Nacional

Saturday 25 May 2024 | Actualizado a 00:56 AM

Inserción laboral, tema pendiente para personas con discapacidad

Nacional. A octubre de 2022 se tiene registradas a 104.379 en el Conalpedis.

Una personas con discapacidad visual constesta el teléfono en una entidad pública (foto referencial)

/ 4 de diciembre de 2022 / 06:48

Bolivia tiene registradas hasta octubre de este año a 104.379 personas con discapacidad, siendo uno de los temas pendientes la inserción laboral. Según la Ley 977, vigente desde 2017, ni las entidades públicas ni las privadas cumplen con la normativa.

El director ejecutivo del Comité Nacional con Personas con Discapacidad (Conalpedis), dependiente del Ministerio de Justicia, Javier Salguero, informó que desde esta dirección se está buscando la inclusión efectiva de este sector, debido a que se han detectado casos irregulares e incumplimiento de la norma sobre la inserción laboral.

“No se cuenta con datos exactos sobre la inclusión laboral en el sector público y hay un total desconocimiento de la norma en el sector privado”, dijo Salguero.

Agregó que desde que entró en vigencia la Ley 977 (Ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad ) y su Decreto Reglamentario 3435, no se delimitó con exactitud si la inserción laboral tiene que ser para personal de planta y con inamovilidad.

discapacidad-tipos

“Muchas de las instituciones han contratado (a las personas con discapacidad) como consultores, eventuales o por producto, (y) una de las figuras legales es que no es de planta. Por eso los datos no están arrojando correctamente (el número de personas que trabajan en entidades públicas)”, dijo.

Entre las irregularidades encontradas, Salguero indicó que en algunas instituciones públicas se señala que “en una semana se tiene a dos personas con discapacidad trabajando, pero pasa otra semana y entran otras dos o se retira a todo el grupo. Es decir, mucho se cambia (de personal)”.

También explicó que se ha detectado que las entidades privadas no cumplen con el 2% de personas con discapacidad dentro de su planta de trabajadores. “Justamente en este edificio, que también está la Cámara Nacional de Comercio, hemos tenido una reunión con esta entidad y, sorpresivamente, dijeron que no conoce esta ley”.

“Hemos tenido algunos errores de no socializar en su momento que se aprobó (la ley), porque a la fecha todas las entidades privadas que son más de 2.000 en toda Bolivia y que tengan más de 50 trabajadores, deberían tener personas con discapacidad”, precisó.

Otra de las problemáticas y que se ve en entidades públicas, dijo, es que si bien se cumple con la entrega del ítem, éste va dirigido al cónyuge, padre, madre o tutor.

“Ahí también radica el problema, nuestra Ley 977 dice que no solo puede ser la persona, sino también el padre, la madre, el tutor o cónyuge, pero no se ha definido cantidades o porcentajes. Entonces se reporta en algunas entidades que tienen a más personas que no tienen discapacidad, es decir el padre, madre, tutor con resolución”, mencionó Salguero.

Explicó que esto se debe delimitar, debido a que el objetivo de la ley es que las personas con discapacidad trabajen y queden insertadas laboralmente. “Por eso no se cuenta con datos a la fecha. Porque nos reportan (y nos dicen) ‘cumplo con el 4%’, pero son tutores o padres. Y en el caso de los tutores hay que revisar bien su documentación porque para ser un tutor tiene que tener resolución judicial de parte de un juez de familia y muchos de ellos no la tienen”.

Ayer, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como la inclusión laboral de este grupo en el sector público y privado.

El Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud y Deportes refleja que entre los tipos de discapacidad están el auditivo con 10.296 personas; físico motora, con 35.309; intelectual, con 28.704; mental o psíquica con 5.165; discapacidad múltiple con 14.979; sensorial 2.826 y visual con 7.321 personas.

Entre los grados de discapacidad se cuenta con el moderado con 30.132 personas, grave 54.193 y muy grave 13.295. Estos dos últimos están en la categoría del Bono de Discapacidad de 250 bolivianos, apoyo que da el Gobierno cada mes.

Los departamentos que registran mayor cantidad de personas con discapacidad son Santa Cruz con 24.136, seguido de La Paz 23.319 y Cochabamba 14.136. En el resto de los departamentos se encuentran en cantidades menores.

Para el presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, en su sector existe alrededor de un 2% (216 personas con ceguera de 7.200) que ocupan un cargo en algunas entidades públicas. “En espacios públicos tenemos trabajando personas con discapacidad visual un 3% a 2,5%, según el último dato del Instituto Boliviano de la Ceguera”.

De esta cantidad, según el dirigente, solo dos personas trabajan como profesionales y el resto está como auxiliar, telefonistas. Y “profesionales que deberían estar trabajando en su área están en unidades o cargos que no corresponden a su formación”.

También puede leer: Arce pide promover los derechos de personas con discapacidad

Similar apreciación expuso la presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif), Aleida Vera. Explicó que por cumplir con la norma del 4%, en las entidades públicas les dan cualquier trabajo. “Conseguir un trabajo para nuestro grupo es realmente difícil, no se valora a la persona con discapacidad y no se hace prevalecer la profesión que tiene”.

“Lastimosamente varios de nuestro grupo no están trabajando con sus respectivas profesiones, sino están como mensajeros, limpiezas y son muy pocos que ejercen su profesión”, dijo Vera.

La dirigente agregó que se está haciendo un seguimiento en este aspecto, junto al Ministerio de Trabajo, para ver cuántas personas cuentan con trabajo en entidades públicas y privadas.

discapacidad

Solo el 5% de personas con discapacidad llega a la universidad

Datos de la Defensoría de Pueblo, en su informe “La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo plurinacional”, de 2022, señala que solo el 5% de las personas con discapacidad alcanzó el nivel universitario.

Con datos a julio de 2022, de las 90.631 personas con discapacidad que estaban registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud, solo 4.476 personas cursaban estudios universitarios.

Un 0,25% (231) llegó al nivel de posgrado y un 3% (3.168) alcanzó el nivel técnico; sin embargo, existe un grupo superior de personas con discapacidad que cursan o cursaron el nivel inicial (12%), primario (35%) y secundario (15%), equivalente a 55.731 personas.

Además, este informe refleja que 27.025 personas no tienen ningún tipo de grado de instrucción educativa, que representa el 30% del total registrado en el nivel educativo. A nivel departamental, Santa Cruz reporta la mayor cantidad con personas con discapacidad sin nivel educativo, con 7.226, seguida de La Paz con 5.697 y Cochabamba con 3.778 personas.

El presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, señaló que a pesar de contar con una resolución que establece el ingreso libre a las universidades y escuelas de formación, existe una coordinación mínima con el Ministerio de Educación, sobre todo en la exigencia del llenado de requisitos.

“Falta bastante (por trabajar), porque hay muchos requisitos para las personas con discapacidad cuando salen bachiller y a una persona sin discapacidad no se le exige esos requisitos como a nosotros”, dijo.

La presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif) Aleida Vera, señaló que desde la parte educativa se busca la inclusión de su sector, debido a que varias personas no llegan a culminar la educación primaria y secundaria, y muy pocos están accediendo a la educación superior, pese a que existen algunas normativas, “como el ingreso libre a las universidades y escuelas superiores”. “Falta mucho por trabajar en la inclusión, pero estamos coordinando con las autoridades de Educación”, dijo Vera.

grados-discapacidad

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Juez determina que Salazar ‘se inhiba’ de hostigar y amedrentar a Carvajal

Carvajal podrá utilizar los servicios básicos de la sede de la APDHB. Ella se instaló en la terraza del lugar en medio de la pugna por la presidencia de la organización.

Amparo Carvajal, en la terraza de la APDHB.

Por Boris Góngora

/ 12 de julio de 2023 / 23:02

El juez de Sentencia Penal Javier Peñaranda concedió este miércoles una acción de libertad a Amparo Carvajal, quien se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB). Indicó que se vulneraron sus derechos y prohibió a Édgar Salazar realizar cualquier tipo de acto de hostigamiento y amedrentamiento.

“En consecuencia, se dispone que Édgar Salazar se inhiba de realizar estos actos de amedrentamientos evocados por el accionante, se prohíbe continuar este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra la indicada ciudadana (Carvajal), bajo advertencia de remitir antecedentes a la autoridad competente, es decir, al Ministerio Público por los delitos que cometa a partir de la fecha”, dijo Peñaranda.

El martes, luego de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la sede de la APDHB, en la ciudad de La Paz, Carvajal de manera sorpresiva trepó por una escalera hasta la terraza y arengó que había “tomado” la institución.

En el lugar, hubo amagos de enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de activistas y parlamentarios de oposición, quienes intentaron subir donde se encuentra Carvajal, indicando que quieren entregarle alimentos y frazadas.

Lea más: El Gobierno señala que no intervendrá en el conflicto de la APDHB porque es ‘privado’

La mujer, desde la terraza de la sede, indicó pasado el mediodía de este miércoles que desde ese lugar defenderá los derechos humanos y se quedará “hasta morir”.

Carvajal y Salazar se atribuyen la representación de la APDHB. Salazar negó una toma y dijo que en junio hubo una “recuperación” de la sede, porque Carvajal ya no es presidenta.

Ricardo Rodríguez, defensa legal de Carvajal, denunció que la noche del martes personas afines a Salazar llegaron hasta las instalaciones de la APDHB con cánticos denigrantes y que el mismo Salazar instaló dos parlantes que tocaban música.

“Le afectaban a la señora Amparo y se ha pedido que cese. Nos han concedido la tutela”, remarcó.

Cuando la defensa solicitó al juez que se conmine a Salazar a que Carvajal utilice los servicios básicos, la autoridad respondió que Salazar debe inhibirse de “cualquier tipo de conducta” que amenace o ejerza violencia, e incluso atente contra el derecho de locomoción. “Tiene todo el derecho de utilizar”, señaló.

“Édgar no puede más prohibir a que pueda utilizar esos servicios que no son solo básicos, sino son derechos humanos que le corresponden a cada persona, no podemos prohibir”.

También el juez aprobó el ingreso a la sede de médicos y psicólogos cuando amerite su presencia.

La defensa señaló que Carvajal debe ser resguardada por Policía Boliviana y que las puertas de la APDHB permanecerán cerradas debido a que la autoridad judicial que conoció este caso no es competente para dilucidar los hechos concernientes al derecho de propiedad del inmueble de la APDHB.

La audiencia de acción de libertad se realizó de manera virtual. Carvajal participó desde la terraza de la institución en compañía de sus abogados. Uno de ellos tuvo que utilizar una escalera para estar con la mujer de 84 años.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El TSE espera fallo del TCP y afirma que las judiciales deben realizarse el 3 de diciembre

El presidente Hassenteufel dijo que se espera la determinación del Tribunal Constitucional para adecuar “probablemente” algunos plazos.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 12 de julio de 2023 / 22:31

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló este miércoles que aguardan el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el recurso presentado contra la convocatoria y el proceso de preselección de las judiciales, para adecuar “probablemente” algunos plazos, y afirmó que las elecciones deben realizarse el 3 de diciembre.

Reivindicó esa fecha porque los magistrados elegidos deben ser posesionados el 3 de enero de 2024, cuando acaba el mandato de los actuales y conforme a la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Nosotros tenemos una fecha, el 3 de diciembre debe realizarse la elección, porque el 3, si hay la necesidad de repetir en algunas mesas, debemos esperar 15 días hacia adelante, eso nos permitiría llegar con el cómputo final y las listas de elegidos a tiempo para que puedan posesionarse el 3 de enero”, remarcó la autoridad.

El martes, Karem Gallardo, magistrada del TCP, indicó que hasta finales de julio se emitirá la sentencia constitucional en este caso, que definió la suspensión provisional del reglamento y la convocatoria de preselección de candidatos de las altas autoridades al Órgano Judicial.

Hassenteufel indicó que la expectativa en el país está sobre el fallo que pueda emitir el TCP, con el fin de que se pueda retomar el proceso, primero en la aprobación del reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos, y segundo, para que posteriormente el TSE puede llevar adelante el proceso electoral.

“El jueves y el viernes el Órgano Electoral Plurinacional va a realizar un taller nacional en la ciudad Santa Cruz a objeto de dar el toque final de todos los preparativos (como) el calendario electoral, la aprobación de los reglamentos y la aprobación de todo lo que hace falta para este proceso electoral (judicial)”.

Lea más: El TCP prevé emitir sentencia sobre las judiciales hasta fin de mes

El 24 de abril, el diputado Leonardo Ayala, de la opositora Creemos, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP. En su petitorio, alega que la Sala Constitucional de Beni observó el reglamento de preselección en su totalidad y que los asambleístas elaboraron uno nuevo, cuando lo que correspondía era una ley, como sucedió en 2017 con la Ley 960 Transitoria.

Demanda

Además, demanda que el criterio de la aprobación por dos tercios sea aplicado en todas las labores procedimentales del proceso de preselección para las judiciales. “La convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de los requisitos, la publicación de postulantes habilitados, las impugnaciones, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación profesional, la evaluación de conocimiento escrita, la entrevista. El informe final de evaluación y la preselección propiamente de candidatos”, según el auto constitucional 0186/2023, del 27 de abril.

A la espera de ese fallo, y con el objetivo de ganar tiempo, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513 para garantizar los comicios judiciales de este año. La norma acorta los plazos y otorga a la Asamblea Legislativa 60 días para la preselección y selección de postulantes y al TSE, 100 días para la organización de las elecciones.

En el proceso serán elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Comparte y opina:

El Gobierno señala que no intervendrá en el conflicto de la APDHB porque es ‘privado’

El viceministro Roberto Ríos aclaró que la Policía lo único que hace es precautelar el orden público y evitar situaciones de violencia en la sede de la institución.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, brinda una conferencia de prensa.

/ 12 de julio de 2023 / 18:58

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este miércoles que el Gobierno no intervendrá en el conflicto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) porque es de índole “privado”.

“No hemos tomado posición por ninguna de las partes, queremos ser enfáticos y puntuales al manifestar aquello, así como también al considerarse un tema entre privados, instamos a que esto se pueda resolver a través de los procedimientos y mecanismos que tienen internamente”, dijo la autoridad.

Indicó que la Policía lo único que hace es precautelar el orden público en la sede de la APDHB y evitar que situaciones de violencia. Añadió que las fuerzas del orden se mantendrán en el lugar para resguardar el orden público y evitar que se generen enfrentamientos.

Lea más: Carvajal dice que no se moverá de la terraza de la APDHB; tensión en la puerta de la sede

“Este conflicto lleva más de un mes y también se ha emitido una acción de un juez que ha sido presentada por Amparo Carvajal, en la cual fue denegada la misma, entre los fundamentos está que no hay una acción ni omisión por parte del ministro de Gobierno y la Policía”.

El martes, luego de permanecer 40 días en vigilia en puertas de la APDHB, Carvajal, quien se atribuye la presidencia al igual que Édgar Salazar, de manera sorpresiva trepó por una escalera hasta la terraza y arengó que había “tomado” la institución.

Amagos

En el lugar, hubo amagos de enfrentamiento entre efectivos policiales y un grupo de activistas y parlamentarios de oposición, quienes intentaron subir donde se encuentra Carvajal, indicando que quieren entregarle alimentos y frazadas.

La mujer de 84 años, desde la terraza de la sede, indicó pasado el mediodía de este miércoles que desde ese lugar defenderá los derechos humanos y se quedará “hasta morir”.

Carvajal y Salazar se atribuyen la representación de la APDHB. Salazar negó una toma y dijo que en junio hubo una “recuperación” de la sede, porque Carvajal ya no es presidenta.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El Senado conforma comisión para investigar casos de pederastia en la Iglesia católica

La bancada de Comunidad Ciudadana decidió retirar a su representante de esta comisión.

Sesión de la Cámara de Senadores en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Por Boris Góngora

/ 12 de julio de 2023 / 17:29

La Cámara de Senadores conformó este miércoles una Comisión Especial de investigación de delitos de abuso sexual y otros delitos conexos relativos a la violencia sexual suscitados en entornos eclesiales que constituyan pederastia clerical.

La resolución camaral fue aprobada por 23 votos a favor de los 27 senadores presentes y está conformada por los senadores de Movimiento Al Socialismo Luis Adolfo Flores, Simona Quispe y William Torrez, junto con el senador de Creemos Julio Diego Romaña. La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) decidió retirar a su representante de la comisión.

La Comisión Especial de Investigación, de acuerdo a la resolución, llevará a cabo sus actividades durante un período de tres meses a partir de la aprobación de la presente resolución. Sus acciones se regirán por el principio del interés superior de la niñez y adolescencia, entre otros.

Además, el punto tres establece que, para llevar a cabo esta labor investigativa, se debe garantizar una adecuada coordinación con la sociedad civil y brindar una protección reforzada en todo momento a las víctimas y sobrevivientes. Esto de acuerdo con los estándares del derecho internacional y los derechos humanos.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, durante la sesión, destacó la importancia de esa comisión para que investigue, siente un precedente, esclarezca los hechos y encamine los objetivos de las víctimas que son la reparación civil, moral y material.

“De este hecho debemos abrir a un debate más integral, si se trata de un proyecto de ley, hay que hacerlo; si se trata de reformar la CPE para endurecer las penas en mi opinión, hay que hacerlo (…)”, dijo Rodríguez.

Lea más: La Fiscalía confirma que los ‘borrones’ en el diario del cura Pedrajas eran nombres y fechas

La senadora del MAS Lucy Escobar cuestionó el retiro de la representante de CC en esta comisión e indicó que no existe “interés” de esta bancada para investigar casos de pederastia.

“La Constitución Política del Estado es clara sobre las atribuciones que tenemos de fiscalizar y trabajar en este caso pederastia que es muy importante, no podemos dejar en la impunidad a todos aquellos abusos que han hecho contra nuestros niños. No podemos permitir que esto pueda seguir sucediendo y haya sucedido en años pasados”, dijo Escobar.

El senador del MAS William Torrez señaló que trabajarán en base a un Plan Estratégico de Investigación. Su labor no se limitará únicamente a investigar a sacerdotes acusados de pederastia, también realizarán un seguimiento al trabajo del Ministerio Público, en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales de fiscalización.

“Esperamos que muy pronto tengamos políticas públicas destinadas a combatir violaciones, a menores fundamentalmente que en estos días vamos tomando noticia”, remarcó.

Publicación

Los casos de pederastia dentro de la Iglesia católica salieron a la luz el 30 de abril, tras la publicación del reportaje por el periódico El País “Diario de un cura pederasta: Hice daño a mucha gente demasiada”, donde el sacerdote jesuita Alfonzo Pedrajas admitió de haber abusado de al menos 80, en ese entonces, menores en centros educativos, la mayoría en el internado Juan XXIII de Cochabamba.

Comparte y opina:

La Defensoría del Pueblo insta a miembros de la APDHB a la búsqueda de soluciones

Amparo Carvajal, de 82 años, con la ayuda de una escalera subió a la terraza de la sede de la institución y dijo que nadie la moverá de ahí.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Foto: APG

/ 11 de julio de 2023 / 23:22

La Defensoría del Pueblo instó este martes a los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a profundizar la búsqueda de soluciones, tras más de 40 días de conflicto entre dos bloques de esa institución. 

“Desde el inicio del conflicto, la institución realiza el monitoreo de los sucesos a fin de precautelar, por sobre todo, el respeto al derecho a la salud y la vida de los involucrados, gestionando atención médica, la rehabilitación de servicios básicos, así como el envío de notas donde se recomienda a los actores buscar soluciones en el marco orgánico”, señala la Defensoría, en un comunicado.

Recuerda al Estado que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pluralidad, respeto y convivencia pacífica, tal como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lea más: Carvajal dice que no se moverá de la terraza de la APDHB; tensión en la puerta de la sede

Amparo Carvajal y Édgar Salazar se atribuyen la representación de la APDHB.

El pasado 2 de junio, el bloque de Salazar “tomó” las instalaciones de esa institución y Carvajal inició una vigilia permanente en las puertas de esta institución. Salazar indicó que se “recuperó” la sede, ya que Carvajal no es reconocida como presidenta.

Ayer, de manera sorpresiva, la mujer de 82 años, mediante una escalera, subió a la terraza de la entidad y dijo que nadie la moverá de ahí. En la puerta hubo forcejeos entre activistas y parlamentarios opositores con la Policía.

Comparte y opina: