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Thursday 9 May 2024 | Actualizado a 17:43 PM

La solidaridad en la Seguridad Social de Largo Plazo

El principio de solidaridad se ve aplicado a través de los aportes que realizan los asegurados y empleadores

Iván Quisbert Soria

/ 5 de julio de 2023 / 08:16

Durante los 14 años de vigencia de la Ley 1732, desapareció la solidaridad en la Seguridad Social de Largo Plazo, ya que el sistema de pensiones se convirtió en individual, particular y egoísta, estableciendo que el trabajador solo aporte para sí mismo, sin importar lo que sucediese con los demás, lo cual ocasionó que los ingresos de casi todos los jubilados no alcanzaran ni al 25% de su promedio salarial.

Gracias a la Constitución Política del Estado se incorpora a la Seguridad Social el principio de solidaridad y en cumplimiento a este mandato, la Ley 065 de Pensiones establece entre los principios de la Seguridad Social de Largo Plazo a la solidaridad, definiéndola como la protección a los asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y de las bolivianas y los bolivianos con mayores ingresos.

Lea también: ¿Fondos de pensiones capturados?

Este principio, se ve materializado a través de la creación del Fondo Solidario, que financia la fracción solidaria como componente principal de la Pensión Solidaria de Vejez (PSV), el cual es un beneficio incorporado para mejorar el monto de pensión de las personas que obtienen una jubilación baja.

Actualmente, el Fondo Solidario tiene como parte de sus fuentes de financiamiento al aporte de los asegurados al SIP mediante el Aporte Solidario del asegurado, el Aporte Nacional Solidario de los trabajadores que tienen ingresos altos, el Aporte Patronal Solidario del Empleador (público y privado) y el Aporte Solidario del Empleador Minero, que alcanza al 2% del total ganado de sus trabajadores. 

Se puede observar que el principio de solidaridad se ve aplicado a través de los distintos aportes que realizan los asegurados y empleadores, con el objetivo de financiar una parte de la jubilación de los trabajadores que, debido a su trayectoria laboral, acumularon pocos recursos obteniendo una pensión baja, por lo que se mejora las condiciones de sus ingresos en su etapa de adulto mayor.

Recientemente el Gobierno ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto normativo que tiene por objetivo incrementar los límites solidarios, mínimos y máximos, de la escala de la PSV para beneficiar a los asegurados del SIP que perciben (y percibirán) esta prestación. Adicionalmente, dicho proyecto establece incrementar el Aporte Nacional Solidario del Asegurado que perciba sueldos superiores de 1% a 1,15%, de 5% a 5,74% y de 10% a 11,48%, para los sueldos superiores a Bs 13.000, Bs 25.000 y Bs 35.000 respectivamente; el Aporte Patronal Solidario, del 3% al 3,5%, y el Aporte Solidario del Empleador Minero, del 2% al 2,3%.

Respecto al incremento del Aporte Nacional Solidario del Asegurado con sueldos elevados, se debe hacer énfasis que los porcentajes propuestos en el proyecto normativo no se los realiza directamente a los sueldos elevados, sino que se aplica a la diferencia positiva entre los niveles determinados y el total ganado.

Si un trabajador tiene un sueldo de Bs 15.000, su contribución al Fondo Solidario por Aporte Nacional Solidario será de Bs 23, lo que representa el 1,15% de Bs 2.000 (diferencia con el primer nivel de Bs 13.000). Actualmente, este trabajador aporta Bs 20 por el mismo concepto, evidenciándose que el incremento del pago solo representa Bs 3. Esta modificación a este tipo de aporte no representa un cambio significativo para el trabajador con ingresos altos y se enmarca en el principio de solidaridad de la Ley 065 de Pensiones. De acuerdo con datos oficiales, la cantidad de asegurados del SIP que percibe un salario mayor a Bs 13.000 es solo del 6%.

En el caso del Aporte Patronal Solidario, el incremento de un 0,5% adicional es de Bs 5 por cada Bs 1.000, por lo que no representa un importe significativo que perjudique a los empleadores, sino, por el contrario, beneficiará a sus dependientes, los cuales día a día generan un esfuerzo laboral para que la empresa, organización o entidad genere utilidades/beneficios. Cabe señalar que el Estado como empleador es el mayor aportante al Fondo Solidario debido a que su contribución alcanza a más del 50% por este tipo de aporte.

Por lo tanto, todos los asegurados y empleadores que realizan el aporte solidario están colaborando y contribuyendo a que más trabajadores puedan acceder a un beneficio en el SIP, garantizando de esta manera una jubilación digna y acorde a la cantidad de años aportados, por lo que con la aplicación del principio de solidaridad, en cumplimiento a la Constitución y la Ley 065, se retomó la solidaridad como un pilar fundamental en la Seguridad Social de Largo Plazo.

(*) Iván Quisbert Soria es auditor

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¿Fondos de pensiones capturados?

/ 27 de marzo de 2023 / 00:33

En pasados días me llamó la atención que diarios digitales de países de la región hicieran mención al sistema de pensiones boliviano; sin embargo, al dar lectura a los mismos, grande fue mi sorpresa por el contenido debido a que existen imprecisiones sobre la aplicación de la normativa que rige la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, haciendo entender que se habrían implementado medidas recientes para “capturar” los fondos de pensiones, por el cambio de un administrador privado a público.

Inicialmente, aclarar que los habitantes de un país pueden decidir soberanamente cambiar el tipo de Estado al cual pertenecen, debiendo aprobar (o reformar) una nueva Constitución Política del Estado, definiendo la visión y tipo de país que es requerido, para que pueda adaptarse a las necesidades de la población, misma que será la ley fundamental que regula los aspectos más importantes de una sociedad.

En Bolivia, este evento sucedió en 2009, donde la población aprobó vía referéndum una nueva Carta Magna, en la cual, entre diversos temas estructurales, se encontraba la Seguridad Social (de corto y largo plazo), definiendo que ésta se prestará en el país bajo los principios de universalidad, solidaridad e integralidad, y que su administración y dirección está a cargo del Estado. Asimismo, dichos servicios no pueden ser privatizados ni concesionados.

En cumplimiento a este mandato, la Ley 065 de Pensiones dispuso la creación de la Gestora Pública y estableció que los Fondos de Pensiones son un patrimonio autónomo. Asimismo, de forma taxativa, dicha ley señala que los Fondos de Pensiones son indivisos e inafectables y solo pueden ser destinados al pago de las pensiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Por lo tanto, los únicos dueños y propietarios de los Fondos de Pensiones son los trabajadores bolivianos que aportan (o aportaron) parte de su salario a su Cuenta Personal Previsional, siendo que estos recursos no guardan ninguna relación con el patrimonio del administrador (público o privado), ni tampoco serán afectados por medidas discrecionales sea el gobierno que se encuentre de turno, por lo que cuando un medio de comunicación utiliza términos como “captura”, “enajenación” u otro similar, haciendo referencia a la administración del SIP, solo demuestra el desconocimiento de la normativa que rige en Bolivia.

En efecto, este desconocimiento queda en evidencia cuando se relaciona lo que es un sistema de pensiones con un censo, precisando que el primero es un sistema previsional donde el trabajador realiza aportes (debidamente registrados) a fin de obtener un beneficio a futuro para él y determinados beneficiarios, siendo que esta acción se realiza de manera constante; y el segundo es un recuento de todas las personas de una población en un momento determinado, donde, además, se considera aspectos sociales, económicos, etc., y es realizado cada 10 o más años.

Por otra parte, dichos medios digitales también tocan el tema de las inversiones del SIP, señalando que el Estado sería el mayor deudor y que “obliga” a las AFP a adquirir bonos del Tesoro y de deuda soberana. Actualmente, gracias a la normativa vigente, ningún gobierno tiene la potestad de involucrarse en el manejo de las inversiones realizadas por las AFP o la Gestora Pública, así como tampoco existen mecanismos de coerción para que éstas deban invertir en un sector específico, consecuentemente, es errado afirmar que exista una imposición a que las inversiones del SIP sean estatales.

En este sentido, la administración de los fondos de pensiones en Bolivia es independiente y se encuentra garantizada gracias a la CPE y la Ley 065 de Pensiones y, en consecuencia, no existe ni existirá una “captura” de estos fondos por ninguna persona o motivo. Pretender hacer creer lo contrario con noticias tendenciosas, solo buscan generar desinformación y alarma en la población, siendo nuestra obligación como trabajadores que aportamos al SIP, informarnos de manera completa y con fuentes fidedignas.

Iván Quisbert Soria es auditor.

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¿Qué hizo la Gestora Pública?

La Gestora debe efectuar un análisis estricto de los valores e instrumentos del mercado en los cuales se invertirá.

/ 27 de enero de 2023 / 02:17

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comunicó que con los aportes de los nuevos asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), de septiembre a diciembre de 2022, obtuvo una mayor rentabilidad a la alcanzada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en el mismo periodo. Sin embargo, como era de esperarse, salieron a la luz opiniones y comentarios de personas que desacreditan las gestiones realizadas por dicha empresa pública, por lo que resulta conveniente detallar algunas consideraciones sobre el tema.

Las inversiones realizadas por las AFP y la Gestora se encuentran bajo el marco de la Ley 065 de Pensiones, la Ley 1834 de Mercado de Valores y disposiciones normativas conexas; estas inversiones son reguladas y controladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias.

Por su parte, la adjudicación de valores del Tesoro General de la Nación (TGN) está abierta a cualquiera de las entidades habilitadas para participar de forma voluntaria y bajo la normativa vigente, mediante mecanismos como la subasta pública o las operaciones en la mesa de dinero administradas por el Banco Central de Bolivia (BCB), donde pueden participar bancos, aseguradoras, fondos de inversión cerrado, las AFP, la Gestora, entre otros.

Si bien es cierto que las AFP vienen desarrollando actividades desde 1997, las inversiones que realizan son de manera diaria, debido a que el pago de las contribuciones de los empleadores y asegurados dependientes/ independientes es constante, por lo que la acción de invertir es una tarea habitual y la Gestora viene realizando dicha acción desde septiembre de 2022 con los aportes de los nuevos asegurados.

Corresponde subrayar que en el mercado de valores en Bolivia no se generó ningún cambio que beneficie a dicha empresa pública, por su reciente inicio de actividades en materia de inversiones del SIP; al contrario, la Gestora viene cumpliendo a cabalidad todos los requisitos solicitados para realizar inversiones tanto en el sector público como en el privado.

Respecto a la rentabilidad histórica obtenida por las AFP que alcanzaron a un 18%, es de conocimiento público que estas empresas privadas tenían a libre disposición la adquisición de valores emitidos por los gobiernos de turno (entre 1997 y 2005), los cuales fueron generados para que el Estado obtenga recursos y destinarlos principalmente a gasto corriente, por lo que las AFP no realizaban ningún esfuerzo adicional en beneficio del trabajador.

Contrariamente, la Gestora debe efectuar un análisis estricto de los valores e instrumentos del mercado en los cuales se invertirá, considerando la rentabilidad ofertada y principalmente el grado de riesgo calificado que ésta conlleva, con el objetivo de precautelar los aportes de los asegurados al SIP, bajo el entendido de que una rentabilidad muy alta implica mayor riesgo en la inversión, existiendo una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo, por lo que los rendimientos reportados por la Gestora exponen la realidad del mercado de valores y la gestión prudente en la administración de aportes.

En este sentido, no se trata de mezclar peras con manzanas (o cualquier otra fruta mencionada en algunas opiniones), sino se trata de efectuar una gestión eficiente con los aportes de los asegurados, y debido a que las AFP y la Gestora, a la fecha, vienen realizando actividades de inversión bajo las mismas condiciones y criterios definidos, la comparación expuesta en cuanto a la rentabilidad debe ser bajo un mismo periodo, evidenciándose claramente cuál generó mayores beneficios para el trabajador.

Iván Quisbert Soria es auditor.

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Estructura de inversiones de los fondos de pensiones

/ 27 de diciembre de 2022 / 00:41

Recientemente, me llamó la atención un artículo de opinión publicado en un medio escrito de circulación nacional, que al parecer tendría por objetivo causar alarma en los asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), haciendo referencia que los fondos de pensiones serían una especie de caja chica, fundamentándose en la actual composición de sus inversiones, pero evitando mencionar a gestiones anteriores a 2020, por lo que es necesario realizar ciertas aclaraciones.

El artículo equivocadamente compara breves periodos de tiempo sobre las inversiones que se realizan con los aportes de los trabajadores, como si el sistema de pensiones en Bolivia se hubiera iniciado en 2020 y solo existiría el Estado como el único emisor de valores a invertir; siendo que desde 1997, con la extinta Ley 1732, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya tenían el marco legal para realizar inversiones con los recursos administrados.

Así, por ejemplo, a finales de la gestión 2005, la cartera de inversiones a cargo de las AFP estaba compuesta por un 76% en el sector estatal y 24% en el sector privado (11% en el financiero bancario, 10% en telecomunicaciones y 3% en otros). Para ese momento sí corresponde hablar de un término de “a manos llenas” sobre los aportes de los trabajadores, por lo que gobiernos de turno hasta ese entonces emitían bonos para disponer de recursos y destinarlos a sus gastos netamente operativos, sin priorizar la inversión pública en el país (carreteras, escuelas, ítems en salud/educación).

Si avanzamos un poco más adelante, por ejemplo a 2011, cuando ya se encontraba vigente la Ley 065 de Pensiones, la estructura de inversiones de los fondos de pensiones respondía a un 50% en el sector estatal y 50% en el sector privado (29% financiero bancario, 7% en financiero no bancario, 7% en telecomunicaciones, 4% en industrial y 3% en otros).

A dicha gestión, se logra advertir que las inversiones de las AFP en el Estado fueron disminuyendo (un 26% menos de participación), debido a que se iba consolidando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) vigente desde 2006, el cual fortaleció la demanda interna, mediante la inversión pública, y destinó recursos a sectores estratégicos generadores de excedentes de la economía, para que sean distribuidos por el Estado a la población boliviana.

Por otra parte, cabe precisar que los valores que emite el Estado son ofertados de manera pública a varios inversores, como ser bancos, aseguradoras, fondos de inversión y, obviamente, las AFP, por lo que éstos pueden adquirir de forma voluntaria los valores que mejor consideren.

Subrayar que el Estado es uno de los actores en el mercado de valores más responsable con el pago de obligaciones y ofrece una rentabilidad mayor al promedio, por lo que no es de extrañar que las AFP (y en el futuro la Gestora Pública) inviertan en este sector, debido a que son las encargadas que los recursos de los trabajadores generen el mayor rendimiento en el mediano y largo plazo (20, 30, 50 años), con el fin de incrementar el capital del asegurado y poder financiar una pensión de jubilación.

A septiembre de 2022, las inversiones del SIP están compuestas en un 30% en el sector estatal y un 70% en el sector privado de la economía y lo que más llama la atención es que entre diciembre 2010 y septiembre 2022, las inversiones en el Estado crecieron en un 133% (un poco más del doble) y las inversiones en el ámbito privado aumentaron en un 603% (superior en siete veces), por lo que no existiría ninguna “caja chica” para el Gobierno, sino por el contrario, existe un mercado amplio de capital para que distintos sectores de la economía puedan fortalecerse con recursos del SIP y, paralelamente, se incrementen los fondos de pensiones con los rendimientos obtenidos.

Finalmente, para tranquilidad de los asegurados que formamos parte del SIP, existe el marco normativo vigente (Ley 065 de Pensiones, Ley 1834 de Mercado de Valores y disposiciones regulatorias), que evita la discrecionalidad en el manejo de los aportes y brindan seguridad a las inversiones que son efectuadas por las AFP y próximamente por la Gestora Pública.

Iván Quisbert Soria es auditor.

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Pensiones: 12 años de solidaridad y seguridad

/ 13 de diciembre de 2022 / 01:01

Con la promulgación de la Ley 065 de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, y la puesta en vigencia del Sistema Integral de Pensiones (SIP), la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia tuvo un giro trascendental, debido a que se reformó el Sistema de Pensiones, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a requerimiento de distintos sectores laborales del país, que fueron afectados por la aplicación de la extinta Ley 1732 (1997-2010), que incrementó la edad de acceso a una jubilación (a 65 años) y estableció que el pago de las pensiones de vejez sean financiadas exclusivamente por el ahorro del trabajador.

Las principales reformas que la Ley 065 introdujo al sistema de pensiones fueron la reducción en la edad para el acceso a una jubilación a 58 años y se incorporó como política de género, el reconocimiento al proceso de gestación de cada mujer, reduciendo su edad de jubilación en un año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres, pudiendo jubilarse a los 55 años de edad o con la posibilidad de incrementar la cantidad de sus aportes.

Asimismo, se creó un Fondo Solidario (con contribuciones de los trabajadores y el empleador) con el objetivo de financiar la Fracción Solidaria como componente principal de la Pensión Solidaria de Vejez, beneficio que mejoró el monto de pensión de los trabajadores que tienen poco capital acumulado, resultado de sus aportes y los rendimientos generados. Cabe señalar que del total de los jubilados, el 69% son beneficiados con la Pensión Solidaria de Vejez (139.000 asegurados).

Gracias a la flexibilización de la edad de acceso a la jubilación y la creación de la Pensión Solidaria de Vejez, las personas jubiladas con la actual Ley de Pensiones alcanzan a más de 202.000 a septiembre de 2022; y considerando que entre 1997 y 2010 (13 años de vigencia de la Ley 1732) los trabajadores que accedieron a una pensión de vejez no superaban los 30.000 jubilados, se tiene un crecimiento de 172.000 personas que accedieron a una pensión de jubilación en menos de 12 años.

Por su parte, los fondos que componen el sistema de pensiones se incrementaron en más de cuatro veces en estos 12 años, de $us 5.468 millones en diciembre de 2010 a $us 23.819 millones a octubre de la presente gestión (336% de crecimiento), denotando que con la implementación del SIP se incrementaron los recursos para el pago de las pensiones, garantizando de esta manera su sostenibilidad.

Sobre este último punto relacionado con los fondos del SIP, la Ley 065 establece de manera clara y precisa que son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de la entidad que los administra, por lo que son manejados de forma separada. Esta característica permite que los recursos de los trabajadores no sean dispuestos arbitrariamente por el administrador (en la actualidad las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) e inclusive evita que ante cualquier cambio de gobierno se los use discrecionalmente.

De forma complementaria, la mencionada norma precisa que dichos fondos son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y deben ser utilizados conforme se determina en la Ley de Pensiones, por lo que tienen que ser invertidos en el Mercado de Valores para poder generar rendimientos y efectuar el pago de las pensiones y beneficios establecidos en el SIP.

Al respecto, la Ley 065 incorporó distintos mecanismos de control, resguardo y protección a los aportes de los trabajadores (como los señalados con anterioridad), los cuales permiten brindar tranquilidad y seguridad a todos los asegurados al SIP, por lo que cuando la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicie actividades de forma plena en la gestión 2023, tendrá el mismo contexto normativo, debiendo ser cumplidas a cabalidad.

En resumen, la Ley 065 de Pensiones fue un hito en la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, debido a que incorpora un pilar solidario que permite a más trabajadores acceder a la jubilación; demuestra ser sostenible en el tiempo gracias al crecimiento significativo de sus fondos y otorga seguridad a los trabajadores, ya que los aportes destinados para su vejez se encuentran resguardados.

Iván Quisbert Soria es auditor.

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Los candados de la Gestora

/ 20 de octubre de 2022 / 01:15

A causa de la quiebra del sistema de reparto, con la Ley 1732 comenzó en Bolivia el sistema de capitalización individual y así las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) surgieron en el mapa de la seguridad social de largo plazo en el país, bajo un contrato que el gobierno de ese entonces lo estableció como “indefinido”, otorgando a extranjeros la soberanía de la administración de los aportes para nuestra vejez.

Durante 14 años (1997-2010), los asegurados soportaron los pésimos servicios de las AFP, y sumado a los escasos beneficios que recibían por estas (mala atención, capital individual reducido, baja rentabilidad, ninguna inversión, escasa cobertura a trabajadores), fue un pedido general de diversos sectores de trabajadores del país el constituir una administradora pública de pensiones que permita mejorar varios aspectos en beneficio de los aportantes.

Por tal motivo, la Constitución Política del Estado de 2009, y posteriormente la Ley 065 de Pensiones de 2010, establecieron que el Sistema Integral de Pensiones (SIP) dejará de ser manejado por privados y que sea transferida a una entidad estatal llamada Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, recuperando de esta manera la soberanía que tenemos los trabajadores sobre las contribuciones que realizamos mensualmente para la jubilación.

Sin embargo, causa un poco de extrañeza que cuando la Gestora tiene todo preparado para asumir de forma plena la administración del SIP y las AFP den un paso al costado, que existan trabajadores que se opongan a este evento alegando que se desconfía de la futura administración y que el Estado haría un uso indebido de los recursos que se encuentran en los fondos de pensiones.

Al respecto, para tranquilidad de los trabajadores, en la estructuración de la Ley 065 se establecieron mecanismos de control (candados) para garantizar los aportes, los fondos, las prestaciones y beneficios, entre los cuales se encuentran:

1) Los fondos del SIP son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de la entidad que los administra, se manejan de forma independiente de los recursos del administrador.

2) Estos fondos son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y solo se dispondrán conforme establece la ley (inversiones y pago de pensiones/beneficios).

3) Los aportes de los asegurados (trabajadores o jubilados) únicamente pueden ser invertidos en valores de carácter público o privado, que cumplan criterios de calificación de riesgo, rentabilidad y cumplimiento normativo para ser catalogados como títulos valores admisibles.

4) La Gestora estará conformada, previo cumplimiento de requisitos, por un directorio profesional y especializado, que será responsable de definir políticas, fiscalizar y establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.

5) La Gestora es una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Deberá presentar estados financieros propios y de los fondos administrados (auditados por una empresa de auditoría externa), al Presidente del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Contraloría General del Estado, el Organismo de Fiscalización y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

6) El régimen de inversiones de los fondos del SIP está establecido por la Ley 065, en base a calificación de riesgo, diversificación y tipo de instrumento, y no está sujeto a discrecionalidades del administrador.

7) El 95% de las inversiones de cada fondo administrado debe mantenerse en entidades de depósito de valores autorizadas en el marco de la Ley 1834 del Mercado de Valores.

8) Existen sanciones para las personas que destinen recursos del SIP para un fin ajeno a lo dispuesto en la Ley 065, bajo el delito de uso indebido de recursos.

9) La Gestora está bajo supervisión, regulación y fiscalización del Organismo de Fiscalización y, principalmente, está sujeta al control social que puede ser aplicado por cualquier asegurado al SIP.

En este sentido, se cuenta con las suficientes garantías para que los aportes y los fondos del SIP estén seguros bajo la administración estatal de la Gestora, por lo que es responsabilidad de nosotros, como asegurados, tomar conocimiento de la normativa y evitar la difusión de afirmaciones erradas que buscan impedir el inicio pleno de las actividades de dicha empresa, recalcando que este evento fue esperado por muchos trabajadores desde el cambio del régimen de pensiones en 2010.

Iván Quisbert Soria es auditor.

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