DIBUJO LIBRE

Han trascurrido tres años desde los hechos de octubre y noviembre de 2019, de esa terrible coyuntura que marcó un punto de inflexión en nuestra democracia y hasta la fecha se sigue debatiendo y buscando la verdad y la justicia, por entre las tergiversaciones y falsedades que algunos medios de comunicación con fines e interés mezquinos y sectarios sacan (véase Página Siete del 30 de septiembre de 2022 y El Deber 19 de octubre de 2022) y la racionalidad de la verdad, la verdad que, como diría Winston Churchill, “es incontrovertible, la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad está ahí”.

Para desentrañar esa verdad por sobre todo debemos recurrir a la lógica y a la “razón suficiente”, como diría Descartes. Y ¿cuál es esa verdad y esa razón a la luz de los hechos tres años después de ocurridos los hechos?

Como lo ha establecido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia, no la justicia, ni la Fiscalía boliviana: “Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, según el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, se debe contar con la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores… y define que la presidencia de la cámara le corresponde al bloque de mayoría. En reunión del Senado, sin el quórum previsto en el reglamento, Jeanine Áñez se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia del presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, se proclamó presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia” (Informe GIEIBolivia, página 27). Si a esto le sumamos que fueron las Fuerzas Armadas, a través de su Alto Mando Militar, las que horas antes le “sugirieron” su renuncia al Presidente Constitucional, que la presidenta autonombrada no juró ante nadie, que jamás fue a la asamblea y que, como finaliza el mismo informe GIEI: “El mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el Jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, simbolizando que su poder ilegítimo no devenía de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino de la fuerza armada. A la luz de la verdad y la razón no queda, pues, duda alguna de que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se hizo del poder, sin cumplir los mínimos requisitos legales, y basada en la imposición y la fuerza. Esta situación, sumada a las muertes de los días subsiguientes, en cualquier tiempo y en cualquier parte del mundo no tiene otro nombre que “golpe de estado”.

Por otra parte, y hablando del otro extremo del péndulo, sobre la teoría del supuesto fraude electoral, después de tres años, incluido uno en que quienes hicieron el golpe de estado gobernaron a su más pleno antojo y sometieron humillantemente a la justicia y por cuyos actos, nomás esta semana, el ex hombre fuerte de ese gobierno se declaró culpable, no en Bolivia, sino en la justicia de Florida, Estados Unidos, nos preguntaremos: ¿qué prueba o elemento mínimamente convincente hay de ese supuesto fraude? Más allá de ello, ¿cuál es la teoría del caso de Carlos Mesa, Fernando Camacho y el mismo Luis Almagro Lemes, que hablan de un “gigantesco fraude electoral” y una “manipulación dolosa de los resultados electorales”?, ¿cómo se hizo el supuesto fraude? Si fue gigantesco tuvieron que participar muchas personas, ¿quiénes fueron estas personas?, ¿cómo hicieron la manipulación dolosa?, en definitiva, ¿cuántos votos se llevaron de Morales a Mesa?, son preguntas que mínimamente deberían tener siquiera una aproximación de respuesta. No la hay, no hay nada de nada que sustente esa teoría y lo peor de todo es que con esta mentira ensangrentaron al país y 38 personas perdieron la vida, quebraron la democracia y generaron gran sufrimiento y dolor a gente inocente.

En la Organización de los Estados Americanos y en la comunidad internacional existe plena convicción de lo que en realidad pasó, aunque no asuman sus errores. Y no es como dicen dos medios de comunicación, no fueron seis ni siete fracasos, fueron seis o siete momentos de vergüenza y desespero de un Secretario General que como nunca antes pende de un hilo. Quizá su euforia, desesperación y enojo en la última sesión del 7 de septiembre de este año, en la que, ante la tranquilidad y la luz radiante de la verdad, se salió de quicio haciendo pasar vergüenza ajena a los embajadores y a sus propios acólitos, que no sabían cómo calmarlo, sea una muestra más que evidente de lo que pasa. Quizá la negativa a entregar información sensible, solicitada una docena de veces y ordenada por dos documentos internacionales (uno de ellos suscrito por los presidentes de América y otro por los cancilleres del continente), sean otra muestra más del secreto a voces más extendido en la OEA: nunca hubo fraude electoral en Bolivia en 2019.

Podríamos hablar sobre los seis informes independientes y académico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) o del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y llenar libros enteros sobre los hallazgos independientes que certificaron la absoluta falsedad de la conclusión de los informes de la Secretaria General de la OEA, aunque a modo de salvavidas el Departamento de Estado de la Unión Americana haya presentado un informe de tres hojas sin sustento alguno, haciendo eco político al Secretario General más político que jamás haya tenido una organización, con más sombras que luces, como es la OEA.

El tiempo pasa y como dijo Séneca: “El tiempo siempre revela la verdad”, más temprano que tarde la verdad se impondrá y con ella la memoria y la justicia.

(*)Héctor Arce Z. es abogado, actual representante en la OEA

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Doctrinalmente, la democracia “es el sistema de gobierno que institucionaliza la participación del pueblo en el ejercicio del poder público, mediante la intercomunicación y el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, dentro de una justa estructura de distribución de la riqueza”. Tautológicamente, es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Según definiciones de Pablo Lucas Verdu y Abraham Lincoln. Con todos sus defectos, es sin duda el mejor invento político de la humanidad, solo comparable con el descubrimiento del motor a vapor o la invención de la imprenta, diría Karl Lowenstein.

Para Bolivia el concepto de democracia fue siempre esquivo y difícil de consolidar, las tendencias autoritarias siempre fueron más fuertes y venció el golpe de Estado, la asonada militar y el cuartelazo, en criterio del profesor boliviano de Derecho Constitucional Alipio Valencia Vega. Empero, llegó un momento inédito en que los astros finalmente parecen haberse alineado y la madurez política consolidó la que parecía la más grande y larga etapa democrática en la vida nacional. La fecha 10 de octubre de 1982, un punto de inflexión fundamental en nuestra historia en la que parecía se había dado un giro y tomado una ruta de la que jamás nos separaríamos. Así, con la estabilidad y la institucionalidad como banderas, empezaríamos a asemejarnos al resto de las naciones, aunque sea solo por nuestra estabilidad política.

Hernán Siles Suazo fue sin duda el paladín de la democracia en un momento en que todo parecía conspirar. Finalmente, el sujeto social, el pueblo que había derramado sangre y lágrimas en busca de la democracia, terminó consolidando el sistema de gobierno más extendido positivamente en la historia de la humanidad. Con más sombras que luces, el sistema de democracia pactada dejó un profundo sabor a poco en la población boliviana, que pese a todo siempre valoró y defendió un imperfecto sistema de gobierno, que no trajo los cambios que se esperaban sino hasta el surgimiento de la Revolución Democrática y Cultural el 2006.

Hasta el 2019, estuvieron en el poder nueve presidentes, desde Hernán Siles hasta Evo Morales, todos elegidos democráticamente o que asumieron el cargo por sucesión constitucional, de acuerdo la Constitución de 1967; todos basaron su legalidad y legitimidad en el texto constitucional que había sido defendido y mantenido, casi con pinzas, en las peores circunstancias, incluso en las crisis de 2003 y de 2005.

El 10 de noviembre de 2019, toda esta historia y rumbo sostenido con esfuerzo y sacrificio finalmente se quebró. Más allá de los errores, los hechos marcaron el tamaño de la desgracia y el retroceso: las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana sugiriendo la renuncia del presidente constitucional, la violencia extrema sembrada contra gente inocente a quien se persiguió, acosó, torturó y encarceló. La muerte autorizada por decreto, el desprecio a la vida humana, las masacres y ejecuciones sumarias de Sacaba y Senkata, de acuerdo al informe del GIEI-Bolivia, marcaron el fin prematuro. Una interrupción, se vería más adelante, de una democracia en construcción, que a todas luces parecía ya había superado todas las pruebas.

Una vez más fue el pueblo, el sujeto social fundamental que nunca deja de luchar contra la tiranía, la autocracia y la peor corrupción traducida en la explotación del hombre por el hombre, como diría Manuel Morales Dávila, quien desde la lucha, desde las calles y los caminos y desde el voto, le devolvió a la Nación la tan anhelada democracia.

El 10 de octubre, cuarenta años después, fue sin duda un día para reflexionar y valorar lo que tenemos. Quizá el quiebre constitucional de 2019 y el sufrimiento extremo que muchos de nosotros pasamos era necesario para valorar lo que es en realidad la democracia, para darnos cuenta de lo valiosa que es la libertad y el derecho. Parafraseando al presidente argentino Nicolás Avellaneda: “los pueblos que olvidan sus triunfos y sus derrotas, sus victorias y sus tragedias, pierden la conciencia de sus destinos”.

Ahora queda superar la página, hacer justicia, no por odio ni venganza, sino para evitar que algo así ocurra nuevamente en el futuro y sobre todo por respeto a quienes ya no están entre nosotros, fruto del golpe de Estado. Ahora toca profundizar la Revolución Democrática y Cultural, marcar definitivamente el fin del “Estado q’ara” como lo calificaría al Estado anterior a 2006 Eusebio Gironda Cabrera. Ahora toca también la estabilidad, la paz, la gestión y la construcción de una sociedad mejor en la senda de los últimos quince años, sin olvidar jamás este día.

(*)Héctor Arce Zaconeta es abogado, representante ante la OEA

El reciente 7 de septiembre, cuando en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos se llevaba adelante una sesión ordinaria del Consejo Permanente y se trataban temas variados desde un informe de la Misión de Observación Electoral en Paraguay, un homenaje a los pueblos afrodescendientes y la despedida de dos embajadores, el secretario general de la organización, Luis Almagro Lemes, una vez más hizo noticia, no por alguna intervención adecuada, oportuna o constructiva, acorde con lo que debería ser un secretario general, que como su nombre lo dice es un secretario, al servicio de los Estados que conforman la organización, no, hizo noticia una vez más por su irracionalidad, por su temperamento que lo muestran al borde de la pérdida de la razón y el absoluto descontrol personal.

Para sorpresa de todos cuando se hacía un comentario respecto a las misiones de observación electoral y su falta de transparencia en algunos casos como el de Bolivia en noviembre de 2019, dentro del cual no se ha contestado hasta ahora el pedido boliviano expresado en 12 comunicaciones solicitando información vital, el secretario general pidió la palabra y completamente fuera de sí empezó a leer algo que aparentemente lo tiene de pantalla de fondo en su computadora, esas conclusiones absurdas, irreales y mentirosas que también repitió vergonzosamente en la Cumbre de las Américas y que a estas alturas de los acontecimientos, parecería ser que las repite tratando quizá de expiar su conciencia y mentirse a sí mismo, mintiendo además a todo el auditorio, que quedó una vez más atónito al ver tanto delirio y tanta arrogancia para disfrazar la verdad.

Como dijo el embajador argentino Carlos Raimundi, le bastaba a Almagro entregar la información solicitada y aún si fuera como él dice, que la información es pública, ¿por qué no responder a una de las 12 cartas que se le envió diciendo eso mismo, que al final lo tuvo que decir gritando y agrediendo?, ¿acaso su cargo y la talla de la organización de integración más antigua del mundo no puede hacer lo que cualquier oficina o funcionario de bajo rango de cualquiera de los más de 30 países que conforman la organización debe hacer, responder cuando se le escribe y decir la verdad, bajo la obligación del pronto despacho?, ¿qué hay detrás de tanta oscuridad e irracionalidad? La verdad está cada vez más grande y firme frente a nosotros, grande, inmensa como una montaña: no hubo ninguna “manipulación dolosa de los resultados electorales” en 2019 y por eso cada vez más Almagro y su gente se van quedando solos y por eso cada vez ya no recurre a argumentos, ni razones, ya no respeta las formas y los procedimientos diplomáticos, ya no respeta ni siquiera el cargo que ocupa y la investidura que tiene.

Quizá también la razón de su enojo es que se siente cada vez más solo, que su retiro es pedido por presidentes y cancilleres una y otra vez, cada vez con más fuerza, que cargará en las páginas de las historias de la integración americana, con ser el único secretario general que asumió su cargo con 34 países miembros y lo dejará en los hechos, quizá con 31, quizá el abandono mutuo que tiene con la derecha boliviana, que ya no dice nada del supuesto fraude y a la que ya no defiende pese a haber sido el más férreo protector del gobierno golpista, o quizá porque siente que en cualquier momento las altas esferas van a terminar de darse cuenta que no sirve de nada tener un interlocutor irracional que nadie respeta y cuya sola presencia es la excusa perfecta para que la situación internacional, en algunos casos complejos, no se mueva un solo centímetro.

Al final del camino solo nos queda asegurar que por la dignidad de la Nación boliviana, por la memoria de los bolivianos que perdieron la vida en 2019, por la democracia boliviana, que como dijimos en esa controvertida sesión, no podrá cumplir 40 años de vida este 10 de octubre próximo, al ser interrumpida por responsabilidad del secretario general, la Memoria, la Verdad y la Justicia, y sobre todo la luz radiante de la verdad, terminarán por imponerse.

Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA.

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Immanuel Kant, en sus Observaciones sobre lo Bello y lo Sublime, nos decía: “Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado que está sobre mí y la conciencia de verdad y justicia, la ley moral que está dentro de mí” y es que uno puede tratar de engañar y mentir ante todo el mundo, pero al final del día, estando solo con su conciencia, sabe cuál es la verdad. Hoy, algunos opositores fracasados y algunos medios de comunicación que actúan por intereses mezquinos, han estado vertiendo una serie de falsedades sobre la nacionalización, las cuales caen por su propio peso y se destruyen al ser contrastadas con la luz radiante de la verdad.

Hoy la nación boliviana es un país diferente, hay un antes y un después del proceso de cambio que vivió Bolivia a partir de 2006. Es una certeza matemática imbatible, que a estas alturas del desarrollo histórico ya nadie puede negar y que será reconocida ampliamente por las futuras generaciones. Dos grandes aciertos marcaron en definitiva este punto de inflexión positivo: en lo político, el proceso constituyente, que dio como resultado el nuevo pacto social y político inmerso en la nueva Constitución de 2009 y, en lo económico, la nacionalización de los hidrocarburos y nuestras empresas estatales, lo que dio un giro definitivo a nuestra economía.

Hoy Bolivia es una nación digna, conocida y reconocida en el contexto internacional, una nación que cree en sí misma y que es un ejemplo, como nos lo dicen decenas de veces en el contexto multilateral. Le duela a quien le duela, Bolivia ahora es una referencia de crecimiento, estabilidad y desarrollo en la región, somos una nación que ha construido un paradigma diferente, una nación que ya no necesita gobernantes que vergonzosamente extiendan la mano para poder cubrir las necesidades más básicas de la administración pública, como ocurría en el pasado. La nacionalización y la recuperación de todo lo que los gobiernos neoliberales del pasado entregaron y concedieron con grandes hechos de corrupción fue la clave inequívoca de lo que hoy es una economía admirada y respetada en el contexto mundial. Quizá por eso el proceso de transformaciones revolucionarias, en poco tiempo, cumplirá dos décadas, las más productivas y favorables de toda nuestra vida republicana.

Pero para no caer en el grosero error en el que reinciden una y otra vez los detractores de la nacionalización veamos algunos datos objetivos y confiables: en materia de hidrocarburos, la gran nacionalización del 1 de mayo de 2006 generó para el país hasta la fecha la suma de $us 50.000 millones, según datos oficiales actualizados. Ésa es la ganancia de la nacionalización y ésa es fundamentalmente la base económica del nuevo Estado Social que se ha formado en Bolivia. Solo la empresa petrolera Chaco S.A. nacionalizada en 2009 ha generado para el país una utilidad neta superior a los 860 millones de dólares hasta la gestión 2021. YPFB Transporte —la antigua Transredes— nacionalizada en 2008 ha generado una ganancia hasta 2021 de aproximadamente 900 millones y YPFB Logística generó hasta hoy más de 18 millones.

En materia de electricidad, la Empresa Generadora de Electricidad Corani S.A. nacionalizada en 2010 logró una utilidad neta de más de 92 millones, Valle Hermoso una utilidad de más de 39 millones, Guaracachi una utilidad neta superior a los 48 millones, Transportadora de Electricidad una utilidad superior a los 225 millones y las comercializadoras una utilidad de 239 millones hasta la gestión 2021.

Pero vayamos a Entel, que es el ejemplo más demostrativo. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) quedó en manos de la empresa italiana Euro Telecom Italia, una empresa que hizo varias felonías en contra del Estado; fue nacionalizada en 2008 y hasta la fecha generó utilidades netas por una valor de 1.394 millones de dólares, haciendo un promedio anual de 107 millones. De este modo, Entel logra consolidarse como la empresa líder en telecomunicaciones, con más de seis millones de usuarios a lo largo de todo el territorio nacional. Solo en la gestión 2021 pudo destinar 47,5 millones de bolivianos al pago del bono Juancito Pinto, en beneficio de estudiantes del Subsistema de Educación Regular y Educación Especial; y contribuyó al pago de la Renta Dignidad, con más de 264 millones de bolivianos entre enero y noviembre de 2021.

Estos ejemplos demuestran de una manera absolutamente inequívoca no solo que la nacionalización fue para los bolivianos el mejor negocio y la mejor inversión, sino también que Bolivia es el país que más ha nacionalizado y que más beneficios ha obtenido de la nacionalización y que su accionar siempre estuvo apegado al Derecho Internacional.

Las nacionalizaciones que se han hecho bajo una fórmula simple y correcta han dado excelentes resultados para la economía del país, ya que como nunca en nuestra historia han posibilitado la generación de excedentes económicos, los cuales han sido redistribuidos a partir de las política sociales, haciendo que la extrema pobreza en nuestro país descienda de 38% a 16% en diez años, algo nunca visto en la región.

Bolivia, una nación que siempre había ocupado los últimos lugares en crecimiento y desarrollo, que era comparada con Haití y países del África subsahariana, increíblemente, después de la nacionalización logra por varios años consecutivos el máximo nivel de crecimiento de toda la región, segundo en Latinoamérica y primero en América del Sur.

 (*)Héctor Arce Zaconeta es abogado, representante ante la OEA

Hoy Bolivia es diferente, hay un antes y un después del proceso de cambio que vivió a partir de 2006.

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Los pueblos que olvidan sus desgracias e infortunios, pierden la conciencia de sus destinos”, decía el presidente argentino Nicolás Avellaneda, y es una gran verdad, ya que las naciones fuertes y dignas siempre se han construido sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas; quizá el ejemplo más grande de este hecho es Europa misma, que después de la Segunda Guerra Mundial, supo encontrar, sobre la base de la justicia en Núremberg un destino de paz, reconciliación y unidad.

En nuestro país, a lo largo de nuestra historia, lamentablemente tuvimos una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado, tenemos una suerte de impunidad constante con relación a las grandes violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra historia. Fue una excepción a esta regla la aprobación legislativa del juicio de responsabilidades contra Luis García Meza en febrero de 1986 por el Congreso Nacional instaurado en 1985 y el juicio mismo que llevó adelante la extinta Corte Suprema de Justicia, que dictó la sentencia de 21 de abril de 1993. Este histórico proceso tuvo como resultado que la memoria de cientos de personas asesinadas sea respetada, le dio a la nación boliviana el derecho a conocer la verdad de lo que realmente ocurrió en la dictadura de 1980 e hizo un mínimo de justicia con las víctimas de este episodio triste de nuestra historia.

Ya instaurada la democracia a partir de octubre de 1982, ocurrieron grandes violaciones de derechos humanos, cuando menos en dos oportunidades: octubre de 2003 y noviembre de 2019; y estos hechos, que además en esta última ocasión sobrevinieron a la interrupción del orden constitucional, hasta la fecha no encuentran la tan anhelada justicia. Los seres humanos, las personas que perdieron la vida en estos hechos, no son números, no podemos simplemente decir: “en octubre de 2003 murieron más de sesenta personas en El Alto y en noviembre de 2019 más de treinta en Sacaba, Senkata, El Pedregal y Montero”. Cada persona, cada hombre o mujer, que perdió la vida es un padre, un hijo, un hermano, su vida y su existencia es tan importante como la de cualquier gobernante; en eso reside el Estado de Derecho, en otras palabras, la vida de cada boliviano es la razón de la existencia misma del Estado. Quizá sobre esto valga la pena recordar la frase acuñada en el Imperio Romano, cuando en la cima de su poder y desarrollo el emperador Trajano sostenía que “Roma vale la vida de un hombre”; en definitiva, la vida de las personas y su protección es la máxima función de la sociedad jurídica y políticamente organizada, esta regla no puede ni debe exceptuarse jamás.

En Bolivia, la terrible pérdida de vidas humanas en 2019 vino acompañada de un verdadero quiebre constitucional, que tuvo su epicentro en el “informe preliminar” de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, publicado la madrugada de ese fatídico domingo 10 de noviembre. En cuestión de horas se dio la conferencia del Alto Mando Militar, donde en voz del propio comandante general se sugería la renuncia del Presidente constitucional, a lo que se sumó el pedido del comandante de la Policía Boliviana. Cuando las instituciones armadas de una nación “sugieren” la renuncia de un gobernante constitucional, es pues inequívocamente un “golpe de Estado”, algo que en Bolivia y en Latinoamérica no ocurría hace más de cuarenta años. A este hecho gravísimo le siguió una suerte de violencia extrema contra los colaboradores del expresidente, se tomaron rehenes a familiares y se los torturó, se quemaron casas, y todo indicaba que la violencia sembrada se tornaría terrible e incontrolable. Evo Morales no tuvo alternativa que presentar su renuncia en horas de la tarde de ese mismo día. Le siguieron el Vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras, justamente a razón de la violencia desatada. Es en esta situación que se da la grave comisión de delitos contra la Constitución por parte de Jeanine Áñez, quien la noche del 12 de noviembre, sin estar jamás en la línea de sucesión constitucional, sin esperar que la carta de renuncia del Presidente Constitucional sea leída y considerada, burlando todo el orden constitucional, se autonombra, primero presidenta del Senado y después, sin que se instale ninguna sesión, sin quorum, ni la más mínima formalidad, leyendo un papel, se autoproclama Presidenta de Bolivia; se traslada al Palacio Quemado y sin prestar juramento, como lo hicieron incluso los golpistas Natusch Busch y García Meza, recibe la banda presidencial y la medalla de Simón Bolívar de un oficial de las Fuerzas Armadas, lo que en los hechos simboliza y demuestra que el poder de ese gobierno apócrifo venía y se basaría únicamente en el uso de la fuerza armada.

Dos días después, el 14 de noviembre, no le tembló la mano a la expresidenta, de quien se sabe es abogada, y a sus ministros para firmar el tristemente célebre Decreto Supremo 4078, exceptuando en su artículo tercero de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas; un día después se da la “Masacre de Sacaba” y tres días después la “Masacre de Senkata”, en las cuales la represión fue tan brutal que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI Bolivia, formado por la CIDH, se cometieron “ejecuciones sumarias”, el crimen más horrendo, cruel y despiadado establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto, sin embargo, sería solo el principio, le seguirían cientos de personas heridas, miles de personas perseguidas, detenidas indebidamente, torturadas, asiladas, exiliadas, en lo que significó un verdadero año de terror para el pueblo boliviano.

Ahora bien, ante los ojos de la verdad, la lógica y la razón todos estos hechos no pueden quedar impunes, no por odio ni por venganza contra nadie, sino para que los bolivianos conozcamos la verdad y sobre todo, como diría Avellaneda, para que no perdamos la conciencia de nuestro destino, que indiscutiblemente debe estar al lado de la institucionalidad, la justicia, la paz, la resiliencia y la verdadera reconciliación en base a la verdad. En ese entendido, lo que se espera de una persona que se decía tan segura de sus actos de gobierno, tan déspota y temeraria en sus discursos, suprimiendo por antojo los derechos de las personas inocentes, es que ahora tenga la entereza de asumir un proceso en el que se le garantiza la presunción de inocencia, el debido proceso y el más amplio derecho a la defensa, elementos que ni ella ni su gobierno dieron a quienes sometieron cruel y humillantemente a sus designios llenos de odio, resentimiento, racismo y discriminación.

Finalmente, la nación boliviana, al haber sido víctima del accionar del Secretario General de la OEA y su rol en el quiebre constitucional de 2019, impulsa todos los días, junto a otras naciones del continente, una profunda investigación, íntegramente jurídica, de su accionar en el caso boliviano con el objetivo de sentar un precedente histórico para que nunca más a ninguna nación americana le ocurra lo que le ocurrió a Bolivia.

(*)Héctor Arce Zaconeta es abogado, embajador en la OEA