Se suele manejar, comúnmente, como sinónimos las palabras Estado, poder y gobierno, sin embargo, es vital comprender las diferencias fundamentales entre cada una, diferencias muy útiles, pues nos servirán cuando en nuestras luchas —como pueblos— busquemos transformaciones profundas. No tengo la pretensión de agotar en una columna el tratamiento de estos conceptos, sin embargo, este momento de la historia de nuestro territorio queremos acabar con las relaciones que oprimen, dominan y explotan a quienes vivimos en Bolivia, incluida la madre y hermana naturaleza que tan pródigamente nos da recursos para “vivir bien” con todas y todos.
Proceso de cambios revolucionarios que busca acabar con el impuesto y heredado Estado político del manejo de las relaciones de poder. Estado instaurado desde la colonia en favor de un pequeño grupo, que modificó actores, instituciones y nombres a través de la historia de Bolivia y, sin embargo, el Estado jerárquico de usufructo y dominio de un grupito —principalmente hombres— no cambió. Ese Estado de relaciones de poder fue afinando su ejercicio hasta la actualidad.
El Estado del poder en Bolivia sufrió una sacudida esperanzadora a partir del proceso de cambio que comenzó con más fuerza en 2003. Este proceso puso en cuestión la existencia misma del Estado republicano como representante de esos intereses de grupito de explotadores y conservadores. Fue un gran logro plasmar en la letra del artículo 1 de la nueva Constitución el concepto de Estado Social Comunitario que, en base a una profunda discusión, argumentación y disputa política, da inicio a un periodo de profundas transformaciones del Estado del poder en nuestro país. El poder, entonces, es esa relación que se establece y a veces se impone del grupo dominante sobre el resto de las personas, usando diferentes mecanismos para legitimar y legalizar su ejercicio a través de instituciones y aparatos como la educación, las leyes, los medios de comunicación, la Policía. El grupo dominante usa estos mecanismos y relaciones para crear un imaginario de dominio hegemónico legal y legítimo.
En ese sentido, el gobierno es el administrador del poder en favor de quienes tomaron el Estado; en el caso del proceso de cambio se trata de un Estado que propicia el cambio revolucionario para devolver el poder constituido al pueblo a través de los y las representantes de las organizaciones sociales vivas en nuestro país. Entonces, mal podemos estar peleándonos —como organizaciones sociales digo— por el gobierno en sí. Es decir, pelearnos por lo que comúnmente se llama pegas o prebendas, cuando en realidad los y las dirigentes deberían estar haciendo propuestas para enraizar el Estado Social Comunitario en nuestro país. Entonces, el cómo camina el gobierno no depende del gobierno en sí. En el proceso de cambios revolucionarios es fundamental que funcione y se amplié el Conalcam y el Pacto de Unidad, pero cuando los y las dirigentes de las organizaciones sociales no cumplen con sus tareas históricas, tenemos desastres y retrocesos contrarrevolucionarios que traicionan las luchas históricas y la confianza del pueblo.
Julieta Paredes Carvajal es feminista comunitaria.