La convivencia y el desarrollo de un país es la razón por la que existe el Estado; el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos es su fin supremo; cómo se logra esto es tema del debate de siempre. Hay posiciones ideológicas contrapuestas, pero todas asumen que hay que generar riqueza: el Estado o la empresa privada, la producción primaria o la industrialización de los recursos naturales, la diversificación o la especialización, el desarrollo endógeno o la exportación. Son dilemas que no se puede eludir.
El texto constitucional señala: “promover la industrialización de los recursos naturales”, “la industrialización de los recursos naturales será prioridad en la política económica”, “la industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado”, “el Estado deberá participar en la industrialización”. Esta persistencia en el tema se explica en parte por la frustración de la industrialización en la vida republicana.
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No es nuevo el propósito: en el siglo XIX, en pleno debate entre proteccionistas y liberales, surgió el planteamiento de hacer de la minería “un medio para obtener industrias y no un fin industrial” (Mitre 1981), aunque esa vez solo se trataba de acuñar monedas. El debate estaba planteado, ganaron los patriarcas, la plata de Huanchaca se refinaba y procesaba en Antofagasta; para este fin se construyó el ferrocarril, en pleno conflicto bélico. Los barones compraron y controlaron el mercado del estaño con las fundiciones en Gran Bretaña. Razones no faltaban para justificar su mente colonial: financiamiento, problemas técnicos, geográficos, políticos, etc. La nacionalización de las minas se quedó a medio camino, por 20 años el estaño que salía en sacos con el nombre de Bolivia, luego de la fundición, era otro el propietario (Made in England). La lucha y la prédica patriótica en el período 1960-70 coparon las calles y la prensa; se avanzó con las fundiciones de estaño, antimonio, bismuto y plomo-plata. En medio de esta euforia se cruzaron los intereses de una tecno-burocracia angurrienta de lucrar con el Estado, que llevaron el país a una nueva frustración.
Por otro lado, los intentos de diversificación en otras áreas estuvieron signados por el plan Bohan, que inició la marcha al oriente con el camino Cochabamba-Santa Cruz, permitió a esa región llegar al mercado interno, pero también necesitó de un gran contingente humano; el plan de colonización y las labores de zafra fueron poblando las selvas vírgenes. El nacionalismo revolucionario impulsó la industria ligera estatal y privada, postergando la industria pesada, la química básica y la petroquímica, pilares para un desarrollo sostenible (Grossman 2007).
Al tenor de la lucha popular se clama la industrialización y sustitución de importaciones. Es cierto que es fundamental la química básica, pero ésta es proveedora de insumos para otras industrias, en pocos casos producirá productos para el consumo. Luego, ¿con qué sectores se coordina y se proyecta planes conjuntos, evitando desencuentros por competencias entre ministerios? Karachipampa, consumidor de carbonato de sodio, está parada y sin perspectivas de futuro. Se habla de la producción de ácido sulfúrico y el Ministro de Minería anuncia su producción en volúmenes astronómicos; ¿se han dado cuenta que el ácido es una sustancia controlada y qué dice el Ministro de Gobierno?; ¿el gabinete sabe que existe una fábrica en Eucaliptus, de propiedad del seguro militar, que trabaja a medio tiempo porque no hay mercado? Pero la industria de la química básica tiene que marchar, solo esperamos seriedad y coordinación para que no nos sorprenda una nueva frustración. ¿Y el boro?
Las refinerías de zinc, junto al Mutún, nos abrirán la posibilidad de fabricar productos galvanizados (calaminas, tuberías), latón, fertilizantes, medicinas, etc. Sin embargo, la discreción en el manejo abre interrogantes. Se insiste en la tostación (quemar el mineral), cuando en dos seminarios en la Comibol en 2012 y en el Ministerio de Minería en 2017, se acordó que la mejor vía era la hidrometalurgia directa, por la recuperación de la casi totalidad de los elementos que contienen los concentrados de zinc, menor daño al medio ambiente y un menor costo. Contra esta razón se viabiliza un proyecto que nadie conoce, no se sabe de su autor, de dónde se saca su costo de $us 350 millones, en qué tiempo se lo pagará, y lo peor, inviable por la producción de ácido sulfúrico. Sin unificar la cadena productiva, la fundición, más allá de necesitar un capital de operación, requiere otro para comprar el mineral, teniendo en cuenta que se movería unos $us 600 millones al año: ¿con qué se compra el mineral? Una cosa es endeudarse con empresas estatales como Huanuni y Colquiri, otra con la empresa privada que buscará escabullirse para seguir exportando concentrados.
La política está clara, hagamos las cosas bien.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero