Sociedad

Saturday 20 Apr 2024 | Actualizado a 13:34 PM

UPEA bloquea vías de acceso a El Alto y exige decisión del Gobierno

Problema. La universidad alteña pide la asignación de recursos de coparticipación

Por La Razón

/ 18 de diciembre de 2010 / 05:00

Estudiantes, docentes y plantel administrativo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) bloquearon los dos ingresos a la ciudad de El Alto; por la autopista y el camino antiguo. Demandan que el Ministerio de Economía resuelva el conflicto creado por el tema de la coparticipación tributaria.

Dámaso Quispe, rector de la superior casa de estudios, explicó que esta medida de presión es una de las muchas que están programadas a fin de exigir al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, cumpla con la Ley de Autonomías que dispone que los recursos de coparticipación tributaria deben beneficiar a esa institución. 

La Ley de Autonomías manda que de los recursos de coparticipación tributaria para el departamento,  5% debe ser para las universidades.

Pero, la Ley del Presupuesto Reformulado 2010 señala que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la UPEA deben ponerse de acuerdo en cuanto a su distribución. Según Quispe, ese 5% asciende a cerca de 275 millones de bolivianos que sólo benefician a la Universidad Mayor de San Andrés.

«Esto siempre ha sabido el Ministro de Economía, Luis Arce, y nosotros, antes de que la ley sea enviada a la Asamblea Legislativa, lo hicimos notar. El Ministro presentó la ley y viajó al exterior y nos dejó en un gran conflicto con la UMSA» y ahora «hace oídos sordos», señaló Quispe.

El Consejo Universitario de la UMSA, en un comunicado público, dio a conocer que se inició un diálogo entre las máximas autoridades de las dos universidades, pero que las posiciones son irreconciliables. 

«La UMSA no está en condiciones de ceder absolutamente nada de su presupuesto para la UPEA. Planteamos que el Ministerio de Hacienda es la instancia que debe resolver el problema, asignando un presupuesto adicional de la coparticipación tributaria a la universidad de El Alto, sin afectar el presupuesto de la UMSA», dijo Rafael Onofre, director de la facultad Técnica de la UMSA y miembro de la comisión negociadora.  

Ayer, luego de realizar un recorrido por las céntricas calles de la urbe alteña, los movilizados realizaron un mitín cerca del peaje de la autopista que une La Paz con El Alto.

La circulación de vehículos se vio dificultada por varias horas. La gente que se dirigía al aeropuerto expresó su molestia, así como los ciudadanos que necesitaban trasladarse a ambas urbes a cumplir sus actividades. La marcha de la UPEA partió de sus instalaciones, en Villa Esperanza, a las 9.00. Cuando llegaron a la Ceja, cerca del peaje, procedieron a quemar llantas.

Los efectivos policiales que se encontraban en el lugar pidieron refuerzos a sus mandos superiores y amenazaron con gasificar a los movilizados, extremo que no se dio. A las 13.45 los marchistas levantaron el bloqueo y el tráfico entre El Alto y La Paz se normalizó.

Mónica Copa, secretaria General de la Federación Universitaria Local de la UPEA, en declaración a Radio Atipiri, dijo que las movilizaciones y las medidas de presión continuarán hasta que el Ministro de Economía resuelva el conflicto.

La UMSA  ingresó ayer en receso de fin de año. Los miembros de la comisión negociadora, según informaron a La Razón, estarán atentos a cualquier convocatoria de las autoridades para tratar el tema. Mientras tanto, la UPEA decidió ampliar la gestión académica hasta que el problema sea resuelto.

El ministro de Luis Arce, en una carta abierta al rector de la UPEA, negó que su despacho hubiera actuado con «negligencia e inoperancia», como lo acusó el rector Dámaso Quispe, y reitera que no es el Gobierno central quien debe dar solución a la distribución de los recursos de coparticipación.
 
Datos sobre el conflicto

Plazo
La Ley del Presupuesto Reformulado 2010 estableció que en 60 días, computables desde el 9 de octubre, la UMSA y la UPEA  deben suscribir un acuerdo con relación a la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria.

Diálogo

Las universidades se sentaron a negociar, el Ministerio de Economía propició de mediador. Asegura que presentó una propuesta metodológica, pero que ésta no fue aceptada.  

Puntos de vista

UMSA
‘No debe afectar el presupuesto’

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) considera, según el Consejo Universitario, que toda creación de Universidades Públicas Autónomas deberá tener garantizado el financiamiento. Quiere decir que no se debe afectar los recursos de coparticipación tributaria, soporte del Tesoro General de la Nación u otros ingresos de las universidades que puedan existir en un determinado departamento. Por lo tanto, la UMSA no puede aceptar que se afecten los recursos con que cuenta.

UPEA
‘El ministro debe resolver el conflicto’

Según el rector de la Universidad Pública de El Alto, Dámaso Quispe, el Ministro de Economía, Luis Arce Catacora, «no nos puede discriminar ni marginar de los recursos de coparticipación tributaria, porque existe una ley que ellos mismos han aprobado». Añadió que Arce Catacora al ser docente titular de la UMSA, pues da preferencia a esa casa superior de estudios. «Todo el dinero se lo han destinado para ellos y nada para la UPEA, la ley dice que la distribución debe ser justa y equitativa».

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¿Habrá elecciones?

Por La Razón

/ 9 de julio de 2023 / 01:19

El nuevo estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) muestra que los liderazgos no creen que haya una reforma de la Justicia durante el gobierno de Arce y tienen dudas sobre la realización de las elecciones judiciales 2023. Dichos comicios están congelados a la espera de una determinación del TCP. Y los estrechos plazos definidos por ley están al límite.

A estas alturas, parece haber dos percepciones muy claras respecto al sistema de administración de justicia en el país. La primera es que la gran mayoría de la población desconfía de dicho sistema. La segunda percepción es que difícilmente habrá una reforma sustantiva en este campo. Es el peor escenario: la Justicia continúa en situación de crisis y no hay condiciones, ni voluntad, para superar dicha crisis. Peor todavía: el camino para la renovación de las altas autoridades judiciales está paralizado.

Esas percepciones aparecen nítidamente en el grupo plural de actores políticos, analistas y periodistas consultados en el estudio de la FES. Más del 90% ven poco o nada probable que se logre en el corto plazo una reforma judicial. Y perciben que la crisis del sistema irá en aumento. En cuanto a las elecciones judiciales, más del 70% considera que se bloqueará con nuevos recursos jurídicos. Como la acción de inconstitucionalidad planteada por un diputado opositor, hoy en manos del TCP.

Por mandato de la Constitución, cada seis años se elige en votación popular a las cabezas del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Así ocurrió en los años 2011 y 2017, con muy elevado porcentaje de votos blancos y nulos. La nueva elección debe hacerse como máximo el 3 de diciembre próximo. La Asamblea tiene 60 días para la selección de postulantes y el TSE 100 días para organizar los comicios. Los plazos no cuadran.

En ese marco, el citado estudio Delphi perfila tres escenarios, todos muy malos para la institucionalidad y la democracia. El primero es que la elección se postergue sin fecha por efecto de las acciones constitucionales en curso. El segundo escenario es que finalmente el camino se allane, pero los plazos no alcancen. Y el tercero es que se logre emitir pronto una nueva convocatoria y reglamento, pero no haya los dos tercios requeridos para seleccionar postulantes, esto es, no se llegué a las urnas.

¿Qué pasaría si el 2 de enero de 2024, cuando deben posesionarse las nuevas autoridades judiciales, resulta que todavía no han sido electas? Las dos salidas son deplorables: que se prorrogue el mandato de los actuales magistrados y consejeros (electos en 2017) o, lo más probable, que se designen nuevas autoridades interinas por decreto. Hay antecedentes al respecto. Así, a la cada vez peor crisis del sistema judicial se sumará un problema de legitimidad de origen de sus principales operadores.  

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Violencia sexual

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia

Por La Razón

/ 6 de julio de 2023 / 06:59

Una seguidilla de noticias publicadas en las últimas semanas da cuenta de lo extendida que está la violencia en general, y la violencia sexual en particular, ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país y lo conflictivo que resulta pasar de las palabras de indignación a los hechos de prevención, sanción y reparación. Se ha propuesto como solución algunas medidas administrativas.

La lista de hechos de violencia comenzó pocas semanas atrás cuando se supo que cinco adolescentes habían violado a uno de sus compañeros en el baño del colegio en el que estudian; luego se supo de al menos una segunda víctima del grupo. Casi al mismo tiempo, se supo del caso de un niño de 11 años de edad que acuchilló a una niña de seis años, también en el colegio donde estudiaban. Otra noticia dio cuenta de una adolescente de 16 apuñalada por su compañera de colegio, en supuesto acto de defensa por el bullying.

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Días después, un hombre de 33 años de edad se declaró autor de la violación e infanticidio de un niño de nueve años de edad; el infanticida tenía antecedentes penales por abuso sexual y por intento de violación. Casi al mismo tiempo, se supo que un nuevo caso de presunta violación grupal es investigado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, cuya víctima es menor de edad; los violadores, cinco hombres, tres de ellos también menores, cumplen detención preventiva. Similar crimen se investiga en La Paz, donde cinco personas abusaron reiteradamente de una niña de 11 años, que actualmente está embarazada.

Como en otros casos de violencia, el Gobierno reaccionó proponiendo la creación de un Consejo Interinstitucional por la Niñez, que fue conformado por ministerios, representantes de maestros, colegios, estudiantes y pueblos originarios, encabezados por el Ministro de Educación, quien días atrás anunció la propuesta de 34 acciones, a corto y mediano plazos, destinadas a erradicar la violencia en las unidades educativas del país. Está previsto que hoy el Consejo presente estrategias que se puedan traducir en medidas de prevención y atención de la violencia en los colegios, entre ellas, la eventual modificación de la Ley 548 para que las personas de 12 a 14 años que cometan algún delito sean procesadas de acuerdo a esa ley; y las de 15 a 16 años sean sometidas a la Justicia ordinaria.

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia y, mucho peor, para que las y los más jóvenes aprendan a cuidarse y eviten producir y padecer violencia. El magisterio, que durante meses se movilizó para impedir que materias como educación sexual integral o cuidado en las redes sociales sean parte del currículo educativo, tienen gran parte de la culpa, pero no solo ellos, pues padres y madres que se oponen a hablar de estos temas profundizan el problema. Es difícil saber cuántas tragedias más hacen falta para que cambie este estado de cosas.

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Orquestas de música de San Ignacio de Velasco reciben instrumentos

Actualmente, más de 500 niños y jóvenes se benefician de la educación musical en el territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; lo cual constituye un patrimonio intangible y una prueba de que estos pueblos son portadores de una cultura viva.

Orquestas de música de San Ignacio de Velasco reciben instrumentos

Por La Razón

/ 3 de julio de 2023 / 18:14

El Coro y Orquesta Municipal de San Ignacio de Velasco, Orquesta Misional de Santa Ana de Velasco, Escuela Inclusiva de Música FASSIV y la Orquesta Infanto Juvenil Paz y Bien, se beneficiaron de instrumentos musicales.

Rubens Barbery, presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), indicó que, al proveerles de insumos de calidad a las orquestas de San Ignacio de Velasco, se busca fomentar el talento de sus integrantes y brindarles las herramientas necesarias para una experiencia en la música enriquecedora.

Actualmente, más de 500 niños y jóvenes se benefician de la educación musical en el territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; lo cual constituye un patrimonio intangible y una prueba de que estos pueblos son portadores de una cultura viva.

Las 4 orquestas de música de San Ignacio de Velasco interpretan música barroca misional a través de sus presentaciones; y ahora contaran con mejores herramientas para su formación y sus interpretaciones musicales.

La música barroca desempeña un papel fundamental en la historia cultural de Chiquitos, siendo el elemento cultural más importante. Durante las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, este lenguaje universal permitió la comunicación entre diferentes grupos étnicos y los misioneros que llegaron a la región.

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Pulseada y quiebre

Por La Razón

/ 2 de julio de 2023 / 00:05

La censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, seguida de su reposición en el cargo por parte del presidente Arce, tras la formalidad de su destitución, marca un punto de quiebre en la disputa interna en el MAS-IPSP. Y establece un escenario de gobierno dividido toda vez que el oficialismo, en los hechos, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A reserva de los antecedentes y del debate político y jurídico sobre los efectos de la censura a la vista de una ley, una sentencia constitucional e incluso un proyecto de ley en la materia, el ruidoso caso Del Castillo deriva en una consecuencia crítica: la bancada evista se ha instalado abiertamente en el campo de la oposición. Así, la bancada arcista queda en minoría. Mala noticia para la gobernabilidad en un contexto de crisis. Habrá dificultades para la aprobación de leyes necesarias y urgentes.

Respecto a los antecedentes, se ha mencionado que la autoproclamada expresidenta Áñez hizo exactamente lo mismo, con mucha crítica: cesó formalmente a sus ministros censurados (de Defensa, de Gobierno y de Educación) e inmediatamente los restituyó en el cargo. Incumplió la Constitución. Se señaló también que el expresidente Morales, tras la censura de dos ministros en el Senado (de Hidrocarburos y de Gobierno), no aceptó su renuncia. El texto constitucional de entonces lo habilitaba para el efecto.

En cuanto al régimen de Áñez su maniobra no tuvo efectos para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, que siguió bajo control de una mayoría especial del MAS-IPSP. Tampoco hubo consecuencias para la gobernabilidad en el caso del primer gobierno de Morales, pues el Senado continuó con mayoría de la oposición. El asunto que nos ocupa es diferente. La declaratoria de guerra entre las dos facciones del masismo, con alta beligerancia verbal, puede conducir a una situación de parálisis y bloqueo.

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Si ya era crítica para el oficialismo la creciente disputa interna cuyo núcleo es la candidatura presidencial 2025, ahora son preocupantes los efectos institucionales y decisorios del distanciamiento declarado entre evistas y arcistas en la Asamblea. El gobierno de Arce necesita la aprobación de leyes fundamentales, en especial para enfrentar la crisis económica, además de créditos y otras normas. ¿La bancada afín a Evo hará mayoría con CC y Creemos para frenar o condicionar esa agenda legislativa?

Más allá de la retórica de unos y otros que señalan “traidores” y hablan de “planes negros”, el gran desafío político hoy es la voluntad de los actores relevantes para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad en un contexto incierto y adverso. Ya ni pensemos en grandes reformas o en mayorías de dos tercios para elegir autoridades, encaminar juicios de responsabilidades o preseleccionar postulantes. El caso Del Castillo no es solo un episodio de demostración de fuerzas, sino un punto de quiebre. 

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Censura legislativa

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante

Por La Razón

/ 29 de junio de 2023 / 07:18

El martes, en su tercera interpelación seguida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado por más de dos tercios de las y los asambleístas; esta vez fue por el tráfico de automóviles robados en Chile, pero propios y extraños coincidieron en señalar que el Presidente del Estado debe tomar muy en cuenta lo sucedido.

En la interpelación, el todavía ministro respondió 14 preguntas de legisladores de oposición sobre el robo de vehículos en Chile y su comercialización en Bolivia; si bien el tema no es nuevo en el país, al parecer la gota que colmó el vaso fue la identificación de uno de esos coches en el estacionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Al final del acto, 101 diputados y senadores votaron por la censura del ministro, 42 rechazaron la moción y uno votó en blanco.

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En la interpelación anterior, el 13 de junio, del Castillo recibió el voto de confianza de la ALP tras responder a preguntas sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz durante el paro cívico de 36 días, iniciado en octubre del año pasado. Tres semanas antes de eso, la primera interpelación, sobre la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz en diciembre de 2022, terminó de manera bochornosa cuando legisladoras del MAS y de oposición llegaron a los golpes.

En esta ocasión, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante, lo cual fue interpretado como una llamativa coincidencia de intereses entre los representantes del ala “evista” y sus colegas de oposición; previsiblemente, el ala favorable al Presidente hizo mucho énfasis en esta coincidencia.

En sendas entrevistas con La Razón Radio y Piedra Papel y Tinta, el Presidente de la Cámara de Diputados afirmó que, además de la coincidencia de intereses señalada, hay un mensaje para el primer mandatario del país: el titular de la Cámara baja insistió en que el ministro “ha sido censurado y debe ser removido del cargo”, pero que la decisión de destituir y volver a nombrar o no en el cargo al ministro censurado es tuición exclusiva del Presidente. También destacó que del Castillo “no goza de la confianza” de la ALP.

Aunque todavía es poco claro cómo responderá el Presidente, que no había hecho declaración alguna hasta el momento de escribirse estas palabras, algunos legisladores insistieron en que “el pueblo habló” a través de sus representantes en la ALP, por lo que es deber del mandatario escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia.

Hasta que el Presidente tome una decisión, únicamente queda claro que el ministro no podrá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa, que será objeto de disputa entre las dos facciones del MAS y que, eventualmente, enlodará aún más a la Justicia, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, si activa algunos mecanismos que restan fuerza de ley a la propia Constitución y otras normas acerca de la censura parlamentaria.

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