El pasado domingo, el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos pusieron en el centro de su discurso el derecho al aborto al hacer una notoria referencia al cumplimiento de un año desde que el Tribunal Supremo de ese país acabara con las protecciones federales al aborto, lo que ha hecho que varios estados prohíban o restrinjan ese derecho.

Días antes, la Fiscalía de la ciudad de Padua en Italia informó sobre la decisión de que deben eliminarse de los libros de familia el nombre de las madres no biológicas (en parejas homosexuales), lo que llevaría a la pérdida de todos sus derechos sobre la persona menor, que dejaría de llevar el apellido de quienes le adoptaron. Las parejas homosexuales están siendo notificadas para cambiar los registros y hasta noviembre de este año, la justicia no podrá interceder en este caso, estando en desamparo los derechos de estas familias.

Lea también: Entornos digitales como reto en procesos electorales

En mayo, en el departamento de Cauca de Colombia, país donde el aborto está despenalizado, la justicia le denegó a una mujer el acceso a hacerse un aborto, generando toda una confusión en el activismo pro derechos sexuales y reproductivos de ese país y poniendo sobre la mesa de debate la aplicabilidad de este derecho.

Se sabe (aunque huelga recordarlo) que cuando las derechas conservadoras no ganan elecciones (poder político) buscan cumplir sus objetivos a través de otros poderes: empresarial, judicial y mediático. De hecho, así lo han hecho durante años incluso cuando tenían alguna cuota en el poder político y la democracia era una cuestión de espacios parcelados. En el contexto actual, las trincheras judiciales se reconfiguran para librar batallas también políticas, pero no necesariamente partidarias, sino más bien culturales.

El último informe Delphi que publica la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) señala que un 85% de las personas que respondieron esa encuesta tienen muy baja confianza institucional en el Poder Judicial, dejando un 15% cuya confianza es “solo” baja. Sobre escenarios posibles en torno a las elecciones judiciales, un 84% cree que es muy probable y algo probable que los comicios se lleven adelante con un alto nivel de votos blancos y nulos. Y un 71% considera que es muy y algo probable que la fecha de las elecciones se siga posponiendo.

Ad portas de (ojalá) ingresar a un nuevo proceso de selección de las más altas autoridades judiciales de Bolivia, resulta casi vital para lo avanzado en ampliación y protección de derechos en los últimos años buscar que la ciudadanía no se deje arrastrar por el nomeimportismo, el pesimismo y la agenda de polarización y antipolítica (que tan agotadora resulta para la ciudadanía) cuando de voltear a este evento electoral se trata. Esto con el objetivo de que se active la promoción, vigilancia y acompañamiento necesario a candidatas y candidatos a estos cargos de personas comprometidas con los avances en derechos alcanzados hasta el momento.

Es posible que del resultado emerjan autoridades ilegítimas ante la mayoría de la ciudadanía, pero aun así las necesitamos del lado de las ampliaciones de derechos conseguidos los últimos años. Pues aún sin nada de legitimidad continuarán impartiendo jurisprudencia. Y, cuando menos, impidiendo que la avanzada antiderechos pueda llegar a la Justicia y secuestrarla.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Con seguridad las personas particularmente interesadas en las temáticas electorales están al tanto de que el próximo año comienza el extendido calendario electoral que nos llevará rumbo a las elecciones generales de 2025, que incluye (y se inicia) con la convocatoria a las elecciones primarias dentro de las nueve organizaciones políticas que están al día de hoy registradas ante el Tribunal Supremo Electoral y que tendrán la posibilidad de presentar candidaturas vice/presidenciables en la siguiente contienda electoral nacional. Con este hito arrancarán varios meses de actividades electorales que adquirirán mayor detalle sobre su desarrollo e implementación en cuanto el respectivo calendario electoral sea aprobado y entonces se irá clarificando el escenario sobre el cual votarán las y los bolivianos.

Será pues el inicio formal de una carrera que como resultado reconfigura el mapa político por periodos meridianamente regulares. Volveremos, de alguna manera, a una dinámica que como ciclo completo se había fisurado en las pasadas fallidas elecciones de 2019, que tantas consecuencias sociopolíticas y democráticas dejaron en la sociedad boliviana. Con todo esto, lo que de alguna manera queda por sentado es que este venidero ciclo electoral tiene el potencial de constituirse en una oportunidad para ir subsanando al menos algunas de las agendas de avance técnico electoral que quedaron pendientes (o, más propiamente, suspendidas) en lo que significa el proceso acumulativo de su avance e implementación.

Lea también: La construcción discursiva del Family Fest

Uno de ellos, qué duda cabe, estará relacionado con cómo se afrontarán los cambios que genera el tránsito de buena parte de las actividades y escenarios electorales a entornos digitales; por listar algunos, nos estaríamos refiriendo a: elecciones primarias, campañas, algunas actividades de administración electoral, entre otros. Pero, sobre todo, la dinámica de intercambio informativo y deliberativo entre actores de la sociedad que implica todo el tránsito del proceso electoral y se vuelve un escenario con muchas vulnerabilidades cuando los procesos desinformativos y los discursos de odio (devenidos acoso y violencia política en el marco electoral) entran en esta escena.

En las pasadas elecciones generales (tanto las fallidas como las que generaron los resultados que llevaron a constituir el Gobierno actual), varios de los actores que entraron en escena en lo que fue el intento por combatir los procesos desinformativos coincidieron en que el principal blanco de estas operaciones fue, precisamente, el ente electoral. Pasados varios años de ese momento, poco se sabe respecto a cómo se va a gestionar este proceso que con el paso de los años solo se ha complejizado. ¿Por dónde encontraremos algunos indicios para ir disminuyendo la batalla simbólica cuando buena parte de la base de plataformas de interacción entre ciudadanos/as (redes sociodigitales) existen bajo un modelo de negocios cuyo éxito está en la generación de acción, interacción y entretenimiento, cueste lo que cueste? Plataformas/espacios que empresarialmente entienden perfectamente que el odio vende y no parecieran interesados en interlocutar con Estados y/o políticas locales que, además, existen casi marginalmente, en el caso boliviano? ¿De qué manera se va a articular un diálogo entre los diversos actores sociales e institucionales que definen y establecen lo que son discursos de odio o procesos desinformativos con énfasis en procesos electorales? ¿Quién tendrá la capacidad de complejizar esta temática, de tal manera que ir moderando tanto riesgo para la institucionalidad electoral y democrática sea también una opción simultánea a un proceso electoral? Preguntas. Y tiempo que corre en contra.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

No es novedad que, entre la gestión legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la de los concejos municipales y la de las asambleas departamentales, sea la de estas últimas la que menor agenda noticiosa genera. Esto hace que, muchas veces, pasen de largo algunas normativas de corte profundamente político que son importantes insumos para las batallas de sentido de época, de manera general, y las que vendrán localmente en periodo electoral, de manera particular.

Es lo que ha ocurrido concretamente con la Ley Departamental de Santa Cruz 296, de declaración del 10 de diciembre como el “Día Departamental de la Familia”. Esta norma fue aprobada el 27 de abril de este año y lo que hace es instituir la mencionada fecha y dar cobertura para que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz pueda implementar “programas, actividades, políticas y proyectos para solidificar los valores y principios fundamentales de la Familia”. El diagnóstico para la existencia de esta ley se encuentra en su exposición de motivos, en la que se señala que el antecedente es “la grave crisis social y de valores que existe en la sociedad” y que la mencionada aprobación respondía a la necesidad de “crear conciencia en nuestra sociedad sobre el valor y el papel que tiene la familia en la sociedad, en la formación y educación de valores como: la fe en Dios (…)”.

Lea también: El malestar no tiene bando

Así, este insumo normativo se constituyó, en mayo, en el paraguas institucional para este hecho político denominado Family Fest. El evento, presentado como un festival familiar cultural, además de contar con el apoyo oficial de la Gobernación cruceña, reunió a asambleístas de Creemos, conferencistas de superación personal, activistas políticas, pastores y sus denominados “embajadores” (rostros conocidos en los medios y la farándula cruceña). Esta configuración da perfecta cuenta de lo que el sociólogo Julio Córdova denomina en una publicación digital como “la alianza político-religiosa entre la extrema derecha y el fundamentalismo evangélico y católico” que significó este suceso.

Con los discursos vertidos en este festival se puede, sin duda, realizar un profundo análisis de discurso sobre los objetivos narrativos y políticos perseguidos por este movimiento. Solo para tener una idea de ellos: alguna intervención estuvo orientada a señalar que el cristianismo fue pionero en la lucha por los derechos de las mujeres, otra (la de Agustín Laje) versó sobre una supuesta demonización de los hombres y, de manera general, se hicieron apelaciones a los valores morales superiores que conlleva la conservación de la idea de la familia heteronormativa, estableciendo como principal enemigo político, cultural y societal a ese inexistente constructo que denominan «ideología de género».

Poco de esto es novedad, ya que este litigio discursivo y narrativo es pan de cada día en la política actual y estas formas culturalistas pop de generar discurso son la manera que las nuevas derechas han encontrado para batallar el poder; se trata pues de su nueva configuración dentro de unas “democracias complejas” (y en riesgo) en las que se libra, ante todo, la “política de las emociones”.  Lo que sí parece ser novedoso en este caso viene a ser la institucionalidad estatal que se va construyendo (aun localmente) en torno a estos horizontes. Se trata de una agenda que viene incluso con spoilers, como el que mencionó el diputado Bazán en el acto de entrega de esta ley departamental a Laje: lo que se viene es la búsqueda de que “se declare el 25 de marzo como el día del niño por nacer”.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Un acercamiento simple nos puede llevar a preguntarnos por qué las votaciones al día de hoy son tan volátiles en nuestras sociedades latinoamericanas, como ha sido hace poco el caso chileno. Una sociedad que, a la luz de sus resultados electorales hace unos pocos meses podía pensar en la implementación de las máximas ideas progresistas en su Constitución y, de repente, hoy enfrenta la posibilidad de hablar de las mínimas o, incluso, de no tener una verdadera nueva Carta Magna.

Muchas de las lecturas que emergen en la escena chilena han llegado a hipotetizar sobre la existencia del “votante bipolar”, haciendo alusión a la o el ciudadano que a pesar de encontrarse en un extremo de nuestras sociedades polarizadas puede llegar a dar fácilmente un giro de 180 grados y ubicarse en el extremo de su inmediata posición, simplemente por una sensación circunstancial de malestar ante las instituciones. Al respecto, Daniel Innerarity diría que “el malestar se alivia radicalizando la propia posición ideológica”. Entonces, ¿en qué quedamos?, el extremo malestar y la sociedad del cansancio (como la denomina Byung-Chul Han) nos están llevando a la radicalización de nuestras posiciones y a habitar en los polos; o, nos están llevando más bien ¿a acercarnos a las posiciones contrarias a ellos?

Lea también: Resignificar la Asamblea en este tiempo

Los escenarios sociopolíticos que tienen lugar actualmente en la región latinoamericana, dan cuenta de que la gran mayoría de nuestros países han atravesado en muy pocos años una importante cantidad de profundos cambios. Sea por el fin de la ola del denominado socialismo del siglo XXI, sea por la crisis pospandémica o sea por el continuo crecimiento de escenarios de desinformación; lo cierto es que, al momento de afrontar escenarios electorales como mecanismo de solución de nuestras divergencias, el saldo da cuenta de que nuestras jóvenes democracias están en riesgo, cuentan con instituciones debilitadas y un electorado volátil en sus decisiones.

Las sorpresas y novedades en los últimos cinco años han sido múltiples: desde votaciones que, en algunos países con contextos polarizados políticamente dan giros radicales en la preferencia electoral hasta países que incluso manteniendo la misma línea enfrentan malestares internos que llaman a la parálisis y a la simple administración estatal en medio de la hostilidad predominante. En cualquiera de los casos, en lo que coincide el diagnóstico es que estos procesos se llevan adelante en democracias jóvenes y en proceso de erosión, por unas u otras razones. Además de ciudadanías que cada vez confían menos en la institucionalidad. Y con votantes con nuevas características, especiales demandas y múltiples fatigas/malestares.

En el caso boliviano, quizá la novedad reside en que las y los votantes fundados y alimentados en el malestar encuentran, por la predominante división interna del partido de gobierno, una fuente más de desazón que proviene desde la opción electoral mayoritaria. ¿De qué otra manera se explica la absorta mirada ante los hechos de corrupción dentro de una instancia ministerial (que no es la primera), muy a la par de las devastadoras sensaciones ante la inmoralidad de algunos miembros de la Iglesia Católica y el accionar delincuencial en la empresa privada encarnada en el Banco Fassil? ¿Qué tipo de soluciones o proyectos-país le está ofreciendo la institucionalidad democrática al gran cúmulo de bolivianas y bolivianos que tiene que presenciar la máxima corruptela multinivel ante sus ojos casi como factor cotidiano? Las condiciones están dadas. El malestar no tiene bando. Y la y el nuevo votante se está construyendo día a día en este nuestro devenir, sea para habitar un polo o sea para derrotar la moderación, como resultado. O, finalmente, como trinchera.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Apenas han transcurrido tres semanas desde la viralización de un escandaloso video en el que el líder espiritual del budismo, el Dalái Lama, protagonizaba un acto abusivo contra un niño que lo había visitado, este suceso reavivó la polémica en torno a las varias denuncias de este tipo que recaen sobre monjes tibetanos. Luego, este fin de semana, un amplio reportaje elaborado para el diario El País de España dio a conocer que en décadas pasadas se habían producido al menos 85 abusos a menores de edad por parte de un sacerdote español durante el periodo que él fungía como profesor en una escuela en el departamento de Cochabamba. Estos casos que, sólo son develados actualmente, realmente parecieran no significar una sorpresa para la sociedad en su conjunto ya que, lastimosamente, los casos de violencia sexual contra menores no son algo nuevo en la historia larga de las religiones, mucho menos de la católica. Mala noticia para nuestra capacidad de asombro colectiva, que crudamente normaliza la violencia como parte de nuestra historia.

Por otro lado —en inicio muy distinto— otro de los temas que viene asombrando y desafiando a propios y extraños desde su aparición a fines del año pasado, es la facilitación de acceso al mecanismo de la Inteligencia Artificial (concreta y puntualmente al ChatGPT) y los efectos que estas herramientas pueden llegar a tener en nuestra vida cotidiana, a medida que se van haciendo más accesibles. Al respecto, es curioso que las principales especulaciones respecto a su uso y funcionamiento hayan estado ligadas, primero, a la posibilidad de que la misma se constituya en una opción de reemplazo para diversas profesiones; posteriormente, se ingresó al debate en torno al rol que tendrían en los procesos desinformativos que alimentan incesantemente escenarios de polarización y desconfianza. Y, un poco después, empiezan a aparecer otros debates y ejemplos de usos y, en consecuencia, efectos de la masificación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en nuestras vidas, lo cual tiene incidencia —cómo no— en prácticas que de antaño tienen cabida en nuestras sociedades. Sí, concretamente: renovadas formas de violencias facilitadas por la tecnología.

Lea también: Hoy, ¿para qué o quién son las noticias?

Hace menos de una semana, una usuaria de TikTok puso sobre la mesa de discusión, con su caso como víctima en particular, los alcances que podría llegar a tener el uso de imágenes sin consentimiento sumado a las posibilidades que la IA abre. Concretamente hacía referencia a la generación de un “nuevo mercado” de falsa pornografía que violenta a mujeres generando desnudos apócrifos tomando imágenes de sus propias redes sociales y, por supuesto, sin el consentimiento de ellas.

El escenario en el que se desenvuelven las viejas y renovadas violencias de tipo machista y patriarcal parecieran oscilar entre su perseverancia a través del tiempo y su reinvención, avances tecnológicos de por medio. En un país que —sabemos— con creces (no) supera el debate desinformado en torno a la Educación Integral en Sexualidad que, vistas las cosas, podría ser un ladrillo más en este muro de antídotos que permitirían a las nuevas generaciones conocer y entender todo el abanico de posibilidades de ejercicio de violencia sobre los cuerpos.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora