Mundial posicionó el concepto del déficit ecológico, que significa tomar en cuenta los costos en el medio ambiente y la ecología que genera el crecimiento del PIB.

A los indicadores de desarrollo humano se les incorporó el efecto en el deterioro del medio ambiente construyendo el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS), que mide la eficiencia ecológica del desarrollo humano, reconociendo que el desarrollo debe lograrse dentro de los límites planetarios. 

La nueva narrativa del otro desarrollo, iniciada por Boulding (1966), planteó que la sociedad debería comenzar a considerar el PIB como un costo que debe minimizarse en lugar de un beneficio que debe maximizarse, cambiando la lógica de la teoría de crecimiento dominante. Postulaba que el crecimiento continuo no es posible en un planeta con recursos finitos, donde solo una mayor durabilidad de stock de capital y de la población se traduciría en una mejor ecología en el sistema como un todo. Para la economía ecológica, el estado estacionario sería el ideal con «la economía del equilibrio biofísico y el crecimiento moral”. No significa que el crecimiento cero deba ser un objetivo de política, sino que la dependencia y la defensa del crecimiento económico no deben ser un obstáculo ni excusa para la mejora del bienestar, del pleno empleo, la eliminación de la pobreza y protección del medio ambiente.

La economía ecológica nació en el Norte planteando que el crecimiento debe terminar, no así el desarrollo, entendido como la capacidad de la humanidad para vivir dentro de los límites ambientales de manera de usar los recursos renovables en un ritmo que no debe exceder su tasa de renovación, los recursos agotables en un ritmo no superior al de su substitución por recursos renovables y solo generar residuos en la cantidad que el ecosistema sea capaz de asimilar o reciclar.

Sin embargo, pese a los Acuerdos de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo y los deseos de reducción del calentamiento global, existe amplia evidencia de que el cambio climático podría convertirse en catastrófico.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

La narrativa centrada en el PIB y en su crecimiento como variable para medir el bienestar y el éxito económico ha ido siendo desplazada por un enfoque más amplio que incluye la distribución del ingreso (la equidad) y la reducción de la pobreza, lo que ha venido a llamarse “crecimiento inclusivo”, dando lugar a los indicadores de desarrollo humano (IDH). 

Sin embargo, cuando se analizan las determinantes del crecimiento, la literatura económica se centra en los llamados factores de producción como el capital, el trabajo y la tierra. Posteriormente los modelos han tendido a sustituir el factor trabajo por el factor capital humano, entendido como habilidades especializadas, a mantener el capital físico o tangible (K) y poner excesivo énfasis en la tecnología. Así, el progreso técnico y, por ende, el crecimiento de la economía es conducido por el sector que invierte en investigación (I+D), el cual está motivado por los incentivos del mercado.

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Dos son las principales derivaciones de estos modelos: a) el progreso tecnológico proviene de una actividad de I+D intencionada, por lo que tiene que ser recompensada por un tipo de monopolio; y b) el crecimiento sería ilimitado puesto que “si la economía no sufre sequía de ideas, a largo plazo la tasa de crecimiento no tiene por qué dejar de ser positiva”. Así no fue un olvido del factor trabajo clásico y el énfasis a que la nueva tecnología favorecía cada vez más a los trabajadores más educados, el llamado cambio tecnológico sesgado por las habilidades. Sin embargo, resulta que ahora con la Inteligencia Artificial (IA) hasta los trabajos altamente calificados pero rutinarios, como el procesamiento de datos y otros, serán también desplazados. Entonces, ¿hacia dónde va el cambio tecnológico?, ¿a quién beneficia?, aparte del grupo de grandes empresas tecnológicas que lo controlan

Tampoco es un simple olvido del “factor tierra” que no solo Malthus se preocupó por sus límites en cuanto a la producción de alimentos frente al crecimiento de la población, o el gran llamado de atención del Club de Roma en 1970 con los límites del crecimiento, que daba una esperanza de vida del planeta hasta 2070 si se seguía al ritmo del deterioro del medio ambiente y del agotamiento de los recursos, puesto que según los modelos endógenos: “A medida que surgen los límites, los superamos con más I+D”. Así, para la nueva narrativa, el deterioro del medio ambiente y el cambio climático que puede llegar a ser catastrófico es un problema de “des-economía externa” o un posible riesgo que se puede enfrentar con impuestos o con tecnología verde y bancos verdes.

La búsqueda del otro desarrollo simplemente significa la revalorización del trabajo y del papel de la Naturaleza. Los indicadores de bienestar, como en la OECD, ponen énfasis en el balance vida-trabajo, de la importancia de la realización y satisfacción del trabajo, la disminución de la jornada laboral, la inclusión de equidad de género, la valorización del trabajo de cuidados y de la casa como contribución a la actividad económica que el PIB ignora.

El rol de la Naturaleza hasta el Foro Económico Mundial lo ha revalidado con la inclusión del concepto de déficit ecológico, que significa tomar en cuenta los costos en el medio ambiente y la ecología que genera el crecimiento del PIB, que gastamos más recursos naturales que los que podemos reponer.

Sin embargo, fue en el Norte con el otro desarrollo, con el decrecimiento, la economía ecológica de los comunes y los cuidados, que volvió el ser humano a ser el centro junto con la Naturaleza en un espacio finito que se deteriora cada vez más. Será en su influencia en el Sur donde se fusiona con las cosmovisiones originarias y se formalice con el “buen vivir” en la Constitución del Ecuador o el “vivir bien”, en la de Bolivia, que proponga no solo la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, sino el requisito previo de armonía con la comunidad y la naturaleza.

En mi libro reciente: Mas allá del PIB: el otro desarrollo, examino los límites del crecimiento basado en el PIB y el cambio tecnológico por sus efectos adversos en el bienestar, en el trabajo y en el riesgo climático, y la búsqueda del “otro desarrollo”, centrado en el bienestar pluridimensional, que equilibre el crecimiento económico inclusivo con el medio ambiente y con la realización en el trabajo.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

Las calificadoras de riesgo son empresas privadas encargadas de valorar cualquier activo financiero, sea público o privado, y el posible riesgo de impago. Según su valoración ponen una nota o calificación a cada activo desde el seguro “AAA” o triple A hasta el impago “C, D”. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch abarcan el 95% del mercado mundial calificando el llamado riesgo país.

Entre los más importantes activos financieros están los llamados bonos soberanos, emitidos por los países para conseguir financiamiento externo a tasas según el mercado de bonos y de la apreciación que tengan sobre su economía. El diferencial entre el interés del bono soberano de un país y el interés del bono soberano “libre de riesgo”, como serían, en teoría, los bonos del Tesoro de EEUU a un plazo de 10 años, se denomina prima de riesgo país y es un indicador del riesgo de impago. En el caso de Bolivia, según Bloomberg, el riesgo país boliviano de un nivel de 567 a principios de año creció hasta los 1.900 para después derrumbarse 600 puntos al bajar el 21 de abril a 1.280. Al 26 de mayo el riesgo país de Bolivia estaba en 1.274 puntos, por lo que se ubica en el cuarto lugar de la clasificación de los bonos más riesgosos, siendo el riesgo promedio de la región 440 puntos.  

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Estas calificadoras además hacen su seguimiento de los indicadores económicos de un país y emiten periódicamente sus valoraciones (rating actions). Así, en marzo de 2023, una de esas empresas calificadoras como Moody’s rebajó las calificaciones de Bolivia a Caa1 desde B2 y las colocó en revisión para rebaja, señalando que: “La caída de las reservas internacionales líquidas ha precipitado un shock de confianza que ha socavado la estabilidad macrofinanciera. Sin una acción rápida y significativa para revertir la situación y restaurar la estabilidad, la capacidad del soberano para pagar su deuda está en riesgo”.

En la región, el nivel de calificación de Bolivia, según Moody’s, estaría en situación de impago: Argentina (Ca), Ecuador (Caa3), El Salvador (Caa3) y Venezuela (C). Sin embargo, según Standard & Poors y Fitch, se mantiene Bolivia en situación “altamente especulativa” con su calificación B-, junto con Ecuador y Venezuela, a diferencia de Argentina (CCC-) y El Salvador (CC+), que permanecen en nivel C de impago. 

Si uno empieza por el principio, la definición de la prima de riesgo que se hace respecto al bono del Tesoro de EEUU, calificado sin riesgo, resulta paradójica en los momentos actuales cuando se habla de la posibilidad o amenaza del impago debido a la disputa del Gobierno y la Cámara de Representantes respecto a subir el techo de la deuda pública del Tesoro de EEUU, de $us 31,4 billones. Las acciones de las bolsas caen mientras las negociaciones por el techo de la deuda están en impasse y los inversores están exigiendo una prima más alta por los bonos estadounidenses por mayor riesgo de impago.

Si bien casi todos los años el show era el mismo, ahora la posición de los republicanos es más dura al exigir la reducción de los “gastos discrecionales”, pero por supuesto no lo gastos militares ni la ayuda militar a Ucrania que sigue prometiendo Biden. Empero, según Bloomberg, “que se llegue al techo de la deuda no quiere decir, necesariamente, que vaya a haber un default”, puesto que las veces en las que no se han llegado a acuerdos, como pasó en 2011, termina habiendo problemas operativos para el gobierno.  Según Reuters, Washington estaría bajo una fuerte presión para seguir haciendo pagos sobre los bonos estadounidenses, que sustentan el sistema financiero global.

Lo paradójico es que con cualquier otro país al borde del impago, el 1 de junio, las calificadoras de riesgo ya le habrían rebajado del nivel triple A que tiene EEUU y puesto en el nivel C. Solamente Fitch advirtió, como posibilidad, la de cortar su calificación y lo puso en perspectiva negativa, aunque se autoadvierte que el riesgo de impago es muy bajo o poco probable.

Bloomberg tituló el domingo 28 de mayo: “Casa Blanca y republicanos llegan a un acuerdo tentativo para evitar el impago de EEUU que incluye un aumento del límite de deuda de dos años y un acuerdo de créditos de dos años que mantiene el gasto no relacionado con la defensa más o menos en los niveles actuales”.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

Evaluar el desempeño de la economía boliviana en 2022 como se ha hecho a nivel oficial recientemente, transcurridos cinco meses de 2023, nos debería permitir reflexionar más que el logro de los récords alcanzados, los desafíos que empezaron a visualizarse ya a mediados de 2022 y se acentuaron desde comienzos de este nuevo año.

Los logros están relacionados con los datos macro sobre la baja tasa de inflación (3,12%), el buen crecimiento del PIB de 3,48%, la baja tasa de desempleo de 4,13%, superávit de la balanza comercial de $us 603 millones, récord de remesas de $us 1.437 millones y un saldo casi equilibrado de la balanza de pagos en cuenta corriente.

Sin embargo, los desafíos se deprenden del difícil contexto externo y de la llamada “pluricrisis” con efectos que ya empezaron a manifestarse a mediados de 2022. Es así que, por una parte, como consecuencia del alza en los precios de los alimentos y combustibles, a partir de agosto de 2022 Bolivia empezó a registrar déficits comerciales consecutivos que se prolongan hasta marzo de 2023, con un acumulado de $us 1.408 millones, equivalente a un 3,2% del PIB.

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Por otra parte, como resultado del sostenido incremento de las tasas de interés internacionales, en promedio más del 4%, los riesgos financieros se gatillaron incrementándose las salidas de capitales de las economías emergentes y ampliándose el diferencial de sus tasas respecto a las tasas de interés del tesoro de EEUU, un indicador de riesgo país.

En el caso de la economía boliviana, las transferencias financieras al exterior, a través del Banco Central, registraron en 2022 un incremento del 50% y el riesgo país de los bonos soberanos aumentó de alrededor 500 puntos a 1370 puntos a mayo de 2023.

Estos dos factores, déficit comercial acumulado y aumento de las trasferencias al exterior, enfrentaron un nivel de las reservas internacionales netas del BCB, que si bien ya se vinieron deteriorando desde un máximo alcanzado en 45% del PIB en 2014, en diciembre de 2019 todavía había llegado a niveles adecuados de reservas con un 16% del PIB. Sin embargo, los efectos de la crisis del COVID, de la guerra de Rusia contra Ucrania y el alza de las tasas de interés internacionales acentuaron los desequilibrios externos y pérdidas en las reservas internacionales en los mercados emergentes, que en el caso de Bolivia significó una caída de sus RIN a un nivel equivalente al 8,6% del PIB, por debajo de los estándares de los niveles adecuados de reservas. 

El problema fue que a principios de año, la mayor demanda de divisas enfrentó una oferta rígida de divisas del BCB, constituida en un 74,4% por las reservas monetarias de oro, 15% por Tenencias de DEG del FMI y solo un 9,5% de divisas. La rigidez se derivó de la autolimitación de la interpretación de que el BCB no podía disponer de sus reservas internacionales de oro, siendo que el artículo 16 de la Ley del BCB le autorizaba a disponer las mismas al estipular: El BCB administrará y manejará sus Reservas Internacionales, pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas… En caso de la pignoración del oro ésta deberá contar con aprobación legislativa.

En los hechos el BCB, después de la oportuna monetización del oro desde los años 90 y obtener su certificación internacional de good delivery, ya dispuso las reservas puesto que la casi totalidad de ellas no están físicamente en el país y fueron depositadas en los principales bancos del exterior, de primer nivel y de alta calificación crediticia.

Después de una larga tramitación, la reciente Ley 1503 en su artículo 9 dispone que “el Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”. La pregunta del millón es si esas funciones no las podía hacer antes el BCB, con excepción de pignorar, mala palabra que tampoco aparece en la nueva “ley del oro”.

En todo caso se espera que se pueda disponer eficiente y oportunamente las reservas de oro monetario.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

El proceso de globalización económica mundial impulsado en los años 90, expresado  en un aumento de la participación del comercio y la inversión extranjera directa en el PIB mundial, tuvo un máximo hasta la crisis financiera mundial de 2008, punto de inflexión a partir del cual se revierte su tendencia con una desaceleración de la globalización, denominada también slowbalization. Adicionalmente, entre la crisis financiera mundial y la pluricrisis actual, empezó la disputa hegemónica entre EEUU y China, primero solapadamente y después muy abiertamente con la guerra comercial de Trump y su guerra tecnológica, hasta la interrupción mundial con el COVID-19 en 2020. Sin embargo, posteriormente volvió a reanudarse con la guerra entre Rusia y Ucrania, la intervención de los aliados con sanciones económicas y la continuación de la guerra tecnológica ahora con Biden con su Ley de Chips y Ciencia, con el objetivo de impulsar la producción de semiconductores y dejar de depender de China en la provisión de chips.

Así, se habló inicialmente del desacoplamiento con China, pero después de la relocalización de la IED; primero con la excusa del COVID-19 propiciando el nearshoring o abastecimiento cercano y, después, con motivo de la guerra, impulsando directamente, como en el caso de Janet Yellen, secretaria del  Departamento del Tesoro de EEUU, el friend-shoring o “relocalización ideológica”, es decir la tendencia de centrar las relaciones con países que se consideran aliados económicos y políticos, orientada a “favorecer el apuntalamiento de amigos de las cadenas de suministro a un gran número de países de confianza, para que podamos continuar extendiendo de manera segura el acceso al mercado, reducirá los riesgos para nuestra economía, así como para nuestros socios comerciales de confianza”.

Así, en el contexto de los tiempos actuales en que se da un proceso de fragmentación geoeconómica del tablero mundial, parece que Brasil escogió cuál va a ser su friendshoring o “relocalización entre amigos”, con la suscripción de 15 acuerdos con China por un monto estimado de 50.000 millones de reales, equivalente a $us 10.000 millones, aunque a Lula no le guste la conversión. Los acuerdos ayudarán a Brasil a avanzar en áreas como energía renovable, industria automotriz, agroindustria, líneas de crédito verde, tecnología de la información, salud e infraestructura.

Dentro de estos acuerdos está clara la intención de potenciar industrialmente al Brasil con capital chino. Así, el Ministro de Hacienda de Brasil dijo que «el presidente planteó, en todas las reuniones, el desafío de intensificar los estudios sobre la factibilidad de reindustrializar Brasil en asociación con el capital chino, que está disponible y ve en América del Sur una oportunidad para crear allí una plataforma para sus productos tanto para la venta local como para la exportación». Comentó la intención de utilizar sus monedas locales en el comercio recíproco, como una forma de «escapar de la camisa de fuerza de tener el comercio fijo en la moneda de un país que no es parte de la transacción». Los BRICS no son una amenaza contra el dólar, porque saben muy bien que más del 60% de las reservas internacionales del mundo está en dólares, y no solo es una moneda fuerte para el comercio sino para las transacciones financieras y de capital.

Por tanto, mientras que algunos países en América del Sur, como Chile, están por los acuerdos de comercio e inversiones profundos, como en el caso del TPP-11, donde se da el libre tratamiento a la inversión extranjera, Brasil ya dio señales con un acuerdo de $us 10.000 millones, con el objetivo claro de aprovechar la inversión directa extranjera procedente de China y, además, cuenta con el Banco de los BRICS que hasta la fecha aprobó proyectos por un monto de $us 32.800 millones. Al medio, está Bolivia con 13 acuerdos de cooperación suscritos con Venezuela y con el Banco del Alba, que según su sitio web, “a octubre de 2019, el acumulado histórico de financiamientos del Banco del Alba (con fondos propios y de terceros) alcanzó la cifra de $us 421,22 MM, una magnitud que logra triplicar tanto su capital como su patrimonio”.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista