Una complicada transición política
Se acortan los espacios para la gestión democrática en la medida en que suben las tensiones en el campo político.
DIBUJO LIBRE
Las arenas de conflictividad que afronta el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca se desarrolla en tres ámbitos, que son los siguientes: en primer lugar, el desempeño de la gestión gubernamental; luego, la disputa al interior del MAS-IPSP; y, finalmente, la relación con las fuerzas opositoras.
Arenas de conflicto
A lo largo de los dos años y medio, el principal asunto de preocupación gubernamental giró en torno a la permanencia de la estabilidad económica. La crisis de la disposición de dólares que estalló en el cuarto mes de 2023 junto a la caída de las RIN y la quiebra del Banco Fassil, puso en evidencia la fragilidad del modelo de gestión, generando incertidumbre colectiva que requirió de manera inmediata, la emisión de mensajes públicos e implementación de acciones de mitigación (Ley del oro y políticas de control de pérdidas al subsidio de combustibles). Sin embargo, la sensación de precariedad aún sigue latente, dada las dificultades en la captación de recursos para fortalecer las RIN, el saneamiento fiscal, etc. En suma, uno de los baluartes más preciados del gobierno: la estabilidad y crecimiento económico, vanagloriada como el principal capital político del presidente ha sido fuertemente afectado.
El cronograma y el encauce del nuevo ciclo electoral que debiera iniciarse este año con la organización de las elecciones judiciales se ha visto obstruida a partir de las tensiones que devienen de las arenas de conflictividad en la relación Gobierno/oposición como de las disputas al interior del partido oficialista. Al respecto, la modalidad de hacer política, tanto del oficialismo como de la oposición, continuó marcado por los clivajes que retrotraen la crisis política de finales de 2019 y, con ello, la división del campo político en una lógica binaria: golpe/fraude, masista/anti-Mas. El fracaso en el establecimiento de una metodología de selección de la lista de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, la atención de un recurso abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por un parlamentario opositor detuvo el proceso de selección de candidatos a las magistraturas del Órgano judicial, abriendo la posibilidad de suspensión del evento electoral e incertidumbre sobre su realización.
En torno a las tensiones al interior del MAS-IPSP que escenifica la conformación de dos bloques denominados: “evistas” que controlan la estructura partidaria versus “renovadores” o “arcistas” vinculados a la estructura gubernamental, se fueron recrudeciendo. Las acusaciones de los “evistas” a la conducción y decisiones gubernamentales han resultado mucho más efectivas que la lograda por la oposición partidaria. Al respecto, acontecieron tres eventos que marcan el grado de distanciamiento de ambos bloques y liderazgos y, con ello, visibilizan la abierta disputa en torno al modelo decisional del “instrumento político” y de la gestión gubernamental. La confluencia de ambos liderazgos: el presidente Arce y expresidente Morales en un evento del MAS-IPSP, entrevió concepciones y estilos disimiles en torno a la conducción y organización política. Asimismo, la aparición pública del exvicepresidente Alvaro García Linera como un intento de mediación para atemperar la disputa interna fue desautorizada y calificada como intrascendente por ambos bloques. Y, finalmente, la interpelación opositora al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que resultó procedente con apoyo de los “evistas” en la ALP marcó un hito, al parecer, sin retorno en los diferendos de ambos bloques. Por último, después de la aprehensión de Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz y su traslado a la sede de gobierno en calidad de detenido con distintos procesos en curso y, la implicación de una buena porción de las elites empresariales cruceñas en el escándalo de la quiebra del Banco Fassil, sumada a la muerte intempestiva del interventor, ha complicado el desempeño de las fuerzas opositoras que parecían encontrar un nodo de confluencia en el accionar de las elites cruceñas. Por ello, más que una confluencia de fuerzas con un mínimo de coordinación estratégica predomina un situación dispersa y testimonial de oposición simbólica a las decisiones gubernamentales sin gran éxito e impacto político.
Prospectiva y desafíos
La prospectiva manifiesta la continuidad de los factores que han configurado las arenas de tensión descritas arriba. Es previsible que en los meses subsiguientes acontezcan eventos que profundizaran las tensiones que anidan en su seno. Las posibilidades de juego e interacción para una adecuada gestión democrática son cada vez más estrechas y limitadas.
Una variable sensible y, a la vez, contingente, es la gestión económica que, como se ha señalado, ha sido afectada en su confianza y credibilidad. El devenir de este escenario dependerá mucho de las iniciativas y decisiones gubernamentales para manejar y, a la vez, remontar la susceptibilidad de los actores económicos y, en general, de la sociedad. Al parecer, las medidas de mitigación y de control de las variables macroeconómicas debiera combinarse con políticas de atención a las emergencias y/o contingencias que permitan, de manera inmediata, afrontar lo urgente como es el caso de la falta de circulación de las divisas.
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En torno a la gobernanza política, el inicio del ciclo electoral con la organización de las elecciones judiciales se encuentra en ciernes y a merced de las tensiones del juego político en la relación Gobierno y fuerzas opositoras. El escenario es que la gobernabilidad no está garantizada ya que es previsible que no sólo acontezca la modificación del cronograma electoral; sino, de no lograrse los acuerdos para la confección de la lista de candidatos entre las fuerzas del oficialismo (“evistas” y “arcistas”) como externas, la cancelación de estas elecciones daría lugar a la designación interina de las autoridades judiciales por el Órgano Ejecutivo. En ese sentido, las prerrogativas decisionales del presidente aparecerían como el recurso extraordinario de resolución del conflicto en detrimento de la ALP y de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
En torno a la disputa interna del MAS-IPSP que adquirió ribetes de confrontación y fractura a lo largo del primer semestre del 2023, es previsible el incremento de la virulencia discursiva en torno a la gestión gubernamental que buscaran capitalizar denuncias de corrupción, narcotráfico, ineficiencia, autoritarismo, etc. Y, con ello, el desmarque de parlamentarios y actores de reparticiones estatales generando conflictos de gobernanza en la gestión legislativa y gubernamental, y en el seno de las organizaciones sociales que apoyan y sustentan al Gobierno y, a la vez, son parte de la estructura del MAS-IPSP. Por último, después de la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y su reclusión en la cárcel de Conchocoro, las fuerzas opositoras han regresado a la dinámica fragmentada y anómica sin posibilidades de que, en el corto plazo, logren activar movilizaciones ciudadanas y sociales como las acontecidas a finales de 2022 en Santa Cruz.
Al parecer, el desafío general de la transición política supone relajar el esquema binario y polarizador que aún predomina en los formatos de hacer política e incorporar así nuevos dispositivos que posibiliten la interacción policéntrica y pluralista. Ensanchar y/o ampliar las posibilidades de gestión de las arenas de conflicto podría modificar no solo los estilos de hacer política, sino iniciar el nuevo ciclo de gobernanza democrática.
(*)Fernando García Yapur es doctor en ciencias sociales y políticas