Es materia de una discusión profunda cimentada bajo confianzas y búsqueda de salidas todo lo que en rigor técnico compete al debate en torno al evento del Censo: cartografía, levantamiento de datos, redistribución fiscal, escaños u otros. No obstante, a pesar de ello, va quedando claro que algunos grupos con fines políticos instrumentalizan como ventaja la complejidad que contiene este evento técnico para acelerar su tránsito hacia los aspectos políticos que inevitablemente de él derivan. Echando mano de poco nobles operaciones informativas que incluyen el uso del desorden de la discusión como importante ingrediente.

A todo ello se suma que en los tiempos que corren, los escenarios políticos se han complejizado de múltiples maneras. Asistimos, al día de hoy, a una práctica política cuya alta focalización en lo que se dice/promete por encima de lo que se hace/resuelve, la vuelve un terreno donde muchas veces hay exceso de discursividad y muy poco margen de acción. Acción política que es requerida por fuera de los reflectores mediáticos, los amplificadores digitales y las amenazas de muerte civil que abundan en este conflicto, desnaturalizando la esencia mínima que debe contener una conversación en democracia.

Poco útil será seguir reflexionando sobre las dinámicas de la política actual y cómo ésta se pone en escena en lo que para la ciudadanía es más visible y noticioso: el performance político en los medios y las calles, si es que simultáneamente no nos detenemos a pensar en nuestra institucionalidad democrática a la luz de todo este nuevo escenario. Y con ello hago referencia al enorme desafío que significa repensar nuestras instituciones fundamentales de la democracia en escenarios conflictivos, polarizados y deliberadamente desordenados, como viene significando el paro indefinido que se lleva adelante en Santa Cruz.

Dejando de lado el debate en torno a si una ley es necesaria o no en este puntual conflicto, se puede estar de acuerdo en que ningún esfuerzo sobra en un escenario que ya empieza a conllevar violencia. Así, mientras en la lógica desde la política tradicional se puede concebir que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) podía tener un par de opciones absolutamente legitimadas para la acción: a) haberse constituido como actora desde el primer momento del conflicto, y b) poder materializar rápidamente una salida una vez que es convocada por la ciudadanía. Cabe preguntarse, ¿por qué es entonces que una institución actora fundamental de la política acude tarde y erráticamente a un conflicto que lleva ya varias semanas acumulando incertidumbre y violencia para el país desde una región tan importante como Santa Cruz?

La respuesta simple puede radicar en los altos niveles de falta de legitimidad de la política, en un nivel global, de las instituciones, de manera general y, de manera particular, de la ALP. Mientras la agenda ciudadana tiene un rango propio de preocupaciones y, al menos territorialmente, Santa Cruz tiene actualmente la suya en la urgencia de salir lo más pronto posible de este conflicto, las y los parlamentarios, con realmente muy pocas excepciones, tejían sus telenovelas internas propias en la ciudad de La Paz, focalizados en los espacios de poder que se generan producto de la reconfiguración de directivas.

Hace tiempo ya que la ALP pareciera hacer méritos continuamente para dar cuenta de su lejanía de la ciudadanía. Primero, el hecho de que sean los actores en conflicto quienes la pongan a trabajar dice bastante sobre el sentido de oportunidad y creatividad con el que acompañan la política de este país. Y, luego, el dato de que a las horas de este pedido la cantidad de proyectos de ley para este tema supere la cantidad de bancadas —añadiéndole obscuridad a la salida—, nos dice el resto sobre una institución entre cuyas urgencias debiera estar ponerse a la altura de los complejos retos que plantea la política actual.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Apoco de que se recuperó la democracia en el país, allá por el 82, algunas actoras políticas empezaron a bregar por las cuotas dentro de las listas de candidaturas para cargos electos, en medio de que éstas buscaran ampliarse llegó la Constitución de 2009 y las búsquedas se aceleraron, nuevas nociones empezaron a forjar lo que hoy se entiende como democracia paritaria: a) equidad de género, b) equivalencia de condiciones, c) paridad, d) alternancia y e) despatriarcalización. La apuesta estuvo, en principio, sobre las normas; a partir de ello se ha creado una importante ingeniería electoral que conjuga principios constitucionales, leyes, reglamentos e instructivos del TSE que, junto a un acompañamiento continuo de años por parte de actoras, colectivos, instituciones y movimientos feministas ha permitido que el entramado jurídico-institucional genere resultados y ello es lo que concretamente se constituye en el gran paraguas que le da hoy materialidad a lo que se entiende como democracia paritaria intercultural.

Quienes creemos que estos avances son importantes y deben cuidarse a pesar de no ser suficientes y ser perfectibles; tenemos también bastante claro las grandes urgencias de continuar buscando las formas de intervenir el sistema político que se presenta como un perfecto lugar en el que se reproducen las grandes opresiones estructurales coloniales y patriarcales que detentan nuestras sociedades. Y no habrá intervenciones más importantes que aquellas que busquen continuar ampliando la democracia como forma de ir, a la vez, garantizando su salud y su prevalencia como sistema político. Y aunque el horizonte se muestre tremendamente amplio y utópico es importante señalar que ese es el horizonte paritario; así como lo es, en el caso boliviano, el intercultural. ¿De qué otra manera se puede sino conjugar institucionalmente los grandes anhelos de algunos de los sujetos políticos que, más de dos décadas atrás, iniciaron este proceso constituyente que tantas y tantos han ido abandonando en el camino?

Como se ve, estamos hablando de un tema que puede evaluarse de múltiples maneras, con diversos enfoques y que ciertamente bien puede aterrizar en hechos y datos concretos o elevarse (en clave aspiracional) a discusiones teóricas e incluso modélicas. Lo cierto es que en Bolivia aún queda mucho por debatir en torno precisamente a lo que genera (o no) la paridad en la democracia paritaria intercultural o, más aún, lo que despeja u ocasionalmente nubla en el horizonte de igualdad de participación política entre hombres y mujeres.

Pues bien, algunas de esas miradas, ámbitos de desarrollo, normas, datos, percepciones y, cómo no, anhelos han sido lo que se ha tratado de escudriñar de manera exploratoria y a lo largo del tiempo, con énfasis en este último periodo de desarrollo constitucional, en el informe La paridad más allá de la paridad. Participación política de las mujeres en el largo camino hacia la democracia paritaria intercultural en Bolivia, que en cinco capítulos: a) Democracia paritaria, esa buena idea; b) Participación política: de las normas a los resultados; c) Obstáculos a la participación política de las mujeres, d) Los partidos muralla y e) Llegar a la Asamblea, ¿y después?, ha desarrollado un documento que invita al diálogo en torno a lo andado y los aún grandes desafíos que se afrontan en este andar.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

Una pregunta que desde la comunicación política se viene haciendo hace algunos años debido a la acelerada inclusión de las tecnologías de comunicación e información en nuestras vidas, que rápidamente ha ido expandiéndose en su magnitud y profundizándose en su complejidad es la duda sobre la existencia de un espacio público digital.

Aunque la oposición griega entre oikos y polis, como comprensión de lo privado y lo público-político, data de los albores mismos de la democracia, el espacio público, como noción, ha venido siendo reflexionado principalmente a lo largo del siglo XX y ha sido útil para poder esquematizar y entender aquellos escenarios en los que los asuntos de tipo público se resuelven a través de mecanismos democráticos, alejándolos de otros de índole privada. Así, la comunicación política se había constituido como una rama especializada que se focaliza en la relación existente entre comunicación y política, centrando gran parte de su mirada en lo que refiere a opinión pública, comunicación mediatizada y sistema político, sin ser los únicos objetos de estudio.

Entonces, bajo el entendido de que todo cambio dentro de estos tres aspectos implicaría modificar las formas de comprender y estudiar todo lo que esta rama especializada engloba, es que incluso desde sus reflexiones primeras la comunicación política tuvo que afrontar los sucesivos debates en torno al desarrollo tecnológico de la comunicación masiva. 

En el siglo XXI, los usos de la tecnología en comunicación fueron primero de movilización social desde la ciudadanía, eran los albores de la idea de una utopía democratizante bajo la que se miraban sus efectos. Luego, eventualmente —y cada vez más rápidamente—, la política empezó a jugarse comunicacionalmente en las plataformas digitales, principalmente las redes sociodigitales, dando paso a irlas constituyendo más bien como el escenario predilecto para el desarrollo de la idea de la distopía desinformativa bajo las que hoy se evalúa a ciertas tecnologías, las cuales permiten generar agendas informativas más globales que nunca y que continuamente tienden a polarizar afectivamente los discursos políticos actuales.

Por eso es que cuando a Trump grandes corporaciones que han creado plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube le aplican una censura posterior a sus incitaciones que tuvieron efecto directo sobre la legitimidad de una de las democracias más importantes del mundo, se renuevan las preguntas en torno a si realmente las aguas en las que ha estado navegando gran parte de la política discursiva estos últimos años es, en realidad, un inconmensurable espacio público digitalizado o simplemente un cúmulo de plataformas privadas sobre las cuales se llevan adelante los debates globales más importantes sobre nuestro futuro y a través de las cuales estamos entregando una importante parte de los intercambios públicos globales a manos de unas cuantas personas, que superan los Estados Nación y sus normativas.

Lo cierto es que silenciar lo antidemocrático no necesariamente es algo, en consecuencia, democrático; mucho menos cuando no se establecen previamente y con claridad los criterios implementados para una supuesta y selectiva preservación democrática. A pesar de tantos y tan acelerados cambios, es menester recordar que son las instituciones las llamadas a gestionar lo público, no así las personas. El rizomático ruido desinformante global que atenta contra las democracias no se va resolver a punta de silenciamientos unilaterales, mucho menos si son de corte empresarial.

*Es comunicadora social

Hace 366 días, en nuestro país no conocíamos lo que era una pandemia y estábamos bajo el mando de un gobierno transitorio que, a nombre de subsanación del daño a la democracia que había significado el desconocimiento de los resultados del referéndum constitucional de 2016 y un supuesto fraude (hasta ahora no comprobado), no tuvo el menor reparo en iniciar persecuciones políticas y violaciones a los derechos humanos que transitaban desde lo absurdo hasta lo ilegal, varias de ellas que hemos podido conocer a detalle recién ahora cuando fueron realizadas inclusive en fechas como la Navidad y el Año Nuevo pasados y que —al final de las cuentas— solo terminaron erosionando más aún la democracia. A partir de ello el único tema que nos convocaba de manera común y en agenda urgente a la gran mayoría democrática del país era la pronta recuperación de la institucionalidad democrática, comenzando por unas elecciones generales que pudieran devolverle al país la certidumbre institucional y política de la que están ungidos los gobiernos que emergen de las urnas: así iniciábamos 2020.

En atención a esa demanda urgente, un renovado OEP convocaba a elecciones generales el primer día hábil del año, un 3 de enero. Cuatro días después, desde China se confirmaba que los extraños casos de neumonía que tuvieron lugar las últimas semanas de 2019, respondían a un nuevo coronavirus que hoy conocemos como COVID-19.

Nuestra urgencia política por atravesar sin pausa el calendario electoral que había establecido mayo como el momento para la realización de unos comicios tan urgentes, terminó siendo abruptamente sorprendida por la llegada de la pandemia a nuestro país, en marzo. Hacia adelante, la crítica situación política solo se iría haciendo más incierta con el pasar de los días en los que se iba agravando, además, una crisis sanitaria. 

Entre la crisis política y la sanitaria, fue un año en el que fuimos golpeados por tantas cosas que muchos solo conocían por referencia y que, a una gran mayoría, no habían pegado juntas: injusticia, persecución, riesgo, peligro, miedo, ansiedad, depresión, angustia. Pero así también volvimos a identificar con precisión la trascendencia de todo lo valioso: la democracia, el voto, los derechos humanos, la solidaridad, la salud, el trabajo, el  pan, el abrazo.

Hoy es primero de enero y, a diferencia del año pasado, ahora tenemos un gobierno electo pero aún tenemos una pandemia encima que parece tenernos preparados más desafíos como humanidad que aunque, en general, tiene mala fama de no aprender de las experiencias históricas aún puede ser capaz de guardar en un bolsillito de la vida la esencia de tanto espanto y también tanta maravilla que se ha vivido en la piel estos meses.

Lo que irrefutablemente sí queda es esa incuestionable característica del pasado de quedarse inamovible en el camino dándonos la oportunidad de quedarnos inmóviles junto a él o seguir avanzando. Acudo al buen Ángel González para que juntos demos esa vuelta de página y elijamos avanzar sin olvidar: “Por eso mismo/porque es como os digo/dejadme que os hable de ayer/una vez más de ayer: el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra”.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Un repaso sobre el estilo comunicacional del pasado gobierno del MAS, puede llevarnos a pensar que el expresidente Morales nos acostumbró a que casi toda medida implementada en su gobierno constituía un suceso gubernamental que merecía ser ampliamente publicitado e incluso espectacularizado. En tanto puesta en escena, estos sucesos gubernamentales tenían como principal sujeto de la información la figura del expresidente; como escenario, los espacios públicos abiertos; como participantes, una población que simboliza lo popular y como elemento principal, los discursos presidenciales emitidos casi cotidianamente.

En tanto acción mediática gubernamental lo que le seguía a esa puesta en escena solía ser una campaña multimedia de posicionamiento de los ejes que emergían de los discursos presidenciales y un agendamiento de los mismos a través del sistema de medios de difusión estatales. Todo esto en el marco de una estrategia comunicacional conocida como campaña permanente; es decir que estos procesos comunicacionales se repetían incesantemente como un loop en el tiempo.

Como hipótesis, la existencia de ese tipo de comunicación gubernamental sumado al poco y difícil acceso a la información pública estatal que se arrastra, desde hace varias décadas, fue un ingrediente de peso en el crecimiento de un periodismo que privilegia las declaraciones por encima de los hechos.

A poco de cumplirse el primer mes de este gobierno, además de las señales de “establecimiento” del mismo ya se han implementado las primeras medidas concretas de gestión, entre ellas: arribo de comisión CIDH, decretos orientados a promover los derechos de las mujeres, de pago del Bono contra el Hambre, de fomento al turismo interno, de diferimiento de créditos y de gestión sanitaria para la pandemia.

En un recuento del tratamiento comunicacional que desde el Gobierno se ha implementado para la difusión de estas primeras medidas, lo que se avizora con alguna claridad es el estilo presidencial que se busca construir, pues los elementos colindantes a una estrategia aún no parecen mostrarse con claridad. Respecto al estilo presidencial, un primer acercamiento muestra que los sujetos de información para la difusión de estos sucesos gubernamentales han sido variados desde el Poder Ejecutivo, dando cuenta de que la gestión ocurre perfectamente sin necesidad de una centralidad presidencial. Luego, un cúmulo de fotos del presidente Arce en la Casa Grande del Pueblo componen el mosaico de actividades que comparte diariamente en sus redes, quizá buscando construir una imagen de trabajo en gabinete, más técnica que populista. Para la salutación por el día contra la violencia contra la mujer ha optado por un video, posiblemente pretendiendo estar pero pasando periféricamente por dónde se encontraba el centro de la noticia, en las calles. Para su más reciente puesta en escena  ha optado por entregar el Bono contra el Hambre dentro de una instancia financiera estatal ubicada en la zona Sur de La Paz; lo cual podría significar que se busca limitar la espectacularidad y apostar por la sobriedad.

Son las señales, los discursos y los hechos los que cotidianamente van construyendo un cúmulo de datos que finalmente establecerán cómo será el paso del presidente Arce por la historia. En términos de comunicación gubernamental, específicamente estilo presidencial, hasta ahora pareciera haber intención de modificar una centralidad comunicativa de tipo personalista que fue clave por años en el devenir del escenario informativo y comunicacional del país.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka