Una seguidilla de noticias publicadas en las últimas semanas da cuenta de lo extendida que está la violencia en general, y la violencia sexual en particular, ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país y lo conflictivo que resulta pasar de las palabras de indignación a los hechos de prevención, sanción y reparación. Se ha propuesto como solución algunas medidas administrativas.

La lista de hechos de violencia comenzó pocas semanas atrás cuando se supo que cinco adolescentes habían violado a uno de sus compañeros en el baño del colegio en el que estudian; luego se supo de al menos una segunda víctima del grupo. Casi al mismo tiempo, se supo del caso de un niño de 11 años de edad que acuchilló a una niña de seis años, también en el colegio donde estudiaban. Otra noticia dio cuenta de una adolescente de 16 apuñalada por su compañera de colegio, en supuesto acto de defensa por el bullying.

Lea también: Pulseada y quiebre

Días después, un hombre de 33 años de edad se declaró autor de la violación e infanticidio de un niño de nueve años de edad; el infanticida tenía antecedentes penales por abuso sexual y por intento de violación. Casi al mismo tiempo, se supo que un nuevo caso de presunta violación grupal es investigado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, cuya víctima es menor de edad; los violadores, cinco hombres, tres de ellos también menores, cumplen detención preventiva. Similar crimen se investiga en La Paz, donde cinco personas abusaron reiteradamente de una niña de 11 años, que actualmente está embarazada.

Como en otros casos de violencia, el Gobierno reaccionó proponiendo la creación de un Consejo Interinstitucional por la Niñez, que fue conformado por ministerios, representantes de maestros, colegios, estudiantes y pueblos originarios, encabezados por el Ministro de Educación, quien días atrás anunció la propuesta de 34 acciones, a corto y mediano plazos, destinadas a erradicar la violencia en las unidades educativas del país. Está previsto que hoy el Consejo presente estrategias que se puedan traducir en medidas de prevención y atención de la violencia en los colegios, entre ellas, la eventual modificación de la Ley 548 para que las personas de 12 a 14 años que cometan algún delito sean procesadas de acuerdo a esa ley; y las de 15 a 16 años sean sometidas a la Justicia ordinaria.

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia y, mucho peor, para que las y los más jóvenes aprendan a cuidarse y eviten producir y padecer violencia. El magisterio, que durante meses se movilizó para impedir que materias como educación sexual integral o cuidado en las redes sociales sean parte del currículo educativo, tienen gran parte de la culpa, pero no solo ellos, pues padres y madres que se oponen a hablar de estos temas profundizan el problema. Es difícil saber cuántas tragedias más hacen falta para que cambie este estado de cosas.

El Coro y Orquesta Municipal de San Ignacio de Velasco, Orquesta Misional de Santa Ana de Velasco, Escuela Inclusiva de Música FASSIV y la Orquesta Infanto Juvenil Paz y Bien, se beneficiaron de instrumentos musicales.

Rubens Barbery, presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), indicó que, al proveerles de insumos de calidad a las orquestas de San Ignacio de Velasco, se busca fomentar el talento de sus integrantes y brindarles las herramientas necesarias para una experiencia en la música enriquecedora.

Actualmente, más de 500 niños y jóvenes se benefician de la educación musical en el territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; lo cual constituye un patrimonio intangible y una prueba de que estos pueblos son portadores de una cultura viva.

Las 4 orquestas de música de San Ignacio de Velasco interpretan música barroca misional a través de sus presentaciones; y ahora contaran con mejores herramientas para su formación y sus interpretaciones musicales.

La música barroca desempeña un papel fundamental en la historia cultural de Chiquitos, siendo el elemento cultural más importante. Durante las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, este lenguaje universal permitió la comunicación entre diferentes grupos étnicos y los misioneros que llegaron a la región.

También puedes leer: Vietnam prohíbe la película ‘Barbie’ por un mapa del mar de China Meridional

La censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, seguida de su reposición en el cargo por parte del presidente Arce, tras la formalidad de su destitución, marca un punto de quiebre en la disputa interna en el MAS-IPSP. Y establece un escenario de gobierno dividido toda vez que el oficialismo, en los hechos, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A reserva de los antecedentes y del debate político y jurídico sobre los efectos de la censura a la vista de una ley, una sentencia constitucional e incluso un proyecto de ley en la materia, el ruidoso caso Del Castillo deriva en una consecuencia crítica: la bancada evista se ha instalado abiertamente en el campo de la oposición. Así, la bancada arcista queda en minoría. Mala noticia para la gobernabilidad en un contexto de crisis. Habrá dificultades para la aprobación de leyes necesarias y urgentes.

Respecto a los antecedentes, se ha mencionado que la autoproclamada expresidenta Áñez hizo exactamente lo mismo, con mucha crítica: cesó formalmente a sus ministros censurados (de Defensa, de Gobierno y de Educación) e inmediatamente los restituyó en el cargo. Incumplió la Constitución. Se señaló también que el expresidente Morales, tras la censura de dos ministros en el Senado (de Hidrocarburos y de Gobierno), no aceptó su renuncia. El texto constitucional de entonces lo habilitaba para el efecto.

En cuanto al régimen de Áñez su maniobra no tuvo efectos para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, que siguió bajo control de una mayoría especial del MAS-IPSP. Tampoco hubo consecuencias para la gobernabilidad en el caso del primer gobierno de Morales, pues el Senado continuó con mayoría de la oposición. El asunto que nos ocupa es diferente. La declaratoria de guerra entre las dos facciones del masismo, con alta beligerancia verbal, puede conducir a una situación de parálisis y bloqueo.

También puede leer: Censura legislativa

Si ya era crítica para el oficialismo la creciente disputa interna cuyo núcleo es la candidatura presidencial 2025, ahora son preocupantes los efectos institucionales y decisorios del distanciamiento declarado entre evistas y arcistas en la Asamblea. El gobierno de Arce necesita la aprobación de leyes fundamentales, en especial para enfrentar la crisis económica, además de créditos y otras normas. ¿La bancada afín a Evo hará mayoría con CC y Creemos para frenar o condicionar esa agenda legislativa?

Más allá de la retórica de unos y otros que señalan “traidores” y hablan de “planes negros”, el gran desafío político hoy es la voluntad de los actores relevantes para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad en un contexto incierto y adverso. Ya ni pensemos en grandes reformas o en mayorías de dos tercios para elegir autoridades, encaminar juicios de responsabilidades o preseleccionar postulantes. El caso Del Castillo no es solo un episodio de demostración de fuerzas, sino un punto de quiebre. 

El martes, en su tercera interpelación seguida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado por más de dos tercios de las y los asambleístas; esta vez fue por el tráfico de automóviles robados en Chile, pero propios y extraños coincidieron en señalar que el Presidente del Estado debe tomar muy en cuenta lo sucedido.

En la interpelación, el todavía ministro respondió 14 preguntas de legisladores de oposición sobre el robo de vehículos en Chile y su comercialización en Bolivia; si bien el tema no es nuevo en el país, al parecer la gota que colmó el vaso fue la identificación de uno de esos coches en el estacionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Al final del acto, 101 diputados y senadores votaron por la censura del ministro, 42 rechazaron la moción y uno votó en blanco.

Lea también: Una relación difícil

En la interpelación anterior, el 13 de junio, del Castillo recibió el voto de confianza de la ALP tras responder a preguntas sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz durante el paro cívico de 36 días, iniciado en octubre del año pasado. Tres semanas antes de eso, la primera interpelación, sobre la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz en diciembre de 2022, terminó de manera bochornosa cuando legisladoras del MAS y de oposición llegaron a los golpes.

En esta ocasión, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante, lo cual fue interpretado como una llamativa coincidencia de intereses entre los representantes del ala “evista” y sus colegas de oposición; previsiblemente, el ala favorable al Presidente hizo mucho énfasis en esta coincidencia.

En sendas entrevistas con La Razón Radio y Piedra Papel y Tinta, el Presidente de la Cámara de Diputados afirmó que, además de la coincidencia de intereses señalada, hay un mensaje para el primer mandatario del país: el titular de la Cámara baja insistió en que el ministro “ha sido censurado y debe ser removido del cargo”, pero que la decisión de destituir y volver a nombrar o no en el cargo al ministro censurado es tuición exclusiva del Presidente. También destacó que del Castillo “no goza de la confianza” de la ALP.

Aunque todavía es poco claro cómo responderá el Presidente, que no había hecho declaración alguna hasta el momento de escribirse estas palabras, algunos legisladores insistieron en que “el pueblo habló” a través de sus representantes en la ALP, por lo que es deber del mandatario escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia.

Hasta que el Presidente tome una decisión, únicamente queda claro que el ministro no podrá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa, que será objeto de disputa entre las dos facciones del MAS y que, eventualmente, enlodará aún más a la Justicia, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, si activa algunos mecanismos que restan fuerza de ley a la propia Constitución y otras normas acerca de la censura parlamentaria.

En noviembre pasado, ante la evidencia del fracaso del paro por la fecha del Censo de Población, un cabildo no deliberativo determinó “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. Otro cabildo, en enero de este año, dio un ultimátum: ley de amnistía y liberación de Camacho o revocatoria de Arce. Hoy está planteado un debate sobre el “modelo cruceño”.

Desde el fallido paro de 36 días del año pasado, la élite cruceña, con centro en el Comité pro Santa Cruz, ha ido ensayando diferentes formas de posicionarse y responder ante una tensa relación con el Gobierno nacional. Lo propio hizo la administración del presidente Arce, en medio de la cada vez más intensa disputa interna en el MAS-IPSP. El resultado ha sido la falta de diálogo, el desencuentro, el ruido, la imposibilidad de acuerdos entre Santa Cruz y el nivel central del Estado. No es algo nuevo.

En ese marco, hay tres operaciones en curso. La primera es el proyecto, iniciado en diciembre pasado y que pretende concluir en septiembre de este año, para diseñar un “nuevo modelo” de relación entre el departamento y el Estado. Para ello se establecieron un marco conceptual y una metodología. Una comisión está a cargo del análisis, que supone elaborar el diagnóstico y, luego, una propuesta de “equilibrio entre lo deseable y lo viable”. Es probable que ello signifique plantear un Estado federal.

A poco de iniciarse ese proceso, la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, en el ámbito del caso Golpe de Estado I, generó un nuevo escenario de confrontación. La respuesta de la elite cruceña fue un nuevo cabildo en el que exigió al gobierno la aprobación, en 30 días, de una ley de amnistía y, como efecto, la liberación de “todos los presos políticos”. Caso contrario, se impulsaría activamente la revocatoria de Arce. Poco después un moderado Larach fue electo presidente del Comité pro Santa Cruz.

Por supuesto, pasados los 30 días del ultimátum no hubo amnistía para ningún preso. Y en mayo se abrió el período para las iniciativas de revocatoria de las autoridades y representantes electos en octubre de 2020. Como no podía dar marcha atrás en una decisión de cabildo, el Comité cruceño solicitó información sobre requisitos y procedimiento. Otros comités y organizaciones de la oposición advirtieron que se trata de un error. Saben que no hay condiciones para activar la revocatoria.

Así, con un proyecto en marcha que revisa la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano y un mandato de revocatoria del presidente Arce que está lejos de ser viable, la tercera operación, más bien discursiva, tiene que ver con el llamado “modelo cruceño”. Mientras unos lo celebran como modelo ejemplar, exitoso y moderno, otros lo descalifican como una invención dependiente de la subvención estatal y asentada en negocios “fassiles”. Aunque mal planteado y peor respondido, el debate está en mesa.