Desde que la guerra empezó entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, las economías están susceptibles a cualquier acontecimiento que empeore la situación en el mundo, pero en esta clase de conflictos bélicos en que se disputan territorios de carácter geopolítico entre estos países, quién podría ser un ganador fuera de la victoria de uno de los dos, con la pérdida irreparable de vidas humanas, la migración forzada de millones de personas, la destrucción de ciudades y los efectos sobre la economía de esa región, los cuales han llegado a esta parte del mundo.

Para empezar, antes de la guerra el consumo de hidrocarburos en Europa tenía la siguiente procedencia: en gas, el 46,8% de Rusia, el 20,5% de Noruega, el 11,6% de Argelia y el 6,3% de EEUU, y el restante 14,8% de otros proveedores; en petróleo, se le suministraba el 27% también de este primer proveedor, Rusia, siendo entonces esta región altamente dependiente de estos recursos y constituyéndose en un arma para Putin para maniatar a Europa. Empezada la guerra, este proveedor fue sometido a innumerables sanciones financieras con el objeto de dejarle sin recursos y así no poder sostener la invasión a Ucrania, como: la congelación de sus activos por la Unión Europea, el bloqueo a sus bancos y empresas públicas en los mercados financieros y aerolíneas, la prohibición de tecnología y el traslado de ésta en los rubros aeronáutico, de defensa y petrolero, cerrándole espacios aéreos, hasta sanciones como las que impusieron Australia, Japón y Canadá destinadas a ciudadanos rusos, con la suspensión de visas y también a organizaciones con ese origen.           

Ha pasado un año y cuatro meses y la guerra continúa, las sanciones impuestas no han tenido el resultado deseado, los medios de comunicación muestran imágenes de las arremetidas de un ejecito contra el otro. Rusia ha dejado de proveer estos recursos a esta región, lo que ha generado una alta demanda por parte de Europa, elevando los precios y provocando una inflación a nivel mundial, como la de Suecia con 10,5%, Reino Unido 8,7%, la Zona del Euro con 6,1% y EEUU con 4%, lo que ha llegado a Sudamérica, como se muestra con Colombia, con 12,4%, Chile con 8,7%, Perú con 7,9% (aquí cerquita). Efecto que ha sido combatido de una forma generalizada con una medida ortodoxa, con la subida de las tasas de Interés, pero que también ha causado otro efecto en los agentes económicos: ante un panorama de incertidumbre los inversionistas preferirán poner su dinero en los bancos, donde su dinero estará seguro y ganará interés, pero esto afectará directamente a la inversión, causando un tendencia a la recesión.

Este panorama negativo y la necesidad de gas en Europa han sido la oportunidad para que EEUU se convierta en el mayor exportador de este recurso, proveyendo a esta región con el 70% del gas, con un precio 40% mayor del que le vendía Rusia, multiplicando así sus ganancias. Otros beneficiarios son India y China, que compran petróleo ruso con entre 30% y 40% de descuento.

Entonces, EEUU es el primer ganador en esta guerra, beneficiándose de buenas ganancias cuando la gente muere y sufre, siendo un buen negocio, y tiene sentido seguir apoyando a Ucrania, aprobando ayuda militar para este país por un valor de $us 3.750 millones y enviando $us 32.000 millones en armamento.

Jesus J. Luque es licenciado en Economía.

Repite, repite que algo se te queda, era la frase que mi profesor de colegio usaba para enseñar varias lecciones en sus clases, la cual tiene hasta cierto punto verdad. Este método es usado por varios analistas económicos para poner en la mente de la población ciertos temas y causarles incertidumbres, como por ejemplo, “el gas se nos acaba”, “el gas se está haciendo gas”, “nos estamos volviendo Cuba”, “dónde están los washingtones”, “solo tenemos 10 días de reservas internacionales”. Estas son las constates frases repetidas por algunos conocidos analistas económicos, los cuales no es necesario mencionar, a quienes algunos medios de comunicación les dan una desmedida cobertura.

Frases que parecen estar asiladas del mundo, sin tomar en cuenta el contexto internacional. Recordemos primero que el mundo acaba de salir de una pandemia que detuvo la actividad económica, donde las tasas de interés bajaron a su mínima expresión. Posterior a esto empezó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que disparó el precio del petróleo, causando una inflación por las medidas tomadas por la Unión Europea en contra de Rusia. A esto, los bancos mundiales tomaron la medida ortodoxa de subir las tasas de interés, lo que afectó directamente las expectativas de los agentes económicos, quienes vieron más atrayente invertir en los bancos, con tasas de interés más altas, lo que afectó directamente a los bonos soberanos, causando una caída en su cotización, los cuales tienen una tasa de interés fija.

Este efecto causó la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), que era uno de los bancos más grandes en EEUU y Credit Suisse (del cual su futuro es incierto), el First Republic Bank, que compraron bonos cuando la tasa de interés era baja. Teniendo esto un efecto en la liquidez, lo cual llegó a nuestra región retrasando los pagos de Argentina por la venta de gas, los pagos a los exportadores en divisas norteamericanas.

Como se puede ver, ninguno de estos acontecimientos son tomados en cuenta por estos analistas, que solo anuncian debacles en nuestra economía, lo que sería causado por un elevado déficit fiscal, provocado por gran número de funcionarios públicos. Con lo que se demuestra que estos analistas no entienden qué es un modelo económico, ni el objeto de este en su aplicación.

Bolivia no está aislada del mundo, o por encontrarnos a los 3.600 metros sobre el nivel de mar estamos inmunes a cualquier acontecimiento. Lo que el Gobierno necesita es mayor margen de acción para seguir conservando la estabilidad y generar mayor crecimiento de la economía, a lo que ayudaría mucho el proyecto de ley de compra y venta de oro para fortalecer las Reservas Internaciones Netas (RIN), las cuales han sido destinadas a proyectos de inversión, para diversificar la economía y generar nuevos ingresos.

Y lo que extraño de estos analistas es no verlos haciendo fila en el banco central comprando dólares para conservas sus activos, pero sí repetir y repetir que estamos mal.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

El 22 de febrero, después del Carnaval, que es la fiesta principal de Santa Cruz con su tradicional Corso, a la cual se opusieron seguidores de Luis Fernando Camacho, el presidente saliente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, en conferencia conminó al presidente Luis Arce a promulgar una ley de amnistía para todos los “presos políticos”, caso contrario se llevaría adelante un referéndum revocatorio de mandato. Esta fue la última pataleta del cívico, la cual fue contestada al día siguiente por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, con una contundente negativa y entre muchas otras cosas le hizo recuerdo que el presidente fue electo por más del 55% en una elección nacional.

Pero el ente cívico, que dice ser democrático, fue denunciado por actos de manipulación y discriminación al inhabilitar al candidato Reinerio Vargas, vicerrector de la UAGRM, quien tendría un apoyo popular y no así de los grupos de poder económico como son las logias cruceñas. De esta manera quedó un único candidato y nuevo presidente, Fernando Larach y Stello Cochamanidis como primer vicepresidente, elegidos por 209 personas.

Las logias cruceñas también se encontraban incrustadas en el poder nacional y el gobierno de facto de Jeanine Áñez no fue la excepción; ahí tenemos a Branko Marinkovic Jovičević, Karen Longaric Rodríguez y Arturo Murillo Prijic, quienes tuvieron una gestión desastrosa. En otros gobiernos neoliberales participaron Peter Maldonado Bakovic, Mirtha Quevedo Acalinovic, Fabián II Yaksic Feraudy, Yerko Kukoc del Carpio, Vladimir Tonchy Marinkovic Uzqueda, José Eduardo Rivera Eterovic y todos los “vic” conocidos. Estos descendientes de migrantes (en su mayoría croatas) se constituyeron en el país escapando de la Segunda Guerra Mundial y de conflictos regionales de Europa; se organizaron y tomaron posesión de la tierra en varios países de Latinoamérica, y con el tiempo lo hicieron con la representatividad en las instituciones y formaron parte de los grupos de poder, acumulando riqueza aprovechando y siendo parte de los gobiernos de turno. En Bolivia, se encuentran atrincherados en el Comité Cívico cruceño, quienes a nombre de “libertad y democracia” buscan desestabilizar y generar conflicto a un gobierno democráticamente electo, queriendo imponer como algo novedoso una “economía neoliberal” que los bolivianos sabemos no deja nada bueno a la mayoría de la población.

El plan de los cívicos, en una primera instancia, se estructuró a través de la autonomía, la cual no ejercen en su verdadera extensión; en lo político, por sus pugnas internas no aplican su Estatuto Autonómico, como el ejemplo de la ausencia del gobernador, lo cual tiene una argumentación absurda, con el único fin de no dejar que el subgobernador tome posesión porque ya no es el hombre de confianza, por el solo hecho de saludar al Presidente, vale decir que lo educado y cortés también debe desaparecer en esta guerra política; ahora buscan un federalismo, con el cual supuestamente lograrían una “menor intervención del centralismo”, y la pregunta sería: ¿será que es el inicio de la independencia de la Nación Camba? Estos cívicos sin patria, que desconocen a nuestros próceres y quieren imponer su propio libertador (Warnes), pretenden un nuevo relacionamiento con el Estado boliviano, todo para velar por sus intereses políticos y económicos, generando conflictos sociales y delincuenciales y buscando sabotear la economía de los bolivianos.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía

Este 2023 se cumplen 20 años de las masacres de ‘febrero y octubre negros’, hechos luctuosos que se encuentran en la historia reciente de nuestro país; los jóvenes de entonces, hoy mayores, recuerdan todavía con dolor esas pérdidas.

En febrero de 2003, un “impuestazo” pretendía congelar los salarios e incrementar el impuesto a los ingresos en un 12,5%, eliminar el crédito fiscal con facturas del RC-IVA y ampliar el universo de contribuyentes para cubrir un déficit fiscal del 8,9%, y reducir el Impuesto o las Transacciones (IT) a las empresas que explotaban los hidrocarburos; claramente un beneficio económico para las transnacionales. Sin embargo, ello terminó en un motín policial que junto a la ciudadanía se enfrentó contra militares, con un saldo lamentable de 34 muertos y 200 heridos.

En octubre de ese año, la coalición de gobierno, conformada por MNR-MIR-NFR y ADN, al ver frustrada la medida y tener pésimos resultados de la capitalización porque las empresas transnacionales se llevaban jugosas ganancias y el país no tenía ni para pagar sueldos, intentó vender el gas de los bolivianos a un precio regalado a los Estados Unidos y sacarlo por puertos chilenos, lo que causó una protesta generalizada de la población. La represión en la ciudad de El Alto fue desmedida, como la de Villa Ingenio y de la Avenida Panorámica, donde recibieron la metralla de las tanquetas de la “caravana de la muerte”, teniendo un fatídico resultado de 60 muertos y 400 heridos, lo que derivó en la renuncia y huida de Goni.

Las víctimas hasta la fecha no han encontrado justicia y menos les han resarcido sus daños, quienes han tenido que seguir procesos por su cuenta a los responsables en el país del norte, lugar que los acogió después (como una protección de sus aliados) de su huida del país, en busca de impunidad.

Han pasado 20 años de esos dolorosos hechos, la pregunta es ¿por qué la población se sintió indignada por esas medidas de 2003? Revisando datos y comparándolos a 2021, el salario mínimo nacional era tan solo de Bs 440, subiendo al presente en 411%; el PIB nominal era solo de $us 8.093 millones, creciendo a $us 40.703 millones; el PIB per cápita era de $us 908, subiendo a $us 3.437. La inversión pública ejecutada solo llegaba a $us 500 millones, la programada a 2022 fue de $us 5.015 millones, lo que explica la importancia de la demanda interna. Ahora la población se beneficia de gas domiciliario, el cual tiene un bajo costo y el gas licuado (en garrafa) mantiene su precio, esto gracias a la política económica del Gobierno que prioriza el mercado interno con precios justos, así como otras medidas que cuidan la economía de la población, lo que demuestra que ésta ha crecido con estabilidad en estos años.

La estabilidad es una cualidad económica que no implica suerte o que se da por algo natural, se da por la aplicación de medidas que buscan un bienestar social más que financiero, razón por la cual es algo que los jóvenes de hoy tienen que valorarla y cuidarla.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

El 4 de enero se dio sentencia de 70 meses de cárcel, en los Estados Unidos, al exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, por los delitos de lavado de dinero y soborno, dineros que se llevó por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, que es la mayor prueba de la corrupción en ese régimen; sin embargo, este hecho no es el único; no olvidemos el caso de los respiradores en plena pandemia del coronavirus, los gastos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la disminución de deudas tributarias y otros que escapan a la memoria.

Con las masacres de Senkata y Sacaba hubo como resultado 37 muertos y más de un centenar de heridos, hechos que fueron calificados por organismos internacionales como delitos de lesa humanidad, cuando bajo el Decreto Supremo 4078 (emitido por Áñez) se liberó de responsabilidad a los policías y militares, quienes utilizaron armamento bélico contra la población. La responsable ahora se encuentra con sentencia, en primera instancia, en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; sus colaboradores huyeron del país, como Luis Fernando López, exministro de Defensa.

De acuerdo con la información proporcionada por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, existieron depósitos realizados por Luis Fernando Camacho y allegados a cuentas bancarias de uniformados y civiles, lo que puede explicar por qué la Fuerza Aérea salió a reprimir con armamento bélico y helicópteros. La prueba más contundente es el video en el cual Camacho indica que su padre “cerro con militares y policías”, por lo cual su lengua lo condena. También se dio a conocer que coroneles de la Policía lo protegían y lo disfrazaron, quienes se negaban a obedecer a un general al que ellos llamaban masista, esto es claramente una sublevación (de policías y militares) y un delito de cohecho (Camacho padre e hijo).

La actual detención del gobernador Camacho está justificada porque, se quiera o no, era el líder reconocido por los comités cívicos, incluso a nivel internacional cadenas como CNN lo destacaron como el líder que logró la renuncia del presidente Evo Morales. Este liderazgo tiene responsabilidad por las acciones y consecuencias que se dieron, más aún cuando se conoce que Camacho habría recibido varios depósitos bancarios de sus familiares y hombres de confianza, quienes tendrían que explicar en una investigación los orígenes de esos dineros depositados, como se lo hizo en Estados Unidos con Murillo.

No se puede dejar estos hechos impunes, el Estado boliviano tiene que generar justicia para las víctimas y hallar a todos los responsables, no se puede permitir impunidad con base en protestas y vandalismo, quemando y destruyendo las instituciones públicas y amenazando la integridad del país o encubrirse bajo un cargo público.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.