El presidente Luis Arce, aseguró que Bolivia nunca renunciará a su derecho soberano a una salida soberana al océano Pacífico y que, además, ejercerá sus derechos sobre las aguas del Silala.
“El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al océano Pacífico. El fallo de la Haya abre esa posibilidad y, como pueblos hermanos, debemos trabajar para que esa herida en el Abya Yala se cierre”, dijo durante su discurso en homenaje a los 144 años de la Defensa de Calama.
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Guerra
En 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto declaró oficialmente la guerra a Bolivia y Perú; y en 1880 se libró la Batalla del Alto de la Alianza, que marcó la derrota definitiva de Bolivia.
En 1904 Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad que consolidó los límites entre ambos países. Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Luego, Bolivia reclamó varias veces una revisión del Tratado de 1904, pero no tuvo éxito.
En 1962 se rompieron las relaciones diplomáticas bilaterales, por el desvió chileno de las aguas internacionales del río Lauca.
Los presidentes Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile), en 1975 iniciaron una negociación sobre la demanda boliviana.
Ya en 2006, los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile) establecieron una agenda de 13 puntos, que incluyó la demanda marítima.
En 2011 se llevó a cabo una primera reunión de cancilleres de ambos países en La Paz, para tratar, sin éxito, el reclamo boliviano.
Demanda
El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, por una salida soberana.
En 2018, dicho tribunal falló con al argumento que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano a las costas del Pacífico.
A pesar de ese fallo, Arce expresó su confianza en que una salida soberana a las aguas del Pacífico para Bolivia, “sería de gran alegría para toda la comunidad internacional”.
Asimismo, remarcó que Bolivia no dejará de proponer la necesidad de trabajar por su reivindicación marítima ante Chile.
«Cuando nuestros hijas e hijos se bañen en las aguas del Pacífico navegando y comerciando desde puertos soberanos, se habrá cerrado de una vez y para siempre la herida centenaria en nuestra América», dijo.
Silala
Respecto a los manantiales del Silala, Arce recordó que también la CIJ, en 2022, reivindicó los derechos bolivianos que por muchos años fueron cuestionados por gobiernos de Chile.
Además, aseveró que ya se trabaja para “efectivizar” la resolución.
En 1908, la Prefectura de Potosí concedió el uso de las aguas del Silala a la empresa chilena The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, que luego desvió su curso a través de canales artificiales.
Bolivia, asegura que esas obras aumentaron el caudal hacia la frontera vecina entre 11% y 33%.
Consideró que Chile debe pagar una compensación, y Santiago respondió que el caudal máximo aumentó 1%.
Debido a esta nueva controversia, en 2016, Chile contestó al entonces presidente Evo Morales.
El mandatario boliviano había acusado a Chile de “robar” y “desviar” las aguas del Silala hacia su frontera, y presentó una demanda ante la CIJ.
El objetivo chileno era evitar que se impida el flujo hacia su territorio con el argumento de que el caudal es un río internacional.
Fallo
En 2018, Bolivia respondió con tres contrademandas.
La CIJ consideró, el 1 de diciembre de 2022, que el Silala tiene curso internacional y resolvió que Chile no tiene que compensar a Bolivia por el uso de sus aguas.
También estableció que “ahora” Bolivia tiene derecho al uso equitativo y razonable sobre las aguas. Por eso Chile no tiene derecho adquirido a usar la totalidad de las aguas.
Y, lo más importante, es que el Estado Plurinacional consolidó su derecho soberano a decidir si es que mantiene o no los canales artificiales.
El presidente Arce resaltó ese derecho, además de la restauración de los bofedales en esa zona y aprovechar las aguas del Silala para beneficio propio.
Informó que la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua trabajan para efectivizar esos derechos en el marco del fallo de la CIJ.