A ratos parecería que el debate sobre la cuestión económica se resume a una defensa cerrada de los principios supuestamente anti-neoliberales de las políticas económicas aplicadas por el oficialismo, y por otra, a una predica casi evangélica en favor del retorno a un liberalismo de manual que exorcice nuestras tentaciones populistas.
Ambas lógicas coinciden en una descalificación absoluta de todas las orientaciones que identifican como contrarias a sus principios y una notable incapacidad para ver los matices, adaptaciones y ambigüedades que caracterizan las políticas económicas realmente existentes.
Es así que, para nuestros liberales criollos, el modelo económico social comunitario productivo no podía en ningún caso tener algún éxito, debía colapsar tarde o temprano porque supuestamente transgredía todos los dogmas que sustentan su fe casi religiosa en los beneficios del libre mercado y el individualismo sociológico. Para ellos, es casi un detalle que ese modelo haya funcionado por casi 15 años permitiendo acumulación de riqueza, cambios socioeconómicos, mejoras en el bienestar bastante evidentes y, por supuesto, acumulando también desequilibrios e insuficiencias.
Desde el dogma, esas políticas siempre fueron un error, una anomalía. Ahora, 15 años después, la historia les estaría dando la razón, ya era tiempo que todos nos diéramos cuenta de eso y que nos arrepintiéramos de nuestros espejismos populistas. Incluso sería mejor para ellos si el colapso es contundente porque solo así todos nos purificaremos y no volveremos a equivocar el camino.
En la otra vereda, tenemos a los críticos acérrimos del neoliberalismo, el cual es descrito siempre como una máquina únicamente pensada para producir desigualdad, pobreza y concentración de la riqueza y del poder. Desde esa perspectiva, las políticas aplicadas desde 2006 en Bolivia fueron una ruptura conceptual y revolucionaria que debería tener obviamente éxito porque está naturalmente a tono con el sentido de la historia de liberación del ser humano.
Para ellos es difícil explicar cómo en estos 15 años de revolución coexistieron orientaciones liberales, por ejemplo, en la política cambiaria y monetaria, con las fuertes pulsiones desarrollistas y distribucionistas. Es de igual modo paradójico observar que los resultados del modelo económico masista sean también el crecimiento del sector servicio, el fortalecimiento de la informalidad o la expansión del consumismo en todos los segmentos de la sociedad.
Se hace difícil explicar desde la simplificación ideológica, por ejemplo, que los bolsones de mayor voto por el oficialismo se sitúen en el mundo socioeconómico informal y entre los millones de emprendedores y trabajadores por cuenta propia populares del campo y de las ciudades. Agentes económicos y grupos sociales bastante diferentes al idealizado proletariado revolucionario industrial al cual parecería que aspiran a consolidar las élites dirigenciales oficialistas.
Una somera observación de las dinámicas económicas y sociales de los últimos decenios nos muestra, al contrario, un panorama más complejo de adaptaciones de la política a la realidad, innovaciones desde una lógica de una prueba y error, en suma, una notable heterodoxia y pragmatismo que, desde mi punto de vista, es el secreto de la sostenibilidad de eso que llamamos “modelo económico”. Luces que están obviamente acompañadas de inercias estructurales que siguen impidiendo un mayor crecimiento y de varios errores en las políticas y enfoques de desarrollo.
Sospecho además que las salidas más viables a los límites reales que está encontrando el modelo económico tienen que ver con una mayor capacidad adaptativa y una heterodoxia que combine disciplina macroeconómica, preocupaciones de corto y largo plazo, bastante Estado y mucho mercado a la vez, dosis razonables de nacionalismo económico, políticas sociales renovadas y una gran transformación microeconómica y educativa que refuerce las capacidades productivas y de emprendimiento de las mayorías.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

En el cotilleo político del último tiempo se discute bastante la posible aparición de un outsider que modifique súbitamente el escenario electoral en 2025. Algunas encuestas recientes y varias experiencias en la historia política latinoamericana alimentan esas suposiciones. Sin embargo, las condiciones y características de esa posibilidad son menos evidentes de las que se supone.

Usualmente, un outsider suele ser un o una candidata que no pertenece al elenco de dirigentes políticos tradicionales o incluso que no habría ejercido antes algún cargo electivo o gubernamental. A veces, se califica también de esa manera a personajes que durante su campaña electoral se apartan de los discursos y temáticas convencionales, o se apoyan más en estructuras o redes informales alejadas de los aparatos partidarios ya establecidos.

En Sudamérica, el Perú es evidentemente el mejor ejemplo de ese fenómeno desde la elección sorpresiva de Fujimori en 1990, un desconocido profesor universitario de origen japonés a solo meses de su consagración como presidente. Bolsonaro y Castillo también podrían ser clasificados pese a que contaban con el apoyo de pequeñas estructuras partidarias, aunque sus propuestas y figuras fueran más bien marginales antes de sus rápidos triunfos electorales.

Casi todos sustentan sus aventuras electorales en un rechazo radical a las dirigencias políticas tradicionales, aprovechando la desconfianza e insatisfacción creciente con el funcionamiento de los partidos y de varias de las instituciones clave de la democracia. Como se puede observar, el signo ideológico no es un rasgo determinante, algunos se sitúan en el terreno de la izquierda y otros en la derecha.

En Bolivia, la experiencia que mejor se adecua a ese perfil es la de Carlos Palenque y tal vez Max Fernández en los años 90 del anterior siglo, aunque ninguno de ellos llegó a la presidencia. Aunque algunos sugieren que Evo puede ser catalogado también como un outsider, su larga presencia en la vida política en su calidad de dirigente cocalero y luego como diputado y candidato presidencial dificultan que se lo califique de esa manera, aunque sus propuestas, perfil y campaña eran evidentemente rupturistas con el establishment que hegemonizaba el poder en el periodo de la democracia pactada.

Encuestas recientes indican un notable crecimiento de la insatisfacción y una erosión fuerte de la confianza en todos los dirigentes políticos del oficialismo y las oposiciones. Al mismo tiempo, un apreciable porcentaje de ciudadanos manifiestan su deseo de un “candidato nuevo” y se resisten a elegir entre el elenco de los candidatos habituales. Hay pues condiciones para la emergencia de un outsider, pero eso no es suficiente.

El deseo de la renovación es natural en cualquier sociedad, pero su traducción en votos no es automática. Importa mucho la fuerza del personaje que no tiene quizás tanto que ver con sus rasgos o experiencias propias, sino con su adecuación a los humores mayoritarios que predominan en la sociedad en esa coyuntura.

Es decir, es insuficiente ser alguien por fuera del sistema o incluso crítico severo del mismo, lo determinante es comprender los sentimientos de malestar y/o las expectativas sociales para que tanto la imagen como el discurso que se transmiten respondan y sean coherentes frente a ellos.

Desde esa perspectiva, hay una cuestión estratégica inevitable que cualquier aspirante a outsider tendría posiblemente que plantearse: ¿desde qué lugar propondrá una superación del actual escenario político? ¿desde algunos de los extremos, como Milei lo está intentando con su liberalismo radical en Argentina, o desde un centro o lugar indefinido, pero claramente diferente de las fuerzas tradicionales como supo hacerlo magistralmente Bukele rompiendo el bipartidismo histórico ARENA (derecha) y FMLN (izquierda) en El Salvador?

Por otra parte, la estrategia es solo un primer paso, queda la gran incógnita sobre la viabilidad electoral de un personaje por fuera de los partidos y fuerzas sociales tradicionales en un país territorialmente muy diverso, con culturas políticas locales bastante arraigadas y con apenas dos años hasta la elección de 2025. Aunque las redes sociales tienen hoy la capacidad de amplificar muy rápido la información, las estructuras sociales e imaginarios tradicionales siguen teniendo una gran importancia en nuestro país, no hay que subestimarlos.

Hay pues límites reales y grandes incógnitas estratégicas para un despliegue exitoso de cualquier novedad política hasta 2025, aunque es evidente, por otra parte, que hay una notable fatiga que está generando condiciones muy favorables para este tipo de experimento.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

La incertidumbre, la duda y el desaliento son los mejores términos para describir el estado de ánimo de la mayoría de la sociedad boliviana en este inicio de 2023. Casi dos tercios de los bolivianos califican las situaciones política y económica como malas y apenas un cuarto piensa que habrá mejoras en los próximos años. Son los peores indicadores de clima social desde el inicio del gobierno de Arce y el fin de la pandemia.

Lo más preocupante es que ese malestar ya no es puntual, como cuando pasa un evento coyuntural que no agrada pero que luego se olvida, estamos acumulando ya más de un semestre de deterioro de expectativas. Primero fue el tortuoso conflicto del Censo y sus secuelas políticas que culminaron con la detención de Camacho, y cuando las cosas parecían que se iban a componer algo hasta carnaval, aparecieron en toda su crudeza las luchas internas del oficialismo y, por si fuera poco, luego emergió el problema de escasez de dólares.

Son demasiadas cosas en poco tiempo que fueron nublando el horizonte social, alentadas además por una increíble incapacidad de las élites políticas para explicarlas, darles sentido o al menos generar una impresión de que alguien se está haciendo cargo de ellas. Al contrario, las dirigencias aparecen aisladas del mundo social, inmersas en peleas poco comprensibles, hablándose a sí mismas, creyendo que sus dramas y polarizaciones son las que importan.

Una de las funciones críticas de las estructuras y liderazgos políticos es justamente ordenar, interpretar y explicar los eventos que afectan a la sociedad para reducir el estrés y la angustia social. Así se va construyendo gobernabilidad, que es al final un resultado de la capacidad de generar algunas certezas y horizontes comunes básicos para que podamos resolver nuestros problemas y tomarlos con calma. Tareas que hoy en día se están dejando de lado o se están haciendo poco.

Obviamente, la imagen de todos los dirigentes importantes se sigue desportillando, casi todos apenas concitan alrededor del 20-25% de opiniones positivas y el mejor posicionado, el Presidente, es bien visto apenas por un tercio de los bolivianos, muy lejos del 50% que alcanzó a mediados del año pasado. En esa debacle colectiva tiene mucho que ver el espectáculo decadente que varios de ellos siguen dando, ya sea con la excusa de atacar al contrincante a cualquier costo o enfrascarse en barrocas luchas internas.

No está demás decir que la desconfianza y la descalificación alcanzan incluso a entidades anteriormente casi beatificadas como la Iglesia o los medios de comunicación, que son percibidas, igualito que los políticos, como poco confiables y defendiendo intereses particulares. Los datos están ahí, en varias encuestas y sondeos de todo tipo.

Lo paradójico, sin embargo, es la gran resiliencia de la sociedad frente a ese tremendo berenjenal. Basta ver la madurez y ponderación con la que la mayoría de los ciudadanos reaccionaron frente a la ola de rumores de devaluación, quiebra de bancos y apocalipsis financieros que se esparcieron en las redes sociales y el cotilleo político de cada día.

Si la situación cambiaria parece no haberse traducido en un pánico colectivo, no es tanto por una comunicación gubernamental entre minimalista e ilegible, sino por el cada vez más evidente descreimiento de los ciudadanos frente al ruido mediático y político excesivo, y su deseo íntimo de que las cosas se compongan y que no vayamos al desastre. La sociedad, otra vez, aparece más madura que su dirigencia, pero también cada vez más irritada por su inoperancia.

La gente quiere que la dejen de fregar, después de casi cuatro años de crisis desean trabajar tranquilos, que no les compliquen la vida y no las metan en embrollos que entienden poco o no consideran que son los vitales.

Es muy pronto para sacar conclusiones de este estado de ánimo social que, me parece, además que será cada día más difícil de revertir. El Gobierno y los actores políticos tienen aún una gran oportunidad para ir recomponiendo la situación pues parecería que la mayoría social sigue apostando a la estabilidad, desea fervientemente que los problemas se canalicen, que se les expliquen las cosas y las tomen en cuenta. Por ahora, prima el desaliento y la duda, cuidado cuando eso se transforme en bronca.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social. 

Ya no es muy novedoso decir que la gobernabilidad hegemónica que caracterizó a buena parte del gobierno del MAS está en crisis. El fin del hiperliderazgo de Evo, el conflicto al interior del espacio político oficialista y la debilidad de sus estructuras decisorias son a la vez síntomas y causas de nuestro tránsito a un escenario más incierto y volátil.

No está demás decir que la centralidad del MAS en el campo político es tan grande, hoy en día, que tales desarreglos afectan significativamente a la estabilidad del conjunto del sistema y a la capacidad del país de ser gobernado.

El cotilleo politiquero cotidiano nos lleva a pensar en este problema casi exclusivamente a partir de suposiciones o juicios de valor sobre la voluntad, ambición personal o incluso el desvarío de algunos actores claves. Se espera, por tanto, que las soluciones vengan desde ese ámbito, esperando que “recapaciten” o encuentren alguna “iluminación” en función del “bien mayor”.

Sin subestimar tal aproximación ni descartarla del todo, me parece que no estamos considerando suficientemente en esta cuestión el impacto que estarían teniendo algunas transformaciones estructurales en la distribución del poder político, social y económico que se están produciendo en el país y que hacen muy difícil reeditar el hegemonismo. Es decir, incluso si Evo recuperara su fuerza o emergiera al interior del oficialismo o de las oposiciones un nuevo líder indiscutible, no será posible retornar al estilo de gestión que prevaleció antes de la ruptura de 2019.

Es notorio, por ejemplo, que la economía se ha complejizado y eso está planteando desafíos inéditos a los gestores de la política económica. Algo de eso se ve en estos días con relación al problema de escasez de divisas en un año con un nivel récord de exportaciones atribuida, entre otras cosas, al hecho de que gran parte de ellas fueron generadas por el sector privado agroindustrial cruceño y los cooperativistas mineros auríferos. Antes esos recursos entraban directa y automáticamente al BCB desde YPFB, la principal empresa exportadora del país por muchos años y que además era pública, mientras que ahora esos flujos dependen de la voluntad e incentivos de diversos actores no estatales.

Frente a esa diversificación de agentes económicos que acumulan no solo grandes recursos financieros sino también poder político, como es el caso de los cooperativistas, el Estado estaría en la obligación de replantearse su relación con esos sectores combinando diálogo, incentivos y eventualmente ajustes normativos, los cuales tampoco parecen ser obvios sin algún tipo de acuerdo político-social. En cualquier caso, el Estado ya no está solo, sino tiene que considerar cada vez más a “otros” que controlan segmentos importantes del poder en el país.

El propio conflicto interno del MAS puede ser también entendido no únicamente como una pelea de líderes sino como una recomposición más amplia y compleja del poder al interior de ese gran conglomerado, en el cual algunos grupos sindicales y fuerzas corporativas están negociando con mayor grado de autonomía su apoyo político a los actores en pugna, aprovechando esas tensiones para reforzar su influencia y poder propio en el Gobierno.

Lo cierto es que la administración y construcción del poder en una sociedad cada vez más diversa plantea enormes dificultades a una política, sobre todo si ésta persiste en entender al mundo de manera simplista y autorreferencial. La clave futura de la gobernabilidad de Bolivia pasará quizás por repensar la idea misma de coalición y de acuerdos en un contexto en el que el poder se está diversificando y fragmentando, incluso al interior del campo nacional popular.

En ese sentido, el hegemonismo no serviría porque ya no logra contener a esas nuevas diversidades y su eventual recomposición futura implicará probablemente asumir una nueva arquitectura de poder que vaya más allá de los espacios y actores que tanto el oficialismo como las oposiciones han privilegiado desde hace años.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

Durante más de un decenio, la derrota del MAS en las elecciones presidenciales era un evento improbable. Los comentarios recientes de Álvaro García Linera acerca de la posibilidad de “un suicidio” electoral del oficialismo son una señal más del tránsito hacia un momento político más incierto y del debilitamiento de las ilusiones hegemónicas en el seno de la fuerza política más grande del país.

Desde el punto de vista del exvicepresidente, “la división interna” sería la principal explicación de esa posible debacle considerando su convicción de que aún vivimos el tiempo largo del modelo político y socioeconómico definido en la Constitución de 2009 y de la inconsistencia crónica de las oposiciones. Dicho de otro modo, perder las elecciones sería principalmente un síntoma de los errores de las dirigencias actuales del bloque masista y mucho menos de las dificultades generadas por cambios sustantivos en el campo político o en las estructuras socioeconómicas del país.

Es difícil no estar de acuerdo con la primera parte de ese razonamiento a la vista del desalentador espectáculo en el que ha derivado el conflicto interno. De hecho, los números que revelan encuestas de opinión recientes y las percepciones que uno va recogiendo en la calle son aún más graves que las que reseña García Linera para justificar sus criterios.

El principal problema electoral del MAS no sería tanto en que su mayoría “natural” se divida conflictuada por las divergencias de sus líderes sino en la consolidación de un clima social pesimista, con sus principales dirigentes sin poder superar el 40% de opiniones positivas y una aprobación del Gobierno en torno al 35- 40%. Los sondeos muestran además que, en tal escenario, todos sus potenciales candidatos ceden posiciones mientras aumenta el descreimiento y la demanda por “otra cosa”, la cual no tiene, por el momento, forma bien definida.

En esas condiciones, podría suceder que el desenlace de la disputa interna se refiera a quien se quedará con la mayor porción de la primera minoría política del país, lo cual nos llevaría directamente a una muy probable segunda vuelta de gran incertidumbre.

La inexistencia de un liderazgo alternativo y el gran vacío de ideas en el campo opositor tradicional es un consuelo de tontos. Es una ruleta rusa intentar basar todo en que se seguirá siendo “lo menos pior” de la oferta política realmente existente. Como se dijo, ese sería un escenario altamente volátil donde pueden pasar “accidentes” y sorpresas varias. Y esa es además la vía pavimentada a gobiernos frágiles, mayorías legislativas imposibles e incapacidad de completar reformas o políticas ambiciosas.

Por supuesto, el humor social puede cambiar y por seriedad se debe siempre tomar las encuestas como termómetros momentáneos, imperfectos y modificables de la realidad. Es decir, nada está dicho, hay mucho trecho hasta 2025, el oficialismo cuenta con fuerza política y lealtades sociales apreciables para modificar su situación actual, pero las alertas están ahí, no conviene hacerse al distraído frente a ellas.

Dicho eso, es interesante discutir algo más la segunda parte de la reflexión de García Linera que podría entenderse como una subestimación de los efectos electorales de las transformaciones que el propio “proceso de cambio” ha producido en la sociedad, la economía y en el Estado Plurinacional.

Debo reconocer que desde hace mucho soy un escéptico ante la idea de que existe un bloque de votantes azules monolítico, inmune a los rasgos específicos de la coyuntura y absolutamente leal a sus líderes históricos. Por supuesto, existen segmentos sociales y territoriales en los cuales se ha ido consolidando una muy fuerte identidad política y electoral afín al masismo, pero son solo una fracción de las mayorías que el MAS supo construir en estos años.

Las victorias de esa fuerza no habrían existido sin cientos de miles de votos vinculados con los resultados de gestión o la adecuación de su oferta política a las expectativas del momento. Rasgo que hoy se exacerba después de un decenio de notable transformación social, pero, de igual modo, por las experiencias traumáticas como la pandemia o la crisis de 2019- 2020 o las dudas aún no resueltas en torno a la efectividad del actual Gobierno.

Desde esa perspectiva, incluso el hipotético sana-sana entre sus líderes en pugna sería apenas una condición necesaria pero no suficiente para que los horizontes electorales les vuelvan a ser favorables. Por tanto, me da la impresión de que el mayor reto del MAS no está adentro, sino sigue estando afuera, en su capacidad para entender el cambio socioeconómico y para comunicarse con los casi dos tercios de bolivianos que no los quieren o que se alejaron y que deberán ser nuevamente convencidos.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.