DIBUJO LIBRE

La reciente reunión convocada en Brasilia, por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, sobre la restitución y recuperación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, retoma la necesidad de analizar el presente y futuro de este organismo de integración sudamericano. En la última década, UNASUR se convirtió en la instancia alternativa de diálogo político y concertación sudamericana. Durante este tiempo, América Latina tuvo un periodo de recuperación de las economías latinoamericanas en el que se produjo el ascenso de gobiernos progresistas de orientación popular e izquierda. Pero fue la dimensión política, el factor diferencial que dio fundamento a este nuevo mecanismo, que nació con expectativas unánimes, por su acompañamiento a procesos políticos renovadores en la región, y también por el liderazgo del extinto expresidente Hugo Chávez de Venezuela, en la búsqueda de hacer converger y trascender los sistemas de integración de Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, en el área sudamericana.

Sin embargo el giro de orientación política ideológica en los gobiernos de Argentina Brasil y Chile, de la época, así como la proliferación de tensiones internas en varios países, tramito un desgaste del consenso que impulsó el dinamismo político de UNASUR durante su etapa constitutiva de principios y mediados de la primera década del presente siglo. En enero de 2017, el ex presidente colombiano Ernesto Samper dejó la Secretaría General de UNASUR y desde entonces el cargo está vacante porque los doce países que conforman el organismo sudamericano, no se pusieron de acuerdo para elegir a un reemplazo. Esta parálisis institucional apenas disimulada con encuentros políticos eventuales, presencia formal de seguimiento electoral o mínimas acciones sectoriales, se agravo cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú le notificaron a Bolivia, que ocupaba por entonces la presidencia pro-tempore de UNASUR, que dejarían de participar en las instancias del bloque hasta que se garantice el funcionamiento adecuado de la organización.

Y así pasaron 6 años de metamorfosis política regional en los Estados miembros, en la que acontecieron, desde golpes de Estado, giros a gobiernos de derecha, como también el retorno de gobiernos de izquierda en los países del área sudamericana. Con el regreso de los miembros históricos de UNASUR, Brasil, Argentina y también Colombia, el Presidente Lula convocó, a fines del mes de mayo del presente año, a la cumbre de países sudamericanos en el Palacio de Itamaraty. Fue así que, presidentes de 11 países, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Perú se volvieron a reunir, luego de 9 años, de realizado un encuentro similar, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, durante en la VIII Cumbre de UNASUR, en 2014. El continente sudamericano, tiene una población de casi 450 millones de habitantes, con el mayor y más variado potencial energético del planeta. Si tenemos en cuenta las reservas de petróleo, gas, hierro, litio, hidroelectricidad, biocombustibles, y más de un tercio de las reservas de agua dulce y biodiversidad del mundo, la región constituye un importante mercado de consumo y la quinta economía mundial, con un Producto Interno Bruto (PIB) combinado que ya alcanza los 4 billones de dólares. En este marco, el Presidente Lula -que retoma el rol de su país con la agenda regional y mundial, luego del “aislamiento” provocado por su antecesor-, propuso actualizar proyectos comunes de infraestructura, reactivar la cooperación en salud, acciones coordinadas para enfrentar el cambio climático, crear un mercado energético sudamericano, formar un programa de movilidad regional académica y reanudar la cooperación en el ámbito de la defensa. Además de implementar iniciativas de convergencia regulatoria, facilitando y desburocratizando los procedimientos de exportación e importación de bienes, creando unidades monetarias para comercializar sin la dependencia del dólar.

En este contexto Bolivia es hoy protagonista de este intento de recuperar UNASUR. El Presidente Luis Arce destacó el gran potencial que tienen los países de América del Sur, ya que permiten a la región ingresar a la transición energética, tecnológica y digital.

Nuestro mandatario argumentó que es fundamental trabajar juntos para promover los intereses de la región, pues la pandemia del coronavirus puso al descubierto la importancia de la colaboración en la salud pública, la investigación científica y el intercambio de recursos.

Pero la colaboración tiene que ir más allá del ámbito de la salud para llegar a sectores clave, como la economía, el medio ambiente o la seguridad donde se puede fortalecer las capacidades de respuesta mediante la cooperación regional, ante futuras emergencias sanitarias y otras crisis globales, de acuerdo a necesidades y realidades destaco.

La posición de Bolivia, expresada por el Presidente Arce y en sintonía con Brasil y Argentina, establece que es más fácil corregir y cambiar lo que sea necesario y consensuado de UNASUR, que conformar una nueva institucionalidad que demoraría años y con la incertidumbre de que llegue a su meta, debido principalmente a los intereses internos y externos sobre las riquezas naturales de los países miembros. UNASUR es un mecanismo de diálogo y de concertación política que tuvo el gran valor de unir y abrir una agenda de construcción regional en diversas materias, como defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, energía, entre otras.

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La visión amplia de la integración adquirió una gran importancia estratégica para unir al Sur y para conectarla, al mismo tiempo, con otros emergentes mecanismos de concertación política y de integración a nivel de América Latina y el Caribe, como la CELAC. Por ello, que en el actual sistema internacional de configuración de orden multipolar, que permite una mayor gravitación e influjos de los países en vías de desarrollo, UNASUR podría potenciar el bloque sudamericano de países, en la negociación y relación con otros bloques como los BRICS, la Unión Europea y Asia. Pero también protegerse como bloque frente a las amenazas, expresadas hace poco por el Comando Sur, de los Estados Unidos

Finalmente el documento acordado entre los presidentes en Brasilia destaca que : «la integración regional debe ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos en la construcción de un mundo pacífico; el fortalecimiento de la democracia; la promoción del desarrollo económico y social; la lucha contra la pobreza, el hambre y todas las formas de desigualdad y discriminación».

Con el compromiso de trabajar por el incremento del comercio y de las inversiones entre los países de la región; implementar mecanismos de superación de las asimetrías y la importancia de mantener el diálogo regular, con miras a impulsar el proceso de integración en América del Sur y proyectar la voz de la región en el mundo de configuración multipolar.

Por ello el recuperar a UNASUR, deja de ser tan solo un deseo y se convierte en una necesidad.

(*)Hugo Siles Nuñez del Prado es internacionalista y politólogo

DIBUJO LIBRE

Luego de la participación de manera virtual del presidente de Estado, Luis Arce, en la II Cumbre Mundial de Promoción del Comercio y la Inversión del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, se ratifica la orientación de la política exterior de Bolivia, de expresión multipolar. Los cambios en las relaciones de poder en el Sistema Internacional, nos permiten ver un orden internacional post hegemónico. El entorno internacional bipolar y unipolar, llegaron a su fin. Está configurándose en su lugar un sistema multipolar que permite una mayor gravitación e influjos de los países en vías de desarrollo. Luego de que algunos creyeron que la globalización podría ser gobernada de manera unilateral y sin reglas, abandonada a las fuerzas de los mercados, la crisis económica, la crisis del cambio climático, la crisis energética y de seguridad alimentaria, y la crisis post covid, entre otras, literalmente han obligado a la comunidad internacional a superar el paradigma del neoliberalismo. El mundo posee una mayor conciencia de que existe una agenda que debe ser enfrentada en forma multilateral y en mayor apego sobre las desigualdades y los ahora efectos post pandémicos en todas la economías del planeta. Un mundo multipolar, en el fondo, es donde los alineamientos, no son necesariamente automáticos e imprescindibles y donde quedan abiertas múltiples opciones de cooperación y alianzas sectoriales.

Desde la recuperación de la democracia en octubre de 2020 en Bolivia, expresada con el triunfo electoral de más de 55% de la votación, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choqueahuanca renovaron la confianza del soberano en el Gobierno, que recupero plenamente las instituciones democráticas y la paz social en el país. A dos años y medio de mandato, el presidente Arce logró retomar la orientación histórica de la política exterior, que por espacio de la última década nos permitió gravitar con iniciativa y proposición en los temas de la agenda internacional. Desde los principios de la Diplomacia de los Pueblos, el Vivir Bien, el Ejercicio Efectivo de la Soberanía, la Diversidad Cultural, la Armonía con la Naturaleza y la Reducción y Superación de las Asimetrías y la reafirmación de las relaciones internacionales con todos los Estados del sistema internacional.

En la complejidad de un mundo abarrotado por la desaceleración del comercio internacional e incertidumbre de los mercados financieros, debido a las medidas restrictivas y sancionatorias asumidas por algunos países desarrollados ante el conflicto bélico de Europa del Este y la política monetaria contractiva de los principales bancos centrales, que afectaron sustancialmente la inversión extranjera directa en el mundo, el gobierno del presidente Luis Arce ratificó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, logrando recuperar para el país, una economía estable , con record de exportaciones , con crecimiento y baja inflación. El retorno de la política exterior de relaciones complementarias, de mutuo respeto y de ruptura con todo tipo de tutelaje y subordinación a potencias es más que evidente. La Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, ha contribuido al debate del cambio climático en las Naciones Unidas y la sensibilización a todas las naciones del mundo acerca de la responsabilidad de cuidar la vida en el planeta, aportando para ello la cosmovisión indígena y la cultura de la vida, de forma que permita la participación de los pueblos y gobiernos de los países del mundo, para actuar conjuntamente contra las causas que provocan la alteración climática y así poder restablecer la armonía con la Madre Tierra.

El conflicto bélico en Europa del Este, permite graficar el estado de la política exterior independiente y soberana de Bolivia. La posición asumida por Bolivia, en Naciones Unidas frente al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue consecuente desde un inicio, al no aceptar ningún tipo de presión. Bolivia expresó su vocación pacífica, que establece, que la única salida al conflicto bélico debe realizarse a través de la negociación y la mediación de terceros, con pleno respeto al derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y la Constitución Política del Estado de nuestro país. Bolivia no se alineó ni subordinó a ninguna de las partes y concentró la ejecución de su política exterior en torno a ratificar la gestión de la vía pacífica como única salida. En el derecho internacional existe una enorme diferencia entre la condena, el rechazo y la abstención. Los términos hacen y dicen mucho en diplomacia y, como país, hemos expresado justamente un rechazo desde la posición boliviana al conjunto de las invasiones, como también votamos en abstención, al igual que 34 países. Porque resulta imposible lograr un diálogo, negociación y mediación, si se sigue entregando armas a las partes, si es que los países aprueban resoluciones que solamente recogen la visión de una de las partes. Por ello, 35 Estados, entre los cuales se encuentra nuestro país, votaron en abstención de acompañar una posición direccionada a una u otra de las partes. Esto es porque Bolivia, como en reiteradas oportunidades lo reflejo acertadamente el canciller Rogelio Mayta, sostiene que sólo el diálogo y la negociación con paz son la única salida.

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En cuanto a la industrialización con sustitución de importaciones y el mundo de configuración multipolar, en la reciente II Cumbre Mundial de Promoción del Comercio y la Inversión del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, el primer mandatario boliviano destacó y valoró la propuesta del presidente de China, Xi Jinping, de apostar hacia una civilización global sustentada en la tolerancia, la coexistencia, los intercambios y el aprendizaje mutuo. Es en este contexto que Bolivia y China han logrado una fructífera cooperación pragmática en el campo económico y comercial, especialmente en el desarrollo de litio y otros proyectos que contribuyen al desarrollo conjunto.

El gobierno del presidente Arce se encuentra en plena ejecución de la Política de Industrialización con Sustitución de Importaciones y por ello es imperativo que la política exterior esté ajena de las directrices de algunas superpotencias, organismos financieros y comandos militares hemisféricos, que apuestan por un relacionamiento diplomático y comercial entre países, de expresión y forma vertical. Finalmente, mientras Estados Unidos y sus aliados europeos siguen apostando por un mundo unipolar y o bipolar, donde los “buenos” son ellos y los “malignos” son Rusia o China, Bolivia y la mayoría de los países del mundo son conscientes de que la multipolaridad es la única opción viable en el contexto del presente siglo. Sólo así se entiende la “civilización global” planteada por China, como la coexistencia en armonía y justicia entre naciones ricas, naciones en crecimiento y países pobres. Una relación equilibrada, abierta e integral en un mundo de configuración multipolar.

(*)Hugo Siles Nuñez del Prado es internacionalista y politólogo

De un tiempo a esta parte, resulta cada vez más frecuente leer algunas opiniones y consideraciones sobre el proceso autonómico en Bolivia. La mayor parte de las veces es para hacer hincapié en que este proceso está “congelado” o “estancado”. Otras voces se refieren a un “retroceso” cuando intentan contrastar la asignación competencial de la Constitución frente a deseos y aspiraciones federales que estaban plasmados en el estatuto autonómico departamental de Santa Cruz aprobado en 2008. Finalmente, no faltan quienes se decantan por afirmar que las autonomías son una falacia. Muy pocos son quienes deciden escudriñar de manera ecuánime las luces y sombras de un proceso altamente complejo, de la transformación del Estado en todos sus niveles que da paso a la dispersión territorial del poder y a un progresivo fortalecimiento de los gobiernos subnacionales.

Los primeros, los más pesimistas, dan a entender que analizan este proceso desde un enfoque lineal —siempre ascendente— que desconoce intencionalmente las vicisitudes por las que transita cualquier transformación estatal. Quizá sea necesario dejar por sentado, de una vez por todas, que el proceso autonómico no es un fin en sí mismo o una panacea, sino un medio idóneo para generar un desarrollo socioeconómico integral del país a través del empoderamiento del nivel subnacional, en la medida en que se dota de cualidad gubernativa, se eligen a las autoridades de manera democrática, los recursos económicos son administrados autónomamente, y se asignan competencias para ser ejercidas al igual que las facultades para legislar, reglamentar y ejecutar.

Está claro que la autonomía no es un proceso unidireccional, de arriba hacia abajo, sino que es, sobre todo, un proceso más complejo que implica su retroalimentación de abajo hacia arriba. Pero la tarea no es para nada sencilla, porque supone, inicialmente, cambiar las estructuras mentales de las autoridades y de la sociedad civil, sus inclinaciones y disposiciones, que a la fecha siguen moldeadas, en cierta medida, por las funciones político-administrativas de un Estado centralizado.

No obstante, cabe señalar un aspecto fundamental que hace al perfeccionamiento y a la cualificación del proceso autonómico que generalmente pasa desapercibido para la mayoría de los opinadores: la calidad en cuanto a la producción legislativa desde múltiples centros decisorios a nivel departamental y local. En ese contexto, siguen siendo desafíos pendientes para los gobiernos subnacionales la producción legislativa de normas regulatorias para el ejercicio efectivo de sus competencias antes que las normas declarativas o administrativas; la puesta en vigencia de sus normas institucionales básicas (estatutos y cartas orgánicas municipales); y la mejora de sus capacidades de gestión institucional. Si bien estas cuestiones pueden ser apoyadas desde el nivel nacional, son, en definitiva, responsabilidades exclusivas de los gobiernos autónomos subnacionales.

En la actualidad se encara un histórico proceso de diálogo del pacto fiscal. Producto de este diálogo ya se alcanzaron acuerdos y consensos para la mejora de la gestión pública y su desburocratización. De allí saldrá una agenda legislativa para impulsar gradualmente los cambios normativos requeridos para ese propósito. Asimismo, los cambios normativos incorporan a las autonomías indígenas originarias campesinas, especialmente en lo que se refiere al andamiaje institucional y a las formas de organización de cada una de ellas, manifestación expresa del Estado Plurinacional. Por ello, ya existe también consenso de contar con una Ley de Gestión Pública, que modifique la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley Safco), que tenga coherencia y correlato con el modelo de Estado autonómico. Finalmente, el proceso autonómico en Bolivia tiene tan solo siete años de vigencia, y para profundizar su contenido necesita del concurso de todas y todos en Bolivia.

El proceso de descentralización y autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en plena fase de implementación y desarrollo. Los cuatro tipos de autonomías (departamental, municipal, indígena-originaria-campesina y la autonomía regional) son parte esencial de la transformación del Estado y del proceso de cambio en los últimos siete años. El régimen competencial en Bolivia establece competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. En 2015 se promulgó la Ley Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas (Ley 699), para ejercer la competencia compartida a través de la legislación de desarrollo para el pleno ejercicio del relacionamiento internacional de los gobiernos subnacionales. El desarrollo legislativo subnacional registra a la fecha 26 municipios que cuentan con una ley de desarrollo sobre relacionamiento internacional; además de las gobernaciones de Pando y Cochabamba.

En este contexto, desde la cartera de Autonomías se viene asistiendo y apoyando a los gobiernos subnacionales en el ejercicio de esta competencia compartida. Los seminarios de Acción Exterior, organizados por el Ministerio de la Presidencia (a través del Viceministerio de Autonomías), la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), la Embajada de Francia en Bolivia, la Cooperación Alemana (GIZ) y el Servicio Estatal de Autonomías, han generado un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones entre los diferentes niveles de gobierno y el concurso de expertos del exterior del país para analizar las potencialidades de la cooperación descentralizada en la acción exterior de los gobiernos subnacionales, en orden a alcanzar sus metas de desarrollo económico y social; en el entendido de que activar la internacionalización de un territorio es un medio para dar a conocer sus activos, potencialidades y promoverlos. Es también una oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer las capacidades y mejorar la gestión pública.

La internacionalización de los gobiernos subnacionales deriva de una voluntad de intercambiar prácticas y aprender mutuamente del progreso y de la cooperación bilateral y multilateral. La cooperación descentralizada es el conjunto de iniciativas de cooperación al desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades locales, procura estimular las capacidades de los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo. La cooperación descentralizada se da a través de los hermanamientos, las redes y la gestión delegada a organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, la nueva cooperación descentralizada no se reduce más a los hermanamientos entre dos ciudades. Su campo de acción sobrepasa lo local y se globaliza, fortaleciendo la capacidad conjunta de los gobiernos subnacionales (donde quiera que se encuentren) para negociar y cabildear frente a otros actores e incidir en las políticas públicas y las agendas de desarrollo internacional.

La relevancia y referencia del modelo autonómico boliviano ha permitido proyectar a gobiernos subnacionales en las redes más importantes e influyentes de la región y el mundo. Tal es el caso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), cuyo vicepresidente es el alcalde de Sucre, Iván Arcienega; o la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), cuya copresidencia la ocupa el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Finalmente, las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, en el marco de la nueva política exterior de Bolivia que se expresa con cambios, aciertos, desarrollo y el liderazgo del presidente Evo Morales, ha reposicionado al país en el contexto internacional, hecho que permite abrir también un extraordinario escenario de posibilidades de acción exterior subnacional.

A un mes de cumplir cinco años (*), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se ha convertido en el organismo intergubernamental multilateral efectivo y alternativo de la inmensa Agenda Hemisférica. Con una población que rondaría los 600 millones de habitantes y una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, los 33 estados miembros de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe sin la participación de Estados Unidos y Canadá, fundaron la Celac como el espacio regional propio de América Latina que apueste por la unidad de todos los Estados parte.

Heredera del viejo Grupo de Río, la Celac se desprendió principalmente de los esfuerzos concretos de dos de los actores de mayor peso en la región: México y Brasil. Creada el 23 de febrero de 2010 en sesión de la Cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen (México), luego vendrían las Cumbres en Venezuela, Chile y Cuba, respectivamente.

El surgimiento de esta nueva forma de regionalismo, en torno de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) si bien tiene un claro énfasis regional, al mismo tiempo proyecta la promoción a escala global del desarrollo de un multilateralismo cooperativo y efectivo. La concertación y cooperación intrarregional, pero que además posicione a América Latina y el Caribe como actor político global en el Sistema Internacional. Este multilateralismo de diálogo y concertación política reedita y recicla las seis funciones del otrora Grupo de Río, a saber: a) diálogo y concertación política; b) interlocución con otros actores; c) concertación de posiciones comunes en foros internacionales; d) impulso a la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales; e) posicionamiento de América Latina y el Caribe ante acontecimientos relevantes; y, f) convergencia de mecanismos subregionales de integración.

El nacimiento de la Celac está en sintonía con los cambios en las relaciones de poder en el Sistema Internacional, cambios que nos permiten ver un Orden Internacional Poshegemónico. El entorno internacional bipolar y unipolar, llegaron a su fin. Configurándose en su lugar un sistema multipolar que permite una mayor gravitación e influjos de los países en vías de desarrollo. Luego de que algunos creyeron que la globalización podría ser gobernada de manera unilateral y sin reglas, abandonada a las fuerzas de los mercados, la crisis económica, la crisis del cambio climático, la crisis energética y de seguridad alimentaria, entre otras, literalmente se ha obligado a la comunidad internacional a abandonar el paradigma liberal del “dejar hacer y dejar pasar”. El mundo posee una mayor conciencia de que existe una agenda que debe ser enfrentada en forma multilateral.

INTEGRACIÓN. Por ello, que como objetivos primordiales de la agenda, la Celac apuesta por: impulsar la integración regional con miras a la promoción de nuestro desarrollo sostenible; promover la concertación política, el impulso a la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales; fomentar los procesos de diálogo con otros Estados, grupos de países y organizaciones regionales para fortalecer la presencia de la región en el escenario internacional; incrementar la capacidad para desplegar esquemas concretos de diálogo y cooperación internacional para el desarrollo, tanto dentro de la región como con los Estados y los actores internacionales y  promover la implementación de mecanismos propios de solución pacífica de controversias, entre otros objetivos.

El inmenso liderazgo del desaparecido expresidente venezolano Hugo Chávez y su impulso sobre el multilateralismo regional aportó desde la Declaración de Caracas en 2011: el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, a la identidad territorial, la no injerencia en asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia. Así también en la Declaración de Caracas se dedican tres párrafos al desarrollo sostenible de la región, la necesidad de profundizar la cooperación y la implementación de políticas sociales y fortalecer y consolidar las complementariedades económicas y la cooperación Sur-Sur. Además se reafirmaron, desde el contexto del liderazgo de la joven Celac, el sentido de soberanía regional frente a actores externos y el sentido de cooperación y solidaridad intralatinoamericana y caribeña y de resistencia a las imposiciones que pudiesen provenir desde fuera de la región. En este sentido, se puede destacar que lo que se busca desde este nuevo organismo intergubernamental latinoamericano y caribeño es  perfilar un nuevo paradigma de desarrollo latinoamericano y hemisférico.

Lo cierto es que algunos actores externos y también desde la opinión pública de la región, en primera instancia se quiso ver a la Celac como una entidad de “sustitución y reemplazo” de la Organización de Estados Americanos (OEA). A casi un quinquenio de su fundación está claro que la Celac es una entidad distinta, a la OEA;  con identidad latinoamericana, y que no reemplaza ni puede reemplazar a una entidad hemisférica en la que participan los Estados Unidos y Canadá. Los roles y las visiones de ambas entidades, si bien tienen en común ser espacios eminentemente políticos y de diálogo, se diferencian en muchísimos otros aspectos, desde la membresía hasta la forma y el tipo de colaboración y cooperación que se expresan en ellos, además de la estructura y el marco orgánico de una y otra. De igual forma, la Celac no debe ser vista como una entidad que compite con otros organismos intergubernamentales subregionales como la Unasur, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros. En este contexto, desde nuestro país, y su política exterior de orientación multipolar, independiente, la Celac se constituye en un escenario multilateral de prioridad para la consecución y satisfacción de nuestros objetivos e intereses.

(*) Se trata de un proceso. Se toma como fecha de creación de la Celac el 2 y 3 de diciembre de 2011, en Caracas, Venezuela, cuando se firmó la Declaración de Caracas, que en su punto 31 afirma que los Jefes de Estado y de Gobierno deciden “poner en marcha la Celac”. Pero, como señala Hugo Siles Núñez del Prado, la decisión de crear la Celac efectivamente fue en la cumbre del 22 y 23 de febrero de 2010, en Riviera, México; esto lo señala la propia Declaración de Caracas, que en su punto 3 dice: “Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particular, la decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que comprende a los 33 Estados soberanos de nuestra región”.