Ser mujer y vivir en zonas de escasos recursos en América Latina significa enfrentarse a múltiples barreras para acceder a la salud sexual y reproductiva. En Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos conocido diferentes historias que dan cuenta de la cruda realidad que tienen que vivir adolescentes y mujeres por la falta de acceso a métodos de planificación familiar. Jessica, de 27 años, por ejemplo, fue atendida en nuestro proyecto en Bolívar, Venezuela. El primero de sus siete hijos lo tuvo a los 14 años, y pasa la mayor parte del tiempo sola con ellos ya que su esposo trabaja en las minas y puede pasar hasta un mes sin ir a casa. En una cita médica con MSF contó que antes no había tenido acceso a métodos de planificación, y ahora que lo logró, se siente mucho más tranquila.

En Venezuela, más de un 40% de las jóvenes de entre 18 y 24 años no tiene la posibilidad de planificar su reproducción y, si bien existen organizaciones que venden anticonceptivos, no hay planes que garanticen el acceso de estos métodos para quienes no tienen la posibilidad de pagarlos. De hecho, el informe Estado de la Población Mundial-2019 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indica que Venezuela tiene una alta tasa de fecundidad adolescente, con 95 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. Lo que contrasta con la tasa de 44 por cada 1.000 del promedio mundial.

En otros países, como Perú y Colombia, también hemos conocido de cerca experiencias de mujeres que han tenido un sinfín de dificultades para acceder a métodos anticonceptivos. En Colombia, por ejemplo, nuestro equipo del departamento de Chocó conoció la historia de una mujer indígena de la etnia Embera Katío; se trata de Rosa, quien a sus 35 años tiene nueve hijos. Ella relató que, para planificar, el principal obstáculo es trasladarse hasta el puesto de salud de la cabecera municipal. Además, explicó que las indígenas son castigadas si planifican solas, puesto que solo pueden hacerlo con el permiso de sus maridos o autoridades indígenas.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, se registraron 111.548 nacimientos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en 2021. De éstas, 4.732 fueron de niñas de entre 10 y 14 años. Para este grupo etario, esta cifra supone un incremento del 10% respecto a 2020, cuando se registraron 4.301 nacimientos.

En el caso de Perú, el equipo de MSF ha atendido pacientes que han visto truncados sus proyectos de vida por falta de planificación oportuna. Jesi, de 23 años, tiene dos hijos y es venezolana. Mientras los equipos de MSF le proporcionaban un método anticonceptivo inyectable en el puesto de atención de Tumbes, relató que en su paso por Ecuador tuvo dificultades para acceder a métodos anticonceptivos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, 12,6 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada, mientras que, en la Amazonía, la proporción es 40 de cada 100. De este total, el embarazo en adolescentes registra el 10% en zona urbana y 22,7% en zona rural.

Desde un punto de vista regional, un estudio publicado en The Lancet señala que, en el caso de mujeres adolescentes de 15 a 17 años, indígenas de zonas rurales y sin acceso a educación formal presentan una menor prevalencia de uso de anticonceptivos, en comparación con el mismo grupo etario en otras zonas del mismo país.

En América Latina encontramos serios problemas de escasez y de financiación para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. En el caso de anticonceptivos orales e inyectables ya había escasez intermitente desde antes de pandemia, y en algunos países las mujeres tuvieron que suspenderlo o cambiar de método. Es más, según la OMS, el 64% de los países de América Latina y el Caribe declararon interrupciones en los servicios de planificación familiar y anticoncepción en 2021.

¿Qué debe cambiar? Primero, los países de la región necesitan asegurar la prevención de embarazos no deseados, incrementando y simplificando el acceso a servicios eficientes de planificación familiar. En segundo lugar, las mujeres migrantes deben tener acceso a atención médica, protección y asistencia humanitaria, independientemente de su estatus legal. Para terminar, es necesario trabajar en garantizar el acceso a la educación en salud sexual y reproductiva, métodos de planificación, maternidad saludable y prevención contra la violencia sexual.

Marisol Quiceno Valencia es especialista de incidencia de MSF en Latinoamérica.