La decisión de no otorgar salvoconductos para los asilados en la Embajada de México en noviembre de 2019, de parte de la entonces canciller Karen Longaric, instruida por Jeanine Áñez y Arturo Murillo, no alcanzó a Luis Arce Catacora, que pudo llegar hasta una nave de línea aérea extranjera para conseguir librarse de la infernal persecución desatada por el triunfante gobierno de facto.

Es probable que el objetivo de sacar del país, sano y salvo, al que hasta días atrás había sido ministro de Economía y Finanzas Públicas, hubiera quedado malogrado, de no haber actuado de manera directa y decidida la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, María Teresa Mercado, que acompañó a Arce Catacora desde La Rinconada de la zona Sur de La Paz hasta el aeropuerto de El Alto, superando todos los obstáculos como si se tratara de una carrera de vallas controlada por uniformados verde olivo.

Tuve la posibilidad de entrevistar a la embajadora Mercado (Memoria, ATB, 18 de noviembre de 2021), quién nos refirió con detalle cómo fueron esos días marcados por la crispación y la ansiedad, sobre los que tuve oportunidad de saber en carne propia entre el domingo 10 y el miércoles 13 de ese trágico noviembre y que me permitió conocer la entereza y el oficio diplomático mexicanos que con orden y templanza fueron generando las condiciones para que los asilados, todos ellos autoridades del gobierno del derrocado Evo Morales, pudieran sentirse seguros y protegidos.

Entre los atropellos desvergonzados a cargo del gobierno de Áñez figura el de haber declarado a Mercado persona non grata, hecho que la obligó a abandonar el país el 31 de diciembre de 2019, y que dio lugar a su sustitución temporal, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador le restituyó el cargo para regresar a La Paz, una vez recuperada la democracia con el triunfo electoral de quien había sido uno de sus principales protegidos y a quién acompañó hasta la cabina de un avión para asegurarse de que partiera con destino a Ciudad de México.

Cuando todo era desconcierto y lágrimas, minutos después de la renuncia del presidente Morales, producida hacia el final de la tarde de ese domingo 10 de noviembre, conocí a María Teresa que impartía instrucciones para organizar las habitaciones que ocuparían los asilados. Algunas y algunos permanecieron nada más que por un par de días porque ya sabían de las intenciones del gobierno golpista de evitar que los refugiados obtuvieran el asilo hacia un país que en la década de los 70, durante el septenio dictatorial, acogió a bolivianas y bolivianos que se vieron obligados a escapar del banzerato fascistoide.

Durante los 50 días que le tocó a la embajadora Mercado enfrentar el asedio policial con reflectores nocturnos que enceguecían a quienes se encontraban en la residencia mexicana y el control “pitita” del ingreso y salida de la exclusiva Rinconada, tuvo que lidiar con la Cancillería a cargo de Longaric, que entre las disparatadas decisiones que tomaba a diario quedó registrada el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente “encargado” de la República Bolivariana de Venezuela, auspiciado por el gobierno del estrambótico Donald Trump que, por supuesto, respaldaba al gobierno de facto presidido por Áñez, manejado a diestra y siniestra por Arturo Murillo.

Pero como si todo ese panorama abrumador para una representante diplomática no fuera suficiente, el yerno del propietario de la casa en la que se encontraba la residencia de la Embajadora, no tuvo mejor idea que acercarse para pedirle un significativo incremento mensual del alquiler que no contemplara factura. El heredero de un formidable evasor de impuestos, dedicado a la actividad minera y en su momento propietario de un medio televisivo y un diario de alcance nacional, estaba honrando la enseñanza paterna proponiendo un “arreglo entre nos”, aprovechándose del desconcierto y el miedo que reinaba gracias al gobierno respaldado por el diario del que el sujeto en cuestión es principal propietario. Por cierto, la embajadora Mercado me solicitó mantener en reserva el nombre de éste que le subió el monto del alquiler aprovechándose de la circunstancia.

María Teresa Mercado ha regresado a su país para asumir la Dirección del Instituto Matías Romero, creado en 1974, y que se constituye en la academia diplomática mexicana. La he entrevistado nuevamente (Cable a tierra, radio Éxito Bolivia, 28 de junio de 2023) y hemos recapitulado su intensa estancia en nuestro país que contiene logros como el de la supresión de visas para viajeros bolivianos y mexicanos, y un proyecto de centro cultural que involucra al Fondo de Cultura Económica de México y al Centro de Investigaciones Sociales de Bolivia, próxima a concretarse. Conservaremos el mejor recuerdo, inscrito en nuestra memoria histórica, por esta que puede considerarse una Embajadora con letras mayúsculas.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

La memoria histórica de Bolivia guardará por siempre con rabia e indignación todo lo que significó el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de reclusión por atentar contra la Constitución y las leyes, secundada por personajes a los que ahora mira con decepción, pero que fueron los actores decisivos para su ascensión a la silla presidencial —Murillo y Ortiz— y con los que compartió tareas parlamentarias con el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Karen Longaric Brozovic no militaba en Demócratas, pero apareció sorpresivamente como ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto presidido por Áñez. Hasta entonces había cumplido con una trayectoria vinculada a las relaciones internacionales ocupando cargos en la misma Cancillería, en el Instituto Internacional de Integración y como primera presidenta de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

Longaric era una señora muy comportada que había ingresado en la Cancillería gracias a su esposo Franklin Anaya (Panka) en tiempos del gonismo, en clara práctica de nepotismo, pero que con los años supo ganarse un sitial en el espectro del análisis especializado sobre política exterior. En un par de oportunidades la entrevisté para la televisión y la radio, caracterizando sus intervenciones por la mesura y la prudencia, por ejemplo, con respecto del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya acerca de la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile debido a nuestro irresuelto problema marítimo.

Hasta que llegó el día en que Karen sintió que era momento de quitarse la máscara y mostrar ante el país quién era en realidad. A partir de su nombramiento como primera Canciller de la historia de Bolivia, la internacionalista desplegó todas sus armas para evidenciar que había sido una furibunda enemiga del MAS y que en esa medida emprendería acciones reñidas con el derecho internacional, la responsabilidad pública y el respeto por los derechos humanos.

A pesar de saber de la importancia y el respeto que se merece la institución del asilo político, característica distintiva del gobierno mexicano, Longaric se sumó de manera entusiasta a la agenda que marcaba el “ministro de la Muerte”, Arturo Murillo. De esta manera, la canciller de Áñez convirtió la residencia de la Embajada de México en una cárcel que mantuvo como presos políticos a exautoridades del gobierno de Evo Morales, negándose hasta el final de su mandato a otorgar los salvoconductos que ella en su calidad de primera presidenta de la Comisión Nacional del Refugiado conocía por anverso y reverso.

Como si violar el derecho al asilo político no fuera suficiente, la desenmascarada ministra que residía en La Rinconada, no fue capaz de interponer sus buenos oficios como vecina para frenar el asedio de efectivos policiales que por la noche utilizaban potentes reflectores para no dejar descansar a los refugiados Quintana, Arce Zaconeta, Alanoca, Laguna, Zabaleta, Vásquez y Moldiz. Se trató de un sistemático plan de amedrentamiento y violación a los derechos ciudadanos con la complicidad de los vecinos del barrio que armaron una especie de barricada para revisar los motorizados que entraban y salían, vigilia “pitita” cazamasistas en otras palabras.

Hoy día, desde su autoexilio en Alemania, la señora Longaric se declara perseguida política del gobierno de Luis Arce, acogiéndose al lugar común con el que la demacrada y derrotada oposición pretende disfrazar las barbaridades perpetradas por una cáfila de delincuentes que violaron derechos humanos, masacraron 38 personas, consumaron negociados de varios tamaños y condujeron la economía del país al desastre en el tiempo record de 10 meses.

Resulta que la Canciller que violó descaradamente el derecho al asilo político, la que nombró un embajador de ciencia y tecnología —¡con residencia en La Paz!—, amigo de la hija de la Presidenta, actuó con negligencia en la repatriación de ciudadanos bolivianos atrapados por el coronavirus en el lado chileno de la frontera, esa misma señora dice ser perseguida por la Justicia cooptada por el gobierno del MAS.

Karen Longaric Brozovic es la fiel expresión de la vieja Cancillería boliviana, atestada de vividores de corbata de seda y astutos lobistas como Jaime Aparicio Otero, execrable operador de Luis Almagro en la OEA, embajador ante el sistema interamericano del gobierno de Áñez, un niñato de cuello blanco portaestandarte de la Bolivia reaccionaria y fascistoide que vive de propalar mentiras y se ha especializado en distorsionar la realidad política del país desde Washington.

Longaric ha acudido a la CIDH para denunciar los presuntos atropellos de la que es víctima. Ojalá que desde la Comisión le puedan enviar un ejemplar o el link del informe del GIEI en el que han quedado debidamente registradas las tropelías del gobierno de la que fue Canciller. Por lo menos debería darle vergüenza.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Los delitos financieros producto de la danza de millones de dólares pueden convertirse en olor a muerte. Son aquellos que se urden desde oficinas ejecutivas con vistas panorámicas de la ciudad en la que se cometen.

Son tantas las películas sobre Wall Street que hemos visionado en las últimas cuatro décadas, que dichos como “detrás de una gran fortuna hay un gran crimen” o “hay que matar a X porque sabe demasiado, pero por favor, que parezca un accidente” forman parte de los manuales de las grandes estafas y desfalcos financieros.

Poseer tres casonas —no alcanzan a mansiones— avaluadas en aproximadamente $us 4 millones tiene que por lo menos parecer escandaloso ante los ojos de los de a pie que deben remar a diario, urgidos por parar la olla del almuerzo.

Un banquero ejecutivo que ha invertido semejante cantidad de dinero para vivir a cuerpo de rey es porque tiene de sobra con qué hacerlo y la ostentación es nada más que el rasgo frívolo de un estilo de vida producido por la adicción al dinero, la más devastadora de las adicciones de este siglo XXI por encima de todos los psicotrópicos juntos.

A Carlos Alberto Colodro, trágicamente fallecido en el día de la madre boliviana, le encomendaron la escabrosa tarea de investigar las rutas del dinero de un banco con nombre de error ortográfico: A estas alturas, en lugar de Fassil ya hay condiciones y hallazgos para llamarle Difissil. Y mortal.

Colodro, según informaciones generales, había construido una carrera funcionaria que le permitía un buen pasar, esto es, no necesitar trabajar para seguir transcurriendo sin sobresaltos a sus 64 años.

He aquí entonces la primera gran pregunta que no se ha hecho hasta ahora: ¿Para qué convertirse en el interventor de un banco que apesta por todos sus rincones, incluidas sus bóvedas?
La carrera de este economista nacido en Sucre llegó incluso con su firma a los billetes de nuestro sistema monetario en su calidad de Gerente General del Banco Central de Bolivia.

Acabo de revisar y la muy concisa firma del hombre en cuestión está en el papel moneda con el que nos manejamos todos los días, ese papel moneda que, según el Banco Unión, nunca llegó procedente del Fassil-Difissil en los primeros días en que Colodro tomó posesión de sus responsabilidades.

En entrevista radiofónica (programa Cable a tierra, radio Éxito Bolivia 93.1 FM) del martes 30 de mayo, la extrabajadora del banco quebrado Bisney Conde nos contó que ella, junto con algunos que fueron sus compañeros, veía cómo “salían camiones Brinks con efectivo”. ¿Cuáles eran las rutas de esos cargamentos? Nadie sabe. Nadie responde. Muy pocos preguntamos.

Según la carta-despedida del suicidado, quedó sólo, y escribió en código que lo que iba a hacer a continuación pasaba porque ya lo habían matado.

Nadie le contestaba las llamadas, “vaya uno a saber por qué”, duda que debió conducirlo a insistir conversar con sus superiores, entre los cuales destaca el director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, que en el día de la posesión del sustituto de Colodro, ni siquiera por guardar las formas, recordó las circunstancias que obligaban a nombrar a Luis Gonzalo Araoz Leaño, otro profesional con muchísimos años de experiencia de trabajo en entidades bancarias y que con lo acontecido, probablemente pedirá servicio de seguridad personal 24/7, cosa que a Colodro, ni a sus mandantes, les pareció importante solicitar.

A continuación del descubrimiento del cuerpo inerte de Colodro, estampillado en plena vía pública de la avenida San Martín, irrumpió en el escenario el abogado Jorge Valda, controvertido personaje defensor de políticos vinculados a la conspiración y al golpe de Estado de 2019.

El jueves 1 de junio nos enteramos que al hombre en cuestión que repitió hasta la saciedad para las cámaras televisivas que a su “cliente” lo habían asesinado, no fue contratado por la familia del fallecido interventor y aquí surgen más dudas: ¿Por qué la familia Colodro no fijó posición, o por lo menos no informó oportunamente que ellos no habían requerido los servicios profesionales de Valda?

Veinticuatro horas antes de su suicidio, Colodro dirigió una reunión en la que habrían participado abogados, extrabajadores, una diputada del MAS y un representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuán trascendente fue esa reunión? ¿Qué se conversó en la misma? Todo indica que nunca lo sabremos.

Tiene que haber un móvil poderosísimo para que al suicidado interventor le haya reventado el alma y esto necesariamente tiene que ver con lo sucedido en el trayecto de sus 30 días de tareas. Mientras tanto, los nombres de los principales beneficiarios con los créditos vinculados ya se encuentran en el escenario público, por lo que la nueva labor interventora pasa por no perder la pista del dinero manejado por Ricardo Mertens y compañía.

La Asfi tiene mucho que contestar y las preguntas clave en esta oscura trama debieran estar a cargo del Ministerio Público. La transparencia de la información que vaya a obtenerse ya es harina de otro costal.

Julio Peñaloza es periodista

Eliot Ness era el héroe policial que comandaba las pesquisas contra las mafias ítalo-neoyorkinas en los años 60. Lo personificó en la televisión blanco y negro de entonces, el actor Robert Stack y en cada capítulo emitido por el canal estatal de aquel tiempo éramos testigos semanales de sus proezas contra esas familias que se repartieron la ciudad de la gran manzana para distribuir clandestinamente bebidas alcohólicas, narcotraficar y administrar negocios de proxenetismo para beneficio económico y placeres propios. De aquella serie televisiva semanal se podía advertir un halo de romanticismo: ese policía de traje, corbata y sombrero de paño con ala ancha nos contaba que todo crimen termina siendo descubierto, que la justicia puede tardar pero llega, digamos que la historia del crimen edulcorada y romantizada en ese clásico que se llamó Los intocables.
Ejercitando un largo salto hacia el siglo XXI, el mafioso estereotipado por ese espectáculo audiovisual maniqueo, se ha desdoblado en estilos. Hay mafias financieras de cuello blanco que lavan dinero procedente de actividades ilícitas. Hay mafias políticas que cobran comisiones o coimas para emprender cierto tipo de proyectos en nombre del desarrollo y del bienestar común. Hay mafias clericales, refugiadas en sombrías guaridas habitadas por enviados de Dios que han organizado sociedades secretas de pederastas, pedófilos y otras especialidades relacionadas con la violencia sexual. En fin, hay mafias especializadas hasta en los asuntos más inimaginables en tiempos del estallido tecnológico que todo lo simplifica y lo corrompe.
El año 2020 en Bolivia se instaló una mafia lacrimógena. Traficó con materiales para la represión policial. Parte de esa mafia está procesada judicialmente y detenida en un recinto penitenciario estadounidense que tiene al exministro de Gobierno Arturo Murillo como su representante más notable. Ese que cazaba masistas. Ese que decía no estar jugando y que sería implacable. Ese que inventó el “dispararse entre ellos” para eximirse de responsabilidades por las persecuciones política, judicial y mediática, y la consumación de masacres.
Murillo se convirtió en facilitador de todas las mafias que operaron durante el gobierno del que era mandamás, el de Jeanine Áñez, y que tiene a un connotado protagonista que hoy día es escribidor de un par de diarios conservadores y que un año después de haber sido botado por la presidenta de facto de su cargo de ministro, pasó a ejercer las funciones de Rector de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz de la Sierra. Su nombre es Óscar Ortiz Antelo, militaba en su juventud en Cristiandad, una organización de origen brasileño que reclutaba jóvenes anticomunistas y temerosos de Dios y a estas alturas se podría decir que se trata de un verdadero mago porque a pesar de figurar siempre en las fotografías de la consolidación del golpe de Estado ejecutado entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, hoy día nadie lo nombra, nadie recuerda que fue uno de los cerebros del asalto al poder, el más frío y calculador de la camarilla que coordinaba el no ingreso de parlamentarios masistas a la Asamblea para conseguir que Jeanine fuera presidenta vulnerando el procedimiento constitucional
Como el Eliot Ness de la televisión, Óscar Ortiz Antelo es un intocable, pero al revés, pues se encontraría en la línea de los transgresores de la ley y el orden. Transgresores es un decir porque en realidad se trataba de mafiosos. Se lo ha visto tomando café con el que fuera editor de El Deber, Juan Carlos Rocha, a media mañana de un día cualquiera en un centro comercial de la avenida Busch, Tercer Anillo de Santa Cruz de la Sierra. Su intocabilidad es tan extraordinaria que cuando se recuerda a los golpistas se menciona siempre a Camacho, a Mesa, a la propia Jeanine, alguna vez a Doria Medina, pero nunca a él. Parece que jamás hubiera estado en el balcón del Palacio Quemado detrás de Jeanine saludando a sus “pititas” ilusionados y luego defraudados por la gestión de gobierno que aceleró el retorno del MAS a través de elecciones en tiempo récord.
Óscar Ortiz Antelo estuvo en las reuniones de la Universidad Católica de La Paz cuando la jerarquía eclesiástica puso en evidencia de andar metida en política hasta el cuello. En dichos encuentros, siempre frío y discreto, se encontraba este que fuera en su momento operador del exgobernador Rubén Costas. Su actuación fue decisiva en la Cámara de Senadores, desde donde digitaba movimientos en las inmediaciones de la plaza Murillo, de civiles persecutores de masistas, policías y militares. Tuto era el hombre de “la embajada”, Camacho el paramilitar y Ortiz, el pensante que hizo a Jeanine presidenta. Hoy es el impávido jerarca académico de la universidad de los curas católicos, un portento de numerario del Opus Dei. Un intocable como nunca se vio en la historia política de Bolivia, milagrosamente invisibilizado por la santidad de monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer.

Julio Peñaloza Bretel es periodista

Eliot Ness era el héroe policial que comandaba las pesquisas contra las mafias ítalo-neoyorkinas en los años 60. Lo personificó en la televisión blanco y negro de entonces, el actor Robert Stack y en cada capítulo emitido por el canal estatal de aquel tiempo éramos testigos semanales de sus proezas contra esas familias que se repartieron la ciudad de la gran manzana para distribuir clandestinamente bebidas alcohólicas, narcotraficar y administrar negocios de proxenetismo para beneficio económico y placeres propios. De aquella serie televisiva semanal se podía advertir un halo de romanticismo: ese policía de traje, corbata y sombrero de paño con ala ancha nos contaba que todo crimen termina siendo descubierto, que la justicia puede tardar pero llega, digamos que la historia del crimen edulcorada y romantizada en ese clásico que se llamó Los intocables.
Ejercitando un largo salto hacia el siglo XXI, el mafioso estereotipado por ese espectáculo audiovisual maniqueo, se ha desdoblado en estilos. Hay mafias financieras de cuello blanco que lavan dinero procedente de actividades ilícitas. Hay mafias políticas que cobran comisiones o coimas para emprender cierto tipo de proyectos en nombre del desarrollo y del bienestar común. Hay mafias clericales, refugiadas en sombrías guaridas habitadas por enviados de Dios que han organizado sociedades secretas de pederastas, pedófilos y otras especialidades relacionadas con la violencia sexual. En fin, hay mafias especializadas hasta en los asuntos más inimaginables en tiempos del estallido tecnológico que todo lo simplifica y lo corrompe.
El año 2020 en Bolivia se instaló una mafia lacrimógena. Traficó con materiales para la represión policial. Parte de esa mafia está procesada judicialmente y detenida en un recinto penitenciario estadounidense que tiene al exministro de Gobierno Arturo Murillo como su representante más notable. Ese que cazaba masistas. Ese que decía no estar jugando y que sería implacable. Ese que inventó el “dispararse entre ellos” para eximirse de responsabilidades por las persecuciones política, judicial y mediática, y la consumación de masacres.
Murillo se convirtió en facilitador de todas las mafias que operaron durante el gobierno del que era mandamás, el de Jeanine Áñez, y que tiene a un connotado protagonista que hoy día es escribidor de un par de diarios conservadores y que un año después de haber sido botado por la presidenta de facto de su cargo de ministro, pasó a ejercer las funciones de Rector de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz de la Sierra. Su nombre es Óscar Ortiz Antelo, militaba en su juventud en Cristiandad, una organización de origen brasileño que reclutaba jóvenes anticomunistas y temerosos de Dios y a estas alturas se podría decir que se trata de un verdadero mago porque a pesar de figurar siempre en las fotografías de la consolidación del golpe de Estado ejecutado entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, hoy día nadie lo nombra, nadie recuerda que fue uno de los cerebros del asalto al poder, el más frío y calculador de la camarilla que coordinaba el no ingreso de parlamentarios masistas a la Asamblea para conseguir que Jeanine fuera presidenta vulnerando el procedimiento constitucional
Como el Eliot Ness de la televisión, Óscar Ortiz Antelo es un intocable, pero al revés, pues se encontraría en la línea de los transgresores de la ley y el orden. Transgresores es un decir porque en realidad se trataba de mafiosos. Se lo ha visto tomando café con el que fuera editor de El Deber, Juan Carlos Rocha, a media mañana de un día cualquiera en un centro comercial de la avenida Busch, Tercer Anillo de Santa Cruz de la Sierra. Su intocabilidad es tan extraordinaria que cuando se recuerda a los golpistas se menciona siempre a Camacho, a Mesa, a la propia Jeanine, alguna vez a Doria Medina, pero nunca a él. Parece que jamás hubiera estado en el balcón del Palacio Quemado detrás de Jeanine saludando a sus “pititas” ilusionados y luego defraudados por la gestión de gobierno que aceleró el retorno del MAS a través de elecciones en tiempo récord.
Óscar Ortiz Antelo estuvo en las reuniones de la Universidad Católica de La Paz cuando la jerarquía eclesiástica puso en evidencia de andar metida en política hasta el cuello. En dichos encuentros, siempre frío y discreto, se encontraba este que fuera en su momento operador del exgobernador Rubén Costas. Su actuación fue decisiva en la Cámara de Senadores, desde donde digitaba movimientos en las inmediaciones de la plaza Murillo, de civiles persecutores de masistas, policías y militares. Tuto era el hombre de “la embajada”, Camacho el paramilitar y Ortiz, el pensante que hizo a Jeanine presidenta. Hoy es el impávido jerarca académico de la universidad de los curas católicos, un portento de numerario del Opus Dei. Un intocable como nunca se vio en la historia política de Bolivia, milagrosamente invisibilizado por la santidad de monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.