El 4 de enero se dio sentencia de 70 meses de cárcel, en los Estados Unidos, al exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, por los delitos de lavado de dinero y soborno, dineros que se llevó por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, que es la mayor prueba de la corrupción en ese régimen; sin embargo, este hecho no es el único; no olvidemos el caso de los respiradores en plena pandemia del coronavirus, los gastos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la disminución de deudas tributarias y otros que escapan a la memoria.
Con las masacres de Senkata y Sacaba hubo como resultado 37 muertos y más de un centenar de heridos, hechos que fueron calificados por organismos internacionales como delitos de lesa humanidad, cuando bajo el Decreto Supremo 4078 (emitido por Áñez) se liberó de responsabilidad a los policías y militares, quienes utilizaron armamento bélico contra la población. La responsable ahora se encuentra con sentencia, en primera instancia, en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; sus colaboradores huyeron del país, como Luis Fernando López, exministro de Defensa.
De acuerdo con la información proporcionada por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, existieron depósitos realizados por Luis Fernando Camacho y allegados a cuentas bancarias de uniformados y civiles, lo que puede explicar por qué la Fuerza Aérea salió a reprimir con armamento bélico y helicópteros. La prueba más contundente es el video en el cual Camacho indica que su padre “cerro con militares y policías”, por lo cual su lengua lo condena. También se dio a conocer que coroneles de la Policía lo protegían y lo disfrazaron, quienes se negaban a obedecer a un general al que ellos llamaban masista, esto es claramente una sublevación (de policías y militares) y un delito de cohecho (Camacho padre e hijo).
La actual detención del gobernador Camacho está justificada porque, se quiera o no, era el líder reconocido por los comités cívicos, incluso a nivel internacional cadenas como CNN lo destacaron como el líder que logró la renuncia del presidente Evo Morales. Este liderazgo tiene responsabilidad por las acciones y consecuencias que se dieron, más aún cuando se conoce que Camacho habría recibido varios depósitos bancarios de sus familiares y hombres de confianza, quienes tendrían que explicar en una investigación los orígenes de esos dineros depositados, como se lo hizo en Estados Unidos con Murillo.
No se puede dejar estos hechos impunes, el Estado boliviano tiene que generar justicia para las víctimas y hallar a todos los responsables, no se puede permitir impunidad con base en protestas y vandalismo, quemando y destruyendo las instituciones públicas y amenazando la integridad del país o encubrirse bajo un cargo público.
Jesús J. Luque es licenciado en Economía.