Una seguidilla de noticias publicadas en las últimas semanas da cuenta de lo extendida que está la violencia en general, y la violencia sexual en particular, ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país y lo conflictivo que resulta pasar de las palabras de indignación a los hechos de prevención, sanción y reparación. Se ha propuesto como solución algunas medidas administrativas.

La lista de hechos de violencia comenzó pocas semanas atrás cuando se supo que cinco adolescentes habían violado a uno de sus compañeros en el baño del colegio en el que estudian; luego se supo de al menos una segunda víctima del grupo. Casi al mismo tiempo, se supo del caso de un niño de 11 años de edad que acuchilló a una niña de seis años, también en el colegio donde estudiaban. Otra noticia dio cuenta de una adolescente de 16 apuñalada por su compañera de colegio, en supuesto acto de defensa por el bullying.

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Días después, un hombre de 33 años de edad se declaró autor de la violación e infanticidio de un niño de nueve años de edad; el infanticida tenía antecedentes penales por abuso sexual y por intento de violación. Casi al mismo tiempo, se supo que un nuevo caso de presunta violación grupal es investigado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, cuya víctima es menor de edad; los violadores, cinco hombres, tres de ellos también menores, cumplen detención preventiva. Similar crimen se investiga en La Paz, donde cinco personas abusaron reiteradamente de una niña de 11 años, que actualmente está embarazada.

Como en otros casos de violencia, el Gobierno reaccionó proponiendo la creación de un Consejo Interinstitucional por la Niñez, que fue conformado por ministerios, representantes de maestros, colegios, estudiantes y pueblos originarios, encabezados por el Ministro de Educación, quien días atrás anunció la propuesta de 34 acciones, a corto y mediano plazos, destinadas a erradicar la violencia en las unidades educativas del país. Está previsto que hoy el Consejo presente estrategias que se puedan traducir en medidas de prevención y atención de la violencia en los colegios, entre ellas, la eventual modificación de la Ley 548 para que las personas de 12 a 14 años que cometan algún delito sean procesadas de acuerdo a esa ley; y las de 15 a 16 años sean sometidas a la Justicia ordinaria.

Queda de todo esto la amarga sensación de que la sociedad carece de mecanismos para frenar la creciente violencia y, mucho peor, para que las y los más jóvenes aprendan a cuidarse y eviten producir y padecer violencia. El magisterio, que durante meses se movilizó para impedir que materias como educación sexual integral o cuidado en las redes sociales sean parte del currículo educativo, tienen gran parte de la culpa, pero no solo ellos, pues padres y madres que se oponen a hablar de estos temas profundizan el problema. Es difícil saber cuántas tragedias más hacen falta para que cambie este estado de cosas.

En Bolivia, la violencia parece estar convirtiéndose en asunto cotidiano, normal y aceptable; aquí se habla de la violencia política que, como ya se ha comentado en este mismo espacio, está en camino de convertirse en el recurso de quienes quieren retener o ampliar su pequeña cuota de poder. Pero es igual o más grave la violencia cotidiana contra niños, niñas y adolescentes.

Para nadie debe ser sorpresa que en sociedades como la boliviana la exclusión es una característica presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana: niños y niñas en el mundo de los adultos, mujeres en el de los varones (y ni qué decir de las diversidades sexuales), personas adultas mayores en el de quienes se creen jóvenes aún, identidades étnicas en los ámbitos urbanos…

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Eso explica en parte porqué las noticias que dan cuenta de niños o niñas víctimas de violencia indignan a la gente durante lapsos muy breves y luego quedan en el olvido; o porqué los feminicidios no dejan de ser una estadística con números crecientes, en la que se conoce el nombre de la víctima, pero rara vez el del agresor; y porqué son contadas las personas que denuncian y protestan por los abusos a los que se somete regularmente a las personas no heterosexuales. Todas ellas están en los márgenes de la sociedad masculina y adultocéntrica.

Pero cuando se suceden noticias como la que da cuenta de una niña a la que le quemaron las nalgas por mojar la cama mientras dormía, o las que informan de una niña de seis años de edad acuchillada por su compañero de escuela, de 11 años de edad, o la del niño de 12, violado en el baño del lujoso colegio donde estudia, por otros adolescentes apenas mayores que él, es imposible seguir mirando a un lado, creyendo que son otros los asuntos urgentes o importantes.

De poco sirve exigir al Ministerio Público o a las Defensorías de la Niñez que actúen investigando y sancionando las violencias y a los violentos, si la sociedad entera encuentra justificaciones para proteger a los agresores, si la violencia se cultiva en los hogares, si importa más proteger la identidad, la honra, el prestigio o el apellido de los varones violentos, dejando a las víctimas a merced del periodismo sensacionalista, que no resuelve nada y agrava muchas circunstancias.

De nada sirve la indignación que se manifiesta en público, si es en el ámbito privado donde se hace aceptable el odio por quien es o piensa diferente, donde se inculca la pedagogía del abuso, del castigo, de la presión indebida y donde, al mismo tiempo, se enseña que el Estado no sirve, que las autoridades no saben nada y que el mejor camino es el que se abre a la fuerza.

Es muy grave y preocupante lo que sucede hoy con niñas, niños y adolescentes, pues las heridas que se abren ahora tardarán mucho tiempo en restañar, y es previsible que la sociedad seguirá pagando el costo de esos dolores dentro de varias décadas.

La toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) el viernes 2 de junio ha servido no para “recuperar” el inmueble donde funciona la benemérita institución, sino para actualizar el todavía irresuelto conflicto entre la expresidenta y los actuales dirigentes, y para proyectar una imagen lastimera de la española convertida en activista en Bolivia.

El día de los hechos, un grupo encabezado por Édgar Salazar, presidente de la APDHB desde el 17 de diciembre de 2021, llegó hasta la oficina y, según un comunicado de la institución, se pidió a quienes allí se encontraban “que desocupen de manera pacífica” el inmueble. La respuesta fue una “vigilia” protagonizada por la expresidenta, quien permaneció por varios días en la puerta de calle al alcance de reporteros y fotógrafos de algunos medios, que desde entonces difunden únicamente la versión de ella.

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También dio paso a la presentación de un amparo constitucional, que muy pronto fue rechazado por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, cuyos magistrados afirmaron no estar en condiciones de dirimir quién es el legítimo presidente de la institución y exhortaron a las partes en conflicto a ceñirse a sus reglamentos. Eso sí, es posible que esta actuación sirva como límite al uso instrumental de la justicia constitucional, al menos en este caso.

Las reacciones al lamentable hecho, que se repite recurrentemente desde la recuperación del orden constitucional en octubre de 2020, fueron de enérgico rechazo a la acción de la dirigencia, calificada de “masista”, de parte de portavoces y periodistas de oposición, restándole todo mérito al grupo de activistas, así como de fraternos llamados a la conciliación y cumplimiento de las normas internas, de parte de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos; tampoco faltaron las voces de enérgica condena a la expresidenta de la Asamblea por parte de lideres del oficialismo gubernamental.

Sin embargo, de todo el conflicto queda en claro que la verdadera intención de Amparo Carvajal y sus acólitos es únicamente ocupar una posición en el tablero político, lo cual podrá servir, como en 2019 y 2020, para justificar abusos y excesos, ignorando por completo la doctrina de los derechos humanos; guardar silencio ante las matanzas de Sacaba y Senkata, pedir protección para los militares responsables de esas muertes, calificar de “necesaria” a la Resistencia Juvenil Cochala y hacer vigilias en la puerta del penal donde está recluida Jeanine Áñez son actos que han echado por tierra su imagen de defensora de derechos labrada desde fines de la década de 1970.

Así, Bolivia carece hoy de una instancia de defensa y protección de derechos desde la sociedad civil, lo cual solo conviene a quienes hacen de la política un deporte de combate y es otro ejemplo más del peligroso retroceso de los valores democráticos en favor de posturas violentas y autoritarias; quienes pierden con todo esto son las personas necesitadas de protección y defensa.

El escándalo desatado con la quiebra e intervención del Banco Fassil, agravado con la macabra noticia del suicidio del interventor el sábado último, se ha convertido en un vórtice donde coinciden todos los discursos políticos descalificadores del adversario y sus prácticas, pero sobre todo en la evidencia de que en la próspera Santa Cruz de la Sierra pasan cosas que merecen preocupación.

El más preocupante de los síntomas del descalabro producido por la caída del banco que en menos de una década creció hasta convertirse en uno de los cinco más grandes del país fue el suicidio del interventor designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que, entre el momento del suceso y el martes por la noche, cuando el Ministro de Gobierno reveló los resultados y conclusiones de las pruebas periciales, dio paso a toda clase de conjeturas.

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En extensa conferencia de prensa, el ministro Del Castillo brindó detalles técnicos y hasta mostró perturbadoras imágenes que confirman la hipótesis del suicidio, que hasta ese momento era rechazada y hábilmente empleada por portavoces opositores al Gobierno, comenzando por el autodeclarado “abogado de la familia” del fallecido, el mismo que meses atrás insultó en entrevista transmitida en vivo y directo a dos periodistas de este diario por hacerle preguntas incómodas, que fue aprehendido en 2022 por participar en un consorcio de jueces y fiscales, que fue sancionado por inconducta cuando representaba a Jeanine Áñez y que en 2020 fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas.

Lo que no se resuelve con la investigación por el suicidio es, por una parte, aquello que sugiere la carta póstuma del fallecido (“me dejaron solo”, escribió, además de otras expresiones de angustia), así como las verdaderas razones para tomar la trágica decisión. Por otra, las dudas que producen los vínculos detectados entre el banco, la empresa propietaria de un tercio de las acciones de la institución y varias decenas de empresarios que se beneficiaron con miles de millones de bolivianos en créditos otorgados en condiciones sospechosas.

En el camino, al menos desde el 26 de abril, cuando inició la intervención, han menudeado las acusaciones de politización del caso, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluyendo al comité cívico, que defiende el “modelo de desarrollo cruceño”, supuestamente atacado por el “masismo”, y algunos líderes de opinión que de modo delirante sospechan que se trama un “caso Terrorismo 3”, lo cual solo abona a la confusión y desconfianza generalizadas.

De todo esto queda la certeza de que la actuación pronta y oportuna de la Policía y el Ministerio Público ayuda a desvirtuar intentos de desinformación; que la Asfi y su Unidad de Investigaciones Financieras tienen mucho qué explicar sobre la catástrofe financiera; y que ya no hay forma de ocultar el hecho que gran parte de la riqueza que se ostenta en la capital cruceña proviene de fuentes inconfesables.

Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.

Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.

Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.

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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.

Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.

La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.