Con la esperanza de encontrar el calor de una familia, miles de niñas, niños y adolescentes habitan en los centros de acogimiento en diferentes países del mundo, la situación es más complicada cuando se trata de quienes llegaron al lugar producto de un desplazamiento forzado por decisión de los adultos que cuidaban de ellos; este es un ejemplo de la vulnerabilidad que atraviesan las personas extranjeras que arriban en países ajenos.
Solo en 2022, de varios casos referidos a la situación de la niñez y adolescencia en el exterior, la Defensoría del Pueblo atendió cerca de 30 casos de repatriación en Argentina y Chile, países que registran mayor cantidad de migrantes bolivianos; padres, madres y tutores que, en busca de mejores horizontes de vida, deciden migrar a otros países junto a sus hijas e hijos, poniendo en riesgo la protección de sus derechos.
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Por varios motivos, incluidos los delictuales, muchos adultos perdieron la tutela de sus hijas e hijos, dejándolos en total desprotección en un país extraño. En la mayor parte de los casos resueltos y los que se encuentran en proceso de atención, las niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento no cuentan con documentos de identidad o de viaje originales.
No podemos permitir que esta situación se repita, poniendo el riesgo la vida misma de las niñas, niños y adolescentes, quienes incluso recorriendo rutas clandestinas llegan a destinos inciertos, entre tanto sus derechos están vigentes y deben ser protegidos por los Estados, situación que se constituye en una deuda pendiente con el compromiso con la niñez y la adolescencia. Es imperativo que los Estados resguarden y protejan a esta población en situación de vulnerabilidad.
El 20 y 21 de julio, la Defensoría del Pueblo convocó a defensores, procuradores y presidentes de los INDH (Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) de 22 países para reflexionar sobre la problemática migratoria, en la Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana y Derechos Humanos, que se desarrollará en la ciudad de Cochabamba, donde se articularán nuevas experiencias e información sobre las dificultades y contribuciones del desplazamiento forzado. Desde Bolivia, al mundo queremos dar un mensaje de respeto a los derechos de las personas en procesos de movilidad humana y exigir que los Estados den garantías para la protección de sus derechos y que la deuda con las niñas, niños y adolescentes migrantes quede en cero.
(*) Pedro Callisaya Aro es defensor del Pueblo