Sin el propósito de enturbiar las “fiestas julias” que a lo largo de este mes vienen impulsando las autoridades paceñas, principalmente el gobierno municipal, abordamos hoy un tema por demás espinoso: el tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de La Paz. No todo debe ser jolgorio, entrega de obritas a diestra y siniestra, también es importante recordar las carencias y, sobre todo, volcar las miradas hacia el conjunto y hacia el mediano y largo plazos.

De hecho, entre las obras propagandizadas estos días está el entubado en Obrajes de otro tramo del río Choqueyapu sobre el que, como remache, se proyecta construir una “bella avenida”. Permítasenos decir que esto resulta siendo no solamente ocultar la basura debajo de la alfombra, sino que es exactamente lo que hay que hacer para agravar el problema.

Nos explicamos. Según los especialistas, un caudal de agua servida para en cierta medida regenerarse, necesita espacios para correr holgadamente y para tomar contacto con la luz solar. Dichas aguas eliminan gérmenes patógenos pero no vuelven a ser potables de manera natural; con los movimientos y con el soleado, se hacen semi-potables aptas para regar sembradíos alimenticios. Está ocurriendo lo contrario: canalizaciones y entubados que traban el correr de las aguas y le disminuyen su relación con el sol, mientras avanza a pasos acelerados el crecimiento de la población y la mancha urbana en las subcuencas y la cuenca central que, entre otros aspectos, significa el aumento de las descargas que llegan al río y el acortamiento de la distancia entre estas y los terrenos tradicionalmente dedicados a la producción agrícola, principalmente en el municipio de Mecapaca.

¿Qué han hecho los diferentes gobiernos municipales para evitar que el río Choqueyapu siga siendo la cloaca de la ciudad de La Paz? La respuesta es contundente y lapidaria: ¡absolutamente nada! Vale la pena subrayar que este no es el caso de municipios como el de Santa Cruz de la Sierra por ejemplo, donde según se sabe, la obtención de agua potable de profundos pozos perforados es menos cara que el tratamiento de las aguas servidas, pero a nadie se le ha ocurrido por eso utilizar el río Piraí para tales menesteres.

Ante la gravedad del asunto, hace más de 10 años se comenzó con los estudios involucrando al Ministerio de Agua, la Gobernación de La Paz y municipios concernidos, ciudades de La Paz y El Alto, y rural-urbanos como Mecapaca, Achocalla y otros. Salta a la vista que las soluciones solo son posibles en el marco de la metropolización, es decir de esfuerzos mancomunados. Pero sospechamos que tales estudios y proyectos, que seguramente costaron un montón de plata, duermen empolvados en las gavetas de un recinto burocrático mientras algunas autoridades están más dedicadas a cosechar coimas, como lo ocurrido precisamente en dicho ministerio.

Entretanto, “saludando de julio el gran día” reclamamos a quienes corresponda:

— Información y actualización urgente de los estudios y estado del proyecto de tratamiento de aguas servidas de la cuenca del río Choqueyapu.

— Inventario completo de las industrias que arrojan partículas de metales pesados, principalmente cromo de curtiembres (materiales que el agua no puede eliminar de forma natural). Conminatoria a que tales industrias procesen las aguas que utilizan antes de echarlas al río.

— Suspensión y control estricto del infame tráfico de escombros: empresas constructoras depositan desechos de las demoliciones en lugares inapropiados, principalmente a orillas de caminos, en el lecho de ríos y riachuelos. De regreso sus volquetas llevan arena lavada, piedra y otros materiales limpios para la construcción.

— Verificar si se cumple rigurosamente el tratamiento diferenciado de desechos hospitalarios.

Ya es hora de que “Nuestra Señora de La Paz” comience a pagar las deudas que tiene con su entorno.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

El movimiento campesino boliviano tiene como uno de sus hitos fundamentales la creación de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuya base social es muy variada y multiforme. Cabe recordar que el evento fundacional fue un primer congreso nacional realizado hace 44 años, el 27 de junio de 1979. Si bien contaba en lo inmediato con el apoyo y los auspicios de la COB, no es menos cierto que era el resultado de un largo proceso de maduración y de enconadas luchas parciales por conquistar la autonomía organizativa que rompa con el manoseo ejercido desde el Estado, primero por los gobiernos del MNR y después por los regímenes militares.

En esa etapa juega un rol muy destacado el líder aymara Genaro Flores Santos, elegido como máximo dirigente de la CSUTCB en tres congresos consecutivos (de 1979 a 1987). Rebasando la camisa de fuerza de la estructura “sindical”, Flores encarnó una visión autóctona de reivindicación étnico-cultural expresada en la recuperación de las figuras míticas de Túpac Katari y Bartolina Sisa, el uso cada vez más frecuente de la wiphala y la pugna por ampliar los espacios de participación campesina en el seno de la COB. En tales circunstancias, se produce el golpe de Estado narcofascista de García Meza que frena este curso y desmantela el directorio de la COB. Genaro quedó al mando de un pequeño núcleo clandestino de la resistencia que es detectado y avasallado por el aparato represivo, que lo hiere de un disparo al momento de capturarlo (19 de junio de 1981), dejándolo sin poder caminar por el resto de su vida. Genaro Flores Santos, nacido en la comunidad Atipampa, provincia Aroma del departamento de La Paz en septiembre de 1942, falleció en agosto de 2019. Que sepamos no existen plazas, calles ni sitios geográficos que lleven su nombre.

Los sindicatos agrarios son una realidad, especialmente allí donde las comunidades fueron debilitadas o destruidas por el sistema de haciendas, así como también subsisten autoridades originarias en muchísimas comunidades. Ni los unos ni las otras son formas de organización químicamente puras. En muchas partes los sindicatos actúan como gobierno comunal y han heredado formas de funcionamiento típicas del ayllu como la rotación anual y las asambleas comunales, a su vez no es de extrañar que muchas autoridades originarias asuman modalidades aportadas por los sindicatos agrarios por ser más apropiadas para su intervención en el ámbito municipal. Puede decirse entonces que a nivel local se mezclan y complementan estas formas organizativas. Pero no ocurre lo mismo a nivel supracomunal donde a través de subcentrales, centrales o federaciones departamentales, tiene supremacía la estructura sindical y, de hecho, la CSUTCB ejerce la máxima representación a nivel de todo el país.

Desde que, en 1995, un congreso de la CSUTCB tomó la decisión de forjar un instrumento político propio, ha corrido mucha agua bajo los puentes. El llamado “Pacto de Unidad” surgido en 2002 articuló a todas las organizaciones campesino indígenas del país: CSUTCB, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-“BS”), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias (CSCIOB, excolonizadores), Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq). No se crea que este acuerdo es una taza de leche, hubo conflictos, contradicciones, salidas y entradas, recomposiciones y paralelismos a granel. Pero es dable sostener que la CSUTCB es la organización de mayor peso político, la columna vertebral del proyecto y por tanto la que tiene mayores responsabilidades a la hora de salvar la unidad, tanto al interior del “pacto” como con el conjunto de organizaciones populares que sostienen el proceso de cambios iniciado en 2006 y que en la actualidad está atravesando sus peores momentos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Posiblemente escuché en mi infancia esta frase por primeras veces de labios de mi abuelo Natalio. Descubro ahora que se trata de una antigua expresión medieval que hace alusión inequívoca a situaciones límite que demandan soluciones enérgicas y radicales. Etimológicamente, es muy probable, hace referencia al médico que tiene que amputar un órgano antes de que se extienda una infección. “Emplear el procedimiento más rápido, brusco y sin miramientos para solucionar o zanjar un problema o discusión”, dice una definición hallada por ahí.

Me suena, estimado lector, que esta sería la única manera de frenar la epidemia de corrupción que parece haber rebrotado en el país.

Sin ser los únicos, tres casos emblemáticos, casi simultáneos, ilustran esta aseveración.

El del Ministerio de Medio Ambiente y Agua lleva el asunto al seno mismo del Poder Ejecutivo y pone en duda no solamente el comportamiento ético de los más altos funcionarios, sino que también muestra la total ineficiencia de los mecanismos de transparencia y control social.

En el caso del Banco Fassil, considerado ya como la “estafa del siglo”, la pregunta es si la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), cumpliendo estrictamente su rol institucional, no debió intervenir oportunamente para evitar el colapso total que se ha producido. Si los empresarios mafiosos hicieron lo que hicieron en Fassil durante años, significa que la tal supervisión no es efectiva o no se aplica por alguna razón desconocida. Cabe preguntar: ¿no habrá casos similares en el conjunto del sistema bancario? Si con el respaldo de sectores oligárquicos locales, atenidos a los sagrados intereses de la propiedad privada y el secreto bancario, robaron tanto dinero, otros pueden estar practicando trucos parecidos.

Y por último, el caso del “narcoavión” que cuando escribimos estas líneas estaba al rojo vivo, tiene tantos bemoles que es posible sostener rotundamente que el traslado de casi media tonelada de cocaína hasta el aeropuerto de Barajas, en España, solo pudo haber ocurrido gracias a un verdadero entramado de corrupción instalado en diferentes espacios y niveles: fabricantes y propietarios de la droga, transportistas, Policía, Aduana, administración y control de aeropuertos, empresa aérea y otros.

Únicamente si el Gobierno deja de lado las medias tintas, si se deshace de lealtades compradas con prebendas, es decir si decide cortar por lo sano, se perfilará un mensaje claro: funcionario que asome las uñas, sabrá que le pueden cercenar los dedos o la mano entera, y aquel que por omisión no haga lo que tiene que hacer, podría no perder la mano pero sí el cargo con toda seguridad.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

En varios países de América Latina hay expresidentes, exministros y exaltos personeros de gobierno que guardan detención o están siendo encausados judicialmente por delitos de corrupción. La mayor parte de los debates que esto genera, coincide en afirmar que el fenómeno es muy antiguo y se ha extendido tanto que resulta poco menos que imposible erradicarlo. Por esta vía se tiende a tolerar prácticas corruptas y finalmente a convivir con ellas, tal si fueran un mal incurable.

Por lo dicho, suena muy bien la frase: “cero tolerancia a la corrupción”, esgrimida en las campañas electorales. El problema es que, por agotamiento, por contaminación, por ausencia de principios éticos, o por lo que sea, estas palabras no se aplican, se quedan en el aire, como nada más que una bonita frase.

Es cierto que el tema viene de muy lejos, no es nada nuevo. Y lo mismo si advertimos su intensa propagación en determinados momentos.

Pero se equivocaron quienes suponían que la corrupción a lo grande era exclusiva del modelo neoliberal, ejecutada por funcionarios de cuello blanco. A la vuelta de muy poco tiempo de instaurado el gobierno de Evo Morales se produjo el escandaloso caso de Santos Ramírez, que motivó no solo su destitución, sino su encarcelamiento por 10 años. No ocurrió lo mismo, bajo el mismo régimen, en el caso del Fondo Indígena; solo detenciones preventivas esporádicas, investigaciones de nunca acabar y contraacusaciones que convirtieron en víctima al principal denunciante, Marco Antonio Aramayo. Estos dos casos resultan emblemáticos para ilustrar ambas posiciones. Intolerante con la corrupción el primero y tolerante y laxo, el segundo.

Una enérgica labor de fiscalización de parte de los órganos públicos, ensamblada con un eficiente control social, hubiera permitido afianzar la tendencia de rechazo radical a la corrupción y hubiera achicado la posibilidad de que la Justicia haga sus acostumbradas trapacerías para salvar a los corruptos.

A partir de la Constitución Política del Estado existe un abultado armazón legal para la lucha anticorrupción, entre otras leyes, la 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y el Código Penal vigente. Que esta legislación puede ser mejorada y complementada (tarea que la oposición se empeña en sabotear) es un asunto, pero que nadie diga que faltan mecanismos legales para perseguir y sancionar a los que incurren en corrupción, en verdad lo que falta es voluntad política para hacerlo. Con un enfoque integral proponemos examinar estos aspectos:

— Comete delito quien recibe coimas, pero también quien las otorga.

— No basta con decomisar artículos y objetos de contrabando, el o la contrabandista debe ir a la cárcel y los bienes incautados ser sometidos a estricto control, al igual que los vehículos denunciados por robo.

— Los altos funcionarios públicos, desde el Presidente para abajo, deben abstenerse de colocar a sus parientes en la administración pública.

— Todas las instancias del Estado deben proporcionar información actualizada y facilitar el acceso a ella de parte de la ciudadanía en general. Asimismo, responder de forma oportuna y completa a las preguntas que les sean formuladas.

— Hace falta reformular y reglamentar la labor de las Unidades de Transparencia, incluyendo sanciones drásticas para quienes no cumplan sus responsabilidades.

— Las organizaciones sociales, fundamento del proceso actual, deben renunciar a prácticas prebendales y lo propio las instancias de gobierno que las fomentan. Incurrir en ellas no solo revela falta de respeto mutuo, sino que también siembra las semillas de la corrupción y debilita la participación en el control social.

— El rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, inevitablemente revestido de confrontación política, necesita urgentes ajustes que lo hagan efectivo.

Si lo ocurrido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no provoca un viraje hacia la cero tolerancia a la corrupción, nos esperan días amargos y borrascosos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

La cuestión del litio es de la más alta importancia y sentimos que no se le está dando la atención que requiere. Pareciera que, infelizmente, el tema ha ingresado al ámbito de la politiquería menuda donde se disputan prebendas y espacios de poder y donde están ausentes las miradas estratégicas sobre el uso de los recursos naturales, sobre nuestra inserción en los mercados y otros aspectos clave para el desarrollo del país.

Hay un sordo debate entre las dos fracciones escindidas del partido de gobierno. Unos que desconocen o niegan deliberadamente los avances en la materia alcanzados entre 2006 y 2019 y ayudan a propalar el rumor de que “no se hizo nada en tantos años” y que “se gastó más de mil millones de dólares sin resultados”. Por supuesto, olvidan que ellos son corresponsables de todo lo que, mal o bien, se hizo o no se hizo en ese periodo. Tampoco recuerdan que en esos momentos les tocaba cumplir su rol fiscalizador desde el Parlamento, la Contraloría y otras instancias del Estado y asimismo brindar condiciones para un mejor ejercicio del control social. Se fiscaliza, hay que recordarles, no solo a los opositores sino a todas las ramas de la gestión pública; la fiscalización no es una herramienta barata para destruir oponentes. Pero, lo más grave es que en lugar de proporcionar información valedera y facilitar el acceso a las fuentes, se maneja el tema como elemento propagandístico en lo que ya parece una desaforada campaña electoral.

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Los del otro bando, destacan los logros en el proceso de aprovechamiento de estos recursos, asumiendo que cualquier proyecto de tales características demanda entre 10 y 12 años para obtener resultados, más aún si el punto de partida es cero, en vías de comunicación, transporte, energía, agua potable y otros. Sostienen tener todas sus cuentas al día y estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de auditoría. Muestran como uno de los ejemplos exitosos la puesta en marcha de una planta piloto de carbonato de litio que ya empezó a producir y habría logrado con creces recuperar la inversión realizada; precisamente esta prueba piloto sentó los fundamentos para la construcción de una planta de escala industrial que no se explican por qué el Gobierno actual no la pone en funcionamiento. Preguntan por qué en vez de enriquecer y ajustar el Plan Maestro que se venía aplicando, simplemente parece que lo hubieran descartado. También preguntan ¿por qué no se recontrata a personal profesional altamente calificado despedido en noviembre de 2019?

Y la interrogante que nos habíamos planteado a nosotros mismos: ¿Qué se hizo entre 1993 y 2006? La respuesta es muy simple: Nada, excepto nuevos estudios de universidades bolivianas por lo general asociadas a entidades extranjeras. Da la impresión de que el Salar de Uyuni ya hubiera sido investigado del derecho y del revés, pese a lo cual siguen existiendo vacíos enormes de información para la mayoría del público no especializado.

El primer intento en 1990 era un acuerdo con la Lithium Corporation (Lithco), gestionado por Paz Estenssoro por invitación directa, sin licitación alguna y como parte de la aplicación del modelo neoliberal en el marco del levantamiento de las reservas fiscales. El borrador de convenio con la Lithco le fue heredado al sucesor, Paz Zamora, quien no tuvo ni la fuerza ni la habilidad de llevarlo adelante. En 1993, fracasó el segundo intento de firmar un acuerdo con la misma empresa, luego de un cuestionado proceso de licitación. De ahí en más no ocurrió nada relevante.

Solo a partir de 2006 se retomó el tema y luego de algunos tanteos se definió una estrategia y en 2008 se dieron los primeros pasos concretos.

Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región.

Carlos Soria Galvarro es periodista