La semana pasada tuve el gusto de participar de la inauguración de la muestra Revolución Orgullo, presentada por el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz. Tres salas de exhibición y un inmenso patio central quedaron pequeños frente a la masiva concurrencia de cerca de 500 personas que se congregaron para celebrar el inicio de un mes completo de actividades en torno a la identidad LGBTIQ+.

En general los museos en Bolivia son espacios vacíos, y si una exposición en su inauguración logra congregar a 80 personas, es todo un éxito. Así, Revolución Orgullo y la concurrencia que convoca logra lo que todo museo de arte contemporáneo busca: atraer público y generar en él experiencias reflexivas en torno a preocupaciones del presente para ensanchar nuestra visión del mundo y nuestra sociedad.

Y eso es exactamente lo que viví al recorrer la inauguración de la muestra que hoy nos ocupa. Compartir con esa inmensa tribu de jóvenes urbanos que habita una de las muchas Santa Cruz que hoy conviven en ese territorio es una experiencia extraordinaria que te permite romper con cualquier estereotipo preconcebido sobre qué es el oriente. Como en cualquier metrópolis cosmopolita, pude respirar la libertad de los cabellos coloridos, las vestimentas inesperadas y sobre todo la celebración de estar vivos y poder compartir lo que son. Ese momento fue un magnifico regalo de la comunidad LGBTIQ+ a una ciudad que a veces se muestra provinciana y pechoña.

La muestra logra exponer con precisión el aporte que han tenido históricamente las diversidades sexuales en la construcción de la identidad cruceña. Un imponente mapa de los anillos formado por un collage de fotografías de miles y miles de personas disidentes sexuales, en permanente lucha por ser reconocidas y respetadas, es una de las obras que más me impactó. También la muestra presenta diversas iconografías de la identidad cruceña (angelitos chiquitanos, sombreros de sao y tipoy) intervenidos y resignificados en clara alusión a cómo las diversidades atraviesan toda la cultura local.

La pluma es el hilo conductor de la muestra. Lo hace porque, según el texto curatorial, es una de las características más potentes de las disidencias sexuales. “Tiene que ver con nuestra forma de ser y la manera en que cada persona expresa su propia diversidad, nuestra forma de andar, hablar y vestirnos; nuestro tono de voz, la estética de nuestros cuerpos y el lenguaje tan particular que usamos al comunicarnos entre nosotros, nosotras y nosotres”. Y qué mejor que la pluma para hablar de ese Santa Cruz amazónico y carnavalero que es parte de toda la identidad cruceña.

Como sostiene el activista Chris Egüez en un reciente artículo, esta muestra simboliza muchas cosas. “Significa la continuación de la trayectoria de lucha y resistencia de nuestros movimientos, es un homenaje a quienes estuvieron antes, un reconocimiento a quienes están ahora y un impulso para quienes vendrán después. Revolución Orgullo es un espacio para abandonar el miedo, dejar el silencio y olvidarnos de la vergüenza impuesta socialmente sobre nuestras identidades y afectos”.

La muestra cuenta con cerca de un centenar de piezas en formato fotográfico, objeto, muralismo, instalación, diseño, ilustración digital y videoperformance. Se trata de un ambicioso trabajo liderado por Alejandra Menacho y Sarah Sanjinés como las responsables de la dirección general, bajo la curaduría de María Teresa Rojas. Por supuesto el resultado es un aporte colectivo de expresiones artísticas de La Pesada Subversiva, La Casa Trans, Paranoia School y la Casa Cabana.

Si estas por Santa Cruz en este mes hazte un regalo y visita el Museo de Arte Contemporáneo en una de sus mejores muestras del año.

Lourdes Montero es cientista social.

China, desde 2013 viene implementando su gran proyecto geopolítico: la Nueva Ruta de la Seda, que implica la inversión en una larga lista de proyectos de infraestructuras en países estratégicos. Claramente el objetivo es crear una red que pueda fortalecer el desarrollo económico de sus empresas, al mismo tiempo que le permita ganar peso en la geopolítica mundial.

Con unos años de retraso, la Unión Europea (UE) responde con una idea similar: un fondo de $us 300.000 millones, llamado Global Gateway, para impulsar diversos proyectos en infraestructura digital, climática, energética y de transporte, principalmente en países del sur. Pero, ¿podrá la UE competir con los miles de millones de China? ¿Sus condiciones serán diferentes que las del imperio asiático? ¿Puede equilibrar de alguna manera la ambición China en su expansionismo global? En apariencia, las intenciones de la UE con su proyecto Global Gateway no difieren mucho del horizonte del imperio asiático.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la ambición europea es desproporcionada frente a su capacidad real de inversión. Según Idafe Martín Pérez, corresponsal en Bruselas del diario argentino Clarín, el dinero europeo en forma de transferencias serán apenas 18.000 millones (el 6% del total). Otros 135.000 millones serán garantías para préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Los 147.000 millones restantes se espera que vengan de inversiones del sector privado. Visiblemente se trata de un rudo viraje en la mirada al desarrollo por parte de la UE, y sus aportes en defensa de derechos humanos, gobernabilidad y desarrollo sustentable se verán gravemente disminuidos.

Con ese contexto, el próximo julio se desarrollará en Bruselas la tercera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado UE-Celac. Se trata de la reunión de las y los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños (ALC) tras casi una década de ausencia de diálogo birregional al más alto nivel político.

Para la UE, Latinoamérica es de gran importancia en áreas cruciales como la biodiversidad, las energías renovables, la producción agrícola y las materias primas estratégicas. Este interés se ha visto incrementado después de la guerra de Ucrania, puesto que la UE busca diversificar sus cadenas de suministro para abordar la transición energética y la subida de precios en sus países. Además, se espera que en la próxima reunión se adopte una agenda de inversión específica de su proyecto Global Gateway para ALC.

Para nuestra región, no parece ser un buen momento para hablar solo de negocios. Vivimos tiempos de reducción del espacio cívico, con un incremento de ataques contra defensores de derechos humanos. Además, la brecha entre la pobreza y la riqueza extrema ha aumentado en las últimas décadas, generando desigualdades multidimensionales. A esto se suma el incremento de los índices de inflación en alimentos que impacta a los más vulnerables.

Así, más que solo hablar de buenos negocios, la agenda UE-Celac debe priorizar mecanismos y políticas que brinden protección social a millones de personas y promover la sostenibilidad social, ambiental y económica a través de inversiones privadas responsables.

Sin embargo, no son tiempos prometedores. Los acuerdos que promociona la UE tienden a perpetuar la dependencia de sectores extractivos y tienen un alto impacto en los territorios y el medio ambiente. Además, ignoran las asimetrías de poder económico y limitan las políticas nacionales de desarrollo. Aunque se incluyen cláusulas de derechos humanos y sostenibilidad en los acuerdos, carecen de mecanismos vinculantes y no tienen un impacto significativo. Sin embargo, con optimismo, esperemos que, en esta próxima Cumbre, la UE recupere el espíritu humanista y la agenda de derechos que es parte importante de su historia.

Lourdes Montero es cientista social.

Yo nací y me crié en un Estado (República) gobernado por dos poderes fácticos: la Embajada de Estados Unidos y la Iglesia Católica. No se me olvida que el embajador Rocha, allá por 2002, creía poder decirnos por quién votar y por quién no; tampoco se me olvida, allá por 2008, la campaña de desprestigio contra la nueva Constitución Política del Estado protagonizada por la Iglesia. En el pasado, ambas instituciones creían poder opinar sobre cualquier asunto estatal, hoy ambas enfrentan una severa crisis reputacional.

El desplazamiento de la hegemonía de la Iglesia Católica como líder moral en la sociedad boliviana ya tiene al menos dos décadas. Una reciente encuesta de Diagnosis nos demuestra el descenso de su feligresía del 81% al 56% en este periodo. También nos habla de que dos tercios de la población cree que los jesuitas encubrieron abusos sexuales y más de la mitad afirma que estos abusos son una lacra extendida en el seno de la Iglesia y, por tanto, ya no confían en ella.

En el marco de este contexto, planteo el surgimiento de una agenda de cambios posibles para fortalecernos como sociedad y sacudirnos finalmente de los poderes fácticos que limitan una democracia plena. Varias de estas ideas provienen de un pronunciamiento público dirigido al papa Francisco por el Colectivo de Mujeres Feministas Defensoras de los Derechos Humanos y signado por más de un centenar de personas.

1) Reafirmación radical del principio de laicidad del Estado Plurinacional boliviano como la única garantía eficaz de la libertad de conciencia. Debemos abandonar los usos y costumbres de un Estado Confesional que implica que nuestras autoridades sigan buscando legitimidad en elementos religiosos. Esto implica también que nuestras autoridades finalmente comprendan que sus dogmas de fe son valores personales que no pueden ser impuestos al conjunto de la sociedad.

2) Modificación del concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado boliviano, que se remonta a 1851, y que establece una serie de privilegios para la Iglesia Católica y sobre todo “el derecho de censura sobre los libros y escritos que tengan relación al dogma, a la disciplina de la Iglesia y a la moral pública”. Así también, es momento de discutir el pago de impuestos por parte de la Iglesia sobre todos sus bienes. Solo así podremos asegurarnos que no exista un Estado paralelo dentro de nuestro Estado.

3) En ese sentido, y tal como lo ha anunciado el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, es urgente revisar los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia. Recordemos que fueron desde esos espacios donde se estableció la mayor resistencia a la actualización curricular del Sistema Educativo Plurinacional, sobre todo en lo referido a la educación sexual integral. Nuevamente, estos espacios de impunidad detentan privilegios que les permiten actuar al margen de las políticas educativas nacionales.

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4) Para las víctimas de los abusos de poder y encubrimiento de la Iglesia, la sociedad boliviana demanda no solo el juicio y castigo de los criminales (muchos de ellos muertos), sino la responsabilidad de la Iglesia que deben comprender: a) medidas de restitución; b) medidas de indemnización (que implican reparar daños con medidas económicas); c) medidas de rehabilitación (atención para que las víctimas continúen con su vida); d) medidas de satisfacción (recuperación de la memoria y reconocimiento de responsabilidad, incluyendo medidas simbólicas de reparación), y e) garantía de no repetición. Todo esto implica la conformación de una Comisión de la Verdad donde no participen autoridades religiosas y políticas que tengan la clara intención de encubrir.

Con profunda indignación exigimos: ¡ Justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales!

Lourdes Montero es cientista social.

Profunda indignación y horror ha causado las revelaciones en torno a un jesuita español, Alfonso Pedrajas, quien abusó sexualmente de al menos 85 niños en Bolivia. Lo insólito de este caso es que el crimen se descubre por los propios escritos del cura, quien parece haber dejado sus memorias como testimonio del encubrimiento de la Iglesia Católica.

Él sabía que hacía mal, pero también sabía que gozaba de protección e impunidad.

El problema de pederastia en la Iglesia Católica ha sido silenciado por siglos. Siempre que sale a la luz alguna denuncia; con premura se presenta como un caso aislado de “un mal sacerdote” a quien se le atribuyen problemas mentales.

Esa es la estrategia de control de daños: presentar cada caso como una excepción y aislarlo del contexto. La Santa Sede, conociendo las dimensiones del problema, no se compromete con una investigación seria y se limita a tratarlo como un problema reputacional.

En algunos países, los tribunales han emprendido investigaciones en profundidad y el resultado es espeluznante. En Francia, el resultado de una investigación independiente ha contabilizado 216.000 víctimas y al menos 3.000 sacerdotes acusados; la investigación que lleva adelante el periódico El País en España desde 2018 ya contabiliza 1.802 víctimas en 953 casos; y quién puede olvidar la indagación del periódico Boston Globe que destapó los abusos de curas; así como el encubrimiento de toda la institución católica de Pensilvania.

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Recientemente en Chile se dictó una sentencia condenatoria al Arzobispado de Santiago, obligándolo a indemnizar a tres víctimas de abusos sexuales.

La violencia sexual es uno de los daños más profundos que se pueden infringir a los niños y niñas, y su existencia como delito impune es el resultado de todo un entramado de abuso de poder; además de complicidades y doble moral que termina en el silencio de las víctimas. Pero el caso de la Iglesia Católica es emblemático porque no solo ordena callar a sus miembros, sino expone a las victimas más vulnerables a estos criminales, mudando de parroquia al cura cuando se descubren sus “pecados”.

El caso que nos ocupa involucra a los jesuitas, tal vez la orden religiosa más poderosa del país, a cargo de más de 400 colegios en Bolivia.

Queda claro que, a pesar de toda la élite intelectual y progresista que caracteriza a esta orden, los mandatos patriarcales y coloniales son los que se imponen.

Y es que, como sostenemos las feministas, el poder se funda en un pacto de la “cofradía masculina”, que genera una sociedad de complicidades tácitas y doble moral.

Y tal vez lo que más duele en esta historia es el origen de clase y etnicidad de las víctimas. Para niños inteligentes y con buenas notas, que venían de lugares remotos y familias empobrecidas, era casi imposible “traicionar” a sus mentores y eso les imponía silenciar su dolor como pago por pertenecer a una comunidad de privilegiados que recibía una educación de calidad.

Y cuando la verdad ya es inevitable porque un medio de comunicación hace público los hechos, la Iglesia con diligencia pide perdón.

Perdón

¿El perdón que piden es por el encubrimiento, la negación o la inacción frente al daño de los más vulnerables? Ciertamente esa solicitud de indulgencia no es por la estructura patriarcal, jerárquica y sombría de esta institución que, en voz del arzobispo de Cochabamba, monseñor Óscar Aparicio, nos manda a orar por los perpetradores del crimen “que tienen tanta adversidad, tanta contrariedad”.

En su homilía, ni una sola palabra de solidaridad con las víctimas.

En el caso de los encubridores que pudieron detener tanto dolor, tal vez su dios pueda exculparlos, nosotros no. Solo la justicia penal y el resarcimiento podrán compensar todo el dolor que han causado.

Lourdes Montero es cientista social

Se cumplió la crónica de una intervención anunciada. Pero tal vez llegó un año tarde, por lo que podría salpicar la credibilidad de todo el sistema financiero. Lo que hemos comprendido estos días es que Banco Fassil era un castillo de naipes, y las numerosas luces rojas que fue dejando en el camino de su vertiginoso crecimiento fueron ignoradas por los sistemas de control del sistema bancario.

El humorista Pablo Osorio nos previene: “Si tiene dos sucursales en la misma cuadra, tal vez no es el mejor lugar para abrir una cuenta” y es que, como hongos en temporada de lluvias, vimos crecer de manera desmedida las sucursales de Fassil que hoy suman 185 agencias. A esto se suma su agresiva campaña de atracción de ahorristas. Desde abril de 2021, el banco sostuvo la promoción FA-BU-LO-SA, la cual regalaba con excesiva frecuencia premios de Bs 20.000, llegando a sortear en tres ocasiones premios de hasta Bs 2 millones.

Si bien la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) ya había detectado problemas en julio de 2021 y habría sometido a la institución a un proceso de regularización. ¿Podía en esas condiciones dejar que la institución mantuviera su actitud agresiva en captación de ahorros? Según la propia Asfi, Banco Fassil no tomaba en cuenta sus recomendaciones y rechazaba sus observaciones ¿No era mejor intervenir Banco Fassil cuando ya presentaba de manera sistemática problemas de encaje legal?

A pesar de todos estos problemas, Banco Fassil seguía creciendo, convirtiéndose en el tercer banco en cartera a nivel nacional y reportando una de las moras más bajas del sistema. Según sus cuentas de Facebook, Fassil logro captar 1.240.000 ahorristas. Su actitud, según un informe de calificación de riesgo, era de “un mayor apetito de riesgo”, por lo que incurre en prácticas crediticias dudosas y compra de cartera de manera agresiva. Tal vez por ello, el mayor gremio bancario del país, Asoban, no tenía a Banco Fassil en sus filas.

Si queremos seguir la pista de quienes son los dueños de Banco Fassil, podemos consultar los registros de la Asfi que nos informan que los accionistas son Santa Cruz FG Sociedad Controladora SA, Santa Cruz Financial Group S.A. y Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA SA. Lo curioso es que el principal accionista de los tres grupos empresariales es una sola persona, Juan Ricardo Mertens Olmos. Eso ya debería llamar la atención.

La intervención de la Asfi llega después de 66 denuncias formales que han activado el procedimiento, y con cuatro órdenes de aprehensión a los altos ejecutivos por la presunta comisión de delitos financieros. El hecho emblemático que se ha dado a conocer es el de una joven de 18 años que se benefició con el préstamo de más de $us 1 millón, habiendo presentado como respaldo un patrimonio en artículos del hogar por valor de $us 5.000. El abogado defensor de los imputados dio a conocer que no existe delito ya que la joven habría pagado en efectivo todo lo que le prestaron.

De todo este castillo de naipes que representa Banco Fassil, hoy solo tenemos a un millón de personas esperando recuperar sus ahorros, con toda la incertidumbre del proceso de intervención sobre sus hombros; así como a 4.500 empleados que de un día al otro han perdido sus puestos de trabajo.

Nadie gana con la caída de Banco Fassil. Todos somos conscientes de que tenemos un objetivo común: garantizar que el sistema funcione. La Asfi tiene el desafío de probar que puede aislar una manzana podrida de todo un cesto de frutos sanos. Solo un rápido, eficiente y transparente manejo de esta intervención podría devolver la confianza de los ahorristas, y con ello la salud del sistema bancario que ha llevado décadas fortalecer.

Lourdes Montero es cientista social.