A principios de mes, se produjo la remoción del ministro de Minería, que estuvo precedida de la solicitud de varios cambios en el Ejecutivo por la Central Obrera Boliviana (COB).
El sector minero se ha convertido en el eje de las exportaciones en 2022 con un valor de $us 6.761 millones, por el cual las regiones captaron 238 millones, es decir un 3,5% de ese valor; la contribución por impuestos al Estado será menor a la de las regalías como fue la tendencia las pasadas gestiones. La producción estatal aporta con el 6,3% a la producción minera nacional y sus exportaciones al 7,2%, lo cual muestra un amplio dominio del sector privado transnacionalizado; la exportación por aleaciones (primer paso a la industrialización) llega a $us 1,5 millones.
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En conclusión, seguimos siendo un país exportador de materias primas (minerales y metálicos) y el sector está dominado por las transnacionales. En expresiones de Quiroga Santa Cruz, somos un país saqueado. La Constitución Política, aprobada en 2009, expresa claramente los objetivos de la actividad minera: dar excedentes económicos al Estado para el financiamiento del desarrollo nacional, para lo cual crea mecanismos y normas. Sin embargo, estas no se cumplen, no por la dificultad en su aplicación, sino por la persistencia de un modo de concebir la minería como un eslabón más de la industrialización imperial y no un mecanismo de liberación nacional.
El Estado no cumple con su rol de regulador ni de fiscalizador, ni de productor minero. La Constitución dispone la suscripción de un contrato minero de explotación, obligación que implica compromisos en cuanto a la ejecución de un plan de trabajo y el no cumplimiento implica la anulación del mismo. El contrato tiene fuerza de ley al ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Al presente solo se han adecuado un 10% de las anteriores concesiones a la modalidad de contratos; las sucesivas ampliaciones del plazo de adecuación inducen a su no cumplimiento. La suscripción del contrato implica la constitución legal del operador y su registro como agente económico; así está sometido a otras instancias del Estado: impuestos, medio ambiente, Ministerio de Trabajo, Aduana, seguros de largo y corto plazo, etc., quienes deben llevar a cabo su rol de fiscalización, sino la minería la convierten en informal, para evitar el uso de otro término. La ley es igual para todos, la suscripción del contrato no exceptúa a nadie, incluso a la Comibol, que tiene que presentar su plan de trabajo y operar en forma directa; en no hacerlo pecan todos los actores mineros, incluso la gran minería, que hace transferencia de empresas sin que haya contrato.
La fundición e industrialización, por su carácter liberador, están dirigidas contra los grandes intereses transnacionales; ya que no hay nada que esperar del sector privado ni cooperativo, es el Estado que tiene que encarar la fundición e industrialización de los minerales. El sector estatal encara este problema estratégico con una visión provincial, en el sentido de que es el interés particular que se impone al nacional, por eso se rompe la cadena productiva, para hablar cada uno de su empresa; así se habla de fuentes de trabajo y se olvida de la viabilidad de la empresa; de elevar las regalías, sin tomar en cuenta la rentabilidad de la empresa; del lugar donde va a estar ubicada la planta antes que la racionalidad técnica; así el proceso se frustra, sin tomar en cuenta el boicot de las transnacionales, que es tanto de tipo político como técnico.
Simplemente la fundición de los minerales captaría para el país $us 1.500 millones por año y la recuperación de otros metales, $us 1.200 millones, sumas astronómicas para no llamar la atención de propios y extraños; ¿por qué esta ceguera, prefiriendo hablar de cosas raras y nuevas labores de exploración cuando en nuestras narices está la bonanza?
La labor de la dirigencia sindical es pertinente, cualquier proyecto nacional es imposible sin la participación activa del movimiento popular, es su interés y fuerza que motivan los cambios; su concurso está determinado por los objetivos que se plantean en cada momento histórico. El apoyo del movimiento minero, en primera instancia, y luego de la COB al proceso de cambio está condicionado a la ejecución de una política minera del proletariado; esto no se perfila en el accionar de la dirigencia sindical, no se trata solo de apoyar, sino de exigir lo que el pueblo está esperando. La presencia obrera en la administración pública es rica, desde el control obrero después de la nacionalización, la cogestión en el gobierno de Hernán Siles y el impulso que dieron los mineros para la reversión de las minas de Huanuni y Colquiri: pensando siempre en el país antes que en una simple fuente de trabajo.
Ojalá la presencia del ingeniero Marcelino Quispe en el Ministerio de Minería signifique retomar los grandes objetivos nacionales por los cuales luchó el proletariado minero y brindó su sangre en innumerables batallas, como la trágica noche de San Juan en 1967, cuyo recuerdo nos acompaña estos días.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.