Bochorno aritmético. La mayoría oficialista aprobó en grande la “ley del oro” con 54 votos. Era una mayoría relativa y, por tanto, insuficiente. 24 diputados votaron en contra. Se presume que son evistas. Y hubo 41 votos en blanco, declaradamente opositores. Los asambleístas de CC y de Creemos, pues, viabilizaron tal aprobación. Lo hicieron para “mantenerse lejos de los problemas internos del MAS” (sic). “54 es mucho más que 24”, dijo Jerges tratando de justificar la maniobra.
La polémica votación, incluidas rabietas de manual, era insostenible. Por ello, luego de un forzado cuarto intermedio, se volvió a decidir. En menos de 24 horas los números cambiaron: 73 diputados votaron por la aprobación de la ley, 45 en contra y hubo 4 votos nulos. Se obtuvo así la necesaria mayoría absoluta. ¿De dónde provinieron esos 19 votos adicionales que sumó el arcismo? ¿De cuál de las tres bancadas opositoras? ¿Evismo, mesismo, camachismo? Sobran conjeturas.
Según el oficialismo, la nueva mayoría que viabilizó la “ley del oro” es resultado de asambleístas patriotas y de un “nuevo modelo de gobernabilidad”. El evismo sospecha de 11 diputados de Comunidad Ciudadana y 8 de Creemos. El grupo de Mesa jura que los 19 votos provinieron del evismo, aunque activó una investigación en sus filas. Y las cuatro facciones de Creemos se acusan entre ellas. No podían faltar los comedidos que con gran desparpajo hablaron de “maletines negros”.
Más allá de la deplorable “cacería de tránsfugas” declarada en el ámbito de una alicaída Asamblea Legislativa, es innegable la dificultad de las fuerzas políticas para mantener la disciplina en el voto. En el MAS-IPSP la causa es conocida. ¿Y en CC? ¿En Creemos? Las cúpulas partidarias deciden e instruyen. ¿Por qué razón algunos asambleístas no siguen la consigna? ¿Alta “traición”, cálculo estratégico, interés pragmático, convicción, derecho a la disidencia? Hay para todo.
Ni hablar de la falta de transparencia. El autoritario ajuste de cuentas con los 19 diputados que cambiaron la orientación de su voto es inútil, pues se recurrió al secreto. En democracia, los órganos legislativos tienen la obligación de debatir y decidir públicamente. Cuando se impone la opacidad, menudean los recelos. Cuando prima el secretismo, no hay rendición de cuentas. ¿O acaso el temor a la vendetta es tan grande que solo en reserva algunos votan libremente?
Más allá del triste episodio, está en mesa el riesgo de bloqueo y de parálisis institucional para la toma de decisiones. Y preocupa el hecho de que, hoy más que ayer, el (des)acuerdo, la deliberación y el tendido de puentes sean malas palabras o, peor, sinónimo de traición.
FadoCracia fallida
1. A los juristas no independientes les faltaron 666.000 firmas para la convocatoria a una consulta de reforma constitucional. 2. Considerando el objetivo, es un fracaso, aunque se pinte de “gesta histórica” o “principio de la victoria” (sic). 3. Había que lograr el 20% del padrón electoral. No llegaron ni al 12% (menos del 8,5% en cuatro departamentos, ni 2% en Pando). 4. Y eso que la causa fue asumida por el aparato/bloque opositor en pleno: partidos, comités cívicos, operadores mediáticos y sus asociaciones, iglesias, asamblea de derechos humanos, fundaciones, plataformas, redes, oenegés… 5. El referéndum, está visto, es un derecho constitucional cuyo ejercicio está sembrado de obstáculos. Hay requisitos y plazos muy difíciles de cumplir. 6. Igual debemos preguntarnos por qué no prosperó una saludable iniciativa para reformar un sistema de administración de (in)justicia en el que desconfía más del 90% de la población. 7. ¿Prematura politización, apatía, ausencia de debate, miedo, exceso de soberbia, campaña en contra, falta de acuerdos, poca credibilidad de los promotores, trabas burocráticas, polarización?
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.