El movimiento campesino boliviano tiene como uno de sus hitos fundamentales la creación de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuya base social es muy variada y multiforme. Cabe recordar que el evento fundacional fue un primer congreso nacional realizado hace 44 años, el 27 de junio de 1979. Si bien contaba en lo inmediato con el apoyo y los auspicios de la COB, no es menos cierto que era el resultado de un largo proceso de maduración y de enconadas luchas parciales por conquistar la autonomía organizativa que rompa con el manoseo ejercido desde el Estado, primero por los gobiernos del MNR y después por los regímenes militares.

En esa etapa juega un rol muy destacado el líder aymara Genaro Flores Santos, elegido como máximo dirigente de la CSUTCB en tres congresos consecutivos (de 1979 a 1987). Rebasando la camisa de fuerza de la estructura “sindical”, Flores encarnó una visión autóctona de reivindicación étnico-cultural expresada en la recuperación de las figuras míticas de Túpac Katari y Bartolina Sisa, el uso cada vez más frecuente de la wiphala y la pugna por ampliar los espacios de participación campesina en el seno de la COB. En tales circunstancias, se produce el golpe de Estado narcofascista de García Meza que frena este curso y desmantela el directorio de la COB. Genaro quedó al mando de un pequeño núcleo clandestino de la resistencia que es detectado y avasallado por el aparato represivo, que lo hiere de un disparo al momento de capturarlo (19 de junio de 1981), dejándolo sin poder caminar por el resto de su vida. Genaro Flores Santos, nacido en la comunidad Atipampa, provincia Aroma del departamento de La Paz en septiembre de 1942, falleció en agosto de 2019. Que sepamos no existen plazas, calles ni sitios geográficos que lleven su nombre.

Los sindicatos agrarios son una realidad, especialmente allí donde las comunidades fueron debilitadas o destruidas por el sistema de haciendas, así como también subsisten autoridades originarias en muchísimas comunidades. Ni los unos ni las otras son formas de organización químicamente puras. En muchas partes los sindicatos actúan como gobierno comunal y han heredado formas de funcionamiento típicas del ayllu como la rotación anual y las asambleas comunales, a su vez no es de extrañar que muchas autoridades originarias asuman modalidades aportadas por los sindicatos agrarios por ser más apropiadas para su intervención en el ámbito municipal. Puede decirse entonces que a nivel local se mezclan y complementan estas formas organizativas. Pero no ocurre lo mismo a nivel supracomunal donde a través de subcentrales, centrales o federaciones departamentales, tiene supremacía la estructura sindical y, de hecho, la CSUTCB ejerce la máxima representación a nivel de todo el país.

Desde que, en 1995, un congreso de la CSUTCB tomó la decisión de forjar un instrumento político propio, ha corrido mucha agua bajo los puentes. El llamado “Pacto de Unidad” surgido en 2002 articuló a todas las organizaciones campesino indígenas del país: CSUTCB, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-“BS”), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias (CSCIOB, excolonizadores), Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq). No se crea que este acuerdo es una taza de leche, hubo conflictos, contradicciones, salidas y entradas, recomposiciones y paralelismos a granel. Pero es dable sostener que la CSUTCB es la organización de mayor peso político, la columna vertebral del proyecto y por tanto la que tiene mayores responsabilidades a la hora de salvar la unidad, tanto al interior del “pacto” como con el conjunto de organizaciones populares que sostienen el proceso de cambios iniciado en 2006 y que en la actualidad está atravesando sus peores momentos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Posiblemente escuché en mi infancia esta frase por primeras veces de labios de mi abuelo Natalio. Descubro ahora que se trata de una antigua expresión medieval que hace alusión inequívoca a situaciones límite que demandan soluciones enérgicas y radicales. Etimológicamente, es muy probable, hace referencia al médico que tiene que amputar un órgano antes de que se extienda una infección. “Emplear el procedimiento más rápido, brusco y sin miramientos para solucionar o zanjar un problema o discusión”, dice una definición hallada por ahí.

Me suena, estimado lector, que esta sería la única manera de frenar la epidemia de corrupción que parece haber rebrotado en el país.

Sin ser los únicos, tres casos emblemáticos, casi simultáneos, ilustran esta aseveración.

El del Ministerio de Medio Ambiente y Agua lleva el asunto al seno mismo del Poder Ejecutivo y pone en duda no solamente el comportamiento ético de los más altos funcionarios, sino que también muestra la total ineficiencia de los mecanismos de transparencia y control social.

En el caso del Banco Fassil, considerado ya como la “estafa del siglo”, la pregunta es si la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), cumpliendo estrictamente su rol institucional, no debió intervenir oportunamente para evitar el colapso total que se ha producido. Si los empresarios mafiosos hicieron lo que hicieron en Fassil durante años, significa que la tal supervisión no es efectiva o no se aplica por alguna razón desconocida. Cabe preguntar: ¿no habrá casos similares en el conjunto del sistema bancario? Si con el respaldo de sectores oligárquicos locales, atenidos a los sagrados intereses de la propiedad privada y el secreto bancario, robaron tanto dinero, otros pueden estar practicando trucos parecidos.

Y por último, el caso del “narcoavión” que cuando escribimos estas líneas estaba al rojo vivo, tiene tantos bemoles que es posible sostener rotundamente que el traslado de casi media tonelada de cocaína hasta el aeropuerto de Barajas, en España, solo pudo haber ocurrido gracias a un verdadero entramado de corrupción instalado en diferentes espacios y niveles: fabricantes y propietarios de la droga, transportistas, Policía, Aduana, administración y control de aeropuertos, empresa aérea y otros.

Únicamente si el Gobierno deja de lado las medias tintas, si se deshace de lealtades compradas con prebendas, es decir si decide cortar por lo sano, se perfilará un mensaje claro: funcionario que asome las uñas, sabrá que le pueden cercenar los dedos o la mano entera, y aquel que por omisión no haga lo que tiene que hacer, podría no perder la mano pero sí el cargo con toda seguridad.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

En varios países de América Latina hay expresidentes, exministros y exaltos personeros de gobierno que guardan detención o están siendo encausados judicialmente por delitos de corrupción. La mayor parte de los debates que esto genera, coincide en afirmar que el fenómeno es muy antiguo y se ha extendido tanto que resulta poco menos que imposible erradicarlo. Por esta vía se tiende a tolerar prácticas corruptas y finalmente a convivir con ellas, tal si fueran un mal incurable.

Por lo dicho, suena muy bien la frase: “cero tolerancia a la corrupción”, esgrimida en las campañas electorales. El problema es que, por agotamiento, por contaminación, por ausencia de principios éticos, o por lo que sea, estas palabras no se aplican, se quedan en el aire, como nada más que una bonita frase.

Es cierto que el tema viene de muy lejos, no es nada nuevo. Y lo mismo si advertimos su intensa propagación en determinados momentos.

Pero se equivocaron quienes suponían que la corrupción a lo grande era exclusiva del modelo neoliberal, ejecutada por funcionarios de cuello blanco. A la vuelta de muy poco tiempo de instaurado el gobierno de Evo Morales se produjo el escandaloso caso de Santos Ramírez, que motivó no solo su destitución, sino su encarcelamiento por 10 años. No ocurrió lo mismo, bajo el mismo régimen, en el caso del Fondo Indígena; solo detenciones preventivas esporádicas, investigaciones de nunca acabar y contraacusaciones que convirtieron en víctima al principal denunciante, Marco Antonio Aramayo. Estos dos casos resultan emblemáticos para ilustrar ambas posiciones. Intolerante con la corrupción el primero y tolerante y laxo, el segundo.

Una enérgica labor de fiscalización de parte de los órganos públicos, ensamblada con un eficiente control social, hubiera permitido afianzar la tendencia de rechazo radical a la corrupción y hubiera achicado la posibilidad de que la Justicia haga sus acostumbradas trapacerías para salvar a los corruptos.

A partir de la Constitución Política del Estado existe un abultado armazón legal para la lucha anticorrupción, entre otras leyes, la 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y el Código Penal vigente. Que esta legislación puede ser mejorada y complementada (tarea que la oposición se empeña en sabotear) es un asunto, pero que nadie diga que faltan mecanismos legales para perseguir y sancionar a los que incurren en corrupción, en verdad lo que falta es voluntad política para hacerlo. Con un enfoque integral proponemos examinar estos aspectos:

— Comete delito quien recibe coimas, pero también quien las otorga.

— No basta con decomisar artículos y objetos de contrabando, el o la contrabandista debe ir a la cárcel y los bienes incautados ser sometidos a estricto control, al igual que los vehículos denunciados por robo.

— Los altos funcionarios públicos, desde el Presidente para abajo, deben abstenerse de colocar a sus parientes en la administración pública.

— Todas las instancias del Estado deben proporcionar información actualizada y facilitar el acceso a ella de parte de la ciudadanía en general. Asimismo, responder de forma oportuna y completa a las preguntas que les sean formuladas.

— Hace falta reformular y reglamentar la labor de las Unidades de Transparencia, incluyendo sanciones drásticas para quienes no cumplan sus responsabilidades.

— Las organizaciones sociales, fundamento del proceso actual, deben renunciar a prácticas prebendales y lo propio las instancias de gobierno que las fomentan. Incurrir en ellas no solo revela falta de respeto mutuo, sino que también siembra las semillas de la corrupción y debilita la participación en el control social.

— El rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, inevitablemente revestido de confrontación política, necesita urgentes ajustes que lo hagan efectivo.

Si lo ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no provoca un viraje hacia la cero tolerancia a la corrupción, nos esperan días amargos y borrascosos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

La cuestión del litio es de la más alta importancia y sentimos que no se le está dando la atención que requiere. Pareciera que, infelizmente, el tema ha ingresado al ámbito de la politiquería menuda donde se disputan prebendas y espacios de poder y donde están ausentes las miradas estratégicas sobre el uso de los recursos naturales, sobre nuestra inserción en los mercados y otros aspectos clave para el desarrollo del país.

Hay un sordo debate entre las dos fracciones escindidas del partido de gobierno. Unos que desconocen o niegan deliberadamente los avances en la materia alcanzados entre 2006 y 2019 y ayudan a propalar el rumor de que “no se hizo nada en tantos años” y que “se gastó más de mil millones de dólares sin resultados”. Por supuesto, olvidan que ellos son corresponsables de todo lo que, mal o bien, se hizo o no se hizo en ese periodo. Tampoco recuerdan que en esos momentos les tocaba cumplir su rol fiscalizador desde el Parlamento, la Contraloría y otras instancias del Estado y asimismo brindar condiciones para un mejor ejercicio del control social. Se fiscaliza, hay que recordarles, no solo a los opositores sino a todas las ramas de la gestión pública; la fiscalización no es una herramienta barata para destruir oponentes. Pero, lo más grave es que en lugar de proporcionar información valedera y facilitar el acceso a las fuentes, se maneja el tema como elemento propagandístico en lo que ya parece una desaforada campaña electoral.

Puede leer: Industria del litio: El Presidente alerta de las ‘ambiciones extranjeras’

Los del otro bando, destacan los logros en el proceso de aprovechamiento de estos recursos, asumiendo que cualquier proyecto de tales características demanda entre 10 y 12 años para obtener resultados, más aún si el punto de partida es cero, en vías de comunicación, transporte, energía, agua potable y otros. Sostienen tener todas sus cuentas al día y estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de auditoría. Muestran como uno de los ejemplos exitosos la puesta en marcha de una planta piloto de carbonato de litio que ya empezó a producir y habría logrado con creces recuperar la inversión realizada; precisamente esta prueba piloto sentó los fundamentos para la construcción de una planta de escala industrial que no se explican por qué el Gobierno actual no la pone en funcionamiento. Preguntan por qué en vez de enriquecer y ajustar el Plan Maestro que se venía aplicando, simplemente parece que lo hubieran descartado. También preguntan ¿por qué no se recontrata a personal profesional altamente calificado despedido en noviembre de 2019?

Y la interrogante que nos habíamos planteado a nosotros mismos: ¿Qué se hizo entre 1993 y 2006? La respuesta es muy simple: Nada, excepto nuevos estudios de universidades bolivianas por lo general asociadas a entidades extranjeras. Da la impresión de que el Salar de Uyuni ya hubiera sido investigado del derecho y del revés, pese a lo cual siguen existiendo vacíos enormes de información para la mayoría del público no especializado.

El primer intento en 1990 era un acuerdo con la Lithium Corporation (Lithco), gestionado por Paz Estenssoro por invitación directa, sin licitación alguna y como parte de la aplicación del modelo neoliberal en el marco del levantamiento de las reservas fiscales. El borrador de convenio con la Lithco le fue heredado al sucesor, Paz Zamora, quien no tuvo ni la fuerza ni la habilidad de llevarlo adelante. En 1993, fracasó el segundo intento de firmar un acuerdo con la misma empresa, luego de un cuestionado proceso de licitación. De ahí en más no ocurrió nada relevante.

Solo a partir de 2006 se retomó el tema y luego de algunos tanteos se definió una estrategia y en 2008 se dieron los primeros pasos concretos.

Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región.

Carlos Soria Galvarro es periodista

El año 1997, a pedido de La Razón publiqué, con este mismo título, un artículo sobre el hallazgo de las fosa común con los restos de Ernesto Che Guevara y seis de sus compañeros, con énfasis en la posición en la que quedó colocado Gary Prado Salmón. Rescatando partes sustanciales de esa nota, de la cual nada hay que rectificar,  y añadiendo algunos elementos nuevos, que tampoco hacen variar mis puntos de vista de entonces, presento a los lectores los siguientes aspectos, con motivo de su reciente fallecimiento a los 84 años de edad.

Prado Salmón sostuvo siempre que capturó al Che, pero no fue su verdugo. ¿Qué razones tuvo entonces para negar reiteradamente que sus restos estuvieran enterrados en Vallegrande?

Confieso que por momentos llegué a pensar él poseía alguna información altamente reservada con base en la cual afirmaba rotundo que no había ningunos restos que buscar.

El único sustento para sus afirmaciones era un instructivo de los mandos militares que ordenaba cercenar las manos del Che para fines de identificación y luego quemar y esparcir los restos. No se quería una especie de santuario donde se venerara la memoria del comandante guerrillero.

Cremación imposible

Un primer elemento que me convenció de que la versión de Prado Salmón era deleznable lo obtuve hace varios años en el Cementerio General de La Paz, cuando indagué qué tiempo demandaba la cremación de un cadáver “fresco”: por lo menos 24 horas con una llama de 1.200 grados de temperatura, me dijeron. Conclusión: el Che no pudo ser quemado y esparcido como decía la historia oficial. No existía en Vallegrande nada parecido al horno crematorio paceño.

Entrevista a Gary Prado Salmón: Mantener con vida al Che habría sido un factor de irritación

También por varios años rondó por mi mente la sospecha de que el Che hubiera sido «esparcido» de todas maneras, sin la previa cremación. Es decir, arrojado a la selva desde un avión. Así por lo menos se procedió –según  varios testimonios– con Jorge Vázquez Viaña (El Loro), guerrillero herido y prisionero en Camiri.

Nuevos y viejos indicios

En el marco de la búsqueda febril de los restos, fines de 1995 y comienzos de 1996, un equipo de periodistas de la revista alemana Der Spiegel, sin medir gastos en un inusitado despliegue investigativo, pretendió obtener la primicia del hallazgo de los restos. Y estuvo muy cerca de lograrlo. Les sobraba dinero, pero les faltaba la pasión motivadora y, obviamente, la paciencia y profesionalidad del equipo de investigadores cubanos y argentinos.

Colegas que trabajaron con los alemanes deslizaron algunas importantes conclusiones una vez que la investigación fue suspendida. El Che estaría enterrado en las proximidades de Vallegrande. El sitio exacto lo sabían algunos militares que se negaron a revelarlo.

La información filtrada por los alemanes ratificaba una vez más la antigua versión de Edwin Chacón Aramayo, quien fue uno de los corresponsales de Presencia durante la época guerrillera: el Che y varios de sus compañeros estaban enterrados en las proximidades de la pista aérea de Vallegrande.

En la misma dirección apuntaba la afirmación del general Luis Reque Terán cuando la carrera de Historia de la UMSA y la Asociación de Periodistas de La Paz lo invitaron a un debate en ocasión de la presentación del segundo tomo de la serie El Che en Bolivia, en septiembre de 1993. Él dijo que los restos del Che, al igual que los de otros guerrilleros, estaban enterrados en algún lugar de Vallegrande, y para evadir respuestas comprometedoras añadió que los que sabían exactamente dónde ya habían fallecido.

Historias oficiales

Cuesta creer que en este caso Gary Prado haya mentido deliberadamente como creían los periodistas alemanes y como seguramente muchos lo creen todavía ahora. Por otra parte, es imposible no suponer que estaba en condiciones de llegar por sí mismo a las conclusiones acertadas, aun en conocimiento de que existían órdenes militares para la incineración.

Es muy sabido que no siempre las órdenes se cumplen, ni menos al pie de la letra. Prefiero suponer que fue víctima de la ofuscación, originada en su adhesión incondicional a la institución armada. Se aferró a una versión oficial cada vez más inverosímil bajo la creencia de que así contribuía a alejar el fantasma del Che.

Puede leer también: La impronta del Che que trasciende a la muerte de su captor

Todos los testimonios militares, del propio Gary Prado, y de oficiales de alta graduación como Saucedo Parada, Reque Terán, Arana Serrudo y Vargas Salinas, coinciden en admitir la ejecución del Che, sin ningún atenuante. En forma unánime desmienten la primera versión oficial que pretendía hacer creer que cayó en combate. En cambio, el paradero de sus restos se manejó como un secreto militar. Versiones convergentes sobre el lugar en que en definitiva se los encontró iban y venían, pero ninguna de fuente castrense responsable, hasta que Mario Vargas Salinas habló más de la cuenta y sus revelaciones fueron claves para el hallazgo.

La afirmación de Prado Salmón, de que los restos habían sido incinerados por personal militar anónimo en un lugar no precisado, siempre fue deleznable. Pero tenía la fuerza de quien lo decía: un protagonista principal de los sucesos. Ahora es solo un mal recuerdo. Los restos del Che fueron recuperados, identificados plenamente y regresaron a Cuba.

Traspiés

Existen suficientes elementos históricos para sostener que el entonces joven capitán no participó directamente en la ejecución de la escuelita de La Higuera, así lo sostuvo desde el primer momento y lo reiteró toda su vida. Nadie podría sindicarlo de la muerte del Che. Lo capturó, sí, en cumplimiento de sus deberes militares, como lo describe en su libro La guerrilla inmolada (Santa Cruz, 1987).

Sin embargo, en 2016 hubo un amago de polémica con el historiador Gustavo Rodríguez cuando éste se refirió a un Informe del Ejército estadounidense desclasificado en el que se sostiene que Prado habría ordenado la ejecución del Che (Department of Defense.pdf/Ernesto Che Guevara file, www.paperlessarchives.com, pp. 4-8). Revisado ese documento lo hallamos totalmente inconsistente; por ejemplo considera al minero de Huanuni Simeón Cuba, “Willy” en la guerilla, como agitador cubano solo en razón de su apellido.

Por «espíritu de cuerpo», por «lealtad a la institución» o por razones políticas, Prado Salmón siempre justificó los hechos tal cual ocurrieron. Suponía que no había más alternativa que eliminar al prisionero, que las autoridades de entonces obraron de la única manera que podían hacerlo.

Hay varios puntos discutibles en un ambiente de serenidad y tolerancia democrática, lejos de la agobiante doctrina de la «seguridad nacional» que los Estados Unidos insuflaron a los militares latinoamericanos. Pero, ese modo de pensar y ese lenguaje le salió a flote a Prado Salmón cuando, ya retirado como general, se involucró, o lo involucraron de forma arbitraria, en el embrollado caso del asalto al hotel Casa de las Américas del año 2009.

En resumen, por su carrera militar básicamente institucionalista y en pro de la democracia, por la entereza moral con la que enfrentó su temprana invalidez, por su actuación pública franca y abierta (no siempre aceptable para todos, claro está), considero que Gary Prado Salmón es una personalidad boliviana merecedora de un gran respeto.