El juez de Sentencia Penal Javier Peñaranda concedió este miércoles una acción de libertad a Amparo Carvajal, quien se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB). Indicó que se vulneraron sus derechos y prohibió a Édgar Salazar realizar cualquier tipo de acto de hostigamiento y amedrentamiento.

“En consecuencia, se dispone que Édgar Salazar se inhiba de realizar estos actos de amedrentamientos evocados por el accionante, se prohíbe continuar este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra la indicada ciudadana (Carvajal), bajo advertencia de remitir antecedentes a la autoridad competente, es decir, al Ministerio Público por los delitos que cometa a partir de la fecha”, dijo Peñaranda.

El martes, luego de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la sede de la APDHB, en la ciudad de La Paz, Carvajal de manera sorpresiva trepó por una escalera hasta la terraza y arengó que había “tomado” la institución.

En el lugar, hubo amagos de enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de activistas y parlamentarios de oposición, quienes intentaron subir donde se encuentra Carvajal, indicando que quieren entregarle alimentos y frazadas.

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La mujer, desde la terraza de la sede, indicó pasado el mediodía de este miércoles que desde ese lugar defenderá los derechos humanos y se quedará “hasta morir”.

Carvajal y Salazar se atribuyen la representación de la APDHB. Salazar negó una toma y dijo que en junio hubo una “recuperación” de la sede, porque Carvajal ya no es presidenta.

Ricardo Rodríguez, defensa legal de Carvajal, denunció que la noche del martes personas afines a Salazar llegaron hasta las instalaciones de la APDHB con cánticos denigrantes y que el mismo Salazar instaló dos parlantes que tocaban música.

“Le afectaban a la señora Amparo y se ha pedido que cese. Nos han concedido la tutela”, remarcó.

Cuando la defensa solicitó al juez que se conmine a Salazar a que Carvajal utilice los servicios básicos, la autoridad respondió que Salazar debe inhibirse de “cualquier tipo de conducta” que amenace o ejerza violencia, e incluso atente contra el derecho de locomoción. “Tiene todo el derecho de utilizar”, señaló.

“Édgar no puede más prohibir a que pueda utilizar esos servicios que no son solo básicos, sino son derechos humanos que le corresponden a cada persona, no podemos prohibir”.

También el juez aprobó el ingreso a la sede de médicos y psicólogos cuando amerite su presencia.

La defensa señaló que Carvajal debe ser resguardada por Policía Boliviana y que las puertas de la APDHB permanecerán cerradas debido a que la autoridad judicial que conoció este caso no es competente para dilucidar los hechos concernientes al derecho de propiedad del inmueble de la APDHB.

La audiencia de acción de libertad se realizó de manera virtual. Carvajal participó desde la terraza de la institución en compañía de sus abogados. Uno de ellos tuvo que utilizar una escalera para estar con la mujer de 84 años.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló este miércoles que aguardan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso presentado contra la convocatoria y el proceso de preselección de las judiciales, para adecuar “probablemente” algunos plazos, y afirmó que las elecciones deben realizarse el 3 de diciembre.

Reivindicó esa fecha porque los magistrados elegidos deben ser posesionados el 3 de enero de 2024, cuando acaba el mandato de los actuales y conforme a la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Nosotros tenemos una fecha, el 3 de diciembre debe realizarse la elección, porque el 3, si hay la necesidad de repetir en algunas mesas, debemos esperar 15 días hacia adelante, eso nos permitiría llegar con el cómputo final y las listas de elegidos a tiempo para que puedan posesionarse el 3 de enero”, remarcó la autoridad.

El martes, Karem Gallardo, magistrada del TCP, indicó que hasta finales de julio se emitirá la sentencia constitucional en este caso, que definió la suspensión provisional del reglamento y la convocatoria de preselección de candidatos de las altas autoridades al Órgano Judicial.

Hassenteufel indicó que la expectativa en el país está sobre el fallo que pueda emitir el TCP, con el fin de que se pueda retomar el proceso, primero en la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos, y segundo, para que posteriormente el TSE puede llevar adelante el proceso electoral.

“El jueves y el viernes el Órgano Electoral Plurinacional va a realizar un taller nacional en la ciudad Santa Cruz a objeto de dar el toque final de todos los preparativos (como) el calendario electoral, la aprobación de los reglamentos y la aprobación de todo lo que hace falta para este proceso electoral (judicial)”.

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El 24 de abril, el diputado Leonardo Ayala, de la opositora Creemos, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP. En su petitorio, alega que la Sala Constitucional de Beni observó el reglamento de preselección en su totalidad y que los asambleístas elaboraron uno nuevo, cuando lo que correspondía era una ley, como sucedió en 2017 con la Ley 960 Transitoria.

Demanda

Además, demanda que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las judiciales. “La convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista. El informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”, según el auto constitucional 0186/2023, del 27 de abril.

A la espera de ese fallo, y con el objetivo de ganar tiempo, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513 para garantizar los comicios judiciales de este año. La norma acorta los plazos y otorga a la Asamblea Legislativa 60 días para la preselección y selección de postulantes y al TSE, 100 días para la organización de las elecciones.

En el proceso serán elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este miércoles que el Gobierno no intervendrá en el conflicto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) porque es de índole “privado”.

“No hemos tomado posición por ninguna de las partes, queremos ser enfáticos y puntuales al manifestar aquello, así como también al considerarse un tema entre privados, instamos a que esto se pueda resolver a través de los procedimientos y mecanismos que tienen internamente”, dijo la autoridad.

Indicó que la Policía lo único que hace es precautelar el orden público en la sede de la APDHB y evitar que situaciones de violencia. Añadió que las fuerzas del orden se mantendrán en el lugar para resguardar el orden público y evitar que se generen enfrentamientos.

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“Este conflicto lleva más de un mes y también se ha emitido una acción de un juez que ha sido presentada por Amparo Carvajal, en la cual fue denegada la misma, entre los fundamentos está que no hay una acción ni omisión por parte del ministro de Gobierno y la Policía”.

El martes, luego de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la APDHB, Carvajal, quien se atribuye la presidencia al igual que Édgar Salazar, de manera sorpresiva trepó por una escalera hasta la terraza y arengó que había “tomado” la institución.

Amagos

En el lugar, hubo amagos de enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de activistas y parlamentarios de oposición, quienes intentaron subir donde se encuentra Carvajal, indicando que quieren entregarle alimentos y frazadas.

La mujer de 84 años, desde la terraza de la sede, indicó pasado el mediodía de este miércoles que desde ese lugar defenderá los derechos humanos y se quedará “hasta morir”.

Carvajal y Salazar se atribuyen la representación de la APDHB. Salazar negó una toma y dijo que en junio hubo una “recuperación” de la sede, porque Carvajal ya no es presidenta.

La Cámara de Senadores conformó este miércoles una Comisión Especial de investigación de delitos de abuso sexual y otros delitos conexos relativos a la violencia sexual suscitados en entornos eclesiales que constituyan pederastia clerical.

La resolución camaral fue aprobada por 23 votos a favor de los 27 senadores presentes y está conformada por los senadores de Movimiento Al Socialismo Luis Adolfo Flores, Simona Quispe y William Torrez, junto con el senador de Creemos Julio Diego Romaña. La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) decidió retirar a su representante de la comisión.

La Comisión Especial de Investigación, de acuerdo a la resolución, llevará a cabo sus actividades durante un período de tres meses a partir de la aprobación de la presente resolución. Sus acciones se regirán por el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, entre otros.

Además, el punto tres establece que, para llevar a cabo esta labor investigativa, se debe garantizar una adecuada coordinación con la sociedad civil y brindar una protección reforzada en todo momento a las víctimas y sobrevivientes. Esto de acuerdo con los estándares del derecho internacional y los derechos humanos.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, durante la sesión, destacó la importancia de esa comisión para que investigue, siente un precedente, esclarezca los hechos y encamine los objetivos de las víctimas que son la reparación civil, moral y material.

“De este hecho debemos abrir a un debate más integral, si se trata de un proyecto de ley, hay que hacerlo; si se trata de reformar la CPE para endurecer las penas en mi opinión, hay que hacerlo (…)”, dijo Rodríguez.

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La senadora del MAS Lucy Escobar cuestionó el retiro de la representante de CC en esta comisión e indicó que no existe “interés” de esta bancada para investigar casos de pederastia.

“La Constitución Política del Estado es clara sobre las atribuciones que tenemos de fiscalizar y trabajar en este caso pederastia que es muy importante, no podemos dejar en la impunidad a todos aquellos abusos que han hecho contra nuestros niños. No podemos permitir que esto pueda seguir sucediendo y haya sucedido en años pasados”, dijo Escobar.

El senador del MAS William Torrez señaló que trabajarán en base a un Plan Estratégico de Investigación. Su labor no se limitará únicamente a investigar a sacerdotes acusados de pederastia, también realizarán un seguimiento al trabajo del Ministerio Público, en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales de fiscalización.

“Esperamos que muy pronto tengamos políticas públicas destinadas a combatir violaciones, a menores fundamentalmente que en estos días vamos tomando noticia”, remarcó.

Publicación

Los casos de pederastia dentro de la Iglesia católica salieron a la luz el 30 de abril, tras la publicación del reportaje por el periódico El País “Diario de un cura pederasta: Hice daño a mucha gente demasiada”, donde el sacerdote jesuita Alfonzo Pedrajas admitió de haber abusado de al menos 80, en ese entonces, menores en centros educativos, la mayoría en el internado Juan XXIII de Cochabamba.

La Defensoría del Pueblo instó este martes a los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a profundizar la búsqueda de soluciones, tras más de 40 días de conflicto entre dos bloques de esa institución. 

“Desde el inicio del conflicto, la institución realiza el monitoreo de los sucesos a fin de precautelar, por sobre todo, el respeto al derecho a la salud y la vida de los involucrados, gestionando atención médica, la rehabilitación de servicios básicos, así como el envío de notas donde se recomienda a los actores buscar soluciones en el marco orgánico”, señala la Defensoría, en un comunicado.

Recuerda al Estado que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pluralidad, respeto y convivencia pacífica, tal como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Amparo Carvajal y Édgar Salazar se atribuyen la representación de la APDHB.

El pasado 2 de junio, el bloque de Salazar “tomó” las instalaciones de esa institución y Carvajal inició una vigilia permanente en las puertas de esta institución. Salazar indicó que se “recuperó” la sede, ya que Carvajal no es reconocida como presidenta.

Ayer, de manera sorpresiva, la mujer de 82 años, mediante una escalera, subió a la terraza de la entidad y dijo que nadie la moverá de ahí. En la puerta hubo forcejeos entre activistas y parlamentarios opositores con la Policía.