“Una canallada”. Así calificó el exvicepresidente Álvaro García Linera a quienes postulan que en noviembre de 2019 no hubo un “golpe de Estado”, tras la carta difundida por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho de que en la crisis de ese año hubo un “fraude”.

Camacho, quien en 2019 era presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora está encarcelado precisamente por la investigación de esos hechos, publicó una “cronología de lo sucedido” y dijo que “nunca se podrá borrar de la historia la pura verdad: no hubo golpe, hubo fraude”.

En el programa “Cable a tierra”, en radio Éxito, el exvicepresidente fustigó a Camacho y señaló que “no solo es un criminal, sino un canalla”. Y criticó a quienes difunden la idea de que no hubo un golpe, ya que están ahí los 36 fallecidos y los más de 500 heridos, todos a bala.

Lea también: Salvatierra dice que Mesa, Añez y Camacho buscan librarse del ‘golpe de Estado’ de 2019

“Eso no es invento, es golpe de Estado y con masacre, algo que el pueblo no olvida”.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue derrocado, asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas encabezadas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Dos jornadas después tomaba el poder la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, tras una serie de reuniones extralegislativas. La ahora exmandataria transitoria se encuentra tras las rejas, en el penal paceño de Miraflores, por lo ocurrido en su autoproclamación.

En el caso Golpe de Estado II fue sentenciada, en primera instancia, a 10 años de cárcel. Según las pruebas recabadas por la Fiscalía, asumió la presidencia sin el respectivo quórum legislativo y sin respetar el reglamento de debates de la Cámara de Senadores.

Camacho también está en una penitenciaría, en Chonchocoro. Es investigado por el caso Golpe de Estado I, en el que también figura Áñez. El Ministerio Público indaga en este proceso el derrocamiento de Morales, y el expresidente cívico cruceño es el principal sindicado.

Lo sucedido en la crisis de 2019 volvió al debate luego de que dos legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) dijeron que Morales “instruyó” que la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad pidan su renuncia en medio del conflicto.

Le puede interesar: El Gobierno dice que hablar de ‘autogolpe’ es ‘falacia inaceptable’

Ello provocó que opositores como Áñez, Camacho, Carlos Mesa (expresidente y jefe de la alianza Comunidad Ciudadana), el expresidente Jorge Quiroga, entre otros, hablen de un “autogolpe” y vuelvan a querer instalar la idea de que en 2019 hubo un fraude electoral.

“No tiene lógica, no tiene sentido. No solo el supuesto pedido (a la COB y el Pacto de Unidad) del presidente Evo, de un par de diputados que no saben lo que pasó entonces. Es una canallada que hace escarnio y agrede a los familiares de los muertos”, indicó García Linera.

Remarcó que lo sucedido no se podrá borrar, “hagan canalladas de todo tipo. No van a poder borrar de su historial los golpistas que desconocieron a la Asamblea Legislativa”. Ante ello, el exvicepresidente recordó que Áñez recibió la banda presidencial de parte de militares.  

Un operativo desplegado con al menos 250 policías, ante un ataque armado a una familia chilena en la localidad de Challapata, en Oruro, que buscaba su camión robado en su país, en Calama, acabó con 14 arrestados.

La familia había llegado a suelo boliviano la anterior semana, cuando pidió públicamente al Gobierno que la ayude en la búsqueda. El sábado, los tres ciudadanos chilenos se internaron en Challapata. Con la ayuda de guías ubicaron su vehículo. Pero fueron descubiertos.

El cruce de la represa Tacagua, aproximadamente a 130 kilómetros de la ciudad de Oruro, fue el lugar donde fueron atacados, a las 08.00. El vehículo en el que iban fue emboscado y baleado. Dos de los familiares huyeron, uno no pudo hacerlo porque resultó herido.

Lea también: Camión robado en Chile y encontrado en Challapata está en Oruro

Arrestados

Ello provocó la organización del operativo. Ayer se brindó una conferencia sobre lo ocurrido. Lo dieron el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales; el cónsul de Chile, Fernando Velasco; el comandante de la Policía de Oruro, el coronel Edson Claure, entre otras autoridades.

“Hemos descubierto quiénes han disparado y quiénes han liderado esa operación, hemos recuperado el camión”, remarcó Aguilera. “Hay 14 personas arrestadas producto de la vinculación que se ha logrado demostrar con estos hechos. Hay una convergencia en cuanto a la lesión sufrida por un ciudadano chileno, como por el hecho de robo en sí mismo. Vale la pena destacar que el 70% de estos hechos se produce cuando estos vehículos se encuentran estacionados y se utiliza una serie de dispositivos mecanismos y electrónicos que permiten el desbloqueo”.

Expresó su confianza de que “en las siguientes horas el excelente trabajo que hemos realizado se va a traducir con la detención de los autores de este hecho». No obstante, entre los arrestados están dos de los identificados como autores de lo sucedido, son hermanos: Hipólito y Omar M. M.

Grupos criminales

El fiscal Morales remarcó que hay grupos criminales que se dedican a este tipo de ilícitos y que operan en ambos lados de la frontera, tanto para el robo como para la internación de motorizados desde Chile. Asimismo, informó sobre el rescate del ciudadano chileno que resultó herido.

“Luego del hecho, la víctima decidió resguardarse y mantenerse oculta hasta que finalmente fue encontrada y posteriormente fue trasladada a Oruro para que reciba atención médica, mientras que los otros dos fueron resguardados por la Policía y volvieron a su país».

Eso no es todo. Se activaron operaciones encubiertas en la zona de Challapata para dar con los responsables. «Se han realizado 15 allanamientos entre otros actuados que permitirán encontrar a los demás partícipes del hecho, para que sean procesados de acuerdo a norma», dijo Morales. Lo sucedido es investigado por asesinato en grado de tentativa.

El cónsul Velasco se trasladó a Oruro para ver el estado de su compatriota, quien fue internado en el Hospital San Juan de Dios. Agradeció la coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Policía, y abogó para que se implementen más acciones conjuntas para frenar esta actividad ilícita.

Mientras que el ciudadano chileno herido ya fue estabilizado, pero todavía se encuentra en estado crítico, ya que los informes médicos apuntan a que puede quedar parapléjico. Su familia brindó un comunicado, anunciando que en Calama exigirán al gobierno chileno que se haga cargo del estado de salud de la víctima.

A fines de junio, se informaba que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había ordenado que ocho procesos y cuatro sentencias penales contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sean anulados, con lo cual se abre la puerta a juicios de responsabilidades contra la autoridad.

La determinación fue asumida porque los delitos por los que se acusa al burgomaestre datan de entre 2006 y 2008, cuando fungía como prefecto de ese departamento, por lo cual rige para él la aplicación de la Ley 2445, promulgada en 2003, que señalaba que para el Presidente, el Vicepresidente, los ministros y los prefectos se aplican estos procesos.

Con la nueva Constitución Política del Estado de 2009 todo cambió en este campo, ya que un año después nació la Ley 044, que fue firmada por el entonces presidente Evo Morales, que dispone que los juicios de privilegio rigen para el Presidente, el Vicepresidente y las altas autoridades del TCP, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Precisamente Morales fue quien criticó el fallo del TCP que “benefició” a Reyes Villa. “No insulten a la inteligencia del pueblo. Las sentencias del TCP a favor de Manfred Reyes Villa, corrupto que ya tenía sentencia ejecutoriada y tantos procesos por robar la plata del pueblo, demuestran su alianza con el gobierno… El TCP está constitucionalizando la corrupción”, escribió el exmandatario en Twitter.

Al respecto, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, aclara que lo decidido por el TCP no implica ni el archivo de obrados, ni una declaración de inocencia y menos que Reyes Villa haya sido sobreseído de los procesos en su contra, sino que ha reencauzado el procedimiento, por lo cual los 12 casos anulados en la Justicia ordinaria deberán ser presentados ante la Asamblea Legislativa por la Fiscalía General del Estado, con los requerimientos acusatorios.

También puede leer: Exponen prototipos de buses con miras a renovar el parque automotor en Cochabamba

“Inclusive todo actuado en las etapas respectivas preparatorias de investigación es plenamente válido. Lo han hecho los fiscales ordinarios y seguramente el Fiscal General va a usar todos esos elementos probatorios para presentar el requerimiento acusatorio en todos los casos. No se archivó obrados, el procedimiento debe seguir, corresponde cuando el Fiscal General emita los requerimientos y la Asamblea autorice su juzgamiento, y esperemos se pueda llegar a una sentencia”.

El tema está en saber si el Legislativo viabilizará con celeridad estos procesos, ya que tiene pendiente la aprobación o el rechazo de al menos 20 requerimientos acusatorios para juicios de responsabilidades, incluso que datan desde 2004, lo que implica una “retardación de justicia”. 

El caso del alcalde Manfred Reyes Villa ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de los juicios de responsabilidades. Hay 20 que esperan la autorización de la Asamblea Legislativa, incluso desde 2004, con dos expresidentes y 12 exprefectos en la mira.

A fines de junio se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que se anulen ocho procesos y cuatro sentencias contra el burgomaestre de Cochabamba, por ser casos de cuando fue prefecto de ese departamento (2006-2008). Y se abrió las puertas para que se activen juicios de privilegio en su contra.

Pero la historia del avance de estos procesos no brinda buenas señales a la hora de la evaluación. Según una lista proveída a LA RAZÓN por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, hay al menos 20 juicios de responsabilidades que se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa, incluso desde 2004.

Todos cuentan con el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General y pasaron el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. O sea, ahora requieren el aval de dos tercios del Legislativo para su aceptación o rechazo. Si es lo primero, los juicios se ventilarán en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Uno de los dos procesos que duerme el “sueño de los justos” en la Asamblea durante 19 años implica al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete (19 exministros), que en su segunda gestión (2002-2003), durante la “guerra del gas” en octubre de 2003, mediante un decreto cambió el Presupuesto General del Estado.

MILLONES

El ajuste alcanza a más de $us 2.000 millones. En plena crisis y sin una ley del antiguo Congreso, Sánchez de Lozada engordó la billetera de los ministerios de Gobierno, de Defensa y de Relaciones Exteriores, y exprimió al Tesoro General de la Nación. Recursos por los cuales no brindó informe, porque huyó del país.

De las dos decenas de juicios de la nómina, hay cuatro que involucran a expresidentes, léase Sánchez de Lozada y Carlos Mesa (2003-2005); uno al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; otros mencionan a 35 exministros y 12 están relacionados con exprefectos departamentales (revisar cuadros de la parte superior).

Existe un antes y un después para este tipo de procesos de privilegio. El punto de quiebre es la nueva Constitución Política del Estdo, vigente desde 2009. Esto llevó a que un año después, el entonces presidente Evo Morales promulgue la Ley 044, que dictó un nuevo ámbito de aplicación.

Así, los juicios de responsabilidades abarcan al Presidente, el Vicepresidente y las altas autoridades del TCP, el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. La antigua Ley 2445, firmada por Sánchez de Lozada en 2003, no tomaba en cuenta al Órgano Judicial, solo al Presidente, Vicepresidente, ministros y prefectos.

Alicia Muñoz, ministra de Gobierno en el primer mandato presidencial de Morales, tiene dos requerimientos acusatorios de 2007. Uno por las muertes en enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni, en 2006; y otro por el conflicto en Cochabamba del 11 de enero de 2007, que se saldó con tres decesos.

Para el viceministro Siles, el tiempo transcurrido para que estos 20 procesos avancen en su definición por parte de los legisladores es “alarmante y preocupante”. “No se han llegado a considerar por la Asamblea, debería hacérselo independientemente de las personas acusadas, es una responsabilidad constitucional”.

Prevé que la lista se engrosará con los 12 procesos de Reyes Villa que seguramente remitirá la Fiscalía General, lo que aumentará “la retardación de justicia en la Asamblea… Si bien su principal misión es legislar, debería también preocuparse de cumplir sus otras funciones”: fiscalizar y sustanciar juicios de responsabilidades.

ENRON

El segundo caso que implica al exmandatario Sánchez de Lozada —quien fugó a Estados Unidos después de la masacre con más de 60 fallecidos en octubre de 2003 en la denominada “guerra del gas—, data de su primera gestión presidencial (1993-1997) y el requerimiento acusatorio se remonta a 2008.

Tiene que ver con una empresa estadounidense que dejó su impronta por lo oscuro de sus negocios, la estadounidense Enron. Sánchez de Lozada, su exvicepresidente Cárdenas y al menos cinco exministros son sindicados de impulsar contratos gasíferos irregulares de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con compañías transnacionales.

Aparte, entre los exministros en la mira por estas solicitudes de juicios de responsabilidades y que cuentan con casos específicos, se encuentran, además de Muñoz, Félix Patzi, Wálter Villarroel, Hugo Salvatierra y Alfredo Rada, de la era presidencial de Morales (2006- 2019); además de Silvio Comboni, Javier Cuevas y Jorge Berindoague,

Sobre los exprefectos, de los 12 requerimientos acusatorios, cinco corresponden a exautoridades de Chuquisaca, léase David Sánchez, Ariel Iriarte, Marcelo Arana, Savina Cuéllar y Carlos Cortez; dos a exprefectos de Tarija, Mario Cossío y Adel Cortez. Con un caso cada uno están exautoridades de Potosí, Cochabamba, Oruro, Pando y La Paz.

La senadora Andrea Barrientos, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) e integrante de la Comisión Mixta de Justicia Plural, señala que estos requerimientos acusatorios están parados por voluntad del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a que ya fueron avalados en el primer año de legislatura por esa instancia.

Lamenta el retraso en el tratamiento, ya que hay exautoridades acusadas que ya fallecieron y porque hay “juicios raros” que se deben evaluar, e incluso “reincidentes”, como un caso del exprefecto Reyes Villa. Eso sí, subraya que el debate de estos juicios está en manos del presidente de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca.

Mientras que el presidente de esta comisión, el senador Luis Adolfo Flores (MAS), indica que todos los requerimientos acusatorios de la lista proveída por el Viceministerio de Justicia ya fueron aprobados y remitidos a Choquehuanca, quien tiene que decidir cuándo se discutirá la aceptación o no de estos procesos en la Asamblea. Flores busca una explicación para que estas solicitudes de procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia no se hayan viabilizado por parte del oficialismo, ya que hasta 2020 el MAS tenía los dos tercios necesarios en el Legislativo para que sea así, cuando el presidente de la Asamblea era el vicepresidente Álvaro García Linera.

Y en todo esto, en qué quedan los requerimientos acusatorios contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020). Siles recuerda que la Fiscalía General presentó ante la Asamblea cuatro solicitudes de juicios de responsabilidades contra la exsenadora, las cuales fueron “declinadas” para un juzgamiento en la vía ordinaria.

El sustento es que, según el Gobierno, Áñez se poclamó mandataria, en noviembre de 2019, incumpliendo los procedimientos legales y constitucionales, por lo cual no puede tener derecho a juicios de privilegio. En ese marco, ya tiene una sentencia, en primera instancia, de 10 años de cárcel.

Áñez se encuentra en el penal paceño de Miraflores. Su condena es en el caso Golpe de Estado II. De acuerdo con la Fiscalía, tomó el poder en una sesión legislativa sin el quórum respectivo y sin cumplir el reglamento de la Cámara de Senadores. También es investigada en el caso Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

PENDIENTES

El senador Flores informa que los cuatro requerimientos acusatorios contra Áñez fueron devueltos por la Comisión Mixta de Justicia Plural al Tribunal Supremo de Justicia porque no había suficiente prueba documental sobre que ella “ejerció como presidenta”, o sea, los requerimientos “eran insuficientes”.

Sin embargo, revela que tres les fueron devueltos. Uno sobre delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo; otro sobre un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que causó un daño de $us 24,3 millones; y el último sobre la ampliación “irregular” de la concesión del Registro de Comercio.

Ante esto, Flores adelanta que la comisión conocerá nuevamente los requerimientos acusatorios y elevará un informe al pleno de la Asamblea “si hay suficientes pruebas de que Áñez haya asumido la presidencia conforme a la Constitución o las pruebas del Ministerio Público”. Un debate que puede ser previsto para la siguiente semana.

Aparte de Sánchez de Lozada, el otro exmandatario en la lista de proposiciones acusatorias para un juicio de responsabilidades es Carlos Mesa, quien está implicado en la firma de un decreto de 2004 que anuló concesiones mineras de la empresa Non-Metallic Minerals.

Ello derivó en una “reclamación internacional”, con una demanda contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), los que provocó un “daño económico al Estado”. Fue así que otros recursos, el fallo negativo para el país tomó calidad de cosa juzgada en septiembre de 2015.

Es uno más de los casos que figuran entre los juicios de privilegio que están congelados en la Asamblea. El viceministro Siles insiste en que es hora de dar certeza sobre estos 20 procesos en agenda. Y el senador Flores respalda que se tome de una vez la “decisión política”. Por ahora, está en manos de los asambleístas.  

En un acto, el presidente Luis Arce criticó este sábado que los proyectos ley enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para la aprobación de créditos no fluyan por “algunos malos asambleístas”, por lo cual demandó que se agilice este tema.  

“Hemos presentado varias leyes que benefician al pueblo boliviano. Queremos recursos no para que yo me los lleve a mi casa, ni el viceministro, ni nuestro jilata David Choquehuanca. Cuando presentamos proyectos de ley es para hacer las obras que ustedes hoy están viendo que llegan a la población; que se hacen para la gente”, remarcó el Mandatario.

Lea más: El Senado sanciona ley para acceder a préstamo de $us 500 millones del BID

Y continuó: “Hay lamentablemente algunos malos asambleístas nacionales, elegidos por nosotros mismos; con nuestro voto y que no están cumpliendo la labor de aprobar esas leyes, de agilizar todos los trámites allá en la Asamblea Legislativa; para que nosotros podamos tener los recursos y hacer las obras que ustedes necesitan”.

Créditos

“Todos nos piden obras, nosotros presentamos leyes para los créditos y no hay los créditos, ahí pido a nuestras centrales, a nuestros alcaldes, a todas nuestras organizaciones sociales hacer cuerpo para exigir que nuestros asambleístas de una vez por todas aprueben esas normas y que llegue el dinero en obras para el pueblo boliviano”, remarcó.

Esta semana, la Cámara de Senadores sancionó la ley de contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 500 millones, destinado a poblaciones vulnerables afectadas por el COVID-19, y para equipamiento de hospitales de tercer nivel en el Chaco y Cobija.