Opinión

Thursday 30 May 2024 | Actualizado a 05:30 AM

Debate parlamentario

La política parlamentaria está severamente contaminada por la radicalidad de los jefes partidarios.

Por La Razón

/ 27 de abril de 2023 / 00:45

El modo en que la Cámara de Diputados aprobó, entre el viernes y el domingo últimos, el proyecto de Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales ha servido para confirmar, una vez más, que la acción política de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional está orientada a afectar la gestión antes que a lograr cambios reales o duraderos.

Luego de que la primera votación, nominal y pública, resultase frustrada por la gran cantidad de votos blancos y, luego, por el exabrupto de un diputado de Comunidad Ciudadana (CC), quien llegó a la testera de la Cámara con clara intención de agredir al presidente de esa instancia, las siguientes sesiones sirvieron para que las y los diputados expresasen su voto por escrito y en un ánfora, logrando la transformación radical de los resultados.

En promedio, 120 diputados de oficialismo y oposición participaron de la votación a lo largo de la tarde y noche del sábado, y la madrugada y mañana del domingo, registrándose 74 votos a favor, 16 en contra, 22 votos blancos, 3 nulos, y 15 votos que “sobraron”. Para el presidente de la Cámara, el voto secreto permitió a los diputados “amedrentados” a votar en libertad por la ley, lejos de las “tenazas” de sus jefes “en el Chapare, en Calacoto o en Chonchocoro”.

Fue una diputada de Creemos quien expresó con gran candor la razón detrás de los obstáculos que se imponen a los proyectos gubernamentales, afirmando que la votación “fue impuesta para este proyecto de ley” y que las y los asambleístas “la aprobaron favoreciendo al Gobierno”, en evidente muestra de que hay representantes que siguen considerando que su trabajo es afectar la gestión gubernamental y no legislar en función de los intereses nacionales.

Similar posición adoptaron las y los asambleístas del MAS más cercanos al expresidente Evo Morales: pusieron en cuestión el modo de votación reclamando falta de “transparencia”, pero sobre todo denunciando una presunta “traición”. En ningún momento, sin embargo, se refirieron al hecho de que los dictados del jefe nacional del MAS coinciden plenamente con los de sus rivales Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

Por su parte, el diputado protagonista del bochorno del viernes porfió en su posición radical y convocó a conferencia de prensa para afirmar, sin brindar evidencia alguna, que el proyecto de ley fue aprobado gracias a que circularon “maletines negros” llenos de dinero. Irónicamente, fue un diputado del MAS quien, tratando de confirmar el rumor, señaló que cada voto habría costado $us 10.000. El presidente de la Cámara les pidió retractarse o presentar la demanda ante las instancias judiciales o, de lo contrario, someterse a acciones penales por encubrimiento.

Queda, así, evidencia de que la política parlamentaria está severamente contaminada por la radicalidad de los jefes partidarios, y que las y los diputados desoyen esos mandatos, escuchando a sus conciencias, en cuanto tienen la posibilidad de hacerlo; que es lo que corresponde cuando se tiene en las manos el presente y el futuro del país.

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¿Habrá elecciones?

Por La Razón

/ 9 de julio de 2023 / 01:19

El nuevo estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) muestra que los liderazgos no creen que haya una reforma de la Justicia durante el gobierno de Arce y tienen dudas sobre la realización de las elecciones judiciales 2023. Dichos comicios están congelados a la espera de una determinación del TCP. Y los estrechos plazos definidos por ley están al límite.

A estas alturas, parece haber dos percepciones muy claras respecto al sistema de administración de justicia en el país. La primera es que la gran mayoría de la población desconfía de dicho sistema. La segunda percepción es que difícilmente habrá una reforma sustantiva en este campo. Es el peor escenario: la Justicia continúa en situación de crisis y no hay condiciones, ni voluntad, para superar dicha crisis. Peor todavía: el camino para la renovación de las altas autoridades judiciales está paralizado.

Esas percepciones aparecen nítidamente en el grupo plural de actores políticos, analistas y periodistas consultados en el estudio de la FES. Más del 90% ven poco o nada probable que se logre en el corto plazo una reforma judicial. Y perciben que la crisis del sistema irá en aumento. En cuanto a las elecciones judiciales, más del 70% considera que se bloqueará con nuevos recursos jurídicos. Como la acción de inconstitucionalidad planteada por un diputado opositor, hoy en manos del TCP.

Por mandato de la Constitución, cada seis años se elige en votación popular a las cabezas del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Así ocurrió en los años 2011 y 2017, con muy elevado porcentaje de votos blancos y nulos. La nueva elección debe hacerse como máximo el 3 de diciembre próximo. La Asamblea tiene 60 días para la selección de postulantes y el TSE 100 días para organizar los comicios. Los plazos no cuadran.

En ese marco, el citado estudio Delphi perfila tres escenarios, todos muy malos para la institucionalidad y la democracia. El primero es que la elección se postergue sin fecha por efecto de las acciones constitucionales en curso. El segundo escenario es que finalmente el camino se allane, pero los plazos no alcancen. Y el tercero es que se logre emitir pronto una nueva convocatoria y reglamento, pero no haya los dos tercios requeridos para seleccionar postulantes, esto es, no se llegué a las urnas.

¿Qué pasaría si el 2 de enero de 2024, cuando deben posesionarse las nuevas autoridades judiciales, resulta que todavía no han sido electas? Las dos salidas son deplorables: que se prorrogue el mandato de los actuales magistrados y consejeros (electos en 2017) o, lo más probable, que se designen nuevas autoridades interinas por decreto. Hay antecedentes al respecto. Así, a la cada vez peor crisis del sistema judicial se sumará un problema de legitimidad de origen de sus principales operadores.  

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Violencia sexual

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia

Por La Razón

/ 6 de julio de 2023 / 06:59

Una seguidilla de noticias publicadas en las últimas semanas da cuenta de lo extendida que está la violencia en general, y la violencia sexual en particular, ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país y lo conflictivo que resulta pasar de las palabras de indignación a los hechos de prevención, sanción y reparación. Se ha propuesto como solución algunas medidas administrativas.

La lista de hechos de violencia comenzó pocas semanas atrás cuando se supo que cinco adolescentes habían violado a uno de sus compañeros en el baño del colegio en el que estudian; luego se supo de al menos una segunda víctima del grupo. Casi al mismo tiempo, se supo del caso de un niño de 11 años de edad que acuchilló a una niña de seis años, también en el colegio donde estudiaban. Otra noticia dio cuenta de una adolescente de 16 apuñalada por su compañera de colegio, en supuesto acto de defensa por el bullying.

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Días después, un hombre de 33 años de edad se declaró autor de la violación e infanticidio de un niño de nueve años de edad; el infanticida tenía antecedentes penales por abuso sexual y por intento de violación. Casi al mismo tiempo, se supo que un nuevo caso de presunta violación grupal es investigado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, cuya víctima es menor de edad; los violadores, cinco hombres, tres de ellos también menores, cumplen detención preventiva. Similar crimen se investiga en La Paz, donde cinco personas abusaron reiteradamente de una niña de 11 años, que actualmente está embarazada.

Como en otros casos de violencia, el Gobierno reaccionó proponiendo la creación de un Consejo Interinstitucional por la Niñez, que fue conformado por ministerios, representantes de maestros, colegios, estudiantes y pueblos originarios, encabezados por el Ministro de Educación, quien días atrás anunció la propuesta de 34 acciones, a corto y mediano plazos, destinadas a erradicar la violencia en las unidades educativas del país. Está previsto que hoy el Consejo presente estrategias que se puedan traducir en medidas de prevención y atención de la violencia en los colegios, entre ellas, la eventual modificación de la Ley 548 para que las personas de 12 a 14 años que cometan algún delito sean procesadas de acuerdo a esa ley; y las de 15 a 16 años sean sometidas a la Justicia ordinaria.

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia y, mucho peor, para que las y los más jóvenes aprendan a cuidarse y eviten producir y padecer violencia. El magisterio, que durante meses se movilizó para impedir que materias como educación sexual integral o cuidado en las redes sociales sean parte del currículo educativo, tienen gran parte de la culpa, pero no solo ellos, pues padres y madres que se oponen a hablar de estos temas profundizan el problema. Es difícil saber cuántas tragedias más hacen falta para que cambie este estado de cosas.

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Orquestas de música de San Ignacio de Velasco reciben instrumentos

Actualmente, más de 500 niños y jóvenes se benefician de la educación musical en el territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; lo cual constituye un patrimonio intangible y una prueba de que estos pueblos son portadores de una cultura viva.

Orquestas de música de San Ignacio de Velasco reciben instrumentos

Por La Razón

/ 3 de julio de 2023 / 18:14

El Coro y Orquesta Municipal de San Ignacio de Velasco, Orquesta Misional de Santa Ana de Velasco, Escuela Inclusiva de Música FASSIV y la Orquesta Infanto Juvenil Paz y Bien, se beneficiaron de instrumentos musicales.

Rubens Barbery, presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), indicó que, al proveerles de insumos de calidad a las orquestas de San Ignacio de Velasco, se busca fomentar el talento de sus integrantes y brindarles las herramientas necesarias para una experiencia en la música enriquecedora.

Actualmente, más de 500 niños y jóvenes se benefician de la educación musical en el territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; lo cual constituye un patrimonio intangible y una prueba de que estos pueblos son portadores de una cultura viva.

Las 4 orquestas de música de San Ignacio de Velasco interpretan música barroca misional a través de sus presentaciones; y ahora contaran con mejores herramientas para su formación y sus interpretaciones musicales.

La música barroca desempeña un papel fundamental en la historia cultural de Chiquitos, siendo el elemento cultural más importante. Durante las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, este lenguaje universal permitió la comunicación entre diferentes grupos étnicos y los misioneros que llegaron a la región.

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Pulseada y quiebre

Por La Razón

/ 2 de julio de 2023 / 00:05

La censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, seguida de su reposición en el cargo por parte del presidente Arce, tras la formalidad de su destitución, marca un punto de quiebre en la disputa interna en el MAS-IPSP. Y establece un escenario de gobierno dividido toda vez que el oficialismo, en los hechos, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

A reserva de los antecedentes y del debate político y jurídico sobre los efectos de la censura a la vista de una ley, una sentencia constitucional e incluso un proyecto de ley en la materia, el ruidoso caso Del Castillo deriva en una consecuencia crítica: la bancada evista se ha instalado abiertamente en el campo de la oposición. Así, la bancada arcista queda en minoría. Mala noticia para la gobernabilidad en un contexto de crisis. Habrá dificultades para la aprobación de leyes necesarias y urgentes.

Respecto a los antecedentes, se ha mencionado que la autoproclamada expresidenta Áñez hizo exactamente lo mismo, con mucha crítica: cesó formalmente a sus ministros censurados (de Defensa, de Gobierno y de Educación) e inmediatamente los restituyó en el cargo. Incumplió la Constitución. Se señaló también que el expresidente Morales, tras la censura de dos ministros en el Senado (de Hidrocarburos y de Gobierno), no aceptó su renuncia. El texto constitucional de entonces lo habilitaba para el efecto.

En cuanto al régimen de Áñez su maniobra no tuvo efectos para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, que siguió bajo control de una mayoría especial del MAS-IPSP. Tampoco hubo consecuencias para la gobernabilidad en el caso del primer gobierno de Morales, pues el Senado continuó con mayoría de la oposición. El asunto que nos ocupa es diferente. La declaratoria de guerra entre las dos facciones del masismo, con alta beligerancia verbal, puede conducir a una situación de parálisis y bloqueo.

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Si ya era crítica para el oficialismo la creciente disputa interna cuyo núcleo es la candidatura presidencial 2025, ahora son preocupantes los efectos institucionales y decisorios del distanciamiento declarado entre evistas y arcistas en la Asamblea. El gobierno de Arce necesita la aprobación de leyes fundamentales, en especial para enfrentar la crisis económica, además de créditos y otras normas. ¿La bancada afín a Evo hará mayoría con CC y Creemos para frenar o condicionar esa agenda legislativa?

Más allá de la retórica de unos y otros que señalan “traidores” y hablan de “planes negros”, el gran desafío político hoy es la voluntad de los actores relevantes para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad en un contexto incierto y adverso. Ya ni pensemos en grandes reformas o en mayorías de dos tercios para elegir autoridades, encaminar juicios de responsabilidades o preseleccionar postulantes. El caso Del Castillo no es solo un episodio de demostración de fuerzas, sino un punto de quiebre. 

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Censura legislativa

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante

Por La Razón

/ 29 de junio de 2023 / 07:18

El martes, en su tercera interpelación seguida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado por más de dos tercios de las y los asambleístas; esta vez fue por el tráfico de automóviles robados en Chile, pero propios y extraños coincidieron en señalar que el Presidente del Estado debe tomar muy en cuenta lo sucedido.

En la interpelación, el todavía ministro respondió 14 preguntas de legisladores de oposición sobre el robo de vehículos en Chile y su comercialización en Bolivia; si bien el tema no es nuevo en el país, al parecer la gota que colmó el vaso fue la identificación de uno de esos coches en el estacionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Al final del acto, 101 diputados y senadores votaron por la censura del ministro, 42 rechazaron la moción y uno votó en blanco.

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En la interpelación anterior, el 13 de junio, del Castillo recibió el voto de confianza de la ALP tras responder a preguntas sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz durante el paro cívico de 36 días, iniciado en octubre del año pasado. Tres semanas antes de eso, la primera interpelación, sobre la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz en diciembre de 2022, terminó de manera bochornosa cuando legisladoras del MAS y de oposición llegaron a los golpes.

En esta ocasión, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante, lo cual fue interpretado como una llamativa coincidencia de intereses entre los representantes del ala “evista” y sus colegas de oposición; previsiblemente, el ala favorable al Presidente hizo mucho énfasis en esta coincidencia.

En sendas entrevistas con La Razón Radio y Piedra Papel y Tinta, el Presidente de la Cámara de Diputados afirmó que, además de la coincidencia de intereses señalada, hay un mensaje para el primer mandatario del país: el titular de la Cámara baja insistió en que el ministro “ha sido censurado y debe ser removido del cargo”, pero que la decisión de destituir y volver a nombrar o no en el cargo al ministro censurado es tuición exclusiva del Presidente. También destacó que del Castillo “no goza de la confianza” de la ALP.

Aunque todavía es poco claro cómo responderá el Presidente, que no había hecho declaración alguna hasta el momento de escribirse estas palabras, algunos legisladores insistieron en que “el pueblo habló” a través de sus representantes en la ALP, por lo que es deber del mandatario escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia.

Hasta que el Presidente tome una decisión, únicamente queda claro que el ministro no podrá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa, que será objeto de disputa entre las dos facciones del MAS y que, eventualmente, enlodará aún más a la Justicia, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, si activa algunos mecanismos que restan fuerza de ley a la propia Constitución y otras normas acerca de la censura parlamentaria.

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