Los ejecutivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acaban de anunciar que retomarán el control de los campos Mamoré y Surubí que estaban en manos de Repsol E&P Bolivia y los campos Mamoré operados por Petrobras; lo propio se anuncia que ocurrirá con los campos administrados por Pluspetrol Bolivia Corporation SA. Lo que salta a la vista es que tienen petróleo, pero no lo producen.

La crisis, por su crudeza, tiene la virtud de develar los problemas reales. La crítica a la astronómica subvención a los hidrocarburos abrió los ojos para afirmar que no era la mejor gestión de YPFB; así se dieron respuestas para bajar este costo: cambio de logística, importación (todo) por el lado occidental, importación de crudo, control al contrabando y a la venta de hidrocarburos líquidos, etc., mientras paralelamente corren procesos judiciales. Sin embargo, estas medidas de tipo administrativo son secundarias frente al nuevo anuncio.

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El proceso de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 se dio en medio de dudas y desafíos, el Estado no contaba, ni cuenta, con una empresa capaz de afrontar los desafíos de una medida de esa dimensión. YPFB había sido transformada en una empresa residual, satisfecha de ufanarse de los míseros dividendos resultado de su asociación con las transnacionales, si prácticamente no hacía nada. Por eso, pragmáticamente, se aceptó continuar con las asociaciones a cambio de que se respetara la participación del Estado de los volúmenes de producción (82%); así se mantuvo la estructura organizativa del proceso de capitalización, manteniendo las famosas sociedades anónimas mixtas, nunca integrando el proceso productivo y la unidad de gestión.

Los resultados fueron positivos en la medida que se trataba de continuar produciendo sin hacer mayores inversiones; cuando se veía decaer la producción por la reducción de las reservas, se confió en los mismos operadores privados, ampliándoles las áreas de exploración y comprometiendo el reconocimiento de las inversiones. El resultado fue el mismo: no hubo las inversiones esperadas de las transnacionales y la empresa estatal invirtió $us 4.378 millones en exploración entre 2006-2019, con resultados negativos, en campos que solo tenían una probabilidad de éxito de 20%.

Hoy el panorama se aclara, las transnacionales no son aliadas del proceso de cambio, sus intereses son contrarios a los de la empresa estatal que es servir a las necesidades de la población boliviana antes que la acumulación de utilidades. Así hoy declaran que no es de su interés vender el petróleo a $us 27 el barril en el mercado interno, cuando en el exterior el precio supera los $us 70; desde luego no les conviene, pero olvidan que el petróleo es de los bolivianos y nosotros debemos priorizar nuestras necesidades. La expectativa de la ganancia no tiene relación con el costo de producción, que es mínimo, una vez recuperada la inversión de la exploración y el montaje para la explotación. La esperanza de las transnacionales al mantener sus contratos es forzar un cambio de política, o un cambio de gobierno, viveza explícita en el gobierno ilegítimo de Añez, cuando Petrobras firmó un contrato ampliamente favorable a sus intereses por la venta de gas, en desmedro del pueblo boliviano.

Planteadas así las cosas, las tareas se multiplican. Es necesario hacer de YPFB una empresa 100% estatal, que opere toda la cadena productiva: exploración, explotación, industrialización y comercialización, en una unidad de gestión donde cada una de las etapas esté encadenada a la suerte de las otras, evitando su parcelación y autonomía; es la única manera de evitar la lucha burocrática por intereses mezquinos. La conducción y funcionamiento que tiene el personal de la empresa es una delegación de funciones del pueblo boliviano para que le sirvan a éste. Esto demanda un compromiso social y político: la lucha de nuestro pueblo por la supervivencia de YPFB fue cruenta, el personal debe estar imbuido de su historia y conocer el pensamiento de sus mentores: Toro, Busch, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Villegas.

El deseo de construir nuestro futuro tiene que ser un proceso consciente y firme. No puede haber privilegios de ninguna clase, como existe hoy con la exportación de petróleo, cuando nuestras refinerías están casi paralizadas y sus obreros con la vergüenza de no producir.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

A principios de mes, se produjo la remoción del ministro de Minería, que estuvo precedida de la solicitud de varios cambios en el Ejecutivo por la Central Obrera Boliviana (COB).

El sector minero se ha convertido en el eje de las exportaciones en 2022 con un valor de $us 6.761 millones, por el cual las regiones captaron 238 millones, es decir un 3,5% de ese valor; la contribución por impuestos al Estado será menor a la de las regalías como fue la tendencia las pasadas gestiones. La producción estatal aporta con el 6,3% a la producción minera nacional y sus exportaciones al 7,2%, lo cual muestra un amplio dominio del sector privado transnacionalizado; la exportación por aleaciones (primer paso a la industrialización) llega a $us 1,5 millones.

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En conclusión, seguimos siendo un país exportador de materias primas (minerales y metálicos) y  el sector está dominado por las transnacionales. En expresiones de Quiroga Santa Cruz, somos un país saqueado. La Constitución Política, aprobada en 2009, expresa claramente los objetivos de la actividad minera: dar excedentes económicos al Estado para el financiamiento del desarrollo nacional, para lo cual crea mecanismos y normas. Sin embargo, estas no se cumplen, no por la dificultad en su aplicación, sino por la persistencia de un modo de concebir la minería como un eslabón más de la industrialización imperial y no un mecanismo de liberación nacional.

El Estado no cumple con su rol de regulador ni de fiscalizador, ni de productor minero. La Constitución dispone la suscripción de un contrato minero de explotación, obligación que implica compromisos en cuanto a la ejecución de un plan de trabajo y el no cumplimiento implica la anulación del mismo. El contrato tiene fuerza de ley al ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Al presente solo se han adecuado un 10% de las anteriores concesiones a la modalidad de contratos; las sucesivas ampliaciones del plazo de adecuación inducen a su no cumplimiento. La suscripción del contrato implica la constitución legal del operador y su registro como agente económico; así está sometido a otras instancias del Estado: impuestos, medio ambiente, Ministerio de Trabajo, Aduana, seguros de largo y corto plazo, etc., quienes deben llevar a cabo su rol de fiscalización, sino la minería la convierten en informal, para evitar el uso de otro término. La ley es igual para todos, la suscripción del contrato no exceptúa a nadie, incluso a la Comibol, que tiene que presentar su plan de trabajo y operar en forma directa; en no hacerlo pecan todos los actores mineros, incluso la gran minería, que hace transferencia de empresas sin que haya contrato.

La fundición e industrialización, por su carácter liberador, están dirigidas contra los grandes intereses transnacionales; ya que no hay nada que esperar del sector privado ni cooperativo, es el Estado que tiene que encarar la fundición e industrialización de los minerales. El sector estatal encara este problema estratégico con una visión provincial, en el sentido de que es el interés particular que se impone al nacional, por eso se rompe la cadena productiva, para hablar cada uno de su empresa; así se habla de fuentes de trabajo y se olvida de la viabilidad de la empresa; de elevar las regalías, sin tomar en cuenta la rentabilidad de la empresa; del lugar donde va a estar ubicada la planta antes que la racionalidad técnica; así el proceso se frustra, sin tomar en cuenta el boicot de las transnacionales, que es tanto de tipo político como técnico.

Simplemente la fundición de los minerales captaría para el país $us 1.500 millones por año y la recuperación de otros metales, $us 1.200 millones, sumas astronómicas para no llamar la atención de propios y extraños; ¿por qué esta ceguera, prefiriendo hablar de cosas raras y nuevas labores de exploración cuando en nuestras narices está la bonanza?

La labor de la dirigencia sindical es pertinente, cualquier proyecto nacional es imposible sin la participación activa del movimiento popular, es su interés y fuerza que motivan los cambios; su concurso está determinado por los objetivos que se plantean en cada momento histórico.  El apoyo del movimiento minero, en primera instancia, y luego de la COB al proceso de cambio está condicionado a la ejecución de una política minera del proletariado; esto no se perfila en el accionar de la dirigencia sindical, no se trata solo de apoyar, sino de exigir lo que el pueblo está esperando. La presencia obrera en la administración pública es rica, desde el control obrero después de la nacionalización, la cogestión en el gobierno de Hernán Siles y el impulso que dieron los mineros para la reversión de las minas de Huanuni y Colquiri: pensando siempre en el país antes que en una simple fuente de trabajo.

Ojalá la presencia del ingeniero Marcelino Quispe en el Ministerio de Minería signifique retomar los grandes objetivos nacionales por los cuales luchó el proletariado minero y brindó su sangre en innumerables batallas, como la trágica noche de San Juan en 1967, cuyo recuerdo nos acompaña estos días.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

El 4 de junio se conmemoró 100 años de la Masacre de Uncía, suceso que conmovió al país por la forma sangrienta en que el Estado defendía por encima de todo los intereses de la oligarquía minero-feudal.

Con el triunfo de los liberales en la guerra civil (1898) se consolidó el desarrollo de la minería del estaño y la implantación del centralismo con su capital, La Paz. Las banderas agitadas contra los conservadores: federalización, desarrollo con la iniciativa privada, la creación de un poderoso ejército nacional, el desarrollo de la educación, tierra para el indio y la justicia social para el obrero, no dejaron de ser consignas para lograr incorporar a la pelea a los indígenas con Zarate Willca y los mineros de Colquechaca y Corocoro; al final las cosas quedaron como siempre, consolidándose un Estado donde una minoría de empresarios mineros y hacendados podía ensanchar y precautelar sus intereses.

Los intereses privados ligados a los extranjeros cambiaron el país. Antes de que se firmara la paz (1904), se permitió que capitales chilenos llegaran al país y se adueñaran de las minas: Corocoro, Llallagua, Huanuni, San José, Totoral, Colquechaca, Colquiri; se construyeron los ferrocarriles Antofagasta-Oruro (1892) y Arica-La Paz (1913); el volumen de las exportaciones subió: en el estaño llegó a 29.280 TMF (1918) y en el cobre a 23.812 TMB (1915), cifras nunca más alcanzadas.

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Las mercaderías del exterior invadieron el mercado nacional desplazando la producción propia, el azúcar y el arroz que venían de Santa Cruz fueron sustituidos por el argentino y peruano; el trigo y la harina de Cochabamba por una de origen chileno y norteamericano; la bayeta y el tocuyo originarios sustituidos por telas persas y casimires ingleses. La modernidad tenía un costo: el saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación de indios y obreros.

Jaime Mendoza, al referirse a Uncía, expresaba: “Esta es la tierra riquísima en que yo soñé como un iluso. ¿Dónde está la grandeza?, ¿dónde está la plata? Yo no veo aquí más que miseria.” Esta situación era resistida por los obreros con tumultos que no eran sino expresión de su impotencia frente al capital; para controlarlos, desde 1905 se fijó la presencia militar en la región.

En 1923 la lucha tomó otro carácter; las fuerzas vivas de Uncía convocaron a una marcha y mitin con motivo del 1 de Mayo, se concentraron más de 5.000 personas, acordando crear la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU) a la cabeza del minero Guillermo Gamarra; a la par, se solicitaba la expulsión del súbdito chileno Díaz, gerente de la empresa minera Llallagua, concordando con el presidente Bautista Saavedra, que en su campaña electoral había levantado la consigna “Volver a Antofagasta”. La FOCU agrupaba a la diversidad de trabajadores que vivían en la región: mineros, empleados, artesanos, sastres, peluqueros, abogados, todos sectores de trabajadores que habitaban la urbe, con cerca de 35.000 habitantes. Su estructura era territorial y no se circunscribía a una relación obrero-patronal, al contrario, implicaba la unión de todos en una especie de central popular.

El pliego fue entregado al representante presidencial; la respuesta fue la dictación del estado de sitio; las fuerzas represivas fueron reforzadas con la presencia de cuatro regimientos; posteriormente, el 4 de junio, fueron detenidos los principales dirigentes de la FOCU y otras personalidades de Uncía, supuestamente comprometidos con trajines subversivos; la población se volcó a la plaza Alonso de Ibáñez, donde se ubicaba la subprefectura y estaban los detenidos, para exigir su libertad; la tensión aumentó cuando a las cinco de la tarde se sumaron los mineros de la punta que salieron del trabajo; los dirigentes Gamarra y Rivera pidieron a la multitud que se retire sin provocar conflicto. Nadie se movió, al contrario, se agitó cuando llegó Diaz; el repudio de la gente fue contestado con un disparo del gerente a un trabajador, mientras el mayor Ayoroa disparó su ametralladora; fue la señal para que la tropa descargara su fusilería. Ayoroa en su informe al Presidente señala: “se dispararon aproximadamente dos mil tiros sin dar en el blanco”, para dar “un serio escarmiento” a quienes “pretendan formar algo así como un soviet”, “me vi obligado a hacer uso de mi ametralladora con el resultado de 4 muertos y 11 heridos”.

La realidad fue otra. La multitud fue dispersada a bala, dejando tras de sí una gran cantidad de muertos y heridos, los que serían rematados y recogidos para ser amontonados como leña; luego fueron incinerados en los hornos de calcinación o arrojados a los cuadros de los veneristas; las calles se lavaron para no dejar huellas. Se procedió a la persecución, detención y confinamiento de cualquier sospechoso, la gente huía. La capital de la provincia Bustillo se vio desierta en los 22 meses que duró el estado de sitio y la declaratoria de zona militar.

Honor y gloria a los mártires obreros.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

La convivencia y el desarrollo de un país es la razón por la que existe el Estado; el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos es su fin supremo; cómo se logra esto es tema del debate de siempre. Hay posiciones ideológicas contrapuestas, pero todas asumen que hay que generar riqueza: el Estado o la empresa privada, la producción primaria o la industrialización de los recursos naturales, la diversificación o la especialización, el desarrollo endógeno o la exportación. Son dilemas que no se puede eludir.

El texto constitucional señala: “promover la industrialización de los recursos naturales”, “la industrialización de los recursos naturales será prioridad en la política económica”, “la industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado”, “el Estado deberá participar en la industrialización”. Esta persistencia en el tema se explica en parte por la frustración de la industrialización en la vida republicana.

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No es nuevo el propósito: en el siglo XIX, en pleno debate entre proteccionistas y liberales, surgió el planteamiento de hacer de la minería “un medio para obtener industrias y no un fin industrial” (Mitre 1981), aunque esa vez solo se trataba de acuñar monedas. El debate estaba planteado, ganaron los patriarcas, la plata de Huanchaca se refinaba y procesaba en Antofagasta; para este fin se construyó el ferrocarril, en pleno conflicto bélico. Los barones compraron y controlaron el mercado del estaño con las fundiciones en Gran Bretaña. Razones no faltaban para justificar su mente colonial: financiamiento, problemas técnicos, geográficos, políticos, etc. La nacionalización de las minas se quedó a medio camino, por 20 años el estaño que salía en sacos con el nombre de Bolivia, luego de la fundición, era otro el propietario (Made in England). La lucha y la prédica patriótica en el período 1960-70 coparon las calles y la prensa; se avanzó con las fundiciones de estaño, antimonio, bismuto y plomo-plata. En medio de esta euforia se cruzaron los intereses de una tecno-burocracia angurrienta de lucrar con el Estado, que llevaron el país a una nueva frustración.

Por otro lado, los intentos de diversificación en otras áreas estuvieron signados por el plan Bohan, que inició la marcha al oriente con el camino Cochabamba-Santa Cruz, permitió a esa región llegar al mercado interno, pero también necesitó de un gran contingente humano; el plan de colonización y las labores de zafra fueron poblando las selvas vírgenes. El nacionalismo revolucionario impulsó la industria ligera estatal y privada, postergando la industria pesada, la química básica y la petroquímica, pilares para un desarrollo sostenible (Grossman 2007).

Al tenor de la lucha popular se clama la industrialización y sustitución de importaciones. Es cierto que es fundamental la química básica, pero ésta es proveedora de insumos para otras industrias, en pocos casos producirá productos para el consumo. Luego, ¿con qué sectores se coordina y se proyecta planes conjuntos, evitando desencuentros por competencias entre ministerios? Karachipampa, consumidor de carbonato de sodio, está parada y sin perspectivas de futuro. Se habla de la producción de ácido sulfúrico y el Ministro de Minería anuncia su producción en volúmenes astronómicos; ¿se han dado cuenta que el ácido es una sustancia controlada y qué dice el Ministro de Gobierno?; ¿el gabinete sabe que existe una fábrica en Eucaliptus, de propiedad del seguro militar, que trabaja a medio tiempo porque no hay mercado? Pero la industria de la química básica tiene que marchar, solo esperamos seriedad y coordinación para que no nos sorprenda una nueva frustración. ¿Y el boro?

Las refinerías de zinc, junto al Mutún, nos abrirán la posibilidad de fabricar productos galvanizados (calaminas, tuberías), latón, fertilizantes, medicinas, etc. Sin embargo, la discreción en el manejo abre interrogantes. Se insiste en la tostación (quemar el mineral), cuando en dos seminarios en la Comibol en 2012 y en el Ministerio de Minería en 2017, se acordó que la mejor vía era la hidrometalurgia directa, por la recuperación de la casi totalidad de los elementos que contienen los concentrados de zinc, menor daño al medio ambiente y un menor costo. Contra esta razón se viabiliza un proyecto que nadie conoce, no se sabe de su autor, de dónde se saca su costo de $us 350 millones, en qué tiempo se lo pagará, y lo peor, inviable por la producción de ácido sulfúrico. Sin unificar la cadena productiva, la fundición, más allá de necesitar un capital de operación, requiere otro para comprar el mineral, teniendo en cuenta que se movería unos $us 600 millones al año: ¿con qué se compra el mineral? Una cosa es endeudarse con empresas estatales como Huanuni y Colquiri, otra con la empresa privada que buscará escabullirse para seguir exportando concentrados.

La política está clara, hagamos las cosas bien.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Potosí: Minero fallece por una caída y suman 22 muertes este 2023. Huanuni: Accidente de trabajo en interior mina cegó la vida de trabajador por inhalación de gas tóxico. Potosí: Minero muere en el Cerro Rico atrapado por gran planchón. Guanay: El mercurio envenena a cooperativistas y pueblos indígenas. Así las noticias desgranan la tragedia del minero en pleno siglo XXI. “La vida no vale nada/si cuatro caen por minuto/y al final por el abuso/se decide la jornada” (Pablo Milanés). Mientras tanto tomo una taza de café, no puedo hacer nada, sino indignarme.

La actividad minera es en sí una labor insana. Las profundidades de la tierra no son su hábitat, se le niega al hombre la garantía de la subsistencia, el oxígeno. Se tuvo que recurrir a la coacción para imponer la mita y obligar a las comunidades indígenas a enviar comunarios a trabajar en las minas por el derecho a subsistir en su propia tierra; Wañuchuy mita fue el grito de sublevación contra el coloniaje, finalmente la mita se levantó a principios del siglo XIX. Ir a la mina era una maldición.

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La introducción del sistema industrial en la minería era imposible sin una fuerza laboral permanente y cada vez más calificada; así el patrón tuvo que combinar sus intereses con los de los obreros; se les tentaron para ir a la mina a cambio de la dotación de alimentos y productos que nunca alcanzarían en sus pueblos: la carne, el pan, las velas, la coca, el cigarro, el alcohol, etc. La concentración de obreros dio paso a un nuevo sujeto histórico: el proletariado; con su lucha fue conquistando mejores condiciones de vida y trabajo, entre ellas la seguridad industrial. Se hicieron los manuales donde el patrón dispone un sistema de seguridad laboral: la ventilación del paraje, la perforación húmeda —para evitar la polución—, la dotación de ropa de seguridad, los primeros auxilios en el interior mina, etc. Era la manera de evitar la explosión de revueltas frente al accidente de un compañero de trabajo. Los obreros tenían que asumir las nuevas reglas que les obligaban a un horario que programaba la detonación de los explosivos y establecían un espacio de tiempo para la ventilación, a vestir la ropa de seguridad muchas veces incómoda, a las normas de la labor específica. Todo por lograr un trabajo seguro.

La lucha histórica del proletariado dio paso a disposiciones legales que garantizaban el trabajo, la salud y la jubilación del trabajador: el Código de Seguridad Social y el decreto-ley de seguridad industrial. El declive del nacionalismo-revolucionario y la emergencia del neoliberalismo dieron fin a todas estas conquistas con la imposición de la libre contratación: Lo tomas o lo dejas. Las grandes empresas redujeron su fuerza de trabajo en un 70% e impusieron sus condiciones: trabajar y no meterse en política. Los mineros relocalizados fueron obligados a organizar cooperativas para imponer un modo de producción individualista que llevaba a la disputa por los mejores parajes y bajaba sus costos elevando el sacrificio del trabajador. La dignidad y la seguridad eran lo de menos.

El neoliberalismo por una parte marginaba a las mayorías y atraía a la vorágine de la explotación a quienes morían de hambre, miles de comunarios se incorporaron a la actividad minera, ansiosos de sobrevivir e incorporarse a la vida citadina. Sin cultura del trabajo minero, son los más propensos a sufrir accidentes; sin conocer sus derechos, no gozan del seguro de salud y ni aportan al fondo de pensiones. Solo 10.000 cooperativistas están afiliados a la Caja de Salud, cuando son más de 150.000 trabajadores, solo 130 cooperativas aportan a las AFP de las más de 1.500 existentes. La lógica es vivir el momento.

Los años de lucha contra la explotación del capital fueron acumulando una serie de principios y conductas de la clase trabajadora que ponía énfasis en la defensa de la vida como objetivo de organizaciones como el sindicato y las cooperativas: el apoyo mutuo, la solidaridad, el bien común, el bienestar, principios que alentaron la búsqueda de una sociedad más justa. La destrucción de los sindicatos clasistas dio paso a que el único interés sea el ingreso económico personal, que empuja a un nuevo eslabón del capital: el consumismo, que no mejora en nada el bienestar, así sea personal.

Contra esta degradación de la sociedad surgieron sublevaciones que acuñaron objetivos como el socialismo comunitario y el “vivir bien”, cuya grandiosidad se pierde en el diario vivir. La lucha ideológica no está tanto en lo que se proclama, sino en la forma de encarar lo cotidiano.

La humanidad misma está acosada por la crisis climática, económica y el descrédito de la democracia, es una crisis civilizatoria; estamos ante un dilema, acá y en el mundo: humanidad o barbarie.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero