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Afirman que sólo 27% del Estatuto cruceño debe adecuarse a la CPE

Se espera que el documento sea presentado al TCP en diciembre

/ 21 de julio de 2013 / 04:00

“Los últimos serán los primeros”, reza un adagio popular. Para el caso de Santa Cruz y su Estatuto Autonómico parece que ocurrirá al revés, “los primeros serán los últimos”: la región que abanderó la autonomía tal vez sea la última en alcanzarla.

El Estatuto Autonómico cruceño, aprobado en 2008, cuenta con 168 artículos. Según un estudio de consultoría jurídica encargado por la Gobernación de Santa Cruz, 123 (73%) son constitucionales y 45 (27%) deberán ser ajustados a la actual Constitución Política del Estado (CPE).

No es de este criterio el abogado Juan Carlos Urenda, uno de los principales autores del Estatuto Autonómico cruceño, quien afirma que “la readecuación (a la CPE) significará el recorte del 70% de las competencias del Estatuto”, prácticamente el 70% del documento mismo. 

Por su parte, el asambleísta departamental del MAS, Jhonny Ceballos, insiste en que el 70% del Estatuto es inconstitucional. 

El primer departamento en presentar su estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue Pando. La semana pasada, La Paz se convirtió en el segundo. Se prevé que le sigan Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija, con lo que quedarán para el último Santa Cruz y Beni.

referendo. Con todo, la adecuación del Estatuto cruceño, aprobado con el 86% del voto ciudadano en el referendo de 2008, ingresó en la recta final. La Comisión Especial de Adecuación Estatutaria se puso como plazo septiembre para presentar el documento a la Asamblea.

La Comisión, integrada por las cuatro fuerzas políticas de la Asamblea (Verdes, Frente Amplio, MAS y bancada indígena), tiene casi dos meses para llevar a cabo la “socialización” del 27% del contenido del Estatuto que será adecuado a la nueva CPE, mientras que el restante 73% se mantendrá porque guarda relación con la Carta Magna.

La presidenta de la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria, Rose Marie Sandóval (de la agrupación M21, del Frente Amplio), confirmó que el proceso de adecuación ingresó en su recta final, “estamos en la etapa de socialización del documento en las 15 provincias de Santa Cruz”.

Según la titular, el desafío es concluir el trabajo hasta mediados de agosto; luego se elaborará el documento final que será presentado a la Asamblea departamental. Sandóval adelantó que ni la Constitución ni la Ley Marco de Autonomías fija plazos para la adecuación de los Estatutos, pero “nosotros nos hemos puesto como fecha tope septiembre y así darle tiempo a la Asamblea para que pueda debatir. Esperamos presentarlo hasta diciembre al Tribunal Constitucional”.

Garantía. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, destacó la participación de todas las fuerzas políticas presentes en el Legislativo departamental: “esto garantiza que el documento será incluyente”, enfatizó.

La agrupación Verdes y el Frente Amplio que respalda a Rubén Costas cuentan con 14 representantes de los 28 que hay en el Legislativo, contra 9 del Movimiento Al Socialismo (MAS) y 5 de la bancada indígena. Es en esta relación de fuerzas en la que se aprobará la norma.

La asambleísta del MAS, Magaly Cavero, dijo que el oficialismo cruceño (Verdes) encamina de manera errada el proceso.

“El trabajo que vienen realizando va contra flecha, porque primero debieron recoger las propuestas de las provincias para ajustar los artículos cuestionados y no llevar el documento elaborado en laboratorio para socializarlo en las provincias, como viene ocurriendo actualmente; esto hacen simplemente para hacer creer a la gente que la normativa fue elaborada de manera conjunta”, indicó.

Sandóval, presidenta de la comisión estatutaria, contó que uno de los grandes problemas que se enfrentó en el proceso de conciliación fue lo confuso del término adecuación: “muchos pensaban redactar un nuevo documento, pero en realidad el fin no es ése, porque debemos respetar la voluntad del soberano que votó para la aprobación del Estatuto”, remarcó.

Pueblos indígenas exigen derechos

La representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, mediante su representante, Wilson Áñez, afirmó que trabajarán en la inclusión en el Estatuto de los derechos de los pueblos originarios.

El Estatuto Autonómico departamental, aprobado en mayo de 2008, se encuentra en la etapa de readecuación a la Constitución Política del Estado (CPE).

Las culturas y los idiomas del departamento serán otro de los temas a desarrollar por parte de los pueblos indígenas.

“Hemos observado el régimen indígena, en el que se plantea los idiomas oficiales de los cinco pueblos”, afirmó el asambleísta.

Lengua. Asimismo, Áñez consideró necesario modificar en el texto lo relativo a la lengua de la Chiquitanía, “donde se dice que el chiquitano tiene el idioma chiquitán. Es posición de los indígenas sustituir este idioma por el bésiro”, sostuvo.

La representación indígena esperará a que termine el proceso de socialización del Estatuto departamental en las 15 provincias para luego proponer sus temas.

La Comisión Especial de Adecuación Estatutaria es la encargada de informar a las provincias y los municipios. Hasta la fecha ya van tres localidades, Samaipata, Comarapa y Vallegrande.

Costo elevado

Recursos

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo, Edwin Muñoz, cuestionó la aprobación de un presupuesto de 2.896.128 de bolivianos para el trabajo de la adecuación del Estatuto cruceño, aduciendo que es muy elevado. La comisión estatutaria está integrada por siete asambleístas, cinco de ellos respaldaron el mencionado presupuesto; dos lo rechazaron.

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Gandarillas responsabiliza a exfuncionaria Celia Castedo de autorizar el vuelo de LaMia

"Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz.

/ 20 de enero de 2017 / 00:13

El suspendido ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Tito Gandarillas, responsabilizó a la exfuncionaria Celia Castedo de haber autorizado el vuelo del aviòn de LaMia que se estrelló el 28 de noviembre de 2016, en Colombia, con el saldo de 71 muertos y seis sobrevivientes.

Gandarillas fue suspendido del cargo de responsable de AASANA el 1 de diciembre del año pasado. La tarde de este jueves se presentó a declarar en la Fiscalía del Distrito Santa Cruz en calidad de investigado.

«He vuelto a presentar mis descargos ante la comisión de fiscales a cargo de las pesquisas», afirmó tras la audiencia.

Al salir del Ministerio Público, Gandarillas señaló que la responsabilidad de la salida del avión CP – 2933 recae sobre Castedo, quien actualmente se encuentra en Brasil con refugio temporal.

«Castedo aceptó la salida del avión al firmar y sellar el plan de vuelo que había presentado la aerolínea”, denunció Gandarillas, quien adelantó que coadyuvará con la investigación de la Fiscalía de Santa Cruz. 

Según el suspendido ejecutivo de AASANA, Castedo tenía la facultad para aceptar o rechazar el vuelo, ya que de haber informado a su inmediato superior sobre los problemas el piloto hubiera sido obligado a cambiar el plan de vuelo inicial.

Además, explicó, la funcionaria que salió del país debió presentar el informe antes que el avión saliera de la terminal aérea de Viru Viru, y no al día siguiente, como ella lo hizo.

El viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, manifestó que se viene haciendo seguimiento a todo el proceso investigativo sobre el caso LaMia. «Se ha pedido a la Fiscalía mayor celeridad en las pesquisas».

Gandarillas indicó que para el vuelo del avión no existió la supervisión respectiva de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) porque los inspectores no se encontraban para ese vuelo.

Dentro de este caso, el gerente general de LaMia Gustavo Vargas y el director de DGAC Gustavo Vargas Villegas se encuentran encarcelados. Mientras que el accionista de aerolínea Marco Antonio Rocha y Castedo son investigados por los delitos de homicidio culposo, desastres en medios de transporte, lesiones gravísimas e incumplimiento de deberes.

En el accidente 19 jugadores, de una delegación de 23, del club brasileño de fútbol Chapecoense fallecieron. El Club jugaría el 29 de noviembre la primera final de la Copa Sudamericana con el Atlético Medellín de Colombia. (19/01/2017)

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Cuatro regiones dejarán de recibir más de Bs 60 MM por regalías hidrocarburíferas mes

Los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, productoras de petróleo, son los afectados por la reducción de las regalías debido a la caída en las exportaciones de gas natural a Brasil

/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

Cochabamba verá mermado sus ingresos en más de Bs 590 mil. También sufrirán los efectos de la reducción los departamentos de Beni y Pando, que participan de la distribución de las regalías petroleras. (17/01/2017)

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/ 17 de enero de 2017 / 19:14

El Concejo Departamental de Productores de Hidrocarburos de Bolivia (CODEPHI), reunidos en la ciudad de Santa Cruz, reveló que la reducción de la venta de gas natural a Brasil de 29 MMmcd a 12,2 MMmcd generará una reducción mensual de más de Bs 60,61 millones para los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.

El secretario de hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó de preocupante el panorama para las regiones, ya que la reducción de los recursos económicos afectará de manera directa a la población.

“En caso de Santa Cruz anteriormente recibía de manera mensual cerca de Bs 49,15 millones por concepto de regalías, ahora solo percibe Bs 31,95 millones, sufriendo una pérdida de Bs 18,92 millones”, indicó.

Boris Santos, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Tarija, declaró que el departamento es el más afectado debido a que perderá al menos Bs 37,31 millones al mes por concepto de las regalías, ya que bajarán de Bs 92,61 millones a Bs 61,28 millones por mes.

“Este es fruto de la falta de apertura de nuevos mercados para el gas natural, de incentivos al sector para la inversión privada y la dependencia de un solo comprador como es Brasil”, sostuvo.

De acuerdo a CODEPHI, el departamento de Chuquisaca dejará de recibir cerca de Bs 3,78 millones, pues que antes se le asignaba Bs 49,15 millones y ahora Bs 15,08 millones.

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Sancionan a firma Sinohydro por desmonte ilegal con suspensión de obras y multa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) fijó la sanción por el desmonte ilegal de 6,8 hectáreas en el río Surutú, en el municipio de Santa Fe.

/ 13 de enero de 2017 / 19:19

La empresa asiática Sinohydro fue sancionada con una multa de Bs 15.000 , la paralización de la obra de construcción que se adjudicó y la obligación de reforestación por haber deforestado 6,8 hectáreas en el río Surutú, a la altura del municipio de Santa Fe, informó la autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Rolf Köhler.

“Se le ha aplicado una multa económica de Bs 15.000, la paralización de la obra y la obligatoriedad de la reforestación en la zona”, insistió tras que se denunciara que la firma china desmontó una amplia zona para construir instalaciones que apoyen la construcción de una carretera.

El diputado Tomas Monasterio interpuso una demanda penal en el Ministerio Público contra la empresa Sinohydro por el supuesto desmonte ilegal realizado por la compañía en las riberas del río Surutú.

Köhler pidió a la población boliviana denunciar cualquier tala de árboles. “Nosotros no contamos con un sistema que nos pueda mostrar en tiempo real el daño ambiental y por ello recurrimos a los ciudadanos para que puedan alertarnos en caso de percibir algún caso de desforestación”.

El fiscal General del Estado Ramiro Guerrero confirmó que el Ministerio Público recibió la querella penal interpuesta por Monasterios. “La demanda viene siendo analizada si la misma contiene los elementos y fundamentos que el procedimiento requiere para que la causa sea aperturada”, dijo.

Desde la firma, Luis Fernando Rivero, representante legal, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin autorización por desconocimiento de la norma. (13/01/2017)

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