Comicios del ‘todo vale’
El silencio y la inacción del Tribunal Supremo Electoral está consagrando la riesgosa lógica del ‘todo vale’
Cuando faltan solo tres meses para la jornada electoral del domingo 20 de octubre, una constatación preocupante, por sus implicaciones, es la reiterada vulneración de la normativa en materia de propaganda electoral y uso de recursos públicos para fines de campaña. Todo ello, con el deplorable silencio e inacción del TSE, que está consagrando la riesgosa lógica del “todo vale”.
Tanto la Ley del Régimen Electoral como el Reglamento para las Elecciones Generales 2019 aprobados por el TSE establecen plazos y prohibiciones para la difusión de propaganda electoral en espacios públicos y en medios de comunicación. Por tanto, hay reglas vigentes para la promoción de las candidaturas y programas de gobierno, así como para la solicitud del voto. Lo mismo ocurre con la referencia normativa explícita sobre el uso de recursos, bienes y servicios públicos durante procesos electorales.
La propaganda electoral en espacios públicos está habilitada formal y legalmente, incluido el calendario electoral, a partir de este lunes 22 de julio. Empero, diferentes organizaciones políticas y binomios presidenciales están en campaña desde hace seis meses, en parte por efecto de las primarias. Es evidente que en este caso la ley es de difícil cumplimiento, pues no puede impedirse el proselitismo político en medio de un proceso electoral. Habrá que asumirlo en una futura reforma normativa.
En cuanto a la propaganda electoral en medios de comunicación, la legislación establece que solo está permitida 30 días antes de la votación; esto es, recién a partir del 20 de septiembre. Sin embargo, al menos tres candidatos presidenciales están difundiendo spots pagados en televisión, y otros tantos lo hacen en redes sociales. Incluso se difundió una propaganda negativa contra un candidato por cuenta de una organización social, lo cual está expresamente prohibido por ley. Todo vale.
Y respecto a los servidores públicos de cualquier jerarquía, la norma establece la prohibición de hacer campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones públicas, así como el uso de recursos públicos para fines de propaganda electoral. Un caso emblemático al respecto es el mensaje presidencial de intercambio de votos por obras en un acto de gestión pública, hecho por el cual pidió disculpas. El caso está congelado, tras ser derivado por el TSE a un juez electoral, quien lo devolvió sin resolución.
Este camino del “todo vale”, quizás sin retorno, en materia de propaganda electoral y uso de recursos públicos, además de vulnerar la ley, malogra y oscurece el proceso electoral. Sin límites ni sanciones, es bastante probable que se estén abriendo las puertas a una incontrolable “guerra sucia”. Preocupa al respecto que el TSE, incluso ya habiendo convocatoria para las elecciones, haya optado por no pronunciarse o, ante denuncias o acciones de oficio, postergue sine die las decisiones que correspondan.