Garzón, acusado
Inadmisible sería que la arremetida judicial frene las causas contra las dictaduras
La admisión de las denuncias de tres grupos de extrema derecha en contra de Garzón, por parte del Tribunal Supremo español, ha desatado un debate que no encuentra límites geográficos.
Primero jurista al margen de la política, después arrimado a la izquierda del PSOE y finalmente vuelto a laAudiencia Nacional, el juez famoso por sus investigaciones en causas de supuesto terrorismo de Estado, narcotráfico, crímenes de la época del franquismo y las dictaduras en Argentina y Chile, ha despertado pasiones insospechadas para un hombre que si bien no presenta las características tipo de la personalidad pública con perfil bajo, nunca se ha expuesto más de lo necesario.
Simbólicamente, Garzón puede ser la encarnación de la memoria de una deuda histórica inconmensurable; en la práctica, haberse constituido en la piedra en el zapato de varios de los más crudos practicantes del horror. Pero también ser un abusador, que valiéndose de su nombre pudo haber atropellado las leyes de su país. De una u otra forma se lo está justipreciando en estos días de alboroto mediático.
Era lógico suponer que organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch engancharían fácilmente con la convocatoria pro-Garzón. Y que, en la otra orilla del río, las derechas pretendieran reunir a sus desperdigados miembros para respaldar a la justicia española en su decisión de llevar al magistrado al banquillo de los acusados.
Esto que a simple vista parece una puja entre fuerzas ideológicas, contiene un trasfondo humanitario en verdad trascendental. Lo nimio se aborta en la muchedumbre que agota sus intenciones en la desteñida defensa de colores políticos o incluso ideológicos. Garzón, desde donde se lo mire, ha tensado la cuerda de las efusiones más caras del hombre, la que solamente pueden jalar los comprometidos con la vida o los que sólo ven en ésta un oscuro rellano que no conecta a ningún lado. Poco importa si oficialistas del PSOE u opositores del PP encuentran en él y su juicio una veta para la discordia. Este debate se desarrolla en el marco de la libertad, reconocida por la democracia española y por la de todos los sitios donde hubo manifestaciones el sábado.
Lo único inadmisible sería que esta arremetida judicial le ponga un freno a los avances logrados en las investigaciones que buscan hacer justicia con los muertos por el franquismo y las dictaduras americanas.