Reactivar el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando
Reactivar el Consejo es esencial para plantear y coordinar acciones de lucha contra el contrabando en el país.
OPINIÓN
A grandes males, grandes soluciones. Así, para luchar contra el contrabando, que representa más de $us 3.331 millones anuales y una evasión tributaria a las arcas fiscales de $us 930 millones (IVA importaciones y gravamen arancelario) impactando sobre 38.000 industrias y más de 600.000 fuentes de trabajo industrial a nivel nacional, es fundamental reactivar el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando establecido mediante D.S. 27669 de 2004.
El Consejo tiene como propósito “proponer políticas nacionales de lucha contra el contrabando, así como las estrategias de carácter público y privado orientadas a combatir el contrabando”. La presidencia del Consejo la ejerce el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y está compuesto por entidades públicas y privadas como la Aduana Nacional de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industrias, entre otras instituciones.
En la última reunión del Consejo, realizada hace más de cuatro años atrás cuando el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, era ministro de Economía, se planteó la necesidad de incluir a un mayor número de actores económicos para luchar contra el contrabando, como la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otros actores públicos y privados.
Reactivar el Consejo es esencial para plantear y coordinar acciones de lucha contra el contrabando; proponer disposiciones legales para facilitar la lucha contra el contrabando; crear consejos departamentales de lucha contra el contrabando; proponer disposiciones legales para facilitar y simplificar las operaciones de comercio exterior, como mecanismo de promoción de la formalidad como lo establece el decreto que manda su creación.
En un periodo donde el contrabando representa alrededor del 8% del PIB, esto es, un mes de producción nacional, el Consejo facilitaría la implementación de medidas y normativas de lucha contra el contrabando como la reducción del valor del tributo omitido de la mercadería comisada de 200.000 UFV a 50.000 UFV para que sea objeto de sanción penal, la municipalización de la lucha contra el contrabando, el apoyo y coordinación de acciones de coerción por instituciones públicas como el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la participación activa de otras entidades vinculadas a la lucha contra el contrabando como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agemed y Senasag.
El contrabando es una de las expresiones de organizaciones delincuenciales internacionales que realizan actividades diversas como la trata de blancas, el narcotráfico, el tráfico de armas, entre otras operaciones y aprovechan las condiciones macroeconómicas favorables y los vacíos o debilidades normativas de los países para operar. En este sentido, el Consejo también debe coordinar con instituciones pares de otros países, en particular Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. El contrabando, de acuerdo con el último foro realizado al respecto con participación de representantes de Perú, Chile y Bolivia, es un enemigo en común para los Estados de la región.
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De acuerdo con el estudio de la CNI, en las últimas gestiones mientras la economía crece en torno al 4% anual, el contrabando crece alrededor del 8%. El contrabando está creciendo al doble de velocidad de la economía y sus impactos rebasan el orden meramente económico hacia temas de seguridad ciudadana en las urbes y zonas rurales y de salud pública por los productos adulterados, falsificados y sin medidas fitosanitarias, como señala la Cámara Nacional de Industrias. A su vez, los productos que se comercializan en el mercado informal provenientes del contrabando no respetan las cadenas de frío, fundamental para su consumo en condiciones adecuadas, y sus especificaciones técnicas sanitarias superan los límites en relación con azúcares y grasas.
Reactivar el Consejo de Lucha al Contrabando, encabezado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, es encarar una lucha institucional público-privada que coordine con los países vecinos y es alcanzar resultados que permitan frenar el proceso expansivo de este ilícito que viene desindustrializando a las empresas privadas y atenta y atentará a las empresas públicas del sector productivo que operan en el marco de la política gubernamental de industrialización con sustitución de importaciones.
Rubros industriales como bebidas alcohólicas y analcohólicas, alimentos, farmacéutica, textiles, plásticos, muebles, entre otros, y departamentos como Tarija (a la cabeza), Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y el resto de departamentos son los afectados con mayor rigor por el contrabando que es Contra Bolivia.
El Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando debiera reunirse de acuerdo con el decreto que norma su creación una vez cada 60 días y en forma extraordinaria a solicitud de alguno de sus miembros, cuantas veces sea necesario. El creciente contrabando y sus efectos sobre la sociedad boliviana hacen que esta instancia pública y privada se reactive como necesidad de urgencia nacional.
Hugo Siles Espada Economista de la Cámara Nacional de Industrias.