“Una canallada”. Así calificó el exvicepresidente Álvaro García Linera a quienes postulan que en noviembre de 2019 no hubo un “golpe de Estado”, tras la carta difundida por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho de que en la crisis de ese año hubo un “fraude”.

Camacho, quien en 2019 era presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora está encarcelado precisamente por la investigación de esos hechos, publicó una “cronología de lo sucedido” y dijo que “nunca se podrá borrar de la historia la pura verdad: no hubo golpe, hubo fraude”.

En el programa “Cable a tierra”, en radio Éxito, el exvicepresidente fustigó a Camacho y señaló que “no solo es un criminal, sino un canalla”. Y criticó a quienes difunden la idea de que no hubo un golpe, ya que están ahí los 36 fallecidos y los más de 500 heridos, todos a bala.

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“Eso no es invento, es golpe de Estado y con masacre, algo que el pueblo no olvida”.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue derrocado, asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas encabezadas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Dos jornadas después tomaba el poder la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, tras una serie de reuniones extralegislativas. La ahora exmandataria transitoria se encuentra tras las rejas, en el penal paceño de Miraflores, por lo ocurrido en su autoproclamación.

En el caso Golpe de Estado II fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de cárcel. Según las pruebas recabadas por la Fiscalía, asumió la presidencia sin el respectivo quórum legislativo y sin respetar el reglamento de debates de la Cámara de Senadores.

Camacho también está en una penitenciaría, en Chonchocoro. Es investigado por el caso Golpe de Estado I, en el que también figura Áñez. El Ministerio Público indaga en este proceso el derrocamiento de Morales, y el expresidente cívico cruceño es el principal sindicado.

Lo sucedido en la crisis de 2019 volvió al debate luego de que dos legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) dijeron que Morales “instruyó” que la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad pidan su renuncia en medio del conflicto.

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Ello provocó que opositores como Áñez, Camacho, Carlos Mesa (expresidente y jefe de la alianza Comunidad Ciudadana), el expresidente Jorge Quiroga, entre otros, hablen de un “autogolpe” y vuelvan a querer instalar la idea de que en 2019 hubo un fraude electoral.

“No tiene lógica, no tiene sentido. No solo el supuesto pedido (a la COB y el Pacto de Unidad) del presidente Evo, de un par de diputados que no saben lo que pasó entonces. Es una canallada que hace escarnio y agrede a los familiares de los muertos”, indicó García Linera.

Remarcó que lo sucedido no se podrá borrar, “hagan canalladas de todo tipo. No van a poder borrar de su historial los golpistas que desconocieron a la Asamblea Legislativa”. Ante ello, el exvicepresidente recordó que Áñez recibió la banda presidencial de parte de militares.  

Un operativo desplegado con al menos 250 policías, ante un ataque armado a una familia chilena en la localidad de Challapata, en Oruro, que buscaba su camión robado en su país, en Calama, acabó con 14 arrestados.

La familia había llegado a suelo boliviano la anterior semana, cuando pidió públicamente al Gobierno que la ayude en la búsqueda. El sábado, los tres ciudadanos chilenos se internaron en Challapata. Con la ayuda de guías ubicaron su vehículo. Pero fueron descubiertos.

El cruce de la represa Tacagua, aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Oruro, fue el lugar donde fueron atacados, a las 08.00. El vehículo en el que iban fue emboscado y baleado. Dos de los familiares huyeron, uno no pudo hacerlo porque resultó herido.

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Arrestados

Ello provocó la organización del operativo. Ayer se brindó una conferencia sobre lo ocurrido. Lo dieron el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales; el cónsul de Chile, Fernando Velasco; el comandante de la Policía de Oruro, el coronel Edson Claure, entre otras autoridades.

“Hemos descubierto quiénes han disparado y quiénes han liderado esa operación, hemos recuperado el camión”, remarcó Aguilera. “Hay 14 personas arrestadas producto de la vinculación que se ha logrado demostrar con estos hechos. Hay una convergencia en cuanto a la lesión sufrida por un ciudadano chileno, como por el hecho de robo en sí mismo. Vale la pena destacar que el 70% de estos hechos se produce cuando estos vehículos se encuentran estacionados y se utiliza una serie de dispositivos mecanismos y electrónicos que permiten el desbloqueo”.

Expresó su confianza de que “en las siguientes horas el excelente trabajo que hemos realizado se va a traducir con la detención de los autores de este hecho». No obstante, entre los arrestados están dos de los identificados como autores de lo sucedido, son hermanos: Hipólito y Omar M. M.

Grupos criminales

El fiscal Morales remarcó que hay grupos criminales que se dedican a este tipo de ilícitos y que operan en ambos lados de la frontera, tanto para el robo como para la internación de motorizados desde Chile. Asimismo, informó sobre el rescate del ciudadano chileno que resultó herido.

“Luego del hecho, la víctima decidió resguardarse y mantenerse oculta hasta que finalmente fue encontrada y posteriormente fue trasladada a Oruro para que reciba atención médica, mientras que los otros dos fueron resguardados por la Policía y volvieron a su país».

Eso no es todo. Se activaron operaciones encubiertas en la zona de Challapata para dar con los responsables. «Se han realizado 15 allanamientos entre otros actuados que permitirán encontrar a los demás partícipes del hecho, para que sean procesados de acuerdo a norma», dijo Morales. Lo sucedido es investigado por asesinato en grado de tentativa.

El cónsul Velasco se trasladó a Oruro para ver el estado de su compatriota, quien fue internado en el Hospital San Juan de Dios. Agradeció la coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Policía, y abogó para que se implementen más acciones conjuntas para frenar esta actividad ilícita.

Mientras que el ciudadano chileno herido ya fue estabilizado, pero todavía se encuentra en estado crítico, ya que los informes médicos apuntan a que puede quedar parapléjico. Su familia brindó un comunicado, anunciando que en Calama exigirán al gobierno chileno que se haga cargo del estado de salud de la víctima.

A fines de junio, se informaba que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había ordenado que ocho procesos y cuatro sentencias penales contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sean anulados, con lo cual se abre la puerta a juicios de responsabilidades contra la autoridad.

La determinación fue asumida porque los delitos por los que se acusa al burgomaestre datan de entre 2006 y 2008, cuando fungía como prefecto de ese departamento, por lo cual rige para él la aplicación de la Ley 2445, promulgada en 2003, que señalaba que para el Presidente, el Vicepresidente, los ministros y los prefectos se aplican estos procesos.

Con la nueva Constitución Política del Estado de 2009 todo cambió en este campo, ya que un año después nació la Ley 044, que fue firmada por el entonces presidente Evo Morales, que dispone que los juicios de privilegio rigen para el Presidente, el Vicepresidente y las altas autoridades del TCP, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Precisamente Morales fue quien criticó el fallo del TCP que “benefició” a Reyes Villa. “No insulten a la inteligencia del pueblo. Las sentencias del TCP a favor de Manfred Reyes Villa, corrupto que ya tenía sentencia ejecutoriada y tantos procesos por robar la plata del pueblo, demuestran su alianza con el gobierno… El TCP está constitucionalizando la corrupción”, escribió el exmandatario en Twitter.

Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, aclara que lo decidido por el TCP no implica ni el archivo de obrados, ni una declaración de inocencia y menos que Reyes Villa haya sido sobreseído de los procesos en su contra, sino que ha reencauzado el procedimiento, por lo cual los 12 casos anulados en la Justicia ordinaria deberán ser presentados ante la Asamblea Legislativa por la Fiscalía General del Estado, con los requerimientos acusatorios.

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“Inclusive todo actuado en las etapas respectivas preparatorias de investigación es plenamente válido. Lo han hecho los fiscales ordinarios y seguramente el Fiscal General va a usar todos esos elementos probatorios para presentar el requerimiento acusatorio en todos los casos. No se archivó obrados, el procedimiento debe seguir, corresponde cuando el Fiscal General emita los requerimientos y la Asamblea autorice su juzgamiento, y esperemos se pueda llegar a una sentencia”.

El tema está en saber si el Legislativo viabilizará con celeridad estos procesos, ya que tiene pendiente la aprobación o el rechazo de al menos 20 requerimientos acusatorios para juicios de responsabilidades, incluso que datan desde 2004, lo que implica una “retardación de justicia”. 

En un acto, el presidente Luis Arce criticó este sábado que los proyectos ley enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para la aprobación de créditos no fluyan por “algunos malos asambleístas”, por lo cual demandó que se agilice este tema.  

“Hemos presentado varias leyes que benefician al pueblo boliviano. Queremos recursos no para que yo me los lleve a mi casa, ni el viceministro, ni nuestro jilata David Choquehuanca. Cuando presentamos proyectos de ley es para hacer las obras que ustedes hoy están viendo que llegan a la población; que se hacen para la gente”, remarcó el Mandatario.

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Y continuó: “Hay lamentablemente algunos malos asambleístas nacionales, elegidos por nosotros mismos; con nuestro voto y que no están cumpliendo la labor de aprobar esas leyes, de agilizar todos los trámites allá en la Asamblea Legislativa; para que nosotros podamos tener los recursos y hacer las obras que ustedes necesitan”.

Créditos

“Todos nos piden obras, nosotros presentamos leyes para los créditos y no hay los créditos, ahí pido a nuestras centrales, a nuestros alcaldes, a todas nuestras organizaciones sociales hacer cuerpo para exigir que nuestros asambleístas de una vez por todas aprueben esas normas y que llegue el dinero en obras para el pueblo boliviano”, remarcó.

Esta semana, la Cámara de Senadores sancionó la ley de contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 500 millones, destinado a poblaciones vulnerables afectadas por el COVID-19, y para equipamiento de hospitales de tercer nivel en el Chaco y Cobija.

12 de noviembre de 2019. Balcón del Palacio de Gobierno de la plaza Murillo. Luis Fernando Camacho, el cívico, festeja junto a la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Él sujeta la Gran Biblia con la cual llegó a la ciudad de La Paz para dar los “santos óleos” al gobierno de Evo Morales.

6 de julio de 2023. Casi cuatro años después. Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, tiene la autorización de un juez para salir de la cárcel de Chonchocoro, si hay escoltas disponibles, para participar del Consejo Nacional de Autonomías, en la Casa Grande del Pueblo.

Este jueves se reúnen el presidente Luis Arce, gobernadores, autoridades municipales y otras regionales en el Consejo. Evaluarán los avances para el Censo del 23 de marzo de 2024. Una instancia a la que Camacho no asistió en otras invitaciones, pero ahora puede ser la excepción.

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El gobernador que en 2019 lideró las protestas cívicas que cavaron el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, se encuentra en el penal paceño desde diciembre de 2022, con detención preventiva, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I.

La caída del líder cocalero se consumó el 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las denuncias de fraude en las elecciones generales, las movilizaciones cívicas, un motín policial que se esparció como reguero de pólvora y la presión del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Camacho allanó el camino al poder de Áñez, tras reuniones extralegislativas que hoy son indagadas en el caso Golpe de Estado I. La ahora exmandataria se encuentra en la penitenciaría de Miraflores y tiene una sentencia en primera instancia en el caso Golpe II: 10 años de prisión.

Camacho

Este caso se refiere a la autoproclamación de la exsenadora opositora el 12 de noviembre de 2019. Según la Fiscalía, tomó las riendas del Estado en una sesión legislativa que no contó con el quórum respectivo y, además, no respetó el reglamento de debates de la Cámara Alta.

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Ese día, Camacho apareció con ella en el balcón del Palacio de Gobierno, celebrando el adiós de Morales. Pero, al poco tiempo, la luna de miel entre el entonces líder cívico cruceño y Áñez acabó. ¿La causa? Se venían las elecciones de 2020 y no caben dos en la silla presidencial.

Primer quiebre: la salida del gabinete de la ficha de Camacho, Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia. Segundo quiebre: a Áñez le gustó el traje presidencial y decidió lanzarse como candidata. Una cuchillada a Camacho, que se veía como la carta ganadora de los exopositores.

El ahora gobernador cruceño no pisó desde ese 2019 la plaza Murillo. Uno de sus últimos arribos a la ciudad de La Paz, libre, fue en la feria de Alasita del siguiente año, cuando vino a inscribir su alianza, Creemos, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero no tiene un buen recuerdo.

Ese 24 de enero fue abucheado en la feria de la miniatura. Personas le gritaron “oportunista”, “racista”, “asesino”… Le lanzaron varios objetos. Nada de miniaturas. Le llovieron choclos, frutas, botellas… Al menos, un choclo le llegó. Y Camacho fue rescatado por su seguridad.

Retorno

Luego, reapareció en La Paz para su campaña presidencial. Sin embargo, con el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, en noviembre de 2020, con Luis Arce como presidente, Camacho borró definitivamente de su mapa de visitas a esta región. Más aún, sectores opositores al gobernador incluso le advirtieron por si se animaba a aterrizar en la sede de gobierno.

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No quiso venir para declarar ante la Fiscalía, ni a las citas del Consejo de Autonomías. Eso cambió en diciembre de 2022: fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a suelo paceño. Lo más cerca que estuvo de la plaza Murillo fueron las celdas de la Policía, en la avenida Sucre.

Ahora, desde la Gobernación cruceña han abierto la puerta a que asista a la reunión del Consejo prevista para este jueves, bajo la dirección del presidente Arce, en la Casa Grande del Pueblo. Por lo visto, ahora sí Camacho tiene todo el interés de ser parte de este encuentro.

Un juez de Santa Cruz señaló el miércoles que si hay escoltas disponibles, el gobernador puede salir de Chonchocoro para ser parte de la evaluación del Censo de 2024. No obstante, desde la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario se indicó que no llegó ninguna orden al respecto.

O sea, este jueves se dilucidará si la autoridad departamental retorna casi cuatro años después al epicentro del poder político. Ahora no podrá hacerlo con la Gran Biblia, ni con un baño de multitudes como en 2019. Sino como Luis Fernando Camacho, el gobernador encarcelado.